El Gobierno confirmó la eliminación del bono de $10000 del Ingreso Familiar de Emergencia y presentó nuevas asistencias focalizadas en la inserción laboral.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que no habrá un cuarto IFE: «El IFE sirvió muchísimo. Protegió a gente que estaba en una situación muy dura. Generó un efecto real en la economía e implicó un esfuerzo importantísimo. Las medidas de protección social van evolucionando. Hoy no es el momento de un IFE 4, así como no es el momento de otras cosas, porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad».

Y agregó: «Hay una situación muy dura, pero hay equilibrios muy importantes que mantener para que haya estabilidad. Por ahora no, pero nos guardamos cierto grado de flexibilidad por si la pandemia vuelve a pegar la vuelta como pasó en Europa».

En la misma sintonía, el ministro aclaró que el IFE será reemplazado por otras medidas sociales. «Iremos expandiendo programas existentes como el Potenciar Trabajo y la asistencias directas como la AUH. Buscamos focalizar ayuda en los sectores que más lo necesitan».

Ante un escenario marcado por el fin del IFE 4 de Anses, el Gabinete económico estudia la posibilidad de avanzar hacia la otorgación de un «bono especial fin de año» para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH), mientras que ya confirmó que duplicará la recarga de saldo para la Tarjeta Alimentar de diciembre.

Potenciar Trabajo de Anses: qué es y cómo incribirse

Se trata de la unificación de los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios se unificaron en Potenciar Trabajo. Esta iniciativa busca mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias con el fin de promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica.

Requisitos

Para permanecer en el programa tenés que cumplir con los siguientes requisitos:

• Si estás participando en Proyectos Socio-Productivos, Socio-Comunitarios y/o Socio-Laborales:

Integrar un grupo de trabajo en una Unidad de Gestión o una Unidad de Gestión Asociada en el que realices alguna de las siguientes actividades: tareas de cuidados, reciclado y servicios ambientales, construcción, infraestructura social y mejoramiento barrial y habitacional, agricultura familiar y producción de alimentos, producción de indumentaria y otras manufacturas, y comercio popular.

Realizar las actividades durante un promedio de 80 horas mensuales.

Acreditar el cumplimiento de las actividades.

• Si estás bajo la modalidad Terminalidad Educativa (finalización de los estudios primarios y secundarios):

Acreditar que estás estudiando con la presentación en ANSES del Formulario de Terminalidad Educativa (FOTE), certificado por la autoridad educativa correspondiente.

Potenciar Inclusión

Este programa busca elaborar mecanismos comunitarios para el acompañamiento a jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad, propiciando su acceso a recursos que garanticen sus derechos. A través de distintos convenios celebrados con municipios, provincias e instituciones de la sociedad civil que trabajen en la temática, esta herramienta apunta al financiamiento de proyectos socioproductivos, sociolaborales y sociocomunitarios.

Impulsado por la Secretaría de Inclusión Social, Potenciar Inclusión Joven propone un estímulo económico y encuentros de formación y debate, entre otras iniciativas que promuevan la participación de les jóvenes en los proyectos, durante los doce meses de implementación.

¿En qué consiste el programa?

Es un programa de creación y fortalecimiento de estrategias de abordaje para la promoción y la inclusión social destinado a jóvenes entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad social.

Los jóvenes que se inscriban contarán con una asignación mensual de recursos para la inclusión joven de manera directa e individualizada. A través de la creación de espacios de inclusión, también se planificará el financiamiento de distintos proyectos de inclusión joven a partir de diagnósticos y estrategias ajustadas a la realidad local implementando actividades y acciones de promoción de derechos de les jóvenes.

¿Cuáles son sus principales ejes?

• Acompañar los proyectos de vida de les jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad
• Promover activamente su inclusión social a través de herramientas que permitan el acceso a sus derechos básicos
• Impulsar la participación de los jóvenes en actividades educativas, formativas, sociales, culturales y recreativas
• Generar instancias de participación para les jóvenes en el desarrollo de sus comunidades, como actores y actrices fundamentales
• Financiar proyectos socioproductivos, sociolaborales, sociocomunitarios y socioeducativos llevados adelante por jóvenes

¿Qué tipo de proyectos financia?

• Proyectos de tipo socio productivos: emprendimientos con posibilidad de desarrollarse a partir del trabajo de sus propios miembros, en carácter asociativo;
• Proyectos de tipo socio comunitarios: iniciativas de desarrollo territorial que pueden incluir instancias socioeducativas y de formación, de recreación y de acceso a los bienes culturales por parte de la comunidad sobre la que operan;
• Proyectos de tipo socio laborales: espacios asociativos orientados a las capacitaciones de formación para el trabajo.

¿Cómo lo hace?

• A través de la articulación y coordinación con niveles estatales, provinciales y municipales competentes.
• Mediante la articulación y coordinación con organismos no gubernamentales y universidades que prioricen en su trabajo programas y acciones con jóvenes.

 

Se trató de la primera prueba que resultó «exitosa. Trabajan 35 personas en el proceso de producción, más el equipo de gerencia. Se realizan tareas de mantenimiento, construcción y reparación de la planta», dijo el intendente Rossi.

Esta semana comenzó la producción de picadillo en el Frigorífico de Santa Elena, «con una prueba exitosa donde se hicieron las primeras 10.000 latas», según destacó el intendente, Daniel Rossi, tras recorrer el lugar.

Puso de relieve que «se realizó una importante inversión para modernizar el proceso, reparar sistemas de bombas, calderas nuevas, máquinas de molino, cámaras y tecnología de vanguardia».

Precisó que «en estos momentos se encuentran trabajando 35 personas en el proceso de producción, más el equipo de gerencia. Además, trabajan personas en el mantenimiento, construcción y reparación de la planta constantemente».

