El ministro de Hacienda asumirá formalmente el cargo este martes a las 8.30 y minutos más tarde brindará una conferencia donde comentará los ejes de su gestión. Más tarde será el turno del titular del Banco Central.

El ministro de Hacienda Hernán Lacunza brindará este martes a las 9 una conferencia en la que dará a conocer los principales objetivos de su gestión al frente de la cartera económica.

Las palabras del funcionario llegarán antes de la apertura de los mercados en momentos en que todas las miradas estarán puestas en cómo hará el Gobierno para contener el dólar, que se disparó la semana pasada tras las primarias presidenciales.

Quien también saldrá a escena será el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, quien minutos después de la conferencia de Lacunza ofrecerá una rueda de prensa a en la sede el Banco Central de la República Argentina.
Si bien este lunes no hubo mercados en la Argentina, las acciones y bonos argentinos cayeron con fuerza en la bolsa de Nueva York por lo que se prevé que este martes ese mal clima financiero podría repetirse en la plaza local.

Lacunza, asumirá formalmente el cargo este martes a las 8.30 con una jura en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El titular de Hacienda mantuvo este lunes una reunión con el presidente Mauricio Macri, quien le transmitió cuáles serán sus prioridades de gestión. En un breve diálogo con la prensa Lacunza comentó que “me voy a reunir con mi equipo para trabajar con esas prioridades”.

Al salir de la quinta Los Abrojos explicó Lacunza explicó que el martes “va a haber una conferencia de prensa para poder transmitirle a la ciudadanía de manera ordenada y articulada” los objetivos que va a tener su administración.

Antes de asumir, Lacunza se reunió con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris para analizar la marcha de la política monetaria y cambiaria previo a la llegada de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), y con su antecesor, con quien dialogó sobre la transición del cargo.

La próxima misión del FMI llegará dentro de dos semanas a Buenos Aires para revisar el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias comprometidas en el segundo trimestre.

El Gobierno publicó este viernes los decretos N° 566 y 567 por los que se congela el precio de las naftas y se aplica una alícuota de 0 por ciento en el IVA a productos alimentarios, respectivamente.

El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial sendos decretos que establecen el congelamiento del precio de los combustibles por los próximos 90 días y la aplicación de una alícuota del cero por ciento en el IVA para la venta de productos de la canasta alimentaria hasta el 31 de diciembre próximo.

De acuerdo el Decreto 566/2019 las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local durante los próximos 90 días corridos deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto de 2019.
La normativa, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y de los integrantes del Gabinete nacional, puntualiza que se debe aplicar un tipo de cambio de referencia de 45,19 dólares y un precio de referencia BRENT de 59 dólares por barril.

También especifica que las empresas productoras de hidrocarburos deberán cubrir el total de la demanda de petróleo crudo que les sea requerido por las empresas refinadoras locales, proveyendo de manera habitual y continua a todas las refinerías ubicadas en el país para responder a las necesidades internas.
Por su parte, el Decreto 567/2019 establece la aplicación de una alícuota equivalente al cero por ciento en el impuesto al valor agregado (IVA), a una serie de productos de la canasta alimentaria cuando se comercialicen a consumidores finales.

Dicha canasta está integrada por aceite de girasol, maíz y mezcla, arroz, azúcar, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, harina de maíz y de trigo, huevos, leche fluida entera o descremada con aditivos, pan, pan rallado y/o rebozador, pastas secas, yerba mate, mate cocido y té, y yogur entero y/o descremado.

 

 

 

El aumento de mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias mermará la coparticipación. Desde una serie de distritos ya aclararon que no podrán hacer frente a un pago extra como el anunciado por la Nación.

Los paliativos económicos anunciados por Mauricio Macri ayer para mejorar el poder adquisitivo de diversos sectores generaron presión en las provincias.

