La medida incluye a personal de Salud; de Policía; del Servicio Penitenciario; de comedores escolares y comunitarios; de hogares en Paraná, Colonia Ensayo y Concordia; y del Copnaf.

El Gobierno provincial, mediante decreto 1754, prorrogó hasta el 8 de noviembre los adicionales especiales asignados al personal de distintas reparticiones abocados a tareas que tienen que ver con la pandemia del Covid.

La medida incluye a personal de salud; de Policía; del Servicio Penitenciario; de comedores escolares y comunitarios; de hogares dependientes de la provincia de Paraná, Colonia Ensayo y Concordia; y del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia.

En el artículo primero del decreto se establece que “dispénsese de la asistencia a sus lugares de trabajo en la Administración Pública Provincial Centralizada, a las personas de 60 años o mayores y a las que posean algunos de los factores de riesgo según lo previsto en el documento COES”.

En el texto se aclara que la percepción de los adicionales especiales estarán condicionadas a la efectiva prestación del servicio, que será certificado por la autoridad máxima de cada dependencia.

Las bonificaciones que se prorrogaron son:

– Aumento del 50 por ciento del Adicional de Riesgo, exclusivamente para todos los escalafones de los agentes dependientes del Ministerio de Salud que perciban los mismos en razón de las tareas específicas del área.

– Incremento del 20 por ciento de las becas de residentes de salud.

– Para el personal activo de la Policía de la provincia afectado a atender el distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio y/o medidas extraordinarias en el marco de la pandemia COVID-19, un estímulo de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativo, no bonificable consistente en el 50 por ciento del código de liquidación de Riesgo y Peligrosidad.

– Para el personal activo de la Dirección General del Servicio Penitenciario con desempeño de funciones en los establecimientos carcelarios de la provincia, una bonificación de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativo, no bonificable, consistente en una suma fija en pesos mensuales.

– Para el personal de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social con prestación de servicios en los establecimientos escolares y/o comunitarios, en las coordinaciones activas, y a los encargados de coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de los programas de políticas alimentarias, ambas en territorio; al personal del Hogar de Protección de Mujeres Inés Londra de Paraná, del hospital Fidanza, de Colonia Ensayo; y del Hogar de Ancianos Juana Sarriegui de Isthilart, de Concordia, una bonificación de carácter excepcional, transitoria y por lo tanto no remunerativa y no bonificable, de un monto fijo en pesos mensuales.

– Para el personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) con desempeño de funciones en las residencias de su dependencia y guardias de Coordinaciones Departamentales con prestación de servicios presencial e ininterrumpida, una bonificación de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativa y no bonificable, consistente en una suma mensual.

 

La Secretaría de Agricultura estableció el precio de la materia prima de la yerba mate para el período de octubre a marzo de 2021. Lo hizo a través de una Resolución publicada en el Boletín Oficial, que dio cuenta de un aumento de 21,95%.

La Secretaría de Agricultura estableció el precio de la materia prima de la yerba mate para el período que va de octubre a marzo de 2021, en $ 24.390 la tonelada de hoja verde de yerba mate, y en $ 92.690 la de yerba mate canchada, ambas puesta en secadero.

Lo hizo a través de la Resolución 113/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, que dio cuenta de un aumento de 21,95% tanto de la hoja verde como de la yerba canchada, en comparación con el valor anterior, que había sido fijado en abril de este año.

El directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), compuesto por 12 personas que representan a todos los sectores de la cadena yerbatera, incluyendo representantes de las provincias productoras, Corrientes y Misiones, y uno de la Nación, se reunió para dar analizar los costos determinados en las distintas matrices.

También se evaluaron las particularidades suscitadas en los distintos aspectos que hacen a una correcta valoración de las materias primas para el periodo.

Sin embargo, en ese encuentro, realizado a principios de setiembre último, no se alcanzó la unanimidad necesaria para la fijación de los precios, y por la premura en el cumplimiento de los trámites establecidos, se dispuso el sometimiento del diferendo para la fijación de los valores de las materias primas, al arbitraje del secretario de Agricultura, Julián Echazarreta.

«Está claro el compromiso del Presidente de acompañar a los que menos tienen», dijo el ministro de Desarrollo Social. Atento a las cuentas públicas, el Gobierno sigue debatiendo si lo mantiene, lo recorta o lo rediseña.

Con la crisis potenciada por la pandemia de coronavirus, una de las medidas de ayuda oficial de mayor impacto es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que implica el pago de $ 10.000 a unas 9 millones de personas. Y si bien hasta el momento no fue confirmada la cuarta fase del plan, en el Gobierno aseguran que mantendrán el sostén para los sectores de menores recursos.

El IFE comenzó a pagarse en abril, en medio de la cuarentena estricta. Llega a 9 millones de personas y ya tuvo tres ediciones, cada una con un beneficio de $ 10.000. La última tanda terminó de pagarse a fines de septiembre y desde entonces el Gobierno viene prometiendo que la definición acerca de si habrá un IFE 4 es inminente.

Ahora, el que habló del próximo paso fue el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien si bien aseguró que «no está definido aún» un nuevo pago, ratificó que «está claro el compromiso del Presidente de acompañar a los que menos tienen».

«Eso marca la decisión del Presidente de empezar por los últimos y el nivel de deterioro de gravedad. El IFE marcó el nivel de informalidad laboral, si hay 16 millones de familias y el IFE lo cobran 9 millones; hay un alto nivel de informalidad», sostuvo el funcionario en declaraciones al canal TN.
Hasta ahora el bono alcanzó a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), a los desocupados y trabajadores informales, a las empleadas domésticas, a los monotributistas A y B y a los beneficiarios del plan Progresar.