Al mismo tiempo, subrayó que «el comercio local abastece, como proveedor, por ejemplo con gas, productos de limpieza o materiales de construcción, lo que significa un considerable movimiento en la economía local».

En la actualidad, el frigorífico trabaja para abastecer el sector interno a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se encuentra en una etapa de licitación para producir 7.500.000 nuevas latas de picadillo.

«La reparación de Santa Elena nos necesita a todos, trabajando, unidos, con esperanza, sabiendo que juntos podemos superar los escenarios de dificultad. Una Santa Elena mejor es posible», remarcó finalmente Rossi.

 

La iniciativa del oficialismo propone que los trabajadores cuenten con más plazo para reclamar de manera legal sobre desvinculaciones de las firmas donde trabajaron

Los empresarios agrupados en la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestaron su preocupación sobre un proyecto oficialista en el Senado que modifica los plazos de prescripción de los créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y que ya cuenta con dictamen de la comisión de Trabajo y Previsión Social. De acuerdo con la iniciativa, los trabajadores tendrían más tiempo para reclamar de manera legal sobre desvinculaciones de las compañías para las que trabajaron.

El dictamen reemplaza el plazo de dos años para la prescripción de todos los créditos de origen laboral: propone tres años para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y cinco años para las demás.

A través de un comunicado, la UIA alertó que la extensión de los plazos de prescripción es “desacertada” no solo porque “perjudica la previsibilidad de las relaciones del trabajo”, sino porque “impacta directamente en los incentivos para la inversión y la generación de empleo”, en particular en un “contexto signado por la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el país”.

Según expresaron los industriales, la iniciativa “carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo”.

Además, desde la entidad lamentaron que durante el trabajo de la Comisión, el sector empleador no fue convocado en ninguna instancia. Para los empresarios, los plazos que están vigentes en la práctica ya son mayores a los establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo en varias jurisdicciones, si se tienen en cuenta las suspensiones o interrupciones dispuestas. Por ejemplo, seis meses en la ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, consideraron que la extensión del plazo de prescripción a cinco años impactará negativamente en los balances de las empresa, que deberán por lo menos duplicar sus previsiones o reservas contables vinculadas a los eventuales reclamos laborales del personal.

En su mensaje, los industriales recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que “la prescripción es una institución de orden público creada para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres y poner fin a la indecisión de los derechos”.

Al comparar el plazo bianual del fuero del trabajo con el plazo decenal de la ley civil, la entidad consideró que si “se entendió razonable el plazo de dos años, mucho más debería serlo ahora”, al verse reducido a la mitad, pasando de 10 a 5 años en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Según la UIA, el proyecto “tensiona y contradice la tendencia actual en materia de prescripción, que busca acortar los plazos”.

“En un mundo de comunicaciones fluidas, instantáneas y virtuales, se vuelve ocioso y contraproducente disponer una extensión de los plazos de prescripción por un plazo de cinco años”, enfatizó.

En los últimos días, la UIA también había expresado su malestar frente a un reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones al Trabajo que obligó a una empresa a pagarle el 100% del sueldo a una empleada que había sido suspendida y estaba cobrando el 75%. Consideraron que la decisión puede ser el comienzo de una “catarata de juicios”.

El comité ejecutivo de la UIA discutió esta semana al respecto y el abogado laboralista y vicepresidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, sostuvo que la entidad debería presentarse como amicus curiae ante la Corte Suprema para plantear los argumentos el contra del fallo. “La lógica es que vayan a la Corte y ahí se discutirán los alcances de este acuerdo colectivo. No hay ningún argumento jurídico para reafirmar esa sentencia”, manifestó el directivo.

 

Se trata de un mecanismo de segmentación al que se destinará un monto de hasta $11.550 millones. Fue anunciado por el ministro de Agricultura Luis Basterra.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, anunció este martes la implementación del sistema de segmentación y compensación de retenciones para los pequeños y medianos productores de soja, por el que se destinará un monto de hasta $11.550 millonesy que será oficializado mañana con la publicación de la medida en el Boletín Oficial.

«Estamos cumpliendo con la palabra empeñada por el presidente Alberto Fernández, generando un modelo de compensación para los pequeños y medianos productores», dijo Basterra este mediodía durante el anuncio de la medida en una reunión en la que estuvieron presentes dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA), cooperativas agrícolas y funcionarios provinciales.

En este sentido, señaló que se diseñó «un mecanismo que nos permite avanzar en un proceso de redistribución en aquellos sistemas productivos de menor escala» y agregó que «un 40% del total de productores va a recibir una compensación en un modelo de equidad territorial social».

«Agradecemos la inestimable colaboración del Ministerio de Economía de la Nación, en las personas del ministro Martín Guzmán y su equipo, para que este esquema tenga un modelo de aplicación transparente, equitativo y certificado», subrayó Basterra al dar cuenta de la medida que beneficiará a más de 40.000 productores de distintos puntos del país.

A quiénes está destinado

La resolución firmada por Basterra, que será publicada mañana en el Boletín Oficial, comprende a productores sojeros que no hayan facturado más de $20 millones en 2019 y que hayan declarado al 31 de julio pasado hasta 400 hectáreas destinadas para el cultivo de la oleaginosa.

De esta manera, el Ministerio de Agricultura y la cartera de Economía harán efectivo el compromiso asumido con los pequeños productores, con la oficialización del Programa de Compensación y Estímulo «destinado a personas humanas y jurídicas productoras de soja en pequeña escala» inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), tal como lo anunció el titular de la cartera económica, Martín Guzmán, a principios de octubre pasado.