En primer lugar, gremios locales ya reclaman a gobernadores el pago de un bono a estatales de $5.000 como el que recibirán los empleados de la administración nacional. Desde las administraciones advierten que no están en condiciones de hacer frente a un plus, pero además aventuran una caída de ingresos en las arcas locales. Es que el aumento de mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias mermará la coparticipación, ya que ese tributo desde el Pacto Fiscal 2017 se reparte entre las provincias.
Desde una serie de distritos aclararon que no podrán hacer frente a ese gasto, principalmente en las provincias que aplican cláusula gatillo para aumentar sueldos de acuerdo a los índices de inflación. “Todos los empleados tienen la certeza que su capacidad de compra está intacta, si la inflación sube se les paga”, explicó ayer a medios de Mendoza el ministro de Gobierno de esa provincia, Lisandro Nieri. El funcionario del gobernador radical Alfredo Cornejo respondió así a los reclamos de los gremios ATE y de la Salud, desde donde piden una suma extra.

En Río Negro, hubo exigencias similares de ATE y de UPCN al mandatario Alberto Weretilneck. Además del bono de $5.000 activaron una reunión de la Mesa de la Función Pública para buscar “medidas complementarias” que equilibren la disminución del salario real, como indicaron desde los sindicatos. Hasta ayer, no hubo respuesta.
Por el momento, las administraciones provinciales negaron que estén en condiciones pagar un plus extraordinario. Buena parte de esos distritos bajo los mismos argumentos que Mendoza: ya aplican cláusula gatillo, con lo cual una potencial aceleración inflacionaria quedará integrada a los haberes de los estatales.

Las medidas de Macri también fueron parte de una reunión de gabinete en Salta, comandada por Juan Manuel Urtubey. El gobernador y candidato a vicepresidente por Consenso Federal recalcó que “el Gobierno provincial garantiza el poder adquisitivo salarial de los trabajadores del Estado”. Recordó, que en Salta se aplica una actualización automática salarial mensual según los índices inflacionarios del INDEC. Con respecto al anuncio del bono de $5000, Urtubey señaló que es una medida “para la administración pública nacional”.

En otros distritos que aplican cláusula gatillo, como San Juan, gobernada por Sergio Uñac, o Santa Fe, los argumentos fueron similares. Sin embargo, desde una provincia gobernada por el peronismo que no tiene aumentos automáticos manifestaron a Ámbito Financiero que “si Nación envía el dinero se puede pagar un bono”; y agregó que harán el pedido formal a la Casa Rosada “para darle a los empleados públicos los 5 mil pesos”.

Otros distritos PJ admitieron que “están haciendo números”, pero que sería muy difícil hacer el pago. Uno de los puntos que alejan la posibilidad es que esperan una merma de coparticipación por la decisión de aumentar el mínimo no imponible de Impuesto a las Ganancias. Desde la derogación del artículo 104 acordado por Nación y las provincias que adhirieron al Pacto Fiscal (todas menos San Luis y La Pampa), las detracciones a ese tributo que se destinaban a financiar Anses o el Fondo del Conurbano (entre otros ítems) pasaron a engrosar la coparticipación. Por lo tanto, cualquier retoque en Ganancias impacta directamente en las provincias.

“No fuimos consultados, pero claramente nos perjudica”, dijeron a este medio desde una administración norteña. Las provincias aún están en pleno cálculo de cuánto perderán por estas modificaciones.

Las advertencias son en todos los casos solitarias y no germinaba hasta ayer una reunión de ministros provinciales, como las que han antecedido por ejemplo al Presupuesto Nacional 2019 o bien el mismo Pacto Fiscal, que calmó el reclamo de María Eugenia Vidal sobre el tope de $650 millones al Fondo del Conurbano.

“Sin dudas pediremos asistencia a Nación”, manifestaron desde un distrito a este diario. Desde otro, con las cuentas en superávit, señalaron que no harían ningún reclamo, ya que si bien habrá una caída en los ingresos, la medida de Macri es “correcta”.