Las tres tandas del IFE le demandaron al Estado un gasto de $ 270.000 millones. Atento a las cuentas públicas, el Gobierno sigue debatiendo si lo mantiene, lo recorta o lo rediseña.

Las tres opciones
En favor de que el IFE continúe juega el deterioro de los indicadores sociales. Con el desempleo y la pobreza en alza y la pandemia fortaleciéndose en el Interior, los gobernadores presionan para que el IFE se mantenga tal como está.

Frente a esto, el plan B es acotarlo a los segmentos más vulnerables, que según las cuentas del Gobierno serían tres millones de personas que no pudieron reactivar sus ingresos ni aún con la flexibilización de la cuarentena.

Y la tercera opción es dar de baja el bono y reemplazarlo por un programa de inserción laboral para jóvenes -2,5 millones de los beneficiarios del IFE tienen entre 18 y 24 años-.

Sobre la mesa de discusión hay un dato clave: el 62% de los titulares del IFE -5,4 millones de personas- están desempleados o tienen un empleo informal, por lo que se encuentran entre los más afectados por las restricciones aún vigentes de la cuarentena.

Dentro del IFE también hay 690.000 monotributistas de las categorías A y B, 190.000 empleadas de casas particulares y 128.000 beneficiarios de las becas Progresar, el programa que acompaña a los jóvenes para que terminen sus estudios.

Arroyo también alertó por el aumento de la pobreza y advirtió que existen «tres generaciones excluidas». «Tenemos que resolver cuestiones básicas, todos los chicos tienen que ir al jardín de infantes», sino «no va a reducirse la desigualdad, la pobreza infantil; va a haber una cuarta generación de excluidos si los chicos no van al jardín», sostuvo.

Desde la irrupción de la pandemia hasta el 5 de octubre, las medidas implementadas por el Gobierno para afrontar la crisis sanitaria implicaron un gasto de $ 941.328 millones, equivalente a 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y una disminución de recursos de $ 96.210 millones (0,4% del PIB). Mientras que el monto de facilidades financieras asciende a $ 530.146 millones (2 % del producto), de acuerdo a los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional (OPC).
Fuente: Clarín

Este miércoles se reunirá el Consejo del Salario. Las centrales obreras quieren un salario acorde con la canasta básica
La CGT y la CTA Autónoma reclamarán este miércoles al Gobierno un salario mínimo vital y móvil superior a los $45.000, acorde con el costo de la canasta básica de consumo, en la reanudación de la negociación tripartita para ajustar ese valor salarial.

Los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que sesionarán por primera vez de manera virtual desde su creación, fueron convocados por el Gobierno a sesión plenaria ordinaria para este miércoles a las 15:00.

Según el último valor disponible difundido por el INDEC, el costo de la Canasta Básica Total, para una familia tipo de cuatro miembros, registró en agosto pasado un costo de $ 45.477,66, sin la actualización inflacionaria de septiembre y octubre.

Por decreto, el Poder Ejecutivo fijó como Orden del Día de la sesión la designación de dos Consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta, y la consideración de los temas elevados al plenario por ese organismo.

El Consejo que integran representantes del Gobierno, las cámaras empresarias y las centrales obreras, además de fijar un nuevo haber mínimo, determinará los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

Desde octubre de 2019, el salario mínimo, vital y móvil es de 16.875 pesos, e históricamente el salario básico de convenio de la primera categoría, que se negocia en paritarias, se sitúa entre 10 y 20% por encima de ese mínimo.

La última homologación del mínimo fue el 3 de septiembre de 2019, cuando el exministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, laudó ante las diferencias entre sindicalistas y empresarios, una suba del 35 por ciento y el salario pasó $ 12.500 pesos a los actuales $ 16.875 en tres tramos.

Tanto la CGT, que lideran Héctor Daer y Carlos Acuña, como la CTA Autónoma que conducen Ricardo Peidro y Hugo Godoy, coincidieron en que reclamarán más de 45 mil pesos y en un solo tramo, mientras la CTA que lidera Hugo Yasky, realiza estudios para definir su propuesta.

Fuente: Ámbito

El Gobierno reglamentó la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la actividad turística. Abarca el Programa Bono Fiscal Vacacional para impulsar la actividad y desestacionalizar la demanda.

El Gobierno nacional reglamentó hoy la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la actividad turística, que tiene como objetivo atender la situación de las empresas del sector e implementar medidas de fortalecimiento en la pospandemia.

Así fue establecido a través del Decreto 795/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el ministro de Turismo, Matías Lammens.

La norma abarca, entre otros puntos, incentivos para quienes compren anticipadamente a través del Plan Preventa, amplía la moratoria impositiva, otorga un Bono Vacacional para familias y extiende el Programa ATP hasta el 31 de diciembre para las actividades del sector, cuando se encuentren paralizadas o tengan una facturación inferior al 30 por ciento.

Entre los beneficios incluidos en la ley 27.563 se encuentra una reducción del pago de las contribuciones patronales del 95 por ciento y un salario complementario abonado por el Estado Nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, del 50 por ciento del salario neto, no pudiendo ser inferior a un salario mínimo, vital y móvil (SMVM) ni superar los dos salarios.