Cómo es el mecanismo

Para calcular la compensación correspondiente para cada productor beneficiario, se determinaron dos regiones con cuatro estratos de escala productiva, que comprenderán por un lado a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba y por el otro el resto de los distritos.

A partir de esto, cada beneficiario será compensado por las ventas de granos de soja realizados en el período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2020.

En el caso de las provincias del primer grupo el tope será de hasta 2,9 toneladas de soja por hectárea declarada; y de hasta 2,5 toneladas en las demás provincias del país, según establece la resolución a la que tuvo acceso Télam.

«El monto en pesos a percibir por cada beneficiario del Programa será determinado multiplicando las toneladas de granos de soja vendidas en cada Liquidación Primaria de Granos, en la que figure como vendedor, por los siguientes montos de acuerdo con la cantidad de hectáreas y su zona de producción», precisó la cartera agropecuaria.

Por ejemplo, para un productor de hasta 100 hectáreas de la provincia de Buenos Aires representará un monto de $1.543 por tonelada, mientras que para un productor extrapampeano la cifra ascenderá a $2.205, de manera de compensar diferencias por costos logísticos.

Las compensaciones correspondientes serán depositadas en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) que hayan declarado los productores ante la AFIP, con dos cronogramas diferentes de pagos dependiendo de cuándo se hayan hecho las ventas de su producción.

Para aquellas ventas realizadas hasta el 30 de septiembre de 2020, será depositado en dos cuotas el 50% en noviembre de este año y la restante mitad en diciembre, mientras que aquellos que hayan realizado ventas después del 30 de septiembre hasta el 31 de diciembre inclusive, será depositado en tres cuotas durante los meses de enero de 2021 (40%); febrero de 2021 (40%); y marzo de 2021 (20%).

El anuncio

En el encuentro celebrado en la cartera de Agricultura, Basterra estuvo acompañado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Echazarreta; el subsecretario de Coordinación Política, Ariel Martínez; el subsecretario de Ganadería, Delfo Bochaillot; y demás funcionarios y representantes del sector.

Además estuvieron presentes el Senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saá, la jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace; los ministros de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, de Industria de Chaco, Sebastián Lifton; de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso; y representantes de las cooperativas Agricultores Federados Argentinos (AFA), Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y Asociación de Coopertaivas Argentinas (ACA).

 

El ministro de Desarrollo Social confirmó que la AUH se ampliará a un millón más de beneficiarios. Anunció un refuerzo de la tarjeta Alimentar «en el corto plazo», se refirió al plan para bajar el precio de la leche y al futuro del IFE.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó hoy que un millón de niños se sumarán próximamente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y, de esta manera, se estará «cerca de que sea universal» y reafirmó que se siguen «evaluando distintas alternativas» para rediseñar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

«Hace tiempo se viene haciendo un relevamiento de los que reciben la Asignación Universal por Hijo, y siempre se apuntó a que sea universal. Por eso, con este millón de niños que se suman, estamos realmente cerca de que sea universal y llegar a cubrir a todos», afirmó Arroyo.

Según ya adelantó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el Gobierno nacional estudia la ampliación de la AUH, a un universo cercano al millón de chicos y chicas y, al mismo tiempo, aumentar los montos de este programa social.

Ingreso Familiar de Emergencia
Por otra parte, esta mañana Arroyo aseguró que aún «no está definido el próximo IFE», e volvió a señalar que se están «evaluando distintas alternativas», ya que «hay entre 3 y 4 millones de personas que tienen problemas serios de ingreso, porque se quedaron sin trabajo o les bajó mucho».

En ese sentido, explicó que «los que la tienen más complicada para ingresar al mundo laboral pospandemia son los jóvenes de 18 a 29 años», y, por otro lado, reveló que desde el Gobierno están «reforzando las partidas alimentarias para fin de año».

Costo de los alimentos y refuerzo de la tarjeta
El funcionario puso en el centro de la escena social «el costo de los alimentos», y destacó: «Construimos un índice barrial del precio de los alimentos, y ahí nos dan más altos que lo que mide el Indec».

Como una de las medidas para morigerar ese índice, comentó el plan para bajar el precio de la leche.

«La leche es muy importante. El INTA desarrolló una ensachetadora que permite pasteurizar en origen», señaló Daniel Arroyo y explicó que «el productor lleva la leche, se ensacheta, se pasteuriza y se vende de manera directa, y eso hace que baje el precio».

En este punto, el ministro reafirmó que la intención con este mecanismo es que se logre «una baja significativa» del valor, «para que esté debajo de los 40 pesos el litro».

También dijo que «en la Mesa Argentina contra el Hambre se está trabajando sobre el valor de los alimentos», y puntualizó que «los dos problemas en un barrio, además del trabajo y la pandemia del coronavirus, son los precios de los alimentos y el endeudamiento de las familias».

Sobre ese punto, resaltó que «antes del Covid-19, el 67% de las compras con tarjeta alimentaria eran leche, carne, fruta y verdura, y hoy esas compras están abajo del 50%».

Asimismo, reconoció en diálogo con El Destape Radio que «tenemos un problema de hambre y de mala alimentación», y advirtió que «hay un reclamo muy fuerte y genuino de las personas con discapacidad que reclaman tarjeta Alimentar».

En ese tema, adelantó que, «en el corto plazo», será «reforzada la tarjeta Alimentar y extenderla a personas que la reclaman con toda justicia».

 

La medida incluye a personal de Salud; de Policía; del Servicio Penitenciario; de comedores escolares y comunitarios; de hogares en Paraná, Colonia Ensayo y Concordia; y del Copnaf.

El Gobierno provincial, mediante decreto 1754, prorrogó hasta el 8 de noviembre los adicionales especiales asignados al personal de distintas reparticiones abocados a tareas que tienen que ver con la pandemia del Covid.