“La alternativa de bajar aporte personal también genera impacto. Lo mismo Ganancias y el monotributo. La situación es muy complicada”, agregaron desde una provincia importante en términos electorales. (Ámbito Financiero)

Fuentes oficiales explicaron que, para calcular el congelamiento por 90 días del precio en pesos de nafta y gasoil en el segmento minorista de combustibles, se implementará un congelamiento por el mismo plazo del precio del crudo.
El Gobierno decidió fijar las variables del precio del dólar y el crudo tipo Brent para congelar los precios de la nafta y el gasoil por 90 días a partir de este miércoles, como parte de las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri para aliviar la situación económica post elecciones primarias.

Este precio va a ser el que cada refinería tenía vigente con su proveedor, por lo que se determinó fijar las variables a valores del 9 de agosto, con el dólar a $45,19 y el barril de Brent a US$59, se explicó esta tarde desde el Palacio de Hacienda.

A partir de este anuncio, la Secretaría de Energía a cargo de Gustavo Lopetegui trabajaba en el diseño de las resoluciones que darán sustento legal para la aplicación de la medida de congelamiento, sobre todo teniendo en cuenta que desde el 1 enero de 2018 rige un mercado liberado de combustibles.

La cautela se impone entre los inversores, ante la falta de claridad sobre el resultado del 11 de agosto. Se vienen dos semanas a puro nerviosismo.

Por primera vez prácticamente desde fines de abril, ayer se registró simultáneamente suba del dólar junto a caída de bonos. Fue una clara señal del nerviosismo creciente que se apoderó de los inversores, tanto locales como internacionales, ante la proximidad de las PASO. En las 11 jornadas hábiles que quedan hasta la elección primaria es probable que ambas tendencias se profundicen.
El dólar operó con tendencia alcista durante toda la jornada, a pesar de que el Central siguió vendiendo futuros. Pero no fue suficiente. El tipo de cambio subió cerca de 50 centavos y finalizó a $44,56 promedio en el minorista, mientras que el mayorista desde temprano superó los $43. En el cierre se ubicó a $43,36.
Las pantallas de los operadores mostraron desde temprano cuál es el problema principal que enfrenta el mercado cambiario. La oferta de divisas se cayó abruptamente. Al mismo tiempo, se nota más demanda de inversores que están desarmando posiciones para esperar dolarizados el resultado de las PASO.

Pero pese a que el dólar subió más de 2% en las últimas tres jornadas, está lejos de transformarse en algo dramático ni mucho menos. Por un lado se trata de una corrección razonable luego de la caída de 10% de la cotización desde fines de abril. Esto había generado incluso algunos comentarios sobre la posibilidad de volver a situaciones de atraso cambiario, justo cuando empezaron a despegar las exportaciones.
Por otra parte, los movimientos diarios tampoco son “disruptivos”. Por lo tanto, el Central no tiene necesidad por el momento de salir a vender dólares en el mercado contado para satisfacer la mayor demanda. O para prevenir un aumento adicional de la cotización.

El riesgo país a 820 puntos básicos reflejó la caída en el precio de los bonos. Se trata de otra señal de cautela por parte de los inversores. De todas formas, tampoco por ahora se notan ventas masivas. La calificadora Moody’s alertó en un documento algo que ya todo el mercado sabe: un cambio de políticas después del 10 de diciembre podría generar más dudas de los mercados sobre la voluntad de la Argentina de pagar la deuda. El riesgo país había superado los 1.000 puntos en el peor momento de la desconfianza, a fines de abril, y por algunas semanas se ubicó por debajo de los 800.

Dólar presionado, bonos a la baja y acciones que siguen registrando toma de ganancias aunque poco relevantes. Queda claro que los mercados quedaron en un “compás de espera” hasta que finalmente lleguen las primarias y se sepa realmente dónde está ubicado el Gobierno y cuánta diferencia sacaría el kirchnerismo. Allí estará más claro si realmente el oficialismo tiene posibilidades reales de imponerse en las elecciones de octubre o como mínimo forzar un ballotage.

Según coincide la mayor parte del mercado, el valor a monitorear es el de 5 puntos. Si la fórmula Fernández-Fernández saca una diferencia mayor en las PASO, entonces el nerviosismo de los inversores aumentará sensiblemente. Si la brecha es mucho menor, entonces podría asistirse a un nuevo rally en el precio de los bonos y el dólar se mantendría mucho más estable.

