Es para los beneficiarios que no tienen tarjeta de débito o se les venció. Habría turnos según la terminación del DNI. También incluye el seguro de desempleo.

Este miércoles los bancos que pagan jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, AUH, prestaciones por desempleo abrirán las sucursales y centros de pagos para que puedan cobrar por cajero sus beneficios los que no tienen tarjeta de débito o está vencida. Es en el marco de las medidas que estudia y se van anunciando dentro de la nueva cuarentena por la llegada del coronavirus a la Argentina.

Así lo adelantaron fuentes oficiales, mientras se hacía una reunión con funcionarios del Banco Central, y de los bancos públicos y privados delineando la medida. También participaba la Asociación Bancaria (gremio).

La idea que prevalece en la reunión es habilitar la concurrencia a las sucursales bancarias por turno, seguramente según el número de terminación del DNI de los beneficiarios u otras alternativas para evitar la aglomeración de gente en las sucursales y centros de pagos.

En declaraciones radiales, el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, dijo que «si hay abrir las sucursales para pagar a jubilados y demás beneficiarios, esa actividad se va a llevar adelante«. Pidió que «no haya aglomeración de gente» y que los familiares ayuden a la gente mayor a habituarse con el uso del cajero automático para retirar el dinero en cualquier momento y sin aglomerarse.

Por la falta de tarjeta de débito o porque la tienen vencida, más de 2 millones de personas (básicamente jubilados o beneficiarios de AUH) no pueden hacer compras ni extraer dinero de los cajeros automáticos. Incluso los que sí la tienen realizan sus compras en efectivo, tienen la tarjeta de débito vencida y retiran del banco  ( no del cajero automático) el dinero en efectivo. Además, en muchos barrios, los pequeños comercios solo aceptan el pago en efectivo.

En el caso de los 120.000 que cobran la Prestación por Desempleo ni siquiera tienen tarjeta de débito, porque perciben el subsidio por cajero en la sucursal bancaria asignada.

La premura se debe, además, que este miércoles 1° de abril arranca el pago de las pensiones no contributivas contributivas (suman 1,5 millón) y el 8 de abril el pago de las jubilaciones a los $ 17.589, junto al pago del bono de hasta 3.000 pesos.

Fuente: Clarin

Las empresas lo habían anticipado. Los bancos lanzan préstamos al 24% para pagar sueldos o capital de trabajo.

El “corte de la cadena de pagos” del que las cámaras de empresarios alertan desde que se estableció la cuarentena, empezó a verse en números concretos a partir del jueves, cuando se reabrió el clearing bancario, es decir, el procesamiento de los cheques que se había suspendido el viernes 20 de marzo.

El jueves entraron los cheques que se habían depositado a partir del 19 de marzo y este viernes, los que la gente llevó al cajero el mismo jueves. Según el banco consultado, la cantidad de cheques depositados aumentó un 50%, se duplicó o hasta se triplicó frente a un día normal, a raíz del parate de una semana que había habido en las entidades.

El “corte de la cadena de pagos” del que las cámaras de empresarios alertan desde que se estableció la cuarentena, empezó a verse en números concretos a partir del jueves, cuando se reabrió el clearing bancario, es decir, el procesamiento de los cheques que se había suspendido el viernes 20 de marzo.

El jueves entraron los cheques que se habían depositado a partir del 19 de marzo y este viernes, los que la gente llevó al cajero el mismo jueves. Según el banco consultado, la cantidad de cheques depositados aumentó un 50%, se duplicó o hasta se triplicó frente a un día normal, a raíz del parate de una semana que había habido en las entidades.

La Cámara de Comercio y la CGERA habían advertido que la reapertura del clearing con muchas empresas cerradas iba a generar un problema en cadena. Incluso habían pedido que el Gobierno tomara medidas como créditos a tasa 0 para pagar sueldos.

Previendo la posible avalancha de cheques sin fondos, el Banco Central emitió una norma en la que suspende el cierre de cuentas y multas por documentos rechazados hasta el 30 de abril.

Algunos bancos les ofrecieron a sus clientes la posibilidad de evitar rechazos por no tener fondos justificando la imposibilidad de cubrir las cuentas. Así, les dieron un día hábil más a los clientes.

Otros están ampliando el giro en descubierto de sus clientes en función de la calificación, pero hay que tener en cuenta que las tasas que se pagan pueden llegar a 65%.

La decisión de reabrir el clearing, necesaria para que algunas compañías pudieran pagar sueldos a principios de abril, generó un problema en algunos comercios y pymes cerrados porque no tienen suficientes fondos para cubrir los cheques emitidos. Para los que recibieron esos pagos, además de no poder cobrarlos, se les genera el inconveniente de que tampoco pueden ir a buscar los cheques a la sucursal, como suele hacerse. En esos casos, ya hay bancos -como el Santander- que envían el documento y el comprobante del rechazo de manera electrónica.

También otras entidades están facilitando el depósito de cheques de manera remota. El Itaú, por ejemplo, extendió la adhesión al servicio de depósito remoto via App para personas y Pymes.