La medida incluye a personal de salud; de Policía; del Servicio Penitenciario; de comedores escolares y comunitarios; de hogares dependientes de la provincia de Paraná, Colonia Ensayo y Concordia; y del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia.

En el artículo primero del decreto se establece que “dispénsese de la asistencia a sus lugares de trabajo en la Administración Pública Provincial Centralizada, a las personas de 60 años o mayores y a las que posean algunos de los factores de riesgo según lo previsto en el documento COES”.

En el texto se aclara que la percepción de los adicionales especiales estarán condicionadas a la efectiva prestación del servicio, que será certificado por la autoridad máxima de cada dependencia.

Las bonificaciones que se prorrogaron son:

– Aumento del 50 por ciento del Adicional de Riesgo, exclusivamente para todos los escalafones de los agentes dependientes del Ministerio de Salud que perciban los mismos en razón de las tareas específicas del área.

– Incremento del 20 por ciento de las becas de residentes de salud.

– Para el personal activo de la Policía de la provincia afectado a atender el distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio y/o medidas extraordinarias en el marco de la pandemia COVID-19, un estímulo de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativo, no bonificable consistente en el 50 por ciento del código de liquidación de Riesgo y Peligrosidad.

– Para el personal activo de la Dirección General del Servicio Penitenciario con desempeño de funciones en los establecimientos carcelarios de la provincia, una bonificación de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativo, no bonificable, consistente en una suma fija en pesos mensuales.

– Para el personal de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social con prestación de servicios en los establecimientos escolares y/o comunitarios, en las coordinaciones activas, y a los encargados de coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de los programas de políticas alimentarias, ambas en territorio; al personal del Hogar de Protección de Mujeres Inés Londra de Paraná, del hospital Fidanza, de Colonia Ensayo; y del Hogar de Ancianos Juana Sarriegui de Isthilart, de Concordia, una bonificación de carácter excepcional, transitoria y por lo tanto no remunerativa y no bonificable, de un monto fijo en pesos mensuales.

– Para el personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) con desempeño de funciones en las residencias de su dependencia y guardias de Coordinaciones Departamentales con prestación de servicios presencial e ininterrumpida, una bonificación de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativa y no bonificable, consistente en una suma mensual.

 

La Secretaría de Agricultura estableció el precio de la materia prima de la yerba mate para el período de octubre a marzo de 2021. Lo hizo a través de una Resolución publicada en el Boletín Oficial, que dio cuenta de un aumento de 21,95%.

La Secretaría de Agricultura estableció el precio de la materia prima de la yerba mate para el período que va de octubre a marzo de 2021, en $ 24.390 la tonelada de hoja verde de yerba mate, y en $ 92.690 la de yerba mate canchada, ambas puesta en secadero.

Lo hizo a través de la Resolución 113/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, que dio cuenta de un aumento de 21,95% tanto de la hoja verde como de la yerba canchada, en comparación con el valor anterior, que había sido fijado en abril de este año.

El directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), compuesto por 12 personas que representan a todos los sectores de la cadena yerbatera, incluyendo representantes de las provincias productoras, Corrientes y Misiones, y uno de la Nación, se reunió para dar analizar los costos determinados en las distintas matrices.

También se evaluaron las particularidades suscitadas en los distintos aspectos que hacen a una correcta valoración de las materias primas para el periodo.

Sin embargo, en ese encuentro, realizado a principios de setiembre último, no se alcanzó la unanimidad necesaria para la fijación de los precios, y por la premura en el cumplimiento de los trámites establecidos, se dispuso el sometimiento del diferendo para la fijación de los valores de las materias primas, al arbitraje del secretario de Agricultura, Julián Echazarreta.

«Está claro el compromiso del Presidente de acompañar a los que menos tienen», dijo el ministro de Desarrollo Social. Atento a las cuentas públicas, el Gobierno sigue debatiendo si lo mantiene, lo recorta o lo rediseña.

Con la crisis potenciada por la pandemia de coronavirus, una de las medidas de ayuda oficial de mayor impacto es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que implica el pago de $ 10.000 a unas 9 millones de personas. Y si bien hasta el momento no fue confirmada la cuarta fase del plan, en el Gobierno aseguran que mantendrán el sostén para los sectores de menores recursos.

El IFE comenzó a pagarse en abril, en medio de la cuarentena estricta. Llega a 9 millones de personas y ya tuvo tres ediciones, cada una con un beneficio de $ 10.000. La última tanda terminó de pagarse a fines de septiembre y desde entonces el Gobierno viene prometiendo que la definición acerca de si habrá un IFE 4 es inminente.

Ahora, el que habló del próximo paso fue el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien si bien aseguró que «no está definido aún» un nuevo pago, ratificó que «está claro el compromiso del Presidente de acompañar a los que menos tienen».

«Eso marca la decisión del Presidente de empezar por los últimos y el nivel de deterioro de gravedad. El IFE marcó el nivel de informalidad laboral, si hay 16 millones de familias y el IFE lo cobran 9 millones; hay un alto nivel de informalidad», sostuvo el funcionario en declaraciones al canal TN.
Hasta ahora el bono alcanzó a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), a los desocupados y trabajadores informales, a las empleadas domésticas, a los monotributistas A y B y a los beneficiarios del plan Progresar.

Las tres tandas del IFE le demandaron al Estado un gasto de $ 270.000 millones. Atento a las cuentas públicas, el Gobierno sigue debatiendo si lo mantiene, lo recorta o lo rediseña.

Las tres opciones
En favor de que el IFE continúe juega el deterioro de los indicadores sociales. Con el desempleo y la pobreza en alza y la pandemia fortaleciéndose en el Interior, los gobernadores presionan para que el IFE se mantenga tal como está.

