El amanecer más frío en lo que va del año en Entre Ríos: menos de 5 grados

Esta madrugada el termómetro marcaba 3.6 grados en Victoria, mientras que en Paraná la sensación térmica era de 5,6 grados. Pronostican varias jornadas con tiempo bueno, lo que ayudará a que las temperaturas asciendan un poco.
La primera entrada de aire frío se hace sentir durante el amanecer de este jueves en Entre Ríos. A las 5.00, el termómetro marcaba 3,6 grados en Victoria y 7 grados en Paraná, donde la sensación térmica descendía hasta los 5,6 grados.

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Por estos días, un importante centro de alta presión se instaló sobre la porción central del país que genera condiciones de tiempo estables, sumado a la escasa humedad y las bajas temperaturas, lo que contribuye a que se mantengan las características de estabilidad.

Se prevé que en Entre Ríos las marcas térmicas vayan en ascenso. Con el correr de los días las mínimas empezarían a acercarse a los 10 grados y las máximas podrían superar los 20. Se estima alguna probabilidad de lluvias para lunes o martes.
El pronóstico para hoy en Entre Ríos

Vientos débiles del sudoeste y sur. Poco nuboso a despejado. Frío por la mañana con muy baja sensación térmica. Poca variación de la humedad. Tiempo bueno. Luego, durante el día, temporal incremento de la nubosidad. Presión en alza. Temperatura mínima en marcado descenso y máxima en poco cambio o en leve descenso. Vientos variables por la noche. La temperatura máxima pronosticada es de 17 grados.

Quini 6: hubo grandes pozos vacantes y 6 apostadores ganaron más de $981.000

No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6. El miércoles el pozo será de $205.000.000.

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Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo miércoles, en total, habrá en juego 205 millones de pesos.

En el Tradicional salieron el 25, 03, 45, 02, 41 y 43. Había en juego $113.868.996, los cuales quedaron acumulados para el sorteo venidero.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 25, 26, 14, 13, 43 y 22. Quedaron vacantes $25.000.000

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 30, 35, 45, 16, 42 y 04. Nadie se hizo acreedor a $26.463.718

En el Siempre Sale hubo 6 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 43, 40, 01, 31, 38 y 17. Cada uno cobrará $981.262

El pozo extra, en tanto, tuvo 361 16.620 ganadores. Cada uno cobrará $ 4397,25.

Las medidas que tomaron Canadá, Australia y Nueva Zelanda para quitarles las armas a los varones violentos y cuáles podría replicar la Argentina

Los femicidios son una verdadera emergencia social. El año pasado hubo uno cada 29 horas. Qué influencia tienen las armas en este drama social y cuáles son las estrategias que se podrían replicar aquí para evitar más crímenes por odio de género
Cuando en 1992 el odontólogo platense Ricardo Barreda mató a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas, estaba en su casa y usó su escopeta.

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Ocho años después, en Berisso, Roberto Oscar Azcua, de 48 años, asesinó de cinco disparos a su excuñada. Tenía antecedentes penales y usó su revólver calibre 38.

Un viernes a la noche de 2013, en Esquel, Daniel Orlas acribilló de seis balazos a su ex esposa. La mujer se había separado, entre otras razones, porque su exmarido la golpeaba.

El primer día de 2021, en su casa de La Rioja, el policía Marcos Suasnada usó su arma reglamentaria para matar a su mujer.

Los femicidios en la Argentina son una verdadera emergencia. El año pasado hubo uno cada 29 horas. Y, como vimos en la enumeración con la que arranca esta nota, las armas de fuego son uno de los principales instrumentos con los que se cometen. De hecho, en 1 de cada 4 casos el crimen es ejecutado con un arma de fuego. Los datos, ya escalofriantes, asustan mucho más si pensamos en manos de quiénes están las 1.600.000 armas que hay en el país: el 99 % de los usuarios registrados en el país son varones.
El problema es compartido en muchas partes del mundo. Por eso, varios países coinciden en una pregunta que desencadena distintas respuestas y varias soluciones posibles: ¿qué puede hacer el Estado para desarmar a los varones violentos?

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“Puede intervenir en tres dimensiones: restringir el acceso a las armas, limitar y controlar sus usos e intervenir en casos de denuncia de violencia de género”, enumera Aldana Romano, licenciada en Ciencia Política y activista de la Red Argentina para el Desarme.

Desde hace varios años que Romano analiza el modo en que las armas convierten a la violencia doméstica en letal. En el último trabajo, titulado Cuando el macho dispara y hecho junto a un equipo de investigadores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), reúne políticas públicas de varios países que encontraron respuestas para minimizar ese riesgo.

“Hay algunas iniciativas muy interesantes, especialmente en Australia. Y también existen acciones muy acertadas en Canadá y Nueva Zelanda”, enumera Romano.

Empecemos por las medidas que tomaron estos últimos dos países para directamente limitarles el acceso a un arma a los varones violentos. En Canadá, la solicitud debe incluir los datos de la pareja actual o de los últimos dos años. A esas personas se las notifica antes de otorgarles la licencia y se les da una línea telefónica gratuita para que llamen en caso de que tengan una objeción o miedo por su seguridad.

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“En Nueva Zelanda la solicitud debe incluir los datos del cónyuge o de otra persona que la haya conocido en los últimos 20 años. Y la Policía debe entrevistar a dos personas (una debe ser el cónyuge, si lo tiene) para obtener información para determinar si la solicitud debe ser aceptada”, describe Romano, que hoy es la directora ejecutiva de INECIP y colabora con la Red Internacional de Acción Contra las Armas Ligeras, movimiento mundial contra la violencia armada conformado por 250 organizaciones de la sociedad civil de 90 países.

Pero el caso “modelo” que menciona Romano es el de Australia, porque trabaja sobre tres dimensiones del problema: les niega la posibilidad de tener armas a las personas que hayan tenido una orden de restricción por violencia doméstica en los últimos 5 años. Además, ordena condiciones seguras para guardar el arma y pacta inspecciones para verificarlo. Y establece la suspensión de la licencia. Por ejemplo, eso disponen en el estado de Nueva Gales del Sur, si hay “causas razonables” para creer que la persona cometió o amenazó con cometer violencia doméstica y personal, incluso aún cuando no haya habido condena.

La regulación más restrictiva en este sentido la tiene el estado norteamericano de New Hampshire, donde la Policía está obligada a secuestrar el arma si existen causas probables para creer que un portador ha ejercido violencia de género. “Se ha demostrado que si la ley obliga a secuestrar el arma en un entorno donde se ha denunciado violencia de género, disminuyen los femicidios”, concluyen en el INECIP.
del arma y se demostró que existe una reducción de entre el 9 % y el 25 % en los femicidios. Y no habiendo existido un ‘efecto sustitución’, como se le dice cuando se usan otras armas en reemplazo del arma de fuego”, afirma Romano.

En un estudio realizado por la Policía Montada de Canadá también hubo datos favorables. “Se demostró que la política de limitar el porte de las armas de dotación en los hogares había bajado el riesgo de que episodios de violencia doméstica terminaran de manera trágica y había reducido el número de mujeres asesinadas”, agregó Romano.

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Este último dato, puntualmente, permite pensar soluciones para bajar la cantidad de femicidios cometidos por personal de fuerzas de seguridad. Desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2021, y según datos del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en la Argentina hubo 70 femicidios. Y entre los femicidas, 7 eran policías y 3, militares.

“Internacionalmente hay diferentes políticas sobre uso de armas por parte de policías. Europa tiende a no permitir su tenencia fuera de servicio. Incluso durante el servicio solo algunos miembros portan armas, como, por ejemplo, en el Reino Unido”, apunta Diego Fleitas, experto en regulaciones en materia de seguridad y autor del informe Violencia íntima, femicidios y armas de fuego en Argentina, publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad de Flacso.