Para evitar cortar la cadena de pagos, los bancos les están ofreciéndoles a sus clientes la posibilidad de sacar líneas de crédito con tasas más convenientes que el descubierto para poder abonar sus compromisos. Por ejemplo, el Nación sacó una en que les dan a las micro, pequeñas y medianas empresas que pagan los sueldos a través de la entidad la ampliación del descubierto por 90 días, a una tasa de 24%, en un monto similar al de la nómina. Para los que no son clientes, está ofreciendo préstamos para capital de trabajo por hasta un mes de ventas a 18 meses, también a 24%.

El resto de los bancos también están trabajando para lanzar o ya lanzaron líneas al 24%, como pidió el Central a cambio de la reducción de encajes. El Santander y el Galicia ya tienen préstamos a 12 meses, que se pueden obtener vía homebanking.

El Directorio del Banco Mundial aprobó una nueva operación de US$300 millones para acompañar los esfuerzos de Argentina por fortalecer su sistema de protección social, y minimizar el impacto de la crisis en los más vulnerables.

El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy en la Quinta presidencial de Olivos una videoconferencia con el vicepresidente del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, quien le comunicó la aprobación de un apoyo presupuestario para la Argentina por 300 millones de dólares, para fortalecer el sistema de protección social y minimizar el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables.

Durante la comunicación, el mandatario nacional agradeció al organismo la velocidad en la asignación del financiamiento, y destacó: «Estamos dispuestos a trabajar y satisfechos por la mirada cercana y parecida a la nuestra sobre lo que pasa en el mundo».
«El mundo financiero tiene una cuota de humanidad, y lo celebro», expresó.

La ayuda financiera fue aprobada por el organismo multilateral en tiempo récord para colaborar en la agilización del sistema de compras ante la emergencia por el coronavirus COVID-19 en Argentina. Es la primera parte de una serie de créditos que el Banco Mundial otorgará al país.
Tiene como objetivo reforzar el Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para garantizar la inclusión de 350 mil niños que aún no son alcanzados por la política de Asignación Universal por Hijo (AUH) que lleva adelante el Gobierno.

fortalecer su sistema de protección social, y minimizar el impacto de la crisis en los más vulnerables.

El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy en la Quinta presidencial de Olivos una videoconferencia con el vicepresidente del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, quien le comunicó la aprobación de un apoyo presupuestario para la Argentina por 300 millones de dólares, para fortalecer el sistema de protección social y minimizar el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables.

Durante la comunicación, el mandatario nacional agradeció al organismo la velocidad en la asignación del financiamiento, y destacó: «Estamos dispuestos a trabajar y satisfechos por la mirada cercana y parecida a la nuestra sobre lo que pasa en el mundo».
«El mundo financiero tiene una cuota de humanidad, y lo celebro», expresó.

La ayuda financiera fue aprobada por el organismo multilateral en tiempo récord para colaborar en la agilización del sistema de compras ante la emergencia por el coronavirus COVID-19 en Argentina. Es la primera parte de una serie de créditos que el Banco Mundial otorgará al país.
Tiene como objetivo reforzar el Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para garantizar la inclusión de 350 mil niños que aún no son alcanzados por la política de Asignación Universal por Hijo (AUH) que lleva adelante el Gobierno.

El organismo multilateral realizará dos desembolsos. Uno en 2020 por 165 millones de dólares, y otro en 2021 por 135 millones.
El vicepresidente del Banco Mundial también le confirmó al mandatario nacional que acompañará la introducción de mejoras en los procesos de la ANSES, para asegurar la continuidad de la cobertura en situaciones en que los progenitores de los beneficiarios sufran la pérdida de un empleo formal.

El préstamo se suma a dos operaciones vigentes con el organismo por un total de 1.350 millones de dólares para ampliar la cobertura de la AUH.
Las negociaciones fueron llevadas adelante por la Secretaría de Asuntos Estratégicos.
El Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes es un programa que incorpora al cobro de asignaciones familiares a niños cuyas familias aún no las perciben, con el objetivo de ampliar y mejorar la cobertura social en todo el territorio.

La política de AUH es apoyada por el Banco Mundial desde su creación en 2009. Más de 4 millones de niños reciben el beneficio en la actualidad, y cerca de 9 millones están cubiertos por el conjunto de las asignaciones familiares.
La participación en el programa fomenta la escolarización y los controles médicos de los beneficiarios.
El financiamiento adicional al Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes es de margen variable, reembolsable en 32 años y tiene un período de gracia de siete años.

En un comunicado emitido este miércoles, la Bancaria informó que el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce, “ha ratificado que las casas bancarias se mantendrán cerradas y ha modificado dos puntos de las tareas esenciales”.

Esos cambios son, por un lado, “que se recibirán depósitos en efectivo sólo por cajeros automáticos y buzones y en caso de elevadas cantidades de numerarios deberán pactar con el banco la recepción respectiva sin que esto implique abrir las sucursales al público”.  Por el  otro, que se adelanta “la fecha prevista del 1° de abril para la compensación electrónica de cheques para el día 26 de marzo”.

“En todos los casos se seguirán manteniendo sin abrir al público y con la dotación mínima para desarrollar esas tareas”, ratificó el presidente del BCRA, publicó Apf Digital.

Compensación

En tanto, la Asociación Bancaria anunció que reclamará una compensación económica y una licencia especial cuando finalice la emergencia “para los trabajadores que hayan tenido que concurrir presencialmente a las casas bancarias en estos días de aislamiento obligatorio”.