Abarca además el Programa Bono Fiscal Vacacional, que consiste en un incentivo para impulsar el turismo y desestacionalizar la demanda

Este programa contempla un aporte en favor de las familias cuyos ingresos mensuales netos totales no superen el equivalente a cuatro SMVM, mediante el otorgamiento de un bono fiscal emitido bajo modalidad electrónica, destinados exclusivamente al pago de servicios ofrecidos dentro del país por empresas habilitadas del sector.
En la ley se establece también el Plan de Preventa, un proyecto del Ministerio de Turismo orientado a fomentar y potenciar la demanda del turismo interno, que consiste en el reconocimiento de un crédito por parte del Estado Nacional equivalente al 50 por ciento del monto por cada operación de compra de servicios turísticos a ser brindados dentro del territorio nacional.

Las compras en concepto de preventa de servicios turísticos se deberán realizar hasta el 31 de diciembre, y los servicios adquiridos deberán ser usufructuados durante el 2021.

La norma amplía asimismo la moratoria impositiva y los beneficios fiscales, que será prorrogado por 180 días el vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las actividades vinculadas a la actividad turística cuyos vencimientos operen hasta el 31 de diciembre.

Además, será suspendida por ese mismo plazo la traba de cualquier tipo de medida cautelar a requerimiento de la AFIP y la ANSES para las empresas del sector.

Las empresas alcanzadas por la ley deberán estar inscriptas en un registro creado bajo el ámbito del Ministerio.

Según se destacó desde el Ministerio de Turismo, el Estado Nacional lleva invertido más de $60.000 millones para sostener al sector turístico y potenciarlo en la pospandemia.
Programa Bono Fiscal Vacacional
El Programa Bono Fiscal Vacacional es un aporte a las familias cuyos ingresos mensuales netos totales no superen los cuatro salarios mínimos, o sea el equivalente a $67.500.

Estará destinado exclusivamente al pago de servicios ofrecidos dentro del país por empresas habilitadas y podrá usarse para pagar alojamientos, comidas, servicios de agencias de viaje, pasajes en avión, micros y trenes y alquiler de automóviles.

Según establece la ley, el bono podrá ser solicitado por un solo integrante del grupo familiar y será concedido por única vez para ser aplicado en forma de descuento en el importe a abonar por los servicios brindados por las distintas empresas turísticas.

A su vez, el monto constituirá para los prestadores un «crédito fiscal» para ser utilizado en compensación de impuestos y contribuciones nacionales, como asimismo transferencias a terceros, incluidos proveedores de bienes y servicios, así como a instituciones de crédito o intermediarios financieros.

Qué dice el decreto
El Programa Bono Fiscal Vacacional previsto en el Capítulo I del Título III de la Ley N° 27.563 operará con un límite máximo total de PESOS DOS MIL MILLONES ($2.000.000.000) que se asignará conforme al orden de presentación de las correspondientes solicitudes, hasta un monto de PESOS VEINTE MIL ($20.000) por grupo familiar, a partir del mes de enero de 2021.

Sin perjuicio de otros requerimientos que podrá establecer el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES al dictar las medidas necesarias para la implementación del Programa, a los efectos del otorgamiento del mencionado aporte, el o la integrante del grupo familiar que efectúe la solicitud deberá acreditar de modo fehaciente, o manifestar con carácter de declaración jurada, ante el citado MINISTERIO, los siguientes datos: a) La composición del grupo familiar; b) Los ingresos mensuales netos totales del grupo, los que no podrán exceder el equivalente a CUATRO (4) veces el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) o el monto que resulte de multiplicar el valor del SMVM por la cantidad de integrantes del grupo familiar, el que resulte menor y c) toda otra información que requiera el mencionado Ministerio.

Defínese por grupo familiar, a los fines del presente artículo, al integrado por el o la solicitante en forma unipersonal, si no tuviere convivientes; o por este o esta y su cónyuge o conviviente y sus hijos o hijas menores de DIECIOCHO (18) años convivientes, o sin límite de edad en el caso de hijos e hijas con discapacidad a cargo. Cuando el o la solicitante tenga menos de VEINTICINCO (25) años y el domicilio de residencia sea igual al domicilio de sus progenitores, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus progenitores a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el Programa.

Los beneficiarios y las beneficiarias de los bonos otorgados al amparo del Programa solo podrán destinarlos al pago de los servicios comprendidos en el artículo 17 de la Ley N° 27.563 ofrecidos y prestados dentro del territorio nacional.

El arribo de la delegación, que estará encabezada por Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental del FMI, será este martes y dará inicio a una etapa exploratoria para un nuevo acuerdo.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará hoy al país, en el marco de las negociaciones encaradas por la Argentina para acordar un nuevo programa para refinanciar la deuda por US$ 44.000 millones con el organismo multilateral.

La delegación estará encabezada por Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental del FMI; y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina.

Kozak y Cubeddú se unirán al representante permanente del FMI en la Argentina, Trevor Alleyne, para iniciar lo que se entiende como una etapa exploratoria del contexto en el que se solicitará el nuevo programa, atendiendo a las condiciones macroeconómicas y sociales del país, y al diálogo con el Gobierno y distintos sectores.

En particular, mantendrán reuniones con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, luego de que la semana pasada se lanzaran medidas económicas para recomponer el nivel de las reservas.

Asimismo, como parte de la misión, el equipo se reunirá también con representantes del Congreso, del sector privado, sindicatos y de la sociedad civil.

La misión será corta; permanecerá en el país alrededor de cuatro días, ya que «está prevista su vuelta el fin de semana» a Washington, indicaron fuentes del FMI.

Las mismas fuentes confirmaron que dentro del plan hay una nueva visita prevista para noviembrepróximo, aunque aún falta definir la fecha precisa.