¿Qué restricciones ya rigen en la Argentina y en qué puede mejorar?

Como quedó claro al enumerar los femicidios que se describen al inicio de esta nota, en la Argentina este tipo de crímenes tienen denominadores comunes clarísimos. Si tomamos los femicidios registrados en los primeros tres meses de 2021, el asesinato suele ocurrir en el hogar de la víctima (65 %), su pareja o expareja es el asesino (70 %) y en muchos casos (28 %) la mujer había hecho una denuncia o tenía una medida de protección porque sufría violencia de género.
Y el dato, ya dicho, pero repetido para no olvidar: 1 de cada 4 crímenes se ejecuta con un arma de fuego. Si queremos hacer un zoom sobre esas armas, sirve mucho ver las estadísticas de femicidios registrados en 2019 por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. De los 64 crímenes cometidos con armas de fuego, en 12 se usaron armas reglamentarias de integrantes de fuerzas de seguridad o armadas, en 4 emplearon armas registradas legalmente y en 11 las armas estaban en manos de usuarios no autorizados. En los restantes 37, no se pudo establecer la información.

Por eso, es muy difícil pensar en políticas que eviten estos crímenes sin contemplar políticas de desarme.

Actualmente, en la Argentina hay varias medidas para atender la emergencia y de hecho es uno de los países de América Latina con reglamentaciones más avanzadas. Una de las medidas son las “trabas registrales” a personas denunciadas por violencia de género. Es decir, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) puede no entregar una nueva licencia o inhabilitar a un legítimo usuario en caso de que haya denuncias por violencia de género, familiar o doméstica.

En los últimos 5 años, de 2016 a 2020, la ANMaC afirma, al ser consultada para esta nota, haber obstaculizado el trámite o quitado la licencia a 21.490 personas, a razón de 4.300 por año.

¿Qué dicen las últimas estadísticas oficiales? En 2019 un total de 39.281 varones solicitaron renovaciones o nuevas autorizaciones para acceder a armas de fuego. Sobre ese universo, 1.328 encontraron trabas registrales. Es decir, el 3,38 % de las solicitudes de ese año. Si tomamos los 327 casos de inhabilitación, sería el 0,12 % de las credenciales vigentes.

“Esta herramienta se estaría subutilizando”, analizan desde el INECIP, ya que “no se conoce que exista un protocolo o procedimiento que ponga en conocimiento de la ANMaC la existencia de una situación de violencia de género”.

Otra de las principales herramientas que tiene la Argentina para quitarles las armas a los varones violentos es el denominado Sistema de Control Ciudadano, que le permite a cualquier persona ver los nombres de quienes están solicitando una licencia y oponerse.

El problema de este mecanismo es que opera en el período previo al otorgamiento del permiso y por un breve lapso de tiempo. Además, el sistema no prevé ningún tipo de comunicación activa focalizada en potenciales personas interesadas en presentar una oposición ―como familiares o exparejas―, por lo que su efectividad depende del nivel de proactividad ciudadana.

“Siempre estamos pensando en mejorar el control de los requisitos establecidos para acceder a la condición de legítimo usuario, especialmente en las cuestiones vinculadas con violencia de género”, aseguran voceros de la ANMaC, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

De hecho, desde la ANMaC afirman estar trabajando en iniciativas para limitar el acceso a las armas, mejorar el control y promover el desarme. “Está la idea de contar con un cuerpo policial propio, como lo tiene la ATF, la agencia gubernamental de los Estados Unidos, con la cual poder proceder directamente al secuestro del armamento en domicilios particulares cuando corresponda, pero su desarrollo requiere una reforma legislativa”, afirman desde la ANMaC, que tiene al abogado Ramiro Urristi como director ejecutivo.

Otro proyecto en carpeta es el de elaborar un convenio marco para todas las fuerzas de seguridad del país para que, ante una denuncia de violencia de género, el agente deba entregar rápidamente y de manera preventiva su arma reglamentaria y, si la tuviera, su arma personal.

Lo que sí es un hecho es el relanzamiento del plan de desarme, pero esta vez con perspectiva de género. Básicamente, cualquier persona puede ir a un centro de entrega y dejar voluntariamente un arma. Ese arma es inutilizada en el acto y quien la llevó recibe un incentivo económico de hasta $ 9.000.

“Consideramos fundamental incorporar esa perspectiva al desarme voluntario de la sociedad promoviendo canales de comunicación e información, ya que, según los registros que lleva ANMaC, de los legítimos usuarios y usuarias solo el 2% son mujeres, pero ellas participan en un 30 % de las entregas de armas para su destrucción. Este es un porcentaje muy alto si tenemos en cuenta que no son ellas quienes las portan”, destaca Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Argentina es uno de los pocos países de la región con una política pública de desarme instalada en la agenda política nacional hace más de 10 años. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, ya prometió que la nueva campaña tendrá “una mirada esencialmente federal”.

En materia legislativa, el país también está cerca de seguir dando pasos en el control de la tenencia de armas por parte de varones violentos. “Se presentaron algunos proyectos en el Congreso para prohibir el acceso a las armas de fuego a quienes hubieran sido denunciados por violencia de género y otro asociado a la restricción de armas de dotación en caso de fuerzas de seguridad denunciadas por violencia de género. Ambos proyectos lograron medias sanciones, pero hasta el momento no se convirtieron en ley”, expone Romano.

La Red Internacional de Acción Contra las Armas Ligeras es muy categórica respecto a la necesidad incrementar el desarme de los varones. Explican que hay evidencia que demuestra que “un arma de fuego en el hogar aumenta un 41 % el riesgo general de un asesinato en ese hogar. Y para las mujeres, el riesgo de muerte se triplica”.

***

Si creés que estás viviendo una situación de violencia por razones de género y necesitás contención o asesoramiento, llamá al 144. Si estás en riesgo inminente de ser atacada, llamá al 911.

Entrerriano ganó más de 172 millones de pesos en el Quini 6

El apostador acertó todos los números de La Segunda del sorteo que se realizó este miércoles por la noche y se lleva $172.183.636,54. El pozo del domingo será de $190.000.000.
Un entrerriano se hizo acreedor de uno de los pozos millonarios del sorteo del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo domingo, en total, habrá en juego 190 millones de pesos.

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En el Tradicional salieron el 45-44-15-16-04-31. El sorteo quedó vacante y acumula para el domingo $102.786.286.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 06-12-10-09-45-19. Un apostador acertó todos los números y se lleva $172.183.636,54. Es oriundo de la localidad de General Campos, provincia de Entre Ríos.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 27-01-44-18-13-05. Nadie se hizo acreedor del premio y se acumula para el próximo sorteo $20.000.000.

En el Siempre Sale hubo 10 ganadores que acertó cinco de los siguientes números: 37-33-35-28-38-10. Cobrarán cada uno $666.119.37

Un policía entrerriano salvó la vida a una bebita que ya no respiraba

Los gritos desesperados de una madre advirtieron al efectivo policial. La pequeña de casi un año de vida ya no respiraba. El agente comenzó a realizarle trabajos de reanimación, hasta que la chiquita rompió el llanto y volvió a respirar.
Un policía entrerriano salvó la vida a una beba que ya no respiraba en Concordia. El hecho ocurrió en la noche del pasado lunes, cuando el efectivo de la fuerza se encontraba custodiando la zona de calle Odiar al 2500.

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Los gritos desesperados de una madre advirtieron al efectivo de la fuerza, Mauro Altamirano

La pequeña de casi un año de vida ya no respiraba, cuando el agente acudió al pedido desesperando de auxilio y comenzó a realizarle los trabajos de reanimación, hasta que la chiquita rompió el llanto y volvió a respirar.