Comunicó también que “la circular del BCRA establece la obligatoriedad de condiciones de higiene y prevención acorde a la situación de pandemia que se vive y que se deberá proveer a los trabajadores de toda la protección sanitaria para que cumplan su tarea”.

Ingreso de emergencia

El gremio que nuclea a los trabajadores de bancos informó además que se avanzó  “en explorar soluciones para que el pago de los 10.000 pesos a los trabajadores informales y monotributistas sea atendido por el sistema de Punto Efectivo que tienen las redes Link y Banelco, para que el pago se realice por esa vía de fácil acceso y no se tengan que abrir sucursales al público”.

“En una situación extremadamente difícil, el Banco Central y el Gobierno han determinado tareas para mantener la cadena de pagos, pues si la misma se rompiera sería una catástrofe para todos los argentinos. Resulta, en esta situación, un logro para trabajadores y usuarios que las operaciones esenciales se puedan realizar reduciendo al máximo la exposición personal”, finaliza el documento.

La pandemia de coronavirus sigue cobrando miles de víctimas e infectados en todo el mundo al tiempo que genera un deterioro importante del sistema económico de los países como consecuencia de las cuarentenas obligatorias pero necesarias para contener la propagación del Covid-19. En ese contexto, y luego de una batería de medidas anunciadas la semana pasada por el Gobierno, este lunes los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Trabajo, Claudio Moroni, dieron cuenta de nuevas medidas económicas con foco en los monotributistas, los trabajadores autónomos y los del sector informal.

“Toda persona debe quedar protegida en esta situación de crisis”, señaló Guzmán. Por eso, dijo que se estableció «la creación de un ingreso familiar de emergencia para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas categorías A y B, entre 18 y 65 años”, explicó.

El ministro de Economía señaló que se hará a través de “un pago único, en principio durante abril, de $10.000 que podría repetirse si las circunstancias lo ameritan. Llegará a familias que no hayan quedado protegidas por otras prestaciones». El universo al que llegará esta medida es de 3,6 millones de personas.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, señaló: “Estamos llegando con el estado al sector que en esta situación de emergencia no tiene ninguna posibilidad de seguir con su trabajo. Este universo de trabajadores vamos a definirlo a través de la familia, es decir, cuando su familia no tiene ningún otro ingreso. Va a ser un sistema muy simple”.

La semana pasada, el gobierno había anunciado un paquete enfocado en pymes que incluyó seguro de desempleo, salarios privados a cargo del Estado, precios máximos y nuevo Procrear entre otras acciones destinadas a paliar las consecuencias económicas del coronavirus y la cuarentena.

El propósito de las decisiones anunciadas, que había sido adelantado por el presidente Alberto Fernández en entrevistas televisivas durante el fin de semana, es tratar de contener a sectores de la población cuyas actividades sufren de lleno el freno forzado por el aislamiento social dictado para moderar el impacto de la pandemia.

En la Argentina existe un universo de 3,6 millones de monotributistas; de ellos, casi 2 millones están empadronados en las categorías más bajas. Por su parte, los trabajadores de la economía informal representan el 30% de las familias, según cálculos de la UCA, y del 35% de la población económicamente activa que no tiene la capacidad de interrumpir sus tareas sin perder todos sus ingresos. Los trabajadores autónomos, a su vez, se estiman en un millón en todo el país.

“El tema ya fue planteado por el Presidente para los monotributistas y los trabajadores informales, como taxistas, mozos, azulejistas, jardineros; mucha gente que gana la diaria y que no está en situación de pobreza, pero que vive de eso, y hoy tiene dificultades”, dijo en declaraciones radiales durante el fin de semana, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo,.

Cómo pagar con los bancos cerrados

Parte del problema es cómo hacer llegar los subsidios a personas que no están bancarizadas ni tienen tarjetas de débito como a las que pueden acceder los beneficiarios de la AUH, por ejemplo. Una de las vías que goza de la confianza del Banco Central, según pudo averiguar Infobae, es el uso del Banco Nación.

El Nación tiene a favor la disponibilidad de sucursales y cajeros bien distribuidos en todo el país. Las medidas de distanciamiento social mantienen cerradas las sucursales pero con los cajeros activos. Una forma rápida sería asociar las transferencias de efectivo a un número de documento, pero el problema que trae ese método es que necesita elementos de seguridad de segundo grado, para evitar fraudes (que alguien use un número de DNI ajeno). Y ese elemento de seguridad es difícil de lograr si las persianas de los bancos siguen bajas.

Asimismo, el gobierno analiza otorgar un bono a todos los profesionales del sistema de salud. Se trata de una suma extra que giraría en torno a los $30.000 y se pagaría en tres cuotas, según anticiparon fuentes oficiales a Infobae.

La medida, que se encuentra bajo estudio en el Ministerio de Salud, podría ser oficializada a través de un DNU en las próximas horas que busca premiar a los trabajadores que cumplieron con el presentismo.

Permitiría al Gobierno imponer nivel de producción, precios, distribuir mercadería y crear instancias de intermediación. No quieren llegar al extremo de un desabastecimiento de artículos de primera necesidad.