Frente a esto, el plan B es acotarlo a los segmentos más vulnerables, que según las cuentas del Gobierno serían tres millones de personas que no pudieron reactivar sus ingresos ni aún con la flexibilización de la cuarentena.

Y la tercera opción es dar de baja el bono y reemplazarlo por un programa de inserción laboral para jóvenes -2,5 millones de los beneficiarios del IFE tienen entre 18 y 24 años-.

Sobre la mesa de discusión hay un dato clave: el 62% de los titulares del IFE -5,4 millones de personas- están desempleados o tienen un empleo informal, por lo que se encuentran entre los más afectados por las restricciones aún vigentes de la cuarentena.

Dentro del IFE también hay 690.000 monotributistas de las categorías A y B, 190.000 empleadas de casas particulares y 128.000 beneficiarios de las becas Progresar, el programa que acompaña a los jóvenes para que terminen sus estudios.

Arroyo también alertó por el aumento de la pobreza y advirtió que existen «tres generaciones excluidas». «Tenemos que resolver cuestiones básicas, todos los chicos tienen que ir al jardín de infantes», sino «no va a reducirse la desigualdad, la pobreza infantil; va a haber una cuarta generación de excluidos si los chicos no van al jardín», sostuvo.

Desde la irrupción de la pandemia hasta el 5 de octubre, las medidas implementadas por el Gobierno para afrontar la crisis sanitaria implicaron un gasto de $ 941.328 millones, equivalente a 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y una disminución de recursos de $ 96.210 millones (0,4% del PIB). Mientras que el monto de facilidades financieras asciende a $ 530.146 millones (2 % del producto), de acuerdo a los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional (OPC).
Fuente: Clarín

Este miércoles se reunirá el Consejo del Salario. Las centrales obreras quieren un salario acorde con la canasta básica
La CGT y la CTA Autónoma reclamarán este miércoles al Gobierno un salario mínimo vital y móvil superior a los $45.000, acorde con el costo de la canasta básica de consumo, en la reanudación de la negociación tripartita para ajustar ese valor salarial.

Los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que sesionarán por primera vez de manera virtual desde su creación, fueron convocados por el Gobierno a sesión plenaria ordinaria para este miércoles a las 15:00.

Según el último valor disponible difundido por el INDEC, el costo de la Canasta Básica Total, para una familia tipo de cuatro miembros, registró en agosto pasado un costo de $ 45.477,66, sin la actualización inflacionaria de septiembre y octubre.

Por decreto, el Poder Ejecutivo fijó como Orden del Día de la sesión la designación de dos Consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta, y la consideración de los temas elevados al plenario por ese organismo.

El Consejo que integran representantes del Gobierno, las cámaras empresarias y las centrales obreras, además de fijar un nuevo haber mínimo, determinará los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

Desde octubre de 2019, el salario mínimo, vital y móvil es de 16.875 pesos, e históricamente el salario básico de convenio de la primera categoría, que se negocia en paritarias, se sitúa entre 10 y 20% por encima de ese mínimo.

La última homologación del mínimo fue el 3 de septiembre de 2019, cuando el exministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, laudó ante las diferencias entre sindicalistas y empresarios, una suba del 35 por ciento y el salario pasó $ 12.500 pesos a los actuales $ 16.875 en tres tramos.

Tanto la CGT, que lideran Héctor Daer y Carlos Acuña, como la CTA Autónoma que conducen Ricardo Peidro y Hugo Godoy, coincidieron en que reclamarán más de 45 mil pesos y en un solo tramo, mientras la CTA que lidera Hugo Yasky, realiza estudios para definir su propuesta.

Fuente: Ámbito

El Gobierno reglamentó la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la actividad turística. Abarca el Programa Bono Fiscal Vacacional para impulsar la actividad y desestacionalizar la demanda.

El Gobierno nacional reglamentó hoy la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la actividad turística, que tiene como objetivo atender la situación de las empresas del sector e implementar medidas de fortalecimiento en la pospandemia.

Así fue establecido a través del Decreto 795/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el ministro de Turismo, Matías Lammens.

La norma abarca, entre otros puntos, incentivos para quienes compren anticipadamente a través del Plan Preventa, amplía la moratoria impositiva, otorga un Bono Vacacional para familias y extiende el Programa ATP hasta el 31 de diciembre para las actividades del sector, cuando se encuentren paralizadas o tengan una facturación inferior al 30 por ciento.

Entre los beneficios incluidos en la ley 27.563 se encuentra una reducción del pago de las contribuciones patronales del 95 por ciento y un salario complementario abonado por el Estado Nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, del 50 por ciento del salario neto, no pudiendo ser inferior a un salario mínimo, vital y móvil (SMVM) ni superar los dos salarios.

Abarca además el Programa Bono Fiscal Vacacional, que consiste en un incentivo para impulsar el turismo y desestacionalizar la demanda

Este programa contempla un aporte en favor de las familias cuyos ingresos mensuales netos totales no superen el equivalente a cuatro SMVM, mediante el otorgamiento de un bono fiscal emitido bajo modalidad electrónica, destinados exclusivamente al pago de servicios ofrecidos dentro del país por empresas habilitadas del sector.
En la ley se establece también el Plan de Preventa, un proyecto del Ministerio de Turismo orientado a fomentar y potenciar la demanda del turismo interno, que consiste en el reconocimiento de un crédito por parte del Estado Nacional equivalente al 50 por ciento del monto por cada operación de compra de servicios turísticos a ser brindados dentro del territorio nacional.

Las compras en concepto de preventa de servicios turísticos se deberán realizar hasta el 31 de diciembre, y los servicios adquiridos deberán ser usufructuados durante el 2021.