La madre de la menor y los vecinos que miraban atemorizados por el cuadro médico, felicitaron y aplaudieron el accionar de este efectivo de Policía de Entre Ríos, que presta sus servicios en la ciudad de Concordia.

La bebé se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro, publica diario Río Uruguay.

Diputados: Un proyecto propicia regular los contenidos en redes

 

Se trata de un proyecto de Declaración dirigido al gobierno nacional. El diputado Néstor Loggio es autor de la iniciativa con la que aspira a que el Ejecutivo Nacional o el Congreso elaboren una regulación definitiva, completa y de fondo respecto a la publicación de contenidos en redes.

El diputado a través del proyecto contempla los “cambios globales y constantes de la realidad producidos por la velocidad de la información y la extrema digitalización que han modificado para siempre la forma de comunicarnos, de relacionarnos y de interpretar y concebir la vida en sociedad”.

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La comisión de Asuntos constitucionales, juicio político y peticiones, poderes y reglamento, que preside el diputado Cosso ya comenzó a analizar la iniciativa que tuvo ingreso en diciembre del año pasado.

El texto en análisis expresa que la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos declara su opinión favorable para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional y/o al Congreso de la Nación Argentina a efectos de que propicie una regulación definitiva, completa y de fondo respecto a la publicación de contenidos en redes sociales, las responsabilidades emergentes para quienes las mal utilicen o las propicien para calumniar, difamar, denigrar, deshonrar a terceros o divulgar material de índole privada de las personas que comprometan o tiendan a denigrar sus creencias, ideologías y otras acepciones de índoles personalísimas, tanto en el aspecto del Derecho Civil y Comercial como del Penal, otorgando protección judicial y jurisdiccional real, eficiente y suficiente a las potenciales víctimas de delitos o denigraciones públicas, salvaguardando así garantías esenciales otorgadas a todos los ciudadanos argentinos por la Constitución Nacional Argentina.-

El legislador alude a situaciones tales como posibles agresiones al honor y buen nombre de las personas los grados de violencia moral de todos los habitantes o de género para las mujeres, cuando no la afección directa de los derechos a la intimidad y a la privacidad, “derechos que en la actualidad se encuentran ostensiblemente expuestos y vulnerables también por el vacío legal producido por una falta de regulación de fondo que dista aún de completarse y precisa de nuevos instrumentos jurídicos”, expresa.

LAS RAZONES. Loggio alude a los “cambios globales y constantes de la realidad producidos por la velocidad de la información y la extrema digitalización que han modificado para siempre la forma de comunicarnos, de relacionarnos y de interpretar y concebir la vida en sociedad”.

En ese contexto, se refiere al surgimiento de nuevas inquietudes, problemas hasta entonces desconocidos y “abusos que antes no existían como tal, simplemente por no preexistir el medio idóneo para consumar el hecho lesivo o agraviante”.

Considera que “son lentos” los intentos de ajustar la legislación del Código Penal a los nuevos delitos informáticos, hasta la adecuación de los sistemas de acusación y control judicial como
tales, en comparación con la rapidez en que se suceden los hechos.

En ese análisis, sostiene que “en la actualidad una de las cuestiones más difíciles de regular es la responsabilidad jurídica de las afirmaciones u opiniones vertidas en las redes sociales y, sobre todo, cuando dichas manifestaciones no son simplemente una afirmación deliberada e irresponsable emitida a la red, sino que la misma se hace con una intención subyacente de obtener un beneficio, sacar una ventaja, manipular una opinión o simplemente desinformar a la población aportando datos falsos o apócrifos”.

Incluye en la fundamentación del proyecto interrogantes tales como “¿qué hacer entonces cuando nos enfrentamos a un abuso del derecho a la libre expresión?; ¿cómo reaccionar ante la proliferación de datos que dañan a una velocidad infinitamente mayor que la capacidad de reparación que posee el sistema judicial? y ¿cuál derecho personal debe ser privilegiado? ¿a costa de qué principios?”.

De la cultura y la justicia

El diputado Loggio justifica el pedido al gobierno nacional al preguntarse qué hacen los representantes de las instituciones del Estado de Derecho para salvaguardar los posibles abusos que se pueden generar a la luz de una prerrogativa tan cara y tan necesaria para cualquier República, como es el derecho a la información y a la libre expresión.

Considera urgente efectuar una “regulación de fondo para que de modo definitivo, completo y general se promueva la legislación de esta actividad tan naturalizada en la actualidad para la sociedad, pero cuyos horizontes de consecuencias aún están lejos de ser siquiera divisadas, cuando no resueltas”.

Deja presentadas algunas alternativas. Considera que se debe “trabajar sobre la cultura de quienes usan redes sociales para intentar educar a los usuarios en este sentido, creando conciencia de que una opinión debe hacerse con el máximo de cognición posible, porque dicho comentario va a tener inevitablemente efectos sociales generales y personales particulares”.

Y agrega que “en caso de que se perfeccione el abuso a la libre expresión, bregar porque la Justicia tenga la suficiente capacidad de poder juzgar y condenar al culpable y no permitir que por lagunas del derecho ante casos pioneros, el sistema judicial se justifique con cuestiones puramente procedimentales como acto reflejo, permitiendo que se concreten injusticias en nombre de la verdad.

Insólito: entran por Gualeguaychú una moto de Malvinas, pero no es argentina

El periodista Roberto Delgado, de Tucumán, difundió en el diario La Gaceta un extraño caso que interpela la actuación del Estado argentino en torno de las Islas Malvinas. Bajo el título “Una moto de Malvinas en Tucumán abre el debate sobre la relación con las islas”, el periodista explicó el problema de un atleta tucumano que pidió regularizar la tenencia de una moto ingresada desde las Islas Malvinas, a través de Gualeguaychú por el puente internacional Libertador General San Martín (Fray Bentos-Puerto Unzué), y ante su sorpresa el Estado argentino le pidió que la “nacionalice”.

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El maratonista Esteban Martínez Pastur, de relación frecuente con los malvinenses, narró el absurdo y, como precedente, contó que, al regreso de un viaje a las Malvinas, por Río Gallegos le pidieron que entrara con pasaporte; entonces él les exhibió a los funcionarios su derecho a ingresar con DNI porque venía de un territorio argentino.

Respecto del vehículo, relató: “Cuando fui a averiguar en un registro automotor para legalizar la circulación de la moto, me dijeron que tenía que nacionalizarla… No podemos nacionalizar algo comprado o traído de las Malvinas”, insistió con razón el tucumano Martínez Pastur.

El disparador del disparate fue el ingreso de una Honda África Twin, en 2017, anotada como “vehículo extranjero con autorización temporal”. La motocicleta estaba radicada en las Islas Malvinas, y aquí se la consideró “extranjera”. Martínez Pastur insiste en que las autoridades argentinas deben revisar su posición. No corresponde, afirma, porque las Malvinas pertenecen a una provincia argentina. Y aunque parezca una perogrullada, tiene que repetirlo una y otra vez.

Por Uruguay

Joseph Benjamin Reid, nacido en Tierra del Fuego y radicado en las Malvinas, se dedica a la exportación de pesca. Con motivo de la moto se conocieron con Martínez Pastur en las islas, y se hicieron amigos. Es fueguino y malvinense, pero con doble nacionalidad: también británico, publicó el diario Uno de Paraná.

Un día le ofreció a Martínez Pastur llevar la moto a Uruguay y de ahí ingresarla a Entre Ríos, para luego pasear por el noroeste argentino. El tucumano viajó entonces al Uruguay para transportar a su amigo y a la motocicleta en su camioneta.