El Gobierno tiene planeado aplicar la Ley de Abastecimiento por un tema sanitario. La pandemia de Covid-19 ha tenido en otros países, como España, un efecto devastador sobre el aprovisionamiento de bienes de primera necesidad. Las personas arrasaron con las góndolas de los supermercados luego de que las autoridades decretaran el aislamiento para evitar el contagio de la enfermedad, consigna el diario Ámbito Financiero.

Más allá de que en los últimos días se han producido explosivos incrementos de precios en algunos insumos de higiene, como el alcohol en gel y los barbijos que en cuestión de días triplicaron sus valores, en el Gobierno quieren curarse en salud. No quieren llegar al extremo de un desabastecimiento de artículos de primera necesidad, provocado por un incremento de demanda inusual de parte del público. De hecho, en las últimas 48 horas en supermercados comenzaron a verse faltantes de productos.
La Ley de Abastecimiento (20.680) fue sancionada en junio de 1974 durante los últimos días de la presidencia de Juan Domingo Perón, años en que comenzaban a sentirse los primeros efectos de la inflación severa, algo que hasta ese momento era desconocido para la mayoría de los argentinos. Casi no tuvo aplicación en la historia. Tuvo una modificación en 2014 (26.991) bajo el impulso del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, quien amenazaba a los empresarios con usarla si subían los precios. Así, la nueva versión excluye del alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas siempre y cuando no tengan posición dominante en un mercado. Originalmente, se preveía penas de cárcel, pero la reforma la eliminó. Se fijan multas de hasta $10.000 millones, decomiso de mercadería, cierre, clausuras, suspensión de dos años para ejercer comercio, y de 5 años para ser proveedor del Estado, entre otras penalidades.

La Ley de Abastecimiento básicamente le permite al Gobierno hacer todo en una empresa. Por un plazo de hasta 180 días, puede intervenir una firma, obligarla a producir una cantidad determinada de productos, fijar precio y establecer márgenes de ganancias, entre otras cuestiones. Se consideran infracciones incrementar precios «artificial o injustificadamente» de una manera no proporcional al aumento de costos, revaluar existencias sin autorización, acaparar mercadería o materias primas, crear instancias de intermediación en una cadena de valor que no se considere justificado, negar la venta de bienes o de prestar un servicio, destruir mercadería, entre otros.

Al respecto, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) emitió un comunicado en el que ratifica «su compromiso de colaboración con las autoridades, en el abastecimiento de alimentos y bebidas, frente al actual escenario presentado por la pandemia de coronavirus». La entidad salió a aclarar que el sector «cuenta con capacidad de producción suficiente de alimentos y bebidas para proveer al país», pero a su vez advierte: «Es importante que no prime la ansiedad para continuar con un normal abastecimiento».

Al relativizar su responsabilidad, en caso de faltantes, la Copal dejó claro que las empresas «apelan a la responsabilidad de la sociedad a la hora de realizar sus compras y que se acaten todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias para poder contener con éxito la propagación del virus». Por otro lado, la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) aseguró que «la logística y distribución de insumos básicos está asegurada» a pesar de la crisis.

Fernando Blanco Muiño, exdirector de Defensa del Consumidor, en la anterior gestión, consideró que si se aplica la norma, «sería la primera vez en la historia que se usa con real justificación». Blanco Muiño sostuvo que a diferencia de otros momentos en los que los funcionarios amenazaban con la ley para que las empresas simplemente bajaran los precios, en el contexto de una pandemia «se trata de custodiar un bien jurídico superior, que es la salud de la población». El exfuncionario consideró que «en Argentina los empresarios están acostumbrados a subir los precios ‘por si acaso'». «Me parece que estamos hoy en nuevo capítulo. Se hablaba de una posible devaluación, y por si acaso aumentaban, si hay un problema logístico por si acaso aumentan, si aumenta el petróleo por si acaso aumentan», agregó. Blanco Muiño afirmó que el Gobierno «tiene legitimidad de origen y el marco legal para regularizar esto mientras dure la pandemia».

A pesar de las medidas tomadas por los bancos centrales durante el fin de semana, el pesimismo sigue marcando las ruedas bursátiles, con caídas de hasta 9%. El mismo porcentaje perdía el Brent.
Las bolsas europeas se desploman este lunes con caídas de hasta 9% poco después de la apertura de los mercados, en un contexto de pánico por las consecuencias del coronavirus​ y pese a las medidas que tomaron los bancos centrales durante el fin de semana.

Además, el barril de Brent caía más de 9%, situándose en su nivel más bajo en cuatro años, debido al desequilibrio provocado por una abundante oferta de crudo y una demanda que disminuye como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
En París, el CAC 40 caía un 9% en los primeros intercambios, igual que Londres (-7,6%) y Fráncfort (-7,8%). En Madrid, el IBEX-35 retrocedía un 8,7% y en Italia el FTSE MIb un 7,6%.

La bolsa de Tokio cerró en baja de 2,46% a 17.002,04 puntos, a pesar de medidas de urgencia anunciadas por el Banco de Japón.