La norma amplía asimismo la moratoria impositiva y los beneficios fiscales, que será prorrogado por 180 días el vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las actividades vinculadas a la actividad turística cuyos vencimientos operen hasta el 31 de diciembre.

Además, será suspendida por ese mismo plazo la traba de cualquier tipo de medida cautelar a requerimiento de la AFIP y la ANSES para las empresas del sector.

Las empresas alcanzadas por la ley deberán estar inscriptas en un registro creado bajo el ámbito del Ministerio.

Según se destacó desde el Ministerio de Turismo, el Estado Nacional lleva invertido más de $60.000 millones para sostener al sector turístico y potenciarlo en la pospandemia.
Programa Bono Fiscal Vacacional
El Programa Bono Fiscal Vacacional es un aporte a las familias cuyos ingresos mensuales netos totales no superen los cuatro salarios mínimos, o sea el equivalente a $67.500.

Estará destinado exclusivamente al pago de servicios ofrecidos dentro del país por empresas habilitadas y podrá usarse para pagar alojamientos, comidas, servicios de agencias de viaje, pasajes en avión, micros y trenes y alquiler de automóviles.

Según establece la ley, el bono podrá ser solicitado por un solo integrante del grupo familiar y será concedido por única vez para ser aplicado en forma de descuento en el importe a abonar por los servicios brindados por las distintas empresas turísticas.

A su vez, el monto constituirá para los prestadores un «crédito fiscal» para ser utilizado en compensación de impuestos y contribuciones nacionales, como asimismo transferencias a terceros, incluidos proveedores de bienes y servicios, así como a instituciones de crédito o intermediarios financieros.

Qué dice el decreto
El Programa Bono Fiscal Vacacional previsto en el Capítulo I del Título III de la Ley N° 27.563 operará con un límite máximo total de PESOS DOS MIL MILLONES ($2.000.000.000) que se asignará conforme al orden de presentación de las correspondientes solicitudes, hasta un monto de PESOS VEINTE MIL ($20.000) por grupo familiar, a partir del mes de enero de 2021.

Sin perjuicio de otros requerimientos que podrá establecer el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES al dictar las medidas necesarias para la implementación del Programa, a los efectos del otorgamiento del mencionado aporte, el o la integrante del grupo familiar que efectúe la solicitud deberá acreditar de modo fehaciente, o manifestar con carácter de declaración jurada, ante el citado MINISTERIO, los siguientes datos: a) La composición del grupo familiar; b) Los ingresos mensuales netos totales del grupo, los que no podrán exceder el equivalente a CUATRO (4) veces el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) o el monto que resulte de multiplicar el valor del SMVM por la cantidad de integrantes del grupo familiar, el que resulte menor y c) toda otra información que requiera el mencionado Ministerio.

Defínese por grupo familiar, a los fines del presente artículo, al integrado por el o la solicitante en forma unipersonal, si no tuviere convivientes; o por este o esta y su cónyuge o conviviente y sus hijos o hijas menores de DIECIOCHO (18) años convivientes, o sin límite de edad en el caso de hijos e hijas con discapacidad a cargo. Cuando el o la solicitante tenga menos de VEINTICINCO (25) años y el domicilio de residencia sea igual al domicilio de sus progenitores, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus progenitores a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el Programa.

Los beneficiarios y las beneficiarias de los bonos otorgados al amparo del Programa solo podrán destinarlos al pago de los servicios comprendidos en el artículo 17 de la Ley N° 27.563 ofrecidos y prestados dentro del territorio nacional.

El arribo de la delegación, que estará encabezada por Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental del FMI, será este martes y dará inicio a una etapa exploratoria para un nuevo acuerdo.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará hoy al país, en el marco de las negociaciones encaradas por la Argentina para acordar un nuevo programa para refinanciar la deuda por US$ 44.000 millones con el organismo multilateral.

La delegación estará encabezada por Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental del FMI; y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina.

Kozak y Cubeddú se unirán al representante permanente del FMI en la Argentina, Trevor Alleyne, para iniciar lo que se entiende como una etapa exploratoria del contexto en el que se solicitará el nuevo programa, atendiendo a las condiciones macroeconómicas y sociales del país, y al diálogo con el Gobierno y distintos sectores.

En particular, mantendrán reuniones con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, luego de que la semana pasada se lanzaran medidas económicas para recomponer el nivel de las reservas.

Asimismo, como parte de la misión, el equipo se reunirá también con representantes del Congreso, del sector privado, sindicatos y de la sociedad civil.

La misión será corta; permanecerá en el país alrededor de cuatro días, ya que «está prevista su vuelta el fin de semana» a Washington, indicaron fuentes del FMI.

Las mismas fuentes confirmaron que dentro del plan hay una nueva visita prevista para noviembrepróximo, aunque aún falta definir la fecha precisa.

La nueva misión de noviembre tendría un carácter más profundo para avanzar en las negociaciones, a diferencia de la actual, que buscará tener una primera impresión de la realidad argentina por parte del mismo equipo que lideró el análisis de sustentabilidad de la deuda, a principios de 2020.

El aumento tendrá incidencia directa en más de 500.000 planes sociales y en el valor de los más de dos millones de subsidios salariales ATP que paga el Gobierno. El IFE no será aumentado en una proporción con el salario mínimo.

El Gobierno espera fijar en torno del 30% el aumento del salario mínimo para este año, en línea con varias de las paritarias que cerraron en lo que va de la pandemia y un poco por debajo de la estimación de inflación anual. Se trata de la pauta que manejan en reserva los funcionarios del Gabinete económico para la convocatoria del 14 de octubre a pesar de reconocer el desfasaje superior a 40 puntos del piso salarial formal contra la inflación acumulada en 2018 y 2019.