La nueva misión de noviembre tendría un carácter más profundo para avanzar en las negociaciones, a diferencia de la actual, que buscará tener una primera impresión de la realidad argentina por parte del mismo equipo que lideró el análisis de sustentabilidad de la deuda, a principios de 2020.

El aumento tendrá incidencia directa en más de 500.000 planes sociales y en el valor de los más de dos millones de subsidios salariales ATP que paga el Gobierno. El IFE no será aumentado en una proporción con el salario mínimo.

El Gobierno espera fijar en torno del 30% el aumento del salario mínimo para este año, en línea con varias de las paritarias que cerraron en lo que va de la pandemia y un poco por debajo de la estimación de inflación anual. Se trata de la pauta que manejan en reserva los funcionarios del Gabinete económico para la convocatoria del 14 de octubre a pesar de reconocer el desfasaje superior a 40 puntos del piso salarial formal contra la inflación acumulada en 2018 y 2019.

Un aumento mayor, evalúan en el Ejecutivo, demandaría más gasto público por su impacto en asistencia social y reabriría la conflictividad en sectores gremiales que hubiesen negociado por debajo.
El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil citado este miércoles se reunirá en dos semanas con el objetivo central de adecuar ese ítem, que a su vez tendrá incidencia directa en más de 500 mil planes sociales y en el valor de los más de dos millones de subsidios salariales ATP que paga el Gobierno como compensación a las empresas golpeadas por la crisis derivada del coronavirus. También deberá actualizar el monto del subsidio por desempleo, que a instancias de la pandemia se fijó en un mínimo de 6 mil pesos mensuales y en un máximo de 10 mil pesos, publica el diario Ámbito Financiero.

En el equipo del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, esperan una discusión compleja por la dimensión de la caída económica en el primer semestre del año. También descuentan que el debate durará más de un día por tratarse de la primera sesión a distancia de esta institución. La convocatoria alcanza a 16 miembros por las principales cámaras empresarias (industrial, comercio, construcción, agro, bancos, Bolsa de Comercio, pyme) y otros tantos de la CGT y las dos versiones de la CTA (de los Trabajadores y Autónoma). Los funcionarios planean sumar, como invitados, a referentes de los movimientos sociales aunque sin poder de voto.

La particularidad de que será la primera sesión de este tipo por completo virtual implicará que cada uno de los representantes deberá, antes de la reunión, certificar de manera remota su identidad. Si a eso se suma el hecho de que serán muchos protagonistas con intención de pronunciarse, en la cartera laboral calculan que el debate podrá durar dos o más días. El primer encuentro plenario fue convocado para el 14 de octubre a las 15 y el segundo, a las 16.30. Más allá del monto, que esperan situar cerca del 30% de suba que pactó el gremio de Camioneros y que se corresponde con varias de las paritarias que cerraron hasta ahora (Aceiteros, con 25%; Asociación Bancaria, 26% y el gremio del neumático, Sutna, con 37%, son los principales resultados) en el equipo económico confirmaron que el ajuste se trasladará al valor del ATP: esa compensación sobre el salario que la ANSES deposita en cada cuenta sueldo de las empresas en crisis equivale como mínimo a un salario mínimo, de $16.875, y como máximo a dos de esos pagos, es decir 33.750 pesos.

También, la variación repercutirá en el salario social complementario que reciben como retribución más de 500 mil beneficiarios de planes de asistencia. Ese pago es de 8.500 pesos y está sujeto al valor del salario mínimo.
En tanto, en el Gobierno descartaron avanzar sobre un histórico reclamo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de otras cámaras patronales que pasa por regionalizar el salario mínimo. Es decir, fijar un valor diferencial en función de las canastas básicas de cada región del país. Tampoco está previsto eximir a algún sector del pago del aumento que termine por resolverse.

Otra confirmación: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no será aumentado en una proporción con el salario mínimo. El argumento oficial es que ese aporte está disociado del salario mínimo pero una especulación de algunos actores sindicales y sociales dejaba abierta esa inquietud.

Si se tiene en cuenta la pérdida de puntos del salario mínimo desde 2018 la suba que evalúa el Ejecutivo está muy por debajo: en esos dos años el desfasaje contra la inflación acumuló más de 40 puntos (en el bienio la canasta trepó más de 101 por ciento y el piso salarial, 60 por ciento) y en el Gobierno, aunque lo reconocen, señalan que una recuperación real podrá negociarse recién en 2021 en un eventual escenario de salida plena de las restricciones que impuso la cuarentena. Como compensación señalan que el ajuste del salario mínimo podrá ser referencia para los trabajadores informales y otros sectores que se reflejan en esa pauta.

Las medidas anunciadas por el gobierno, a través del Ministro de Economía, Martín Guzmán, tienen como objetivo aumentar la oferta de dólares a través de un aumento de las exportaciones. En qué consisten.

Con el objetivo de generar estímulos a las exportaciones e incrementar la confianza para el ahorro en pesos, los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Agricultura, Luis Basterra; anunciaron un paquete de medidas económicas, en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada.
Medidas vinculadas al sector agroindustrial
– Compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas: Inversión pública de hasta $11.550 millones para el sector.

– Esquema de derechos de exportación para el complejo sojero: se reducen las alícuotas de forma transitoria tanto para las ventas al exterior de grano de soja como para sus principales derivados.
Medidas vinculadas al sector industrial
Se modifica el esquema de derechos y reintegros a la exportación con una mirada estratégica para:

– Incentivar la producción con alto valor agregado

– Fomentar la industria argentina y el empleo de calidad

– Diversificar y complejizar la canasta exportadora

– Baja de los derechos de exportación de los bienes finales industriales a 0% y de los insumos elaborados industriales al 3%. En el caso de automotriz, la baja al 0% de bienes finales es solo para las exportaciones automotrices incrementales extra Mercosur.