El salario mínimo vital y móvil tuvo un sólo aumento en la primera mitad del año. Fue en marzo, de un 10,6%. Es decir que el SMVM llegó a $12.500 por mes, equivalente a $500 por día y $62,50 la hora. De ese modo, acumuló una suba nominal de 31,6% en los pasados 12 meses. Pero acusó una pérdida de poco más de 24 puntos porcentuales en un año, respecto del 55,8% que en ese período registró la tasa de inflación que informó el Indec.

De ahí que, como ocurriera en 2018, el Ministerio de Trabajo e Industria se preparara para convocar el Consejo del Salario, el Empleo, y la Productividad, integrada por dirigentes sindicales y de entidades gremiales empresarias para discutir la actualización del SMVyM, pero para la semana posterior a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Como es habitual los integrantes de la CGT se prevé que buscarán recuperar el atraso acumulado e incorporar las expectativas de inflación que según el relevamiento de mercado que recibe de consultoras el Banco Central se proyecta en más de 30% para los próximos 12 meses.

Pero del otro lado están los empresarios se prevé que pondrán sobre la mesa el esfuerzo por contener la nómina, que pese a la recesión de más de 4% en el semestre respecto de un año antes, habida cuenta que se contrajo un 2% en la industria y 1,5% en la construcción, y eso fue posible por la baja real de los salarios.

De ahí que si bien en la cartera que conduce Dante Sica destacan “nunca damos cifras”, se especula en el mercado que el aumento estaría en torno a la inflación esperada a un año, un 30%. En ese caso se asume que se podría acordar un ajuste con efecto desde agosto, en torno a 10 puntos porcentuales, un porcentaje similar en diciembre y una última actualización en marzo del año próximo.

Se estima que si bien el impacto directo sobre los trabajadores registrados comprende a un universo del orden de medio millón de asalariados, el SMVM es también un valor de referencia para más de 3 millones de empleados en relación de dependencia en la informalidad.

Las empresas de transporte fueron autorizadas a aumentar las tarifas hasta un 25 por ciento, y los nuevos valores rigen desde el pasado viernes. Cuánto cuesta viajar hacia Concordia, Gualeguaychú, Crespo, Santa Elena y otros destinos.

Muchos pasajeros que llegaron este lunes a la Terminal de Ómnibus de Paraná, se encontraron con los nuevos valores que rigen para los pasajes de media distancia.
La resolución Nº 198 de la Secretaría de Transporte de la provincia autorizó a las empresas un aumento de hasta el 25 por ciento. Dicha medida se tomó el martes de la semana pasada, pero comenzó a hacerse efectiva el pasado viernes.

Desde entonces, todas las empresas que prestan el servicio hacia distintos puntos de la provincia, actualizaron sus tarifas y el aumento ronda el 25 por ciento, tope establecido para readecuar los precios.

Los nuevos valores
Tras el aumento, un pasaje a Santa Elena que hasta el viernes estaba 280 pesos, ahora cuesta 350 pesos. A La Paz pasó de 340 pesos a 420.
María Grande de 150 pesos a 190; Federal de 370 a 470.
Hacia Crespo, uno de los servicios con más demanda, el pasaje pasó de 100 a 125 pesos; en tanto que a Nogoyá de 250 pesos pasó a 315 pesos.
El costo de viajar hacia Concordia es desde el viernes de 755 pesos, estaba a 605. A Gualeguaychú pasó de 660 pesos a 825; y el pasaje hacia Diamante tiene un costo de 115 pesos.

Asimismo, desde las empresas dieron cuenta que sigue primando el pago en efectivo, pero a medida que aumentan los valores, muchos comienzan a utilizar las tarjetas tanto de crédito como débito.