Un aumento mayor, evalúan en el Ejecutivo, demandaría más gasto público por su impacto en asistencia social y reabriría la conflictividad en sectores gremiales que hubiesen negociado por debajo.
El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil citado este miércoles se reunirá en dos semanas con el objetivo central de adecuar ese ítem, que a su vez tendrá incidencia directa en más de 500 mil planes sociales y en el valor de los más de dos millones de subsidios salariales ATP que paga el Gobierno como compensación a las empresas golpeadas por la crisis derivada del coronavirus. También deberá actualizar el monto del subsidio por desempleo, que a instancias de la pandemia se fijó en un mínimo de 6 mil pesos mensuales y en un máximo de 10 mil pesos, publica el diario Ámbito Financiero.

En el equipo del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, esperan una discusión compleja por la dimensión de la caída económica en el primer semestre del año. También descuentan que el debate durará más de un día por tratarse de la primera sesión a distancia de esta institución. La convocatoria alcanza a 16 miembros por las principales cámaras empresarias (industrial, comercio, construcción, agro, bancos, Bolsa de Comercio, pyme) y otros tantos de la CGT y las dos versiones de la CTA (de los Trabajadores y Autónoma). Los funcionarios planean sumar, como invitados, a referentes de los movimientos sociales aunque sin poder de voto.

La particularidad de que será la primera sesión de este tipo por completo virtual implicará que cada uno de los representantes deberá, antes de la reunión, certificar de manera remota su identidad. Si a eso se suma el hecho de que serán muchos protagonistas con intención de pronunciarse, en la cartera laboral calculan que el debate podrá durar dos o más días. El primer encuentro plenario fue convocado para el 14 de octubre a las 15 y el segundo, a las 16.30. Más allá del monto, que esperan situar cerca del 30% de suba que pactó el gremio de Camioneros y que se corresponde con varias de las paritarias que cerraron hasta ahora (Aceiteros, con 25%; Asociación Bancaria, 26% y el gremio del neumático, Sutna, con 37%, son los principales resultados) en el equipo económico confirmaron que el ajuste se trasladará al valor del ATP: esa compensación sobre el salario que la ANSES deposita en cada cuenta sueldo de las empresas en crisis equivale como mínimo a un salario mínimo, de $16.875, y como máximo a dos de esos pagos, es decir 33.750 pesos.

También, la variación repercutirá en el salario social complementario que reciben como retribución más de 500 mil beneficiarios de planes de asistencia. Ese pago es de 8.500 pesos y está sujeto al valor del salario mínimo.
En tanto, en el Gobierno descartaron avanzar sobre un histórico reclamo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de otras cámaras patronales que pasa por regionalizar el salario mínimo. Es decir, fijar un valor diferencial en función de las canastas básicas de cada región del país. Tampoco está previsto eximir a algún sector del pago del aumento que termine por resolverse.

Otra confirmación: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no será aumentado en una proporción con el salario mínimo. El argumento oficial es que ese aporte está disociado del salario mínimo pero una especulación de algunos actores sindicales y sociales dejaba abierta esa inquietud.

Si se tiene en cuenta la pérdida de puntos del salario mínimo desde 2018 la suba que evalúa el Ejecutivo está muy por debajo: en esos dos años el desfasaje contra la inflación acumuló más de 40 puntos (en el bienio la canasta trepó más de 101 por ciento y el piso salarial, 60 por ciento) y en el Gobierno, aunque lo reconocen, señalan que una recuperación real podrá negociarse recién en 2021 en un eventual escenario de salida plena de las restricciones que impuso la cuarentena. Como compensación señalan que el ajuste del salario mínimo podrá ser referencia para los trabajadores informales y otros sectores que se reflejan en esa pauta.

Las medidas anunciadas por el gobierno, a través del Ministro de Economía, Martín Guzmán, tienen como objetivo aumentar la oferta de dólares a través de un aumento de las exportaciones. En qué consisten.

Con el objetivo de generar estímulos a las exportaciones e incrementar la confianza para el ahorro en pesos, los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Agricultura, Luis Basterra; anunciaron un paquete de medidas económicas, en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada.
Medidas vinculadas al sector agroindustrial
– Compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas: Inversión pública de hasta $11.550 millones para el sector.

– Esquema de derechos de exportación para el complejo sojero: se reducen las alícuotas de forma transitoria tanto para las ventas al exterior de grano de soja como para sus principales derivados.
Medidas vinculadas al sector industrial
Se modifica el esquema de derechos y reintegros a la exportación con una mirada estratégica para:

– Incentivar la producción con alto valor agregado

– Fomentar la industria argentina y el empleo de calidad

– Diversificar y complejizar la canasta exportadora

– Baja de los derechos de exportación de los bienes finales industriales a 0% y de los insumos elaborados industriales al 3%. En el caso de automotriz, la baja al 0% de bienes finales es solo para las exportaciones automotrices incrementales extra Mercosur.

– Sube el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado: suben los bienes finales industriales a 7% y de los insumos elaborados industriales a 5%.
Medidas vinculadas al sector minero
– Reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estableció un tope del 8% para los derechos de exportación de los metales.
Medidas vinculadas a la industria de la construcción
Se trabaja en dos proyectos de Ley:

Beneficios impositivos para estimular la inversión en proyectos nuevos.

– Bienes Personales: Exención durante tres años sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones.

– Impuesto a las Ganancias: Se difiere el pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre las Transferencias de Inmuebles correspondiente al aporte de un inmueble (por ejemplo, un terreno) a un proyecto de construcción hasta el momento de finalizada o cobrada la obra.

-Creación de Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción para brindar sustentabilidad al sistema de Crédito Hipotecario.