El BoJ no cambió su tasa de los depósitos bancarios que encaja, ya negativo (-0,1%). Pero aumentó los objetivos anuales para algunas de sus compras de activos, destinadas a estabilizar los mercados financieros.
Por su parte, la bolsa de Australia se hundió un 9,7%, en un momento en el que los temores sobre el impacto económico del nuevo coronavirus sacuden los mercados mundiales.

El índice ASX 200, barómetro de los mercados australianos, cerró con una caída de 537,30 unidades, a 5.002,00 puntos. Los sectores industrial y energético son los más afectados, con pérdidas de más del 15%.
Según CommSec, filial del Commonwealth Bank of Australia, «los últimos anuncios de los bancos centrales no permitieron devolver la confianza a los inversores».

La Reserva Federal estadounidense bajó su tasa de referencia a cero el domingo, como Donald Trump venía pidiendo desde hace meses, para tranquilizar a un mercado fuertemente afectado por las consecuencias de la epidemia del nuevo coronavirus.

El Indec dio a conocer las cifras oficiales de inflación. La variación interanual se ubica en el 50,3%, con tendencia decreciente.
El nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en febrero una variación de 2% con relación al mes anterior. Así lo dio a conocer este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este índice, la inflación anual se ubica en el 50,3%, cuando el mes anterior era de 52,9% y en diciembre 53,8%.

Se mantiene así el nivel del mes anterior, ya que en febrero el IPC también había sido del 2%. Al mismo tiempo se observa una tendencia decreciente desde noviembre: 4,3% ese mes, 3,7% en diciembre y 2,3% en enero.
Datos destacados

Según el informe del Indec publicado este jueves, Alimentos y bebidas no alcohólicas es la división con mayor incidencia en el nivel general en las distintas regiones del país, con una variación mensual nacional de 2,7 %. En las subas se destacan las verduras, tubérculos y legumbres.

La categoría Estacionales fue la de mayor incremento (2,5%), donde incidió la mencionada suba en las verduras, tubérculos y legumbres, y transporte aéreo.

La categoría de menor suba fue Regulados (0,7%). Restaurantes y hoteles es la división que mostró mayor aumento a nivel nacional (3,1%), liderada por comidas fuera del hogar. No obstante, en la Región NEA en esta misma división se observó una baja.

La división Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (0,6% a nivel nacional) presentó una combinación de alzas y bajas. Por ejemplo, el último tramo del bono a privados para el encargado de edificio tuvo incidencia positiva; mientras que las tarifas de electricidad en las regiones NEA, NOA y Patagonia tuvieron incidencia negativa.

La división Salud registró la menor variación a nivel nacional (0,4%), producto del acuerdo gubernamental con la industria farmacéutica y la estabilidad de precios de las prepagas, que se mantuvieron durante gran parte del mes de febrero.

Tras el fracaso de la cumbre de la OPEP y el coronavirus, los valores del petróleo se derrumbaron. Fue la mayor caída desde la guerra de Estados Unidos en Irak en 1991.

Las bolsas de Arabia Saudita y los demás países del Golfose hundieron a niveles históricamente bajos tras el fracaso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)y Rusiaen ponerse de acuerdo por los precios del petróleo, sumado a los efectos traumáticos del coronavirus en las economías del mundo.
Así, el precio de esta commodity cayó un 30% en cuestión de segundos en la apertura,en los llamados índices de «futuros» de las variantes WTI y Brent. Es la mayor caída desde la guerra de Estados Unidos en Irak en 1991, según informó la agencia internacional Bloomberg.

Los precios futuros de la variante WTI se desplomaron 27% en la apertura. Por su parte la variante Brent (referencia en el precio argentino) se derrumbó 26,9%. Pasadas las 21, hora argentina, la caída porcentual se estabilizó en -20%, siempre respecto a los cierres de la cotización del viernes.

La bolsa saudita, también afectada por el coronavirus, cayó un 6,5% en la apertura, y también se hundieron las bolsas de Dubái (-8,5 %) así como las de Kuwaity Abu Dabi, ambas con caídas de más del 7 %.

Las acciones de la petrolera nacional saudita Aramcocayeron además por primera vez por debajo de su precio de salida a bolsa, 32 riales (8,5 dólares), y se quedaron en 31,15 riales.

La bolsa de Catar cayó por su parte un 3,5%, la de Bahréin un 3% y la de Omán 1,1%. El viernes la OPEP y Rusia no lograron ponerse de acuerdo en Viena para recortar de nuevo su producción para intentar paliar la caída de los precios del petróleo.

En tanto, el índice Nikkei cayó 5,07% en Japón hasta situarse a 19.698,76 puntos, algo que no ocurría desde febrero de 2018, al inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El índice Topix perdió 5,61%, a 1.388,97 puntos.

Las plazas bursátiles chinas también se encontraban en rojo cerca del cierre. El índice Hang Seng de Hong Kong perdía casi 3,7%, la bolsa de Shenzhen retrocedía 2,86% y la de Shanghai, más del 3%.

Rusia, el principal aliado de la OPEP, se opuso a reducir la producción para mantener los precios al alza. El temor a las devastadoras consecuencias económicas que acarrea la epidemia del coronavirus en las potencias mundiales hizo temblar nuevamente los mercados globales, especialmente los europeos y asiáticos.