“En la Aduana de Gualeguaychú entramos con documentos argentinos y no dijeron nada. Yo les advertí sobre la moto, que tiene patente de Malvinas, porque no quería problemas de documentación. Dije que quería un acta que certificase que venía de Malvinas y el agente me respondió que no podía certificar eso”, relató Martínez Pastur al periodista Delgado.
Además de participar en competencias de maratón, Martínez Pastur no oculta su amor por las Malvinas. Foto gentileza diario La Gaceta.
Borrar los carteles

“Entonces les pedí que Joseph ingresara con su documento británico y su vehículo de las islas. Cuando hicieron el papel de ingreso del vehículo pusieron que el documento de Joseph (que indicaba que vivía en Stanley), decía que residía en Islas Malvinas. Le dije (al funcionario) que debía poner el nombre inglés y me contestó que iba a tener problemas si hacía eso. Al final, admitieron el ingreso de la moto con esos datos y con autorización para circular por seis meses, como si fuera vehículo extranjero. Yo les dije que si admitían que la moto era extranjera entonces había que borrar todos los carteles de las rutas que dicen que las Malvinas son argentinas. Y la misma Constitución dice que son una provincia argentina”, recalcó Martínez Pastur.

Si bien no ha tenido problemas para andar por las rutas, el inconveniente se presentó en un registro del automotor cuando Martínez Pastur averiguó los pasos para legalizar la circulación de la moto. “Me dijeron que tenía que nacionalizarla y yo volví a contestar que no podemos nacionalizar algo comprado o traído de las Malvinas. Es un debate pendiente”, repitió.

“Hoy tengo acá la moto guardada, pero creo que haberla traído de allá es la punta de un debate hacia atrás y hacia adelante”, sugirió el tucumano.

Martínez Pastur cuenta que empezó a viajar a las Malvinas en 2013 para participar de un maratón. Pero en el fondo quería cumplir un sueño, porque de chico se empapó del mundo malvinero, estudió en el Liceo Militar, vivió la guerra a la distancia en el Liceo, y como si fuera poco su promoción se llamó Islas Malvinas.

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Aduana

El doctor Guillermo Coronel, miembro del Instituto de Derecho Aduanero, explica que no es lo mismo “territorio nacional” que “territorio aduanero”: la Ley Nº 19.640, establece “la actual provincia denominada Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” está dividida en “dos bien marcados ámbitos espaciales aduaneros. Por su parte la ‘isla grande de Tierra del Fuego’ resulta recibir el tratamiento de un ‘territorio aduanero especial’; mientras que el resto del territorio de la provincia, es decir, la Isla de los Estados, la Antártida, Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur, componen la denominada ‘Área Franca’. En este sentido, las Islas Malvinas no pertenecen al territorio aduanero general, ni al especial y reciben en materia aduanera un tratamiento de ‘área franca’”.

Coronel realiza un análisis muy singular de la situación planteada, que puede leerse en Internet bajo el título: “La aduana y su potestad legal pueden contribuir a la recuperación de Malvinas”.

Allí se pregunta qué pasaría si se produjera una apertura comercial mayúscula con las Malvinas.

Valentina, nena que padece atrofia muscular, recibió la medicación y está bien

Una buena noticia en medio de tanto dolor y angustia. Valentina, la nena de dos años que padece Atrofia Muscular Espinal, recibió este viernes por la tarde el medicamento que necesitaba para su enfermedad y está «en buen estado de salud».
La información fue confirmada por sus padres (Gisella y Fabián Rocatti) en la cuenta de Instagram @zolgensmaparavalen. Ambos agradecieron «a la gente y a (la obra social) Galeno por hacer que esto sea posible».

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Por el tipo de enfermedad que tiene Valentina debía aplicarse un medicamento muy caro (Zolgensma) antes de que cumpliera los dos años de edad. Llegó justo a tiempo, ya que este sábado Valen cumple precisamente dos años.

Las buenas noticias habían comenzado hace una semana cuando se determinó que la muestra de sangre de Valentina era compatible con el medicamento Zolgensma, que es lo que sus padres aseguraban que debían aplicarle a su hija antes de que cumpla los 2 años.

Los padres habían emprendió hace un tiempo una cruzada en las redes sociales para conseguir una costosa mediación que significaría la cura para su hija de casi dos años, diagnosticada con atrofia muscular espinal tipo 2. Y esa campaña se hizo viral.
El medicamento Zolgensma, del laboratorio Novartis, cuesta dos millones de dólares y Valentina se lo debía aplicar antes de llegar a los dos años. Como los padres sabían que luchaban contra el tiempo, apelaron a las autoridades del Ministerio de Salud y de la prepaga Galeno para articular una estrategia que les permita obtener la medicina.

«Tengo atrofia muscular espinal, enfermedad degenerativa que deteriora los músculos del cuerpo con el paso del tiempo, afectando mi capacidad para caminar, respirar y tragar. Necesito una medicación (Zolgensma), que es la cura de la enfermedad antes de los dos años de edad», describieron en su momento los padres.

Este viernes, y en el día previo a que Valentina cumpliera dos años, los padres comunicaron una noticia que no deja de emocionar. «Valen recién acaba de recibir su Zolgensman y está barbara. Queríamos agradecerle a toda la gente y a Galeno por hacer esto posible», contó su papá Fabián que llenó de felicidad a muchísima gente, además de a su familia.

Fuente: La Capital

Quini 6: Un apostador ganó más de 6 millones y hubo grandes pozos vacantes

Un apostador ganó más de 6 millones de pesos en el Siempre Sale. El domingo habrá en juego 307 millones de pesos.
No hubo ganadores en los grandes pozos millonarios del sorteo del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo domingo, en total, habrá en juego 307 millones de pesos.

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En el Tradicional salieron el 14-08-40-45-43-01. El sorteo quedó vacante y acumula para el domingo $81.776.941.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 39-17-30-19-28-29. No se registraron ganadores y el próximo sorteo tendrá en juego $150.174.291.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 14-19-21-39-40-22. Nadie se hizo acreedor del premio y se acumula para el próximo sorteo $20.000.000.

En el Siempre Sale hubo 1 ganador que acertó cinco de los siguientes números: 17-44-03-21-09-28. Cobrará $6.459.430,86. Es de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

Estafaron por Instagram a una mujer de Urdinarrain: perdió $135 mil

Sucedió en los últimos días, cuando desde una cuenta hackeada le ofrecieron un trato inmejorable para comprar dólares. La víctima cayó en la trampa y perdió una fortuna.

Todos los días aparecen nuevos tipos de estafas, y los clásicos “cuentos del tío” ahora se mudaron al universo 2.0 y las redes sociales, porque ahora los estafadores se disfrazan de hackers y están a la expectativa para atrapar a algún desprevenido.

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Esta última estafa tuvo su desarrollo en la red social Instagram: en este caso, lo primero que hacen los estafadores es hackear una cuenta y, como es obvio, los seguidores de dicho @ quedan en su poder.

Esto fue lo que le sucedió a una comerciante del rubro lencería de Urdinarrain en su cuenta @secretros_byl. Los estafadores, al tener la cuenta y la clave para ingresar, les mandaron a sus seguidores mensajes privados ofreciéndoles, en este caso, la venta de dólares a muy bajo precio.
Cuando el seguidor le dice que le interesa, automáticamente le piden el número de WhatsApp para seguir comunicándose por esa vía, a fin de enviarles el CBU para que deposite bajo la promesa de que ellos luego le enviarán o llevarán los dólares.

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Hay que recordar que los estafadores utilizaron un numero de celular que no es el verdadero, y para engañar ponen el perfil original de la dueña, por eso la confianza.

En este caso la víctima depositó la suma de $ 135.000 para la compra de U$S 1000, billetes que nunca más vio.