– Sube el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado: suben los bienes finales industriales a 7% y de los insumos elaborados industriales a 5%.
Medidas vinculadas al sector minero
– Reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estableció un tope del 8% para los derechos de exportación de los metales.
Medidas vinculadas a la industria de la construcción
Se trabaja en dos proyectos de Ley:

Beneficios impositivos para estimular la inversión en proyectos nuevos.

– Bienes Personales: Exención durante tres años sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones.

– Impuesto a las Ganancias: Se difiere el pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre las Transferencias de Inmuebles correspondiente al aporte de un inmueble (por ejemplo, un terreno) a un proyecto de construcción hasta el momento de finalizada o cobrada la obra.

-Creación de Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción para brindar sustentabilidad al sistema de Crédito Hipotecario.

– Financiamiento: El fondo será autosustentable, se financia con aportes de las entidades financieras y con una porción de la cuota del crédito.

– El fondo será administrado por la Agencia Hipotecaria Argentina, que se crea con el objetivo de promover el Crédito Hipotecario Bancario y movilizar el ahorro nacional, profundizando el mercado financiero en pesos.
Lanzamiento de planes exportadores y generar ahorro de divisas
– Para sectores específicos con potencial exportador y con posibilidades de sustituir importaciones que permita ahorrar divisas y generar empleo. Entre los sectores se destacan carnes, vinos, economía del conocimiento, automotriz, petróleo y gas, foresto industrial, textil, calzado, minería y metalmecánica.

Parámetros alcanzados por la segmentación:

1- Productores inscriptos en el SISA que hayan facturado por todo concepto en el año calendario 2019 hasta la suma de
$ 20.000.000,00
2- Se dividió a las zonas en dos, a saber:
– Pampeana: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
– Extra pampeana: Resto del país donde se produce soja.

3- Se dividió a los productores en base a la cantidad de hectáreas sembradas o informadas al SISA, a saber:
– Desde 0 hasta 100 has.
– Desde 101 hasta 200 has.
– Desde 201 hasta 300 has.
– Desde 301 hasta 400 has.

5- Recursos a distribuir en pesos $12.000.000.000,00

6- Precio Soja: 315 u$/ton

7: Valor u$: 70 $/u$

8- Cantidad de Productores a compensar: 41.293

9- Cantidad estimadas de tn a compensar: 10.000.000,00

10-Tope a pagar tn por ha sembrada EP: 2,5

11-Tope a pagar tn por ha sembrada P: 2,9

La restricción abarca a todos los trabajadores que al menos una vez hayan cobrado una parte de su salario a través del plan de asistencia estatal.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el Gobierno decidió que aquellos que hayan cobrado parte de su salario a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) no podrán comprar el cupo mensual de USD 200. De esta manera, la medida afectará a 2.828.799 trabajadores que recibieron este beneficio en alguna de sus primeras cuatro ediciones.

De esa manera, la base de datos del Banco Central tendrá cargados esos casi 3 millones de CUIL cuyos titulares se verán impedidos de comprar al tratar de ingresar a través del homebanking o de apps para celulares.

La restricción abarca a todos los trabajadores que al menos una vez hayan cobrado su salario a través del Programa ATP, lo que incluye a los empleados de aquellas compañías que accedieron el beneficio en su primera edición y luego dejaron de utilizarlo.

La decisión se basa en la interpretación de la Comunicación 7105, dictada por el BCRA el 15 de septiembre. En ella, se establece que no puede comprar dólares aquel que “sea beneficiario de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social –incluyendo los subsidios de carácter alimentario–, sin perjuicio de que podrán percibir prestaciones de la seguridad social derivadas de la relación laboral, tales como las asignaciones familiares”.
Esa decisión no dejó dudas acerca de que los 8,9 millones de personas que cobraron los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) quedarán excluidos de la compra de dólar “solidario”, por tratarse claramente de una ayuda social. El Programa ATP, en cambio, es una ayuda destinada a las empresas. Ante la emergencia económica provocada por la pandemia, el Estado les paga parte del salario de sus trabajadores.
No obstante, hay dudas sobre si también estarán excluidas del mercado de cambios aquellos empleadores que sean personas físicas y se hayan beneficiado con el ATP.

Lo que sí queda claro es que entre las dos principales medidas paliativas del gobierno para enfrentar la parálisis económica provocada por el Covid-19, el Programa ATP y el IFE, reducen el potencial universo de compradores de dólar ahorro en casi 12 millones de personas.

Otros beneficiarios de las medidas paliativas que ya estaban excluidas para comprar dólares son aquellos que recibieron los créditos a tasa cero destinados a monotributistas y autónomos que vieron afectada su actividad por el parate económico. Según la AFIP, alrededor de 600.000 personas tomaron esos préstamos de hasta $150.000 a pagar en 12 cuotas iguales y consecutivas luego de un período de gracia de seis meses. La inhabilitación cesa una vez transcurridos esos 18 meses o en cualquier momento previo si el tomador del préstamo decidiese cancelarlo.
Tampoco pueden comprar dólares aquellos que recibieron la refinanciación automática de su tarjeta de crédito. En dos oportunidades, en abril y septiembre, el Banco Central ofreció un plan para pagar el resumen de la tarjeta de crédito en 9 cuotas, con tres meses de gracia y una tasa de interés del 40%. Hasta que no se pague la última cuota, o hasta que se precancele en forma total en cualquier momento (lo que se puede hacer sin pagar penalidades), los beneficiarios tampoco podrán comprar dólares.