Los inversores comenzaron a buscar refugio en activos considerados seguros, como el oro, el yen y los bonos del Tesoro de EE.UU. y de Alemania. Los analistas consideran que la situación de la economía global se encuentra en su punto más delicado desde la crisis financiera de 2008.

En un informe publicado este viernes, la agencia de calificación crediticia Moody’s alertó que Italia, Japón y Alemania podrían entrar en recesión como consecuencia del impacto del coronavirus en sus economías.

La firma rebajó a 2,1% su pronóstico de crecimiento económico de los países del G-20, tres décimas menos de lo previsto originalmente. Esto, aclara, teniendo en cuenta que el efecto del virus termine en el primer semestre. Si se prolonga, sostiene, la reducción podría llegar al 1,4%.

La provincia de Entre Ríos participará de una nueva misión comercial a realizarse en Florianópolis y Porto Alegre (Brasil), y en la cual también estarán presentes las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

El Ministerio de Producción del Gobierno de Entre Ríos, junto a ProCórdoba, Santa Fe Global y ProMendoza, convocan a empresas a participar de la Misión Comercial de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe al Sur de Brasil. La Misión Comercial se realizará el 13 y 14 de abril en la ciudad de Florianópolis y el 15 de abril en la ciudad de Porto Alegre, bajo la modalidad Ronda de Negocios.

El director General de Comercio Exterior, Juan Mansur, explicó que “Brasil se comporta como el segundo destino de las exportaciones entrerrianas, ascendiendo las mismas a más de 163 millones de dólares (2018)».

Se destaca la exportación de productos de origen primario (53,25 por ciento), encontrándose entre ellos el trigo, pescado, oleaginosas, maíz, arroz, cítricos y arándanos. Asimismo, no es menor la participación de los productos de origen agroindustrial (40,11 por ciento) como harinas, lácteos, arroz y carne de ave”.

Las empresas interesadas en participar tendrán como opción reunirse con contrapartes interesadas en las ciudades antes mencionadas, cumpliendo las actividades gestionadas por los Consulados de Florianópolis y Porto Alegre.

Asimismo, la misión comercial se realizará en el marco de los Malbec World Day, a concretarse en ambas ciudades, lo cual se convierte en otra oportunidad para alcanzar contactos comerciales en el vecino país.

Por mayor información los interesados deberán comunicarse con la Dirección General de Comercio Exterior del Gobierno de Entre Ríos, enviando un correo electrónico a exportaciones.entrerios@gmail.com, o comunicándose telefónicamente al (0343) 5280344.

El Banco Central prepara los últimos detalles para poner en marcha una normativa que fije un límite a las tasas de interés para el financiamiento personal y así dar impulso al consumo.
El presidente Alberto Fernández pidió días atrás el «aporte» del sector financiero para dar envión al mercado interno y advirtió que iba a pedir la intervención de la autoridad monetaria, si las entidades financieras no brindaban unan respuesta favorable a su reclamo.

«Estoy esperando que lo hagan y, si no lo hacen, voy a tratar de convencer al Banco Central para que intervenga», había apuntado el jefe de Estado, quien había criticado: «No se pueden estar cobrando las tasas que perciben en tarjeta de crédito para hacer el pago mínimo».

En la actualidad, la tasa para obtener financiamiento personal puede llegar hasta a cuadriplicar la tasa de referencia dispuesta por el Banco Central, fijada hasta el momento en 44% tras reiterados recortes desde la llegada del nuevo Gobierno.

Según pudo saber NA, el organismo que conduce Miguel Pesce ultima detalles de la normativa que se va a consensuar en la reunión de directorio pautada para este miércoles por la mañana.

Si bien esos encuentros semanales suelen llevarse a cabo los jueves, en esta oportunidad se pautó su anticipación dado que el titular del Banco Central viajará para participar del G20 que se realizará en Arabia Saudita.

La intención oficial es entonces fijar límites a las tasas cobradas para el financiamiento personal con la intención de promover el consumo.

Según trascendió, sólo el Banco Nación evaluaba implementar una reducción en la tasa tras el pedido del Gobierno.

La medida del Central se sumará al programa Precios Cuidados, el congelamiento de tarifas y combustible y los incrementos salariales por decreto impulsar la alicaída actividad local.

El último sondeo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas en enero registraron una baja de 3,5% pese a que se trató de un período en el que el sector se vio favorecido por «ingresos adicionales que se inyectaron en la economía».

En diciembre pasado, la suba generalizada de precios se había ubicado en el 3,7%. En comparación con igual mes de 2019, el costo de vida acumuló un incremento de 52,9%, indicó el organismo encargado de las estadísticas.

La inflación tuvo una desaceleración en enero y se ubicó en el 2,3%, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En diciembre pasado, la suba generalizada de precios se había ubicado en el 3,7%.
En comparación con igual mes de 2019, el costo de vida acumuló un incremento de 52,9%, indicó el organismo encargado de las estadísticas.
Los rubros que más subieron en el primer mes del año fueron Recreación y Cultura con el 5,0% -por las vacaciones- y Alimentos y Bebidas con el 4,7%, el sector que más incidencia tiene en la población de menores recursos.
En el caso de Alimentos y Bebidas, las subas más importantes fueron relevadas en carnes y derivados; infusiones, azúcar, dulces y golosinas.