El 51% de Transener lo tiene una sociedad de Pampa Energía y el Estado nacional en partes iguales, aunque la operación está en manos de la primera. El otro 49% está colocado en oferta pública. La ANSeS tiene un 19,7% de las acciones.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) investigará la responsabilidad de Transener en el histórico apagón del Día del Padre. Se espera que el trabajo tome dos meses. Allí se establecerán las penalidades correspondientes a la empresa dedicada al transporte eléctrico por la falla que dejó al país a oscuras el pasado 16 de junio.
“La máxima multa es del 10% de la facturación”, explicó el secretario Gustavo Lopetegui. Como Transener tiene ingresos por alrededor de US$ 100 millones, la infracción que le podrían aplicar llegaría a US$ 10 millones, en esa interpretación.

Este tope está impuesto en el marco regulatorio del contrato de concesión, que viene desde la presidencia de Carlos Menem. Cualquier monto mayor “entra a consideración de la Justicia”, según el funcionario. La concesión de Transener puede caducar si a la compañía le labran multas equivalentes al 15% de la facturación.

El escenario de rescisión de la concesión parece lejano. Si la firma acumula multas por el 15% de sus ingresos, se activarían las condiciones para pedirlo. Pero el secretario Lopetegui no parece ir en esa dirección. “La empresa está manejada por Pampa Energía y lo hacen bien. Tienen un nivel de fallas bajas”, detalló en diálogo con periodistas.
El todavía senador Fernando “Pino” Solanas quiso achacarle a la administración del presidente Macri cierta cercanía con Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía, durante la presentación de Lopetegui frente a la cámara alta. “Mindlin es accionista de Transener desde 2004, había otra administración”, le contestó el funcionario.

El 51% de Transener lo tiene Citelec. Esta sociedad es de Pampa Energía y el Estado nacional en partes iguales, aunque la operación está en manos de la primera. El otro 49% está colocada en oferta pública. La ANSeS tiene un 19,7% de las acciones.

A Transener le toca “la responsabilidad primaria” del apagón. Fue por haberse equivocado en la emisión de señales automáticas que envían las líneas de alta tensión frente a desperfectos. “Ese error fue el que comenzó a empujar el dominó”, caracterizó Lopetegui. El informe que está en proceso irá a las autoridades del ENRE, cuyo titular es Andrés Chambouleyron. Dentro de 40 días, ese equipo técnico informará sobre el desempeño de Transener, que tendrá oportunidad de hacer su descargo. Si la multa le resulta excesiva, Transener puede ir a la Justicia.

Fallaron los tres eslabones de la cadena eléctrica: generación, transmisión (Transener) y distribución. Los generadores aportaron al apagón, según la caracterización que hizo Lopetegui. El Litoral se desconectó por los problemas en las líneas que transita esa zona. Si hubieran reaccionado otras generadoras -como Embalse- el corte “se hubiera provocado igual, pero hubiera sido de un 40% del país”, explicó Lopetegui.

El sistema eléctrico está preparado para que si una zona sale de funcionamiento haya otras regiones que puedan suplirlo. Al menos cinco generadores no anduvieron, según el Gobierno. Eso dejó sin “back up” al suministro eléctrico y complicó la situación. “Pueden ser limitados en el despacho afectando su remuneración”, según Juan Luchilo, subsecretario de Energía Eléctrica.

Los distribuidores, que llevan electricidad a los hogares y comercios, tampoco activaron un “alivio de carga”. Es una desconexión que deben realizar del sistema cuando detectan que está en falla. Por un lapso breve, siguieron en funcionamiento, generando tensión innecesaria en las líneas. Por esa interrupción, en Energía afirman que las empresas deberán resarcir a sus clientes.

El 22% de incremento en las tarifas se pagarán a fin de año. Detalles de la medida y la modalidad que el Gobierno publicó en el Boletín oficial.

El Gobierno resolvió diferir un 22% del pago de las facturas del servicio de gas a usuarios residenciales y financiarlo hasta en cinco cuotas a partir de diciembre próximo, a través de la resolución 336/2019 de la Secretaría de Energía, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La normativa precisó que la medida se tomó para “otorgar una mayor homogeneidad en las erogaciones de los usuarios de tipo residencial, que amortigüen el impacto en las economías familiares de los mayores consumos invernales”, publicó Ámbito.