Casi 4 millones de personas compraron dólares en agosto, a un promedio de USD 193 cada una, aprovechando casi cada dólar que permite el cupo de USD 200. Para octubre, una porción importante de esos compradores se va a encontrar con que no tiene acceso al mercado cambiario. Los empleados de empresas beneficiarias del ATP serán parte de ese grupo.

Es tanto para activos como pasivos. Mirá cuándo cobrás tu sueldo
Este jueves dará comienzo el cronograma de pagos de sueldos de septiembre a los activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos.

El cronograma de pagos dado a conocer es el siguiente:

Jueves 1: hasta 25.000 pesos.

Viernes 2: de 25.001 a 35.000 pesos.

Sábado 3: de 35.001 a 45.000 pesos.

Martes 6: de 45.001 pesos a 55.000 pesos.

Miércoles 7: de 55.001 pesos a 75.000 pesos.

Jueves 8: se acredita al resto 75.000 pesos.

Finalizada esta etapa, se informarán nuevas fechas de pago.

Para la temporada quieren que los extranjeros lleguen con un seguro para Covid-19, entre otras solicitudes.

Uruguay vive una realidad muy diferente. La pandemia por el coronavirus apenas le cambió sus costumbres. Desde que el virus llegó al país se reportaron solo 1998 infectados y apenas 47 muertos. Según el reporte diario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se registraron nuevos casos en los últimos días y su comportamiento lo ubica como un sitio ejemplar en el puesto 145 en el mundo, Argentina hoy está en el noveno. Eso explica los más de 25 mil ingresos que tuvieron de parte de extranjeros argentinos, muchos de ellos con el deseo de radicarse en el país y otros ya pensando en el verano y de disfrutar de las playas del otro lado del rio. “Estamos buscando flexibilizar las medidas para que puedan ingresar durante el verano y así garantizar una temporada segura”, explicaron desde el ministerio de turismo de ese país.

Hoy quien desee ir a Uruguay debe hacerse un hisopado 72 horas antes y en caso de haber dado negativo puede cruzar la frontera. Pero una vez allí, los propietarios pero no residentes deben permanecer una semana en cuarentena en su departamento para evitar riesgos. “Lo cierto es que vemos que los argentinos no cumplen con esa condición, el 90% no realiza la cuarentena en nuestro país a pesar de haber sanciones penales”, explicó Baltasar Urrestarazu de InfoCasas que trabaja en conjunto con Juan Martínez presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo.

“De cara al próximo verano se está pensando el alivianar las restricciones para los propietarios no residentes, se está viendo la manera de facilitarles el ingreso. En ese marco lo otro que se está evaluando es acortar el periodo de 7 días, y que se haga la cuarentena en su país de origen mediante una aplicación que deberían tener que activar 7 días antes de viajar”, indicaron desde el Ministerio de Turismo, “El teléfono actuaría como una tobillera electrónica”, detallaron desde Uruguay.

Por ahora se trata de una medida que se está evaluando pero ya genera polémica. “Los epidemiólogos de Uruguay no están convencidos porque si bien se puede controlar que estén en sus casas, eso no es garantía de que estén cumpliendo con la cuarentena, ya que pueden recibir gente en sus hogares o hasta organizar fiestas”, explicó Urrestarazu. “La idea es que hagan una cuarentena en Uruguay de 48 horas para que puedan respetarla, ya que hoy no lo están haciendo”, agregó la fuente.

Si bien, la semana pasada el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou puso en dudas la apertura de sus fronteras el próximo verano. «Hoy no estamos con las condiciones de asegurar que vamos a tener las fronteras abiertas con la Argentina y con Brasil», subrayó y luego puntualizó que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) está trabajando con el «Plan Verano» para evaluar «algún tipo de ingreso de turistas para que la temporada no sea un fracaso», desde Turismo aseguraron que “harán todo lo posible para que haya actividad turística, pero con los cuidados garantizados”.

En ese sentido desde el Ministerio de Turismo indicaron que “otro punto que está bajo estudio es que quienes ingresen al país cuenten con un seguro de salud COVID que incluya todos los gastos que puede traer salir positivo en Uruguay”, indicaron. En este caso deben cubrir sus gastos de alojamiento o de traslados y de esta manera no corre por parte del Estado. “Eso encarece el turismo y lo va a hacer más restrictivo. No somos optimistas de una apertura para una temporada normal, sabemos que este años será muy reducido el ingreso de turistas porque vimos lo que pasó en Europa y en Brasil al abrir las fronteras”, concluyó Urrestarazu.

Fuente: Ámbito

 
A partir de una comunicación del Banco Central, las entidades financieras podrán vender en forma automática dólares a quienes puedan hacerlo sin tener que consultar individualmente cada caso en la página web de Anses.

Los bancos volverán este lunes a vender dólares a través del homebanking y aplicaciones móviles, luego de trabajar el fin de semana en alistar sus sistemas operativos y cumplir con las normas que estableció el Banco Central (BCRA) para la compra de «dólar ahorro».

El jueves último, a través de la Comunicación B12071, el BCRA informó a los bancos que podrán comprobar contra su base de datos si un cliente está impedido de comprar dólares por no contar con ingresos legítimos o recibir algún tipo de subsidio o beneficio del Estado, entre otros requisitos.

De esta forma, las entidades financieras podrán vender en forma automática dólares a quienes puedan hacerlo sin tener que consultar individualmente cada caso en la página web de Anses.