Los sectores que crecieron por encima del índice general fueron además: Restaurantes y Hoteles con el 4,2% y Bienes y Servicios Varios, 3,1%.
Los que se ubicaron por debajo fueron: Transporte (1,5%); Prendas de Vestir y Calzado (1,1%); Vivienda, Agua y Electricidad (0,6%); Educación (0,5%) y Comunicaciones (0,1%).

Las pymes entrerrianas pueden acceder a una línea de financiamiento del Banco Nación y a un plan de regularización que entrará en vigencia el 17 de febrero próximo, según acordó al gobernador Gustavo Bordet con el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, Guillermo Merediz.

«En los últimos cuatro años las pymes fueron las que más sufrieron un modelo económico nacional orientado a la especulación financiera y en donde no estuvo como eje central la producción. Ahora les vamos a sacar el pie del pecho a las Pymes para que respiren y puedan trabajar», resaltó el funcionario nacional tras el encuentro del que también participaron los ministros entrerrianos de Economía, Hugo Ballay y de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo.
Merediz manifestó que se tiene por delante «un enorme desafío» y, en ese sentido, indicó que el gobernador y el ministro Bahillo le transmitieron “los lineamientos y las enormes oportunidades que tiene la provincia y la fuerza de la gestión para acompañar al sector productivo en un contexto en el que en los últimos cuatro años las pymes fueron las que más sufrieron un modelo económico orientado a la especulación financiera y en donde no estuvo como eje central la producción».

En ese sentido, comentó que se dialogó en torno a «cómo trabajar en esta agenda de recuperar el sistema productivo local y cómo trabajar con las pymes de la provincia».

En ese marco, dio detalles de la puesta en marcha de una línea de financiamiento del Banco de la Nación Argentina a una tasa del 27.9 por ciento. «Es una tasa muy importante para recuperar el financiamiento de las pymes”, dijo y agregó que también se pondrá en vigencia “una moratoria muy amplia, habida cuenta del enorme problema que tiene las pymes para afrontar en un escenario complejo».
«Hay que sacarle el pie del pecho a las pymes, darles respiro para que puedan trabajar. Hay 30.000 empresas de Entre Ríos que están inscriptas en el registro pymes. Hay 5.000 que se inscribieron en el último mes y medio, y ello da cuenta de la necesidad que tienen las pymes de la provincia de incorporarse al registro pyme, y así poder hacerlo a la moratoria, que es una estrategia para poder dar aire y financiamiento a las pymes», concluyó.

Merediz detalló que la moratoria se iniciará formalmente el 17 de febrero y será hasta el 30 de abril. Durante ese periodo las pymes deberán estar incorporadas al registro pymes. «Venimos a la provincia también para plantear que las pymes se incorporen a este registro», sostuvo el funcionario poco antes de advertir que «la incorporación se hace de una forma muy simple on line a partir de la página web de la AFIP”.
«Esto le permite a las deudas que tenían, ya sea en planes o no, rearmarlas en un esquema mucho más interesantes de plazos de cinco y 10 años, y empezar a tener un aire para empezar producir», insistió.

En cuanto a la línea del Banco Nación, informó que ya está activa. «Es una línea de capital de trabajo a un año y que permite recuperar el financiamiento productivo. Las pymes en Argentina trabajaban con líneas del 80 y 90 por ciento. No hay ninguna empresa, y mucho menos las pymes, que puedan operar con estos niveles de tasas. A la puesta en marcha de esta primera línea de financiamiento lo estuvimos trabajando con el gobernador Bordet y el ministro Bahillo, además de nuevas necesidades de financiamiento», indicó.

Por último, detalló que el financiamiento es para pequeñas empresas hasta tramo I, y para cualquier sector económico. No hay ninguna imposibilidad para que cualquier pyme y sector pueda acceder. «Vinimos a Entre Ríos porque tiene un potencial enorme y viene desarrollando una gestión con el gobernador muy interesante. Desde Nación nos interesa trabajar articuladamente, por eso hicimos este primer encuentro para unificar criterios, trabajar juntos y tener una agenda compartida en toda la etapa que arrancó el 10 de diciembre pasado».
Tras el encuentro, que se realizó este jueves en Casa de Gobierno, el ministro Bahillo, señaló que el funcionario nacional “vino a interesarse de la realidad productiva y los desafíos que tiene la provincia en el sector industrial».

Comentó que durante el encuentro, «el mandatario marcó la prioridades de una agenda que tiene que ver con el desarrollo industrial en nuestra provincia, con las fortalezas y desafíos que tenemos para trabajar en conjunto, complementando los esfuerzos a nivel provincial y nacional».
Fuente: Gobierno de Entre Ríos

El ministro de Hacienda Martín Guzmán expuso en la Cámara de Diputados durante una sesión informativa especial convocada para analizar la nueva ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.

“Estoy aquí para discutir con detalle las características del proceso de reestructuración de la deuda pública”, comenzó el ministro, quien leyó ante los legisladores y reiteró la idea de que la carga de la deuda es “insostenible”.
“El Fondo también es responsable por la crisis de deuda de Argentina”, aseguró más tarde, promediando la exposición de poco más de una hora, cuanto habló de los responsables de la deuda pública. Y fue contundente al expresar que “no vamos permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica”. Esa frase provocó el primero de los dos aplausos de la tarde.