Al principio parece que es difícil de caer, pero teniendo en cuenta que el estafado cree conocer al verdadero dueño de la cuenta, confía ampliamente.
Fuente: cristalurdi

Eco Educativo Entre Ríos Encuesta provincial destinada a docentes y directivos

Como se desarrolló en el anterior artículo, que se conoció en el semanario del día
10 de abril, la Educación entrerriana está transcurriendo sus días sobre grises y
sin rumbo definido. Para sumar a las estadísticas del anterior artículo, podemos
decir que, en lo que va del mes de Abril, solo se han desarrollado 8 días de clases
efectivas (al 17 de abril) de las cuales la burbuja A tuvo 5 días y la burbuja B solo
3 días de clases.
En este contexto comenzó el ciclo lectivo hace más de 45 días (1 de marzo).
En este segundo artículo queremos compartir con ustedes una encuesta
desarrollada en 8 ciudades de la Provincia de Entre Ríos, destinada a docentes y
directivos:
Se le pregunto si su escuela había comenzado las clases presenciales:
El 83% contesto que sí, pero con burbujas.
El 9,4% contesto que sí y con todos los estudiantes (presencialidad completa)
El 5,3% respondió que volvieron solamente desde la virtualidad
El 2,3% respondió que no han vuelto aun (virtual y presencial)

Cuando se los consulto sobre las razones del NO comienzo de clases
presenciales; los mayores inconvenientes estaban en lo edilicio y en no contar
con personal suficiente.
Debemos consignar que los estudiantes que cursan estudios superiores, en su
gran mayoría se encuentran cursando desde la virtualidad, acción que se viene
desarrollando desde abril de 2020.
Además, a los docentes se les pregunto sobre el estado edilicio e infraestructura
escolar:
El 13,8% respondió que las condiciones edilicias eran muy buenas.
El 44,7% dijo que era buena.

El 33,3% dijo que era regular y el 8,2% respondió que la infraestructura escolar
era mala. Esto deja a la luz, que existe un 41,5% de los establecimientos con
problemas de infraestructura.
Los problemas más relevantes que se mencionaron; problemas eléctricos,
sanitarios en malas condiciones, entre otros.
En otro orden, se preguntó sobre la conectividad en la escuela:
El 27% respondió que es buena.
El 31,4% dijo que era regular
El 15,1% dijo que era mala.
El 26,5% respondió que directamente su escuela no cuenta con acceso a internet
ni conectividad. (Todo un dato).
Cuando se les consulto sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado
desde la virtualidad en el 2020:
El 21,4% dijo que fue bueno.
El 59,1% respondió que fue regular y el 19,5% dijo que fue malo (el 78,6% tiene
reparos o directamente desaprueba la virtualidad como forma de desarrollar la
Educación en la Provincia de Entre Ríos).
Los motivos por los cuales se dieron estos porcentajes?
El proceso fue discontinuo, falta de acompañamiento y la falta de conexión entre
docentes y estudiantes, fueron sus respuestas.
Cuando se les consulto sobre que aplicaciones utilizaron para conectarse con sus
estudiantes:
Watt SAP la mayoría, Meet, Zomm y Classrom.
Preguntando sobre el presente ciclo lectivo 2021 y como evaluaban la
implementación del sistema hibrido por burbujas;
El 23,8% dijo que era regular su implementación.
El 42,3% dijo que era bueno y un 33,8% respondió que todavía no es momento de
evaluar dicha implementación.

Por último se les pregunto cómo calificarías el sistema de alternancia del sistema
educativo actual, con respecto a los aprendizajes a desarrollar;

El 53,5% respondió que bueno, el 31,4% respondió regular y el 15,1% no
contesta.

Conclusiones Generales; la vuelta a la presencialidad completa, debe ser el
próximo objetivo, si queremos evitar que la tragedia educativa continue y se
acreciente.

Prof. Pedro Demarchi
Coordinador Provincial Eco Educativo Entre Ríos.

Solicitan ayuda para encontrar a una joven que se ausentó de su casa en 2019

Se trata de la joven Brenda Soledad Mendieta, cuya familia se domicilia en Colón y con quienes mantuvo contacto telefónico con su familia por última vez en noviembre de 2019, mientras residía en la ciudad de Córdoba.
La Unidad Fiscal Nº 2 de Colón solicita colaboración para dar con el paradero de Brenda Soledad Mendieta, de quien se tuvo noticia por última vez en septiembre de 2019, indicaron desde la justicia entrerriana.

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La joven tiene tez blanca, ojos verdes claros y pelo corto de color castaño claro; no posee tatuajes y mide 1,70 metros.
Mendieta mantuvo contacto telefónico con su familia por última vez, en noviembre de 2019, mientras residía en la ciudad de Córdoba.
Cualquier información podrá brindarse a través del teléfono (03447) 421167 (interno 28) o con cualquier dependencia policial.

Lesa humanidad: confesó los vuelos de la muerte y terminó condenado a 640 años de prisión

El silencio fue grande cuando los abogados de la Acusación Popular Carlos Slepoy y José Galán, desde las escalinatas, informaron que la condena sumaba 640 años de prisión. Con el correr de los años y las apelaciones, la condena aumentó a 1084 años. Por la legislación española, solo podían efectivizarse 30 años. Por sus propias confesiones y los testimonios de sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a Adolfo Scilingo se le habían probado 30 muertes, torturas y una innumerable cantidad de detenciones ilegales.

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Era la primera vez que la justicia española condenaba a un imputado por crímenes contra la humanidad, por delitos cometidos en el extranjero y por ciudadanos extranjeros, más allá de que algunas víctimas fueron españolas.

Un caso modelo

“El enjuiciamiento de Scilingo ante la Audiencia Nacional española representa un precedente muy importante en la lucha contra la impunidad. Por primera vez, se declaró que conductas tales como arrojar prisioneros al mar desde aviones en vuelo constituyen crímenes contra la humanidad; y esa conducta fue juzgada, en aplicación del principio de justicia universal, por tribunales de un país diferente de aquel en el que había cometido”, explicó el abogado Carlos Castresana, quien en nombre de la Asociación Progresista de Fiscales presentó un escrito para que se iniciara un juicio por los crímenes cometidos en Argentina. Fue el 28 de marzo de 1996, porque a 20 años del golpe se corría el riesgo de que se consideraran caducados los plazos para juzgar homicidios.

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Hasta entonces había habido algunos pocos casos de juzgamiento extraterriorial por violaciones de derechos humanos, como en de Adolf Eichmann en Israel, pero en todos los casos se trataba de casos impulsados por las autoridades de un Estado.

“El caso de Scilingo fue el primero promovido por las víctimas, que pudieron así encontrar justicia a miles de kilómetros y varias décadas después, sin consideración a su nacionalidad ni a ninguna otra condición personal o social”, dice Castresana a Infobae.

Y agrega: “Desgraciadamente, los Estados reaccionaron para neutralizar ese ejemplo. Por eso resulta tan importante que países como Argentina, donde permanece vigente el principio de justicia universal, lo sostengan y apliquen de manera efectiva. Scilingo es hoy un recordatorio a los victimarios de que antes o después, la justicia de las víctimas puede alcanzarles».
Una impactante confesión

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Todo había comenzado dos décadas atrás. En la noche del jueves 2 de marzo de 1995, en el programa televisivo Hora Clave, conducido por Mariano Grondona, Horacio Verbitsky presentó la grabación de sus conversaciones con Scilingo. Grondona pidió fragmentos de aquellas tenebrosas confesiones.

-En las conversaciones entre ustedes, ¿cómo se referían a eso? – le había preguntado Verbitsky al marino.