La compra de divisas ya fue habilitada por un primer grupo de bancos el viernes (BBVA, Santander, Itaú, Galicia y HSBC), pero será seguramente completada por el resto de las entidades desde mañana, según confirmaron a Télam fuentes de distintos bancos.

Ese mismo día también se rehabilitó en todos los bancos la transferencia de moneda extranjera entre cuentas, luego de que el Central habilitara cursarlas sin necesidad de validación previa.

Ambas operatorias habían estado frenadas desde el 16 de septiembre cuando, tras el anuncio de las nuevas regulaciones para acceder al mercado de divisas, los bancos aseguraron que es era imposible realizar la operación por no contar con la base de datos de los titulares de un subsidio o plan del Estado.

Las nuevas restricciones de compra de moneda extranjera incluyen a beneficiarios de IFE, AUH y el resto de los planes sociales, así como a quienes no tengan ingresos declarados y a los cotitulares de cuentas en moneda extranjera.

También a quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales y prendarios, cuotas de créditos hipotecarios, el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses o sean deudores de créditos hipotecarios UVA.

Además se impuso que la compra de dólar oficial tenga una percepción de 35% sobre el impuesto a las Ganancias o Bienes Personales, que se suma al recargo del 30% del impuesto PAÍS que se aplican sobre el precio de venta oficial de la divisa.

Fuente: Télam

Desde el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos se brinda asistencia para el acceso a las nuevas líneas de financiamiento de Nación dirigidas a PyMEs.
Se trata de dos nuevas líneas de crédito del Banco Nación destinadas a la compra de electrodomésticos y a la inversión productiva, las cuales apuntan a recuperar el consumo y acompañar los procesos de inversión de las empresas.

Las mismas se suman a las diversas políticas de financiamiento y asistencia desarrolladas desde el inicio de la pandemia de COVID-19, tales como el ATP, el financiamiento bancario para el pago de la nómina salarial y la línea PyMEs Plus, que se encuentra en proceso de reglamentación y estará disponibles en los próximos días.

El secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor del Ministerio de Producción, Pedro Gebhart, destacó “estas nuevas iniciativas nacionales que continúan apostando al consumo y la producción como ejes para la reactivación económica. Como nos ha encomendado el ministro Bahillo, desde la Secretaría estamos a disposición de las MiPyMEs y emprendedores para brindar asesoramiento, acompañamiento y asistencia para el acceso a toda línea que pueda beneficiar a los entrerrianos y entrerrianas”.

Línea para compra de electrodomésticos

La nueva línea otorga hasta 100.000 pesos, con una tasa fija del 15 por ciento y a devolver en 36 cuotas. A través de la misma se busca incentivar el consumo y mejorar la eficiencia energética de los artefactos que se utilizan en los hogares argentinos.

El programa incluye 35 modelos de heladeras, 22 de lavarropas, 9 de cocinas, 9 de termotanques a gas, 4 de termotanques eléctricos, 7 de calefones, 144 ventiladores y uno de lavavajillas. Todos cuentan con calificación “A” o superior según el etiquetado de eficiencia energética.

El crédito podrá obtenerse con la tarjeta Nativa del Banco Nación y quienes no sean usuarios de la entidad financiera podrán solicitarla a través del sitio web del banco.

Línea para inversión productiva

Destinada a empresas industriales y cuenta con un monto total disponible de 10.000 millones de pesos. El financiamiento de los créditos a otorgar alcanza hasta los 50 millones de pesos para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), y 250 millones de pesos para las grandes empresas.

Los créditos tendrán un plazo de devolución de 36 meses, seis meses de gracia, y tasa fija subsidiada por el FONDEP, que será de un 24 por ciento para las empresas grandes y 22 por ciento para las MiPyMEs. Además, se prioriza la compra de bienes de capital nacional.

Para más información y asesoramiento comunicarse a: economicoemprendedoer@gmail.com o vía telefónica (0343) 4840964.

Coordinación de Comunicación y Asuntos Institucionales del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico.

El Banco Central informará sobre los titulares de planes sociales a los bancos, y el viernes se normalizaría la venta de dólar ahorro a través del homebanking
El Banco Central (BCRA) informó este martes que la Anses le enviará la información necesaria a los bancos para validar los datos de quienes reciben un programa de asistencia a cargo del organismo, de manera que se pueda reanudar la venta del dólar ahorro a las personas habilitadas en los próximos días.

A partir de este acuerdo, las entidades financieras ya no tendrán que consultar uno a uno los casos en la página web de la Anses para obtener la certificación negativa y realizarán ese proceso de manera directa en la base de información del BCRA.

«La Anses compartirá la información con el BCRA dentro del marco de un acuerdo de colaboración que resguarda la privacidad de la información», señalaron desde el organismo financiero y la Anses en un comunicado conjunto.

El mecanismo tendrá garantizada la protección de datos de las personas, ya que los bancos no van a tener acceso a la base de Anses ni van a poder identificar el motivo por el que la persona podría no estar habilitada para la compra de dólar ahorro, manifestaron fuentes del Banco Central a Télam.

«Esperemos que para el viernes ya esté todo normalizado», subrayaron.

Desde la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) habían adelantaron que estaban estudiando aplicar un sistema de turnos online para normalizar la compra de los 200 dólares para ahorro.

“El mercado cambiario se encuentra regulado; el Estado y el Banco Central dicen cómo comprar y cómo vender dólares. La semana pasada, el BCRA reguló y estableció cómo se puede vender y los requisitos previos que los bancos tienen que solicitar para que se pueda acceder a los u$s200 ahorro”, dijo en declaraciones radiales Claudio Cesario, presidente de ABA.