Guzmán dio detalles sobre la situación económica, con un amplio detalle de los indicadores económicos negativos de los últimos años, como inflación, desocupación, deuda bruta. PBI y otros. “Al país lo pisa la carga de deuda”, dijo. “Los países con estas crisis no salen hasta que les dejan de pisar la posibilidad de crecer”, amplió.

“Hubo un esquema que generó optimismo en los mercados, pero estuvo muy lejos de ser exitoso”, dijo sobre la conducción económica del macrismo. Después expresó que este gobierno fijo un horizonte, con un estructura productiva diferente a la actual “para satisfacer la inclusión social; el dinamismo, para hacer crecer la torta; y la consistencia macroeconómica, condición necesaria para el progreso. En ese horizonte las cuentas tienen que estar en orden”.

“El Fondo también es responsable por la crisis de deuda de Argentina”, afirmó el ministro pero rápido dijo que el cambio de conducción del organismo en “medio de una «situación bien caliente” es “refrescante”, pero hay mucho camino por recorrer. “Los responsables de la deuda somos todos, el país, los bonistas que arriesgaron y el Fondo”.

El incremento sería de entre 11 y 12% para los que menos cobran, el triple del que recibirá el segmento de ingresos más altos. Temen que haya reclamos judiciales para quienes cobren menos de lo previsto en la fórmula suspendida.

Este viernes, en conferencia de prensa, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y el titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli, informarán el aumento que regirá en marzo, abril y mayo a jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y Asignaciones Familiares, prestaciones no contributivas y pensiones adulto mayor (PUAM). Comprende a 18 millones de personas.
El aumento que será fijado por decreto presidencial, en reemplazo de la suspendida fórmula de movilidad que había establecido el 11,56% para todos los beneficiarios, en promedio será de entre el 9 y 10% de la masa de beneficios global que se distribuirá en forma diferenciada según los rangos de haberes. La apuesta del Gobierno es que la inflación del primer trimestre se ubique entre esos dos porcentajes.

Clarín pudo saber que los beneficiarios de la AUH (2,2 millones de padres de poco más de 4 millones de chicos) recibirán un incremento superior al 11,56%. Actualmente la Asignación es de $ 2.746 por hijo.

Los jubilados y pensionados recibirán un porcentaje y una suma fija lo que determinará que los que menos cobran perciban proporcionalmente más que los que más ganan. Se estima que así los aumentos podrían rondar entre el 11/12% para el segmento más bajo descendiendo hasta poco más del 4% para los que más cobran.

Así, el haber mínimo, hoy de $ 14.068, podría rondar los $ 15.750. A partir de ese valor, las jubilaciones y pensiones recibirán un incremento porcentualmente más bajo y acentuarían la pérdida del 19,5% que, punta a punta, tuvieron con la fórmula suspendida entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019.

La pirámide previsional marca que hay 3 millones de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, más otros 1,5 millones de pensiones no contributivas y PUAM que perciben el 70/80% del haber mínimo. Por encima del mínimo, hay 2,8 millones de jubilados y pensionados.

Inicialmente la propuesta más vinculada a ANSeS, también con aumentos diferenciados, era respetar el 11,56% sobre la masa global de haberes. Pero desde Economía insistieron en que el objetivo de la suspensión de la fórmula de movilidad era generar un “ahorro fiscal” y que por lo tanto el aumento global debía ser inferior a ese porcentaje. En Economía contabilizan como parte de los $ 45.000 millones del gasto previsional por los 2 bonos de hasta 5.000 que cobraron los que ganaban hasta $ 19.068 y los 2.000 pesos a los beneficiarios de la AUH.

En el caso de que el aumento global fuese del 9%, el ajuste fiscal previsional y social respecto de la fórmula suspendida sería de $ 5.000 millones mensuales o unos $ 55.000 millones en 2020, solo para el segmento de jubilaciones y pensiones. Si luego en junio se repitiera el aumento trimestral por decreto por debajo del incremento de la formula suspendida (11/12%), en 2020 el “ajuste fiscal previsional” podría superar los $ 100.000 millones.

Con el 10% de incremento global, el ajuste fiscal rondaría los $ 3.500 millones o casi $ 40.000 millones, a lo que habría que sumar el ajuste de junio.

De todos modos, la mayor preocupación en el Gobierno pasa por los reclamos judiciales que se presentarán los jubilados y pensionados que reciban mucho menos que el 11,56% de la suspendida fórmula. El fundamento es que el 11,56% es un derecho adquirido porque corresponde al período julio-septiembre de 2019 (la fórmula suspendida se aplicaba con 6 meses de retraso) y las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva.

No obstante, los funcionarios confían en que los jueces tendrán en cuenta la declaración de Emergencia y que el menor aumento respecto de la formula suspendida se aplique solo en 2 oportunidades (marzo y junio). Sin embargo, como consignó Clarín el pasado sábado, un primer pronunciamiento de un juez federal de Salta advirtió que los aumentos por decreto no pueden afectar “el principio de progresividad o de prohibición de regresividad de los derechos económicos y sociales” ni disminuir “el grado de protección ya alcanzado” por los beneficiaros del sistema previsional.