– Financiamiento: El fondo será autosustentable, se financia con aportes de las entidades financieras y con una porción de la cuota del crédito.

– El fondo será administrado por la Agencia Hipotecaria Argentina, que se crea con el objetivo de promover el Crédito Hipotecario Bancario y movilizar el ahorro nacional, profundizando el mercado financiero en pesos.
Lanzamiento de planes exportadores y generar ahorro de divisas
– Para sectores específicos con potencial exportador y con posibilidades de sustituir importaciones que permita ahorrar divisas y generar empleo. Entre los sectores se destacan carnes, vinos, economía del conocimiento, automotriz, petróleo y gas, foresto industrial, textil, calzado, minería y metalmecánica.

Parámetros alcanzados por la segmentación:

1- Productores inscriptos en el SISA que hayan facturado por todo concepto en el año calendario 2019 hasta la suma de
$ 20.000.000,00
2- Se dividió a las zonas en dos, a saber:
– Pampeana: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
– Extra pampeana: Resto del país donde se produce soja.

3- Se dividió a los productores en base a la cantidad de hectáreas sembradas o informadas al SISA, a saber:
– Desde 0 hasta 100 has.
– Desde 101 hasta 200 has.
– Desde 201 hasta 300 has.
– Desde 301 hasta 400 has.

5- Recursos a distribuir en pesos $12.000.000.000,00

6- Precio Soja: 315 u$/ton

7: Valor u$: 70 $/u$

8- Cantidad de Productores a compensar: 41.293

9- Cantidad estimadas de tn a compensar: 10.000.000,00

10-Tope a pagar tn por ha sembrada EP: 2,5

11-Tope a pagar tn por ha sembrada P: 2,9

La restricción abarca a todos los trabajadores que al menos una vez hayan cobrado una parte de su salario a través del plan de asistencia estatal.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el Gobierno decidió que aquellos que hayan cobrado parte de su salario a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) no podrán comprar el cupo mensual de USD 200. De esta manera, la medida afectará a 2.828.799 trabajadores que recibieron este beneficio en alguna de sus primeras cuatro ediciones.

De esa manera, la base de datos del Banco Central tendrá cargados esos casi 3 millones de CUIL cuyos titulares se verán impedidos de comprar al tratar de ingresar a través del homebanking o de apps para celulares.

La restricción abarca a todos los trabajadores que al menos una vez hayan cobrado su salario a través del Programa ATP, lo que incluye a los empleados de aquellas compañías que accedieron el beneficio en su primera edición y luego dejaron de utilizarlo.

La decisión se basa en la interpretación de la Comunicación 7105, dictada por el BCRA el 15 de septiembre. En ella, se establece que no puede comprar dólares aquel que “sea beneficiario de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social –incluyendo los subsidios de carácter alimentario–, sin perjuicio de que podrán percibir prestaciones de la seguridad social derivadas de la relación laboral, tales como las asignaciones familiares”.
Esa decisión no dejó dudas acerca de que los 8,9 millones de personas que cobraron los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) quedarán excluidos de la compra de dólar “solidario”, por tratarse claramente de una ayuda social. El Programa ATP, en cambio, es una ayuda destinada a las empresas. Ante la emergencia económica provocada por la pandemia, el Estado les paga parte del salario de sus trabajadores.
No obstante, hay dudas sobre si también estarán excluidas del mercado de cambios aquellos empleadores que sean personas físicas y se hayan beneficiado con el ATP.

Lo que sí queda claro es que entre las dos principales medidas paliativas del gobierno para enfrentar la parálisis económica provocada por el Covid-19, el Programa ATP y el IFE, reducen el potencial universo de compradores de dólar ahorro en casi 12 millones de personas.

Otros beneficiarios de las medidas paliativas que ya estaban excluidas para comprar dólares son aquellos que recibieron los créditos a tasa cero destinados a monotributistas y autónomos que vieron afectada su actividad por el parate económico. Según la AFIP, alrededor de 600.000 personas tomaron esos préstamos de hasta $150.000 a pagar en 12 cuotas iguales y consecutivas luego de un período de gracia de seis meses. La inhabilitación cesa una vez transcurridos esos 18 meses o en cualquier momento previo si el tomador del préstamo decidiese cancelarlo.
Tampoco pueden comprar dólares aquellos que recibieron la refinanciación automática de su tarjeta de crédito. En dos oportunidades, en abril y septiembre, el Banco Central ofreció un plan para pagar el resumen de la tarjeta de crédito en 9 cuotas, con tres meses de gracia y una tasa de interés del 40%. Hasta que no se pague la última cuota, o hasta que se precancele en forma total en cualquier momento (lo que se puede hacer sin pagar penalidades), los beneficiarios tampoco podrán comprar dólares.

Casi 4 millones de personas compraron dólares en agosto, a un promedio de USD 193 cada una, aprovechando casi cada dólar que permite el cupo de USD 200. Para octubre, una porción importante de esos compradores se va a encontrar con que no tiene acceso al mercado cambiario. Los empleados de empresas beneficiarias del ATP serán parte de ese grupo.

Es tanto para activos como pasivos. Mirá cuándo cobrás tu sueldo
Este jueves dará comienzo el cronograma de pagos de sueldos de septiembre a los activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos.

El cronograma de pagos dado a conocer es el siguiente:

Jueves 1: hasta 25.000 pesos.

Viernes 2: de 25.001 a 35.000 pesos.

Sábado 3: de 35.001 a 45.000 pesos.

Martes 6: de 45.001 pesos a 55.000 pesos.

Miércoles 7: de 55.001 pesos a 75.000 pesos.

Jueves 8: se acredita al resto 75.000 pesos.

Finalizada esta etapa, se informarán nuevas fechas de pago.