-Se llamaba vuelo. Era normal, aunque en este momento parezca una aberración. Cuando recibí la orden, fui al sótano, donde estaban los que iban a volar. Abajo no quedaba nadie. Ahí se les informó que iban a ser trasladados al sur y que por ese motivo se les iba a poner una vacuna; quiero decir, una dosis para tontarlos, un sedante. Así se los adormecía –contestaba Scilingo.

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-¿Quién las aplicaba?

-Un médico naval. Después se los subió a un camión verde de la Armada con toldo de lona. Fuimos a Aeroparque, entramos por la parte de atrás. Se cargaron como zombies a los subversivos y se embarcaron en el avión.

-¿Quiénes participaron?

-La mayoría de los oficiales de la Armada hizo un vuelo, era para rotar gente, una especie de comunión.

-¿Qué cantidad de personas calcula que fueron asesinadas de ese modo?

-De 15 a 20 por miércoles.

-¿Durante cuánto tiempo?

-Dos años.

-Dos años, cien miércoles, de 1500 a 2000 personas.

-Sí.
El reconocimiento

Scilingo se había retirado de la Armada en 1986 y antes de hacer sus relevaciones envió cartas al dictador Jorge Videla y al presidente Carlos Menem para que informaran de esos vuelos. A falta de respuestas, un día, decidió hablar. Al día siguiente del programa de Grondona, el jefe de la Armada, almirante Enrique Molina Pico, descalificaba a Scilingo en base a una causa por estafa en la compra venta de un automóvil. El presidente Menem dijo, simplemente: “Es un fascineroso”.

Unos meses después, un grupo de argentinos en Madrid liderados por el abogado argentino Carlos Slepoy, en conjunto con el Club de Amigos de la Unesco de Madrid, lanzaron una campaña a la que llamaron Justicia, no Venganza. El manifiesto salió en julio de 1995, impreso en una página volante que fue distribuida por todos lados. Tenía doce puntos, breves, contundentes.

El motivo era que Scilingo había sido invitado a participar de un programa en Televisión Española y que dos abogados de Izquierda Unida, Isabelo Herreros y Gregorio Dionis, pensaron que Scilingo podía contagiar a otros represores a brindar información. Por eso, tomaron contacto con los abogados del hombre de la ESMA en Buenos Aires.

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Por el contrario, para Slepoy era un represor quebrado y, si se animaba a pisar suelo español, el juez Baltazar Garzón debía ordenar inmediatamente su detención.

José Pepe Galán, español y también abogado, era de la misma idea. Galán, en pleno gobierno de Felipe González se había convertido en un quebradero de cabeza para el presidente socialista: descubrió con detalles la trama de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), una fuerza parapolicial amparada en funcionarios cercanos a González. Los GAL operaban de modo ilegal contra los etarras.

Ambos abogados sabían las causas por las cuales Scilingo había destapado la olla. Hacía poco, la Armada había propuesto el ascenso de dos hombres. Se trataba de Juan Carlos Rolón –alias Juan o Niño- y Antonio Pernías –alias Rata o Trueno-; ambos de Inteligencia Naval y de máxima confianza de Emilio Massera. Ambos habían sido señalados por los sobrevivientes de la ESMA y sus pliegos fueron rechazados por el Senado.

Scilingo salió en defensa de ambos, alegando que sólo recibían órdenes de Massera.

En aquellos años, Scilingo estaba a cargo de la sección Electricidad y Automotores, y en sus primeras apariciones públicas, trató de relativizar su participación directa en torturas y asesinatos de detenidos. Sin embargo, ante las presiones para dar detalles, se autoincriminó: reconoció haber participado de dos vuelos de la muerte. Reveló que en julio de 1977 fueron llevados al aeroparque Jorge Newbery 28 secuestrados y como no entraban en un solo avión, hicieron dos vuelos. Scilingo dijo haber viajado en uno de ellos, en el que eliminaron a la mitad de los prisioneros. En agosto de ese 1977, confesó haber estado en otro vuelo, en el cual fueron tiradas al mar otras 17 personas.

En la Argentina había una situación inédita: alguien confesaba -a quien quisiera- algún grado de participación en crímenes de lesa humanidad y ningún juez lo interrogaba para precisar en qué condiciones y con qué participación directa había sido, ya que regían las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.
Un avión a Madrid

El vuelo de Scilingo estuvo rodeado de intrigas y de espectacularidad. Sus abogados declaraban en Buenos Aires que no tenían ningún pacto con el juez Garzón, que su defendido sólo hacía lo correcto, pero Scilingo le había mandado un fax al juez pidiéndole garantías; luego lo llamó por teléfono pero el juez no lo atendió. Pocos días antes de la partida, Scilingo apareció con la cara cortada, con muchos cortecitos hechos con hoja de afeitar: según él, lo habían secuestrado brevemente para intimidarlo, cosa que no lograrían. Scilingo mostraba una iniciativa tremenda.

Tenía previsto llegar a Madrid alrededor del 22 de septiembre, acompañado por sus dos abogados argentinos. Televisión Española le había ofrecido participar en un programa, con el pasaje a cuenta del canal estatal.

En la víspera de la supuesta llegada de Scilingo, Galán se presentó ante el juez Garzón para solicitar que lo detuviera apenas pisara el aeropuerto de Barajas. Pero Scilingo no llegó en la fecha indicada: en Buenos Aires lo retuvo una causa judicial fraguada sobre estafa, oxigenada por funcionarios y espías, tendiente a retenerlo en tierra argentina.

Finalmente, se fechó el viaje para el lunes 6 de octubre de aquel 1995: llegaría al mediodía a Barajas, al día siguiente declararía ante Garzón y tras cartón iría al programa de Antonio Herrero en Televisión Española.

El mismo día que llegaba Scilingo, también lo hacía Hugo Anzorregui a Madrid. Por entonces era el jefe de la SIDE y hombre de mucha confianza de Menem. Su misión era tener contacto con los espías del presidente José María Aznar. Sin embargo, el Palacio de La Moncloa salió de inmediato a negar contactos oficiales: el gobierno del Partido Popular aclaró que “no interfería de ninguna manera en los asuntos de la Justicia”.

Al día siguiente, martes 7 de octubre, la antesala del despacho del juez Garzón era un hervidero. Scilingo, flanqueado por el defensor de oficio de la justicia española; más sus dos abogados argentinos que no estaban facultados para defenderlo allí pero lo acompañaban todo el tiempo. Por la Acusación Popular estaban, entre otros, Slepoy y Galán.

En eso salió Garzón. El juez no quiso demorar el trámite y salió al pasillo. Y tal como consta en el expediente, el diálogo no tuvo desperdicios.

-Por favor, señores, pasen.

De inmediato, Garzón hizo un aparte con los representantes de la acusación: “¿Tienen algún inconveniente en que esté presente en la declaración el señor Ganora?”. Mario Ganora era uno de los abogados de Scilingo. Los abogados de la acusación no se opusieron.

Entraron en silencio, a Garzón lo acompañaba un escribiente que, en esa ocasión, además tenía un grabador. El juez acomodaba sus papeles, releía alguna cosa. Slepoy llevaba meses en audiencias realizadas en ese despacho, pero esa vez era diferente: había un acusado y no un sobreviviente en la oficina.

-Soy casado y padre de cuatro hijos -dijo Scilingo cuando el juez le requirió sus datos personales. De las preguntas fueron a los hechos, la precisión de Scilingo continuaba.

-A veces venían a buscar neumáticos al taller donde yo trabajaba, servían para los asados, que se hacían dentro mismo de la escuela.

La escuela era la ESMA, donde habían pasado unos 5.000 secuestrados; los asados referían a la cremación de cadáveres.