Desde el martes pasado, cuando se aplicaron las nuevas medidas por la adquisición de divisas, que no se pueden adquirir la divisa extranjera a través de homebanking. Los bancos dijeron que esto se debe a que no pueden articular con la base de datos de la Anses, ya que las nuevas medidas del BCRA les impide vender dólares a las personas que perciben planes sociales, subsidios o asistencia por parte del Estado, como el IFE, el plan de refinanciación de tarjetas o los créditos a Tasa Cero.

“Los bancos tenemos que vender bien porque por la ley penal cambiaria, si vendemos mal somos responsables de la venta”, sostuvo Cesario. Ante esto, desde el organismo informaron que lanzaron una página web para conseguir la certificación negativa.

En este marco, las entidades analizan la implementación de un sistema de turnos virtuales, donde el usuario pide iniciar el trámite por web o la app, se le asigna una fecha de respuesta, se solicita la información en la Anses y a las 48 horas se le notifica si está en condiciones de comprar dólares.

“Se tiene que hacer una verificación. No se hace en forma automática. Los bancos tenemos que controlar distintos flujos de información. Beneficios que vienen del Ministerio de Producción, AFIP, Anses y el BCRA. Toda esa información no está en la misma base de datos”, explicó Cesario.

El directivo señaló que: “los bancos están abiertos y la persona que quiere retirar sus dólares lo puede hacer normalmente, con turno previo. Lo que no se puede es comprar sin haber cumplido estos requisitos previos. Hoy estamos en medio de un problema que es cómo hacemos para controlar eficientemente lo que pide el BCRA”.

Según Cesario, entre 4 y 5 millones de personas compran todos los meses los dólares ahorro. Como no se puede ir a la sucursal, lo hacen por homebanking o las apps. Por la cantidad de trámites, las entidades piden acceso directo a la base de datos del organismo previsional, algo que la Anses descartó.

“Es un proceso masivo. Lo que nos dice Anses es que tiene una página donde se puede hacer paso a paso. Me tenés que dar tu CUIL, entrar a la página, obtener un captcha de cuatro o cinco letras y la Anses te responde. Eso es imposible hacerlo en uno a uno. Si Anses habilita el tubo de la información”, detalló Cesario.

Y agregó: “Seguramente para octubre va a estar funcionando, la mayoría de la gente ya compró su cupo. Estamos trabajando para evitar que en octubre el sistema no colapse. Y vamos a tener un adicional, que es que no se caiga la página de la Anses”.

Desde los bancos señalaron dificultades para cruzar los datos de sus clientes con las personas que reciben subsidios del Estado. Este lunes fue el cuarto día hábil seguido sin la posibilidad de comprar dólares a través de homebanking
Ante las dificultades para operar por homebanking, el Banco Central de la República Argentina -BCRA- aseguró este lunes que no hay impedimentos para que las entidades financieras vendan dólares a los clientes que cumplan con los requisitos para hacerlo.

En el marco de las nuevas medidas para frenar la pérdida de reservas y desalentar la compra de «dólar ahorro», la autoridad monetaria determinó que no podrán comprar moneda estadounidense los beneficiarios de un plan o programa de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario.

Ante este escenario, los bancos trabajaron durante los últimos días para actualizar sus sistemas e instrumentar las normativas y pidieron a la Anses la base de datos de quienes tienen un plan social para cruzarla con sus clientes. Sin embargo, esto último no ocurrió.

La autoridad monetaria señaló que la base de datos de las personas que reciben un plan social está disponible en Internet y es pública, por lo que los bancos pueden consultarla.

En tanto, desde los bancos argumentaron que para acceder a esa información es necesario ingresar manualmente los datos de cada cliente en la página web de la Anses, lo que torna al cotejo «virtualmente imposible» para las operaciones a través de Internet.

«Más de 4 millones de personas compraron dólares en agosto. Es imposible cargar a mano los nombres de todos para saber si tienen o no un plan social. Necesitamos tener el aval del Central para que los clientes firmen una declaración jurada o que Anses nos de la base de datos», confiaron a la agencia Télam voceros de uno de los principales bancos del país.

«No hay impedimento para que los bancos vendan dólares. La web de Anses estuvo siempre disponible. La base de datos es pública y los bancos pueden hacer a la consulta», aseguraron fuentes del BCRA.

Hasta el martes pasado los bancos tenían la obligación de verificar que los clientes que quisieran comprar dólar ahorro no hubieran realizado operaciones de compra o venta de dólar a través de la bolsa o hubieran accedido a créditos a tasa cero, entre otras exigencias.

Para hacerlo, la mayoría habilitó un mecanismo de declaración jurada que depositaba en el cliente la responsabilidad de cumplir con la norma y liberaba al banco de habilitar la venta sin sufrir riesgos de violar la Ley Penal Cambiaria.

Por el contrario, la normativa del BCRA publicada la semana pasada no permite a los bancos emitir una declaración jurada para que el cliente diga que no son titulares de un plan social y, en cambio, deben verificarlo individualmente.

«Las entidades financieras deberán realizar una consulta en la página de Internet de la Anses de la que resulte una certificación negativa denegada por contar la persona con ingresos propios por estar en relación de dependencia, ser beneficiaria de haberes previsionales o ser trabajadora autónoma, monotributista o de casas particulares», detalló el Central en la comunicación.

Tanto los bancos como el BCRA trabajan en una solución pero, de continuar este escenario, el martes será el quinto día hábil seguido sin la posibilidad de comprar dólares a través del sistema homebanking.