-Con respecto a los vuelos, los aviones generalmente salían de un aeropuerto militar que está al lado del aeropuerto de Ezeiza, de ahí se dirigían al sector militar del aeroparque Jorge Newbery, que está bajo control de la Fuerza Aérea. Se despejaba el área para que ingresaran los camiones que trasladaban desde la escuela, a los detenidos, quienes previamente habían recibido una dosis de pentonaval, y los subían así, drogados, a los aviones. Los aviones se dirigían al mar abierto, muchas veces hacia el sur argentino, donde se los tiraba…

Habían entrado apenas pasadas las diez de la mañana y ya eran las dos de la tarde.

-Señor Scilingo, ¿puede referirme usted su participación en esos denominados vuelos de la muerte? –preguntó Garzón y Scilingo se tomó un respiro.

-¿Usted se refiere a mi participación?

-Exactamente.

-Bueno… sí, yo tuve que ver, en dos oportunidades.

-Quiero que me relate las circunstancias de ambas oportunidades –inquirió el juez.

-La primera vez fue en junio de 1977, por orden del jefe de Defensa de la ESMA, el vicealmirante Adolfo Arduino. Como yo no integraba en forma regular los Grupos de Tareas, me comunicó que debía formar parte de esa acción.

Scilingo estimó que de un total de dos mil oficiales de la Armada, unos mil quinientos habrían participado de la represión. Cuando el juez le mostró 75 fotografías de represores que actuaron en la ESMA -la mayoría tomadas por Víctor Basterra, detenido allí en esos años-, Scilingo reconoció a 17 de ellos. Además, detalló quiénes habían sido sus compañeros de equipo en los vuelos: los oficiales Jorge Acosta, Jorge Vildoza, Gonzalo Torres de Tolosa y Carlos Daviou, este último, en actividad y tercero en la jerarquía del Servicio de Inteligencia Naval. Explicó que les sacaban las ropas antes de arrojarlos.

-¿Para qué? –preguntó Garzón.

-Para que nadie pudiera relacionarlas con el lugar de origen en caso de ser encontrados los cuerpos.

-¿Cuántas personas fueron eliminadas en esa oportunidad, señor Scilingo?

-Veintiocho personas, señor juez.

-¿En qué otra oportunidad participó usted de una actividad semejante?

Scilingo explicó que dos meses después, también por orden de Arduino, formó parte de un grupo que tiró gente viva al mar.

-En esa oportunidad, también participó el entonces agregado naval de la embajada argentina en Santiago de Chile, según me dijo, porque quiso tomar parte voluntariamente.

-¿A cuántas personas arrojaron al mar en esa oportunidad?

-A diecisiete personas, señor juez.
Sorpresa

-Señor Scilingo, queda usted detenido. Termina la vista, señores letrados -dijo Garzón. Scilingo emaplideció y miró a sus abogados.

-Pero… – empezó a decir.

-¡¿Cómo que detenido?! -preguntó el productor del programa de Antonio Herrero de Televisión Española, que estaba en la antesala y parecía perder el libreto.

-¡Pero hombre, si tiene que venir esta noche a la televisión! –dijo como si un programa pudiera otorgarle las llaves de la prisión.

-Pues tendrán que ir a verlo a Carabanchel.

La tenacidad de los productores televisivos logra cosas raras. El productor de Herrero consiguió que el juez lo atendiera:

-Es que nosotros pagamos el pasaje del señor Scilingo y queremos entrevistarlo, ¿autorizaría usted que entráramos con nuestras cámaras a la cárcel?

-Sí, les autorizo –dijo Garzón.

Y el programa se hizo en vivo ese miércoles por la noche, tal como estaba previsto. En el estudio estaban Anotnio Herrero, el conductor, con sus dos invitadas, víctimas de la represión en la Argentina. La abuela de Plaza de Mayo Sacha Artés y su nieta recuperada Carla Rutilo Artés. Scilingo salía en dúplex desde la cárcel.

Scilingo dijo que muchas noches no podía conciliar el sueño.

Carla, que no podía contener las lágrimas, mientras la cámara le hacía un primerísimo plano, dijo:

-¿Cómo que no puede dormir? ¿Y qué tendría que hacer yo, que me secuestraron a mi padre y a mi madre? ¡No sea cínico! ¿Así que se hace la víctima?

-¡Pero, por favor! ¡Además de asesino es un traidor! Porque traiciona a los suyos quiere que la sociedad lo entienda y lo perdone. ¡Me da asco! -dijo Sacha.

Al final de la noche, el productor periodístico se fue a dormir tranquilo: había cumplido su misión.

A la mañana siguiente, Garzón firmó la prisión preventiva de Scilingo. Al lunes siguiente, la fiscalía apeló con el argumento de que España no tenía jurisdicción sobre los delitos que lo acusaban.
Libertad bajo fianza

Algo más de un mes después, Garzón le concedió a Scilingo la libertad bajo una fianza de cinco millones de pesetas que luego rebajó a medio millón, y que luego suprimió porque Scilingo argumentó que “no tenía dinero”. El juez le quitó el pasaporte y le prohibió expresamente salir del territorio español, además tenía la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado.

Habían pasado diez años de la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

La libertad ambulatoria duró poco. Scilingo volvió a Carabanchel. Fue condenado a 1084 años de prisión. A fines de 2019 había cumplido 22 años de cárcel y fue derivado a un Centro de Reinserción Social en Madrid a cumplir tareas en un comedor.

El abogado Carlos Slepoy fue un factor clave no solo en el caso Scilingo sino en todo el resto del procedimiento de la Audiencia Nacional por crímenes cometidos en Chile y en Argentina. Luego se ocupó de los crímenes del franquismo y acompañó los testimonios de muchas víctimas. También fue factor clave para que la jueza federal María Servini de Cubría abriera una causa extraterritorial por aquellos crímenes cometidos en España. Slepoy murió el 17 de abril de 2017. Entre los tantos relatos y documentales que recuerdan su vida, se destaca La vida de los otros, producido por Pedro Almodóvar.

Cannabis medicinal: “Va a remediar el dolor de miles de familias”, dijo el diputado Loggio

El diputado provincial Néstor Loggio (Frente Creer-Concordia), coautor del proyecto de ley de acceso al cannabis medicinal con fines terapéuticos, valoró la media sanción de la iniciativa y brindó detalles de su futura implementación.

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En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Loggio se manifestó “muy contento” por “el trabajo realizado” y por la media sanción. Refirió que “es un trabajo que lleva más de un año y es una ley que fue construida conjuntamente con organizaciones sociales que vienen hace muchos años bregando para despenalizar todo lo que tiene que ver con la utilización del cannabis como forma paliativa del dolor”.

“En lo personal me involucré mucho con esto a partir de haber sido consumidor de cannabis luego de una gran cirugía que tuve, y eso me permitió relacionarme con gente del mundo cannábico que desconocía absolutamente y fui descubriendo que éramos miles los entrerrianos que consumíamos aceite de cannabis para tener una mejor calidad de vida en un sinnúmero de patologías”, reveló.

En ese marco, destacó los aportes que efectuaron a la ley la Asociación Mamá Cultiva, la Asociación Paranaense de Agricultores Cannábicos y la Asociación de Pensamiento Penal” y rememoró que “si bien el proyecto se había presentado en octubre del año pasado en Diputados y luego el Senado había hecho pequeñas modificaciones, en el medio salió la nueva reglamentación de la ley nacional que es muy superior a lo que había sacado el gobierno de Mauricio Macri que tenía una mirada más bien penalista y hacía mucho eje en el tema de estupefacientes”.

En contraposición, el legislador aclaró que “acá se trata de cannabis para la salud, que no tiene THC y no tiene nada que ver con el recreativo. Hoy hablamos del cannabis para mejorar la salud y la calidad de vida, hablamos de una cultura de salud que tiene miles de años y que había sido perseguida en el último siglo”.

“Después de una larga lucha en Argentina se aprobó la ley 27.350, luego una mala reglamentación y ahora desde el gobierno de Alberto Fernández hay una buena reglamentación y eso permite en la provincia sacar una ley que se adecuó específicamente a la norma nacional y vamos a tener una ley que va a remediar el dolor de miles de familias entrerrianas que hoy tienen que ir al circuito ilegal o al autocultivo”, resaltó.

Precisó que “la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la provincia con ayuda y en coordinación del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, que luego podrá colaborar a futuro con la calidad de la cepa, la provisión de semillas y demás; es todo un desafío de una construcción que llevará un proceso. Nada se resuelve de un día para el otro sino que entramos en un proceso que llevará su tiempo”.

Respecto de dicho proceso, detalló que “las personas que quieran cultivar para sí o para terceros deben tener una indicación médica que inicie el proceso, con eso la persona física o jurídica –que puede ser una asociación, fundación, cooperativa, mutual- pedirá autorización ante el Ministerio de Salud, se inscribirá en el registro y partir de allí obtendrá un certificado que demuestre que es cultivador para producir aceite de cannabis”. “La ley también contempla la posibilidad de testeos a través de los laboratorios públicos, para lo cual se trabajó mucho con la Secretaría de Ciencia y Técnica, para que la producción sea científicamente comprobable y sustento del trabajo que se realiza”, acotó.

En cuanto a la persecución penal referida al cannabis, Loggio explicitó que “la ley también contempla la capacitación en los distintos organismos del Estado, las fuerzas de seguridad han sido educadas durante décadas en la persecución pero a partir de ahora tendrán que saber que quien tiene la certificación del Ministerio de Salud estará autorizado a tener plantas de cannabis”.

Remarcó que “la ley contempla la creación de un Consejo Consultivo del que participan un montón de organizaciones como los Ministerios de Salud y Producción, el INTA, el INTI, UNER, UADER; UTN, Conicet, entidades representativas cannábicas y también representantes del Ministerio de Gobierno y Justicia; todos los cuales estarán en una misma mesa discutiendo, aprendiendo y proponiendo respecto a cómo hay que avanzar en la reglamentación y el cuidado para que el aceite de cannabis y el cannabis para la salud se transforme en un derecho y deje de ser perseguido por las fuerzas policiales”.

Por último, adelantó que el proyecto “tendrá ingreso el miércoles que viene en el Senado donde ya se dialogó con la presidenta de la comisión de salud, Nancy Miranda de Federal y tenemos confianza en que tendrá un tratamiento bastante rápido”.

“Me transfirieron 30 lucas por error”, el dueño lo buscó y devolvió el dinero

Sebastián Antonelli recibió ese monto por un error tras una operación con “criptomonedas”, pero no dudó en decidir regresarlo a su dueño y contó su experiencia en las redes sociales, donde recibió miles de felicitaciones.
Sebastián Antonelli es un joven de la ciudad de La Plata que recibió, de manera accidental, una transferencia de 30.000 pesos en su cuenta bancaria. Se enteró de ello el martes a la mañana, cuando la persona que era el destinatario original de ese dinero se comunicó con él a través de sus redes sociales.

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Sebastián, entonces, decidió devolver ese monto a la persona a la que le correspondía y compartió su acción en su cuenta de Twitter, donde, por su manera de proceder, recibió infinidad de mensajes de felicitación por parte de los usuarios, que lo colmaron de comentarios positivos.
“Un desconocido me transfirió 30 lucas por error. Se las devolví. Necesito que me digan que no soy un pelotudo”, escribió Antonelli en un tuit en su cuenta, el miércoles pasado. Pero ninguno de los cientos de tuiteros que le respondieron le dijeron nada malo por su noble gesto, sino todo lo contrario.

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“Recibiste $30.000 por error”
Todo comenzó en la mañana del pasado martes, cuando, chequeando sus redes sociales, Sebastián abrió un mensaje privado de Twitter que decía: “Hola, Sebastián, necesito comunicarme con vos. Pasame un teléfono. Hice una transacción, copié tu CBU sin querer y recibiste fondos ($30.000) que te enviaron por error. Fijate si me lo podés mandar a mi CBU”.

Sorprendido por el mensaje, y temeroso de que pudiera tratarse de alguna maniobra para estafarlo, el joven analista de sistemas, que vive en Los Hornos y fue recientemente papá de una beba, fue a fijarse en su cuenta si efectivamente había recibido ese monto inesperado. Y sí, los 30.000 pesos estaban ahí.
Operación con criptomonedas
“Yo tenía miedo de que fuera una estafa. Muchos me comentaban que hay un cuento del tío que te sacan un préstamo a tu nombre y te mandan a tu cuenta, vos los transferís y te quedás con la deuda”, explica Antonelli a La Nación.
“Me pidió el teléfono, pero yo le pedí el de él para chequear (continua el joven, que está a punto de cumplir 38 años). Lo llamé, era una persona de Rafaela, Santa Fe, con familia, tres hijos. Hizo una operación con criptomonedas, y le había pasado a la otra persona mi CBU en lugar del suyo. Me mostró todas las capturas, y llamé también al banco”.
Devolverlo
Más allá de las sospechas lógicas que le generó a Sebastián haber recibido ese dinero, que podía ser alguna forma de timo, él siempre tuvo la certeza de que tenía que regresarlo. “Nunca dudé en devolverlo. Me llegó de arriba algo por primera vez en mi vida, y al siguiente segundo dije: ‘Esto puede ser algo importante para alguien’”.

Ponerse en el lugar del otro y pensar “tranquilamente me puede pasar a mí”, fue lo que llevó a Sebastián a realizar la devolución el mismo martes por la noche, luego de hacer todas las averiguaciones. Es decir, la misma jornada que comenzó con “30 lucas de arriba” en su cuenta, como dice él, finalizó con el dinero devuelto.
Agradecido
“La persona estaba super agradecida. Me dijo: ‘Después te alcanzo algo’, pero la verdad que uno no lo hace por eso”, contó Sebastián. Consultado sobre cómo este hombre había dado con él, Antonelli respondió que su nombre había aparecido en la captura de la transacción fallida, y a partir de ahí, a través de Google, el preocupado rafaelino lo pudo encontrar, y comunicarse con él en las redes.
“El hombre comparó la foto que yo tengo en la billetera virtual con mi foto de las redes, le pareció que coincidían y me contactó”, señala Sebastián.
La repercusión en las redes
La conclusión de esta noble acción del joven de Los Hornos se dio, como suele ocurrir en estos tiempos, en las redes sociales. Cuando el miércoles a la mañana Sebastián publicó lo que había hecho en su cuenta de Twitter, no imaginó la inmensa repercusión que iba a tener.
Su escueto tuit contando lo que había pasado cosechó hasta el momento, casi 50.000 likes y centenares de mensajes, la mayoría, por supuesto, en tono positivo.
Mensajes
“¡Perfecto! No sos ningún pelotudo. Todo es según como te criaron”, escribió una usuaria.
“Sos un buen tipo. Solo pensar lo que sentiría yo si me mandara esa c… (pifiar el destinatario de una transferencia) lo confirma ampliamente”, escribió otro.
Y un tercero escribió: “Sos un sobreviviente de la Argentina honesta, trabajadora y con los valores que nos inculcaron nuestros viejos y abuelos. Fundamental que lo sepan tus hijos que esa es la manera de andar por la vida”.
Sebastián tiene trabajo freelance y es flamante papá, por lo que el dinero, como él mismo dice, no le hubiera venido nada mal. Sin embargo, señaló que nunca se le pasó por la cabeza quedarse con esos fondos. “Siempre estuve seguro de lo que hacía”, concluyó.