Además remarcó que “la medida propuesta se aplicará con carácter excepcional, en las facturas emitidas a usuarios residenciales a partir del 1 de julio y hasta el 31 de octubre de 2019, e implicará un diferimiento de pago del 22%”. Asimismo indicó que este beneficio “no alcanzará a los usuarios con consumo 0 en el referido período de facturación”.

Destacó que los montos objeto del diferimiento se recuperarán a partir de las facturas regulares emitidas desde el 1 de diciembre de 2019 y por cinco períodos mensuales, iguales y consecutivos.

Cuando se anunció el diferimiento, se explicó que al aplicar la medida los usuarios R1 pagarían en junio $ 820 en promedio (en vez de $ 1.051); los R2 $ 1.585 (en lugar de $ 2.032), y los R3 $ 3.628 y no los $ 4.651 que corresponderían.

Y se calculó que los usuarios de menos consumo diferirán hasta el verano el pago de $ 875; los medios $ 1.663 y los más demandantes $ 3.859. Esa diferencia se iba a pagar en cuatro cuotas a partir de diciembre y hasta marzo, pero finalmente serán cinco mensuales, iguales y consecutivos.

Así, en diciembre se aplicaría la primera de esas cuotas junto con el consumo correspondiente al período a abonar. Lo mismo ocurrirá en los meses siguientes.

Subrayó que el costo financiero de este diferimiento, computado entre las fechas de vencimiento de pago original de las facturas y las de vencimiento de las facturas en las que se incluya cada cuota de recupero, será asumido por el Estado Nacional en carácter de subsidio.

Puntualizó que el aludido diferimiento, para el caso del gas natural, será solventado por las distribuidoras y subdistribuidoras, los transportistas y proveedores de gas, en la exacta medida que aportan al sistema, mientras que en el caso del gas propano indiluido será solventado en su totalidad por los proveedores de gas.

También señaló que “a los efectos de neutralizar el referido costo financiero se calcularán y abonarán intereses en forma mensual sobre los saldos acumulados a cada mes”.

En ese sentido precisó que “la tasa a aplicar para la determinación de los intereses será la que se otorga para plazos fijos por montos de $ 20 millones o superiores a plazos de 30 a 35 días, denominada TM20, publicada por el Banco de la Nación Argentina”, actualmente entre 50% y 55% anual.

La resolución estableció que los usuarios beneficiarios de esta medida podrán optar por no acogerse a este beneficio, manifestando esas circunstancias ante la prestadora del servicio, en cuyo caso ésta deberá refacturar el total del monto adeudado.

Finalmente, la resolución ordena que “resulta necesario que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), adopte las medidas necesarias a fin de que las licenciatarias del servicio de distribución de gas por redes y las subdistribuidoras del servicio, con carácter excepcional, contemplen en las facturas que se emitan desde el 1º de julio de 2019 hasta el 31 de octubre de 2019 para usuarios residenciales, un diferimiento del pago del veintidós por ciento (22%) del monto total de la liquidación correspondiente al período de facturación.

El retraso en los ajustes en las tarifas de los servicios públicos que se acumularon desde la administración Kirchner se convirtieron en un factor de protestas sociales y obligaron en varias oportunidades a posponer su vigencia.

Esta falta de actualización de las tarifas provocó en las empresas fuertes pérdidas tanto en el sector generador, como en el transporte y en la distribución energética, consignó Ámbito.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, admitió en Washington que el FMI “subestimó” la situación “complicada” de Argentina al inicio del programa con el FMI. Pero que ahora tiene “esperanzas” sobre el futuro de la economía de nuestro país y que cree que, si el programa actual se sigue aplicando con “continuidad”, será exitoso para los argentinos. En una charla organizada por el American Enterprise Institute –un centro de análisis de Washington— sobre los desafíos de la economía global, Lagarde admitió las dificultades que enfrentó la economía argentina.

 

 

“Fue una situación increíblemente complicada”, dijo y agregó que “varios actores –entre los que me incluyo—subestimamos la situación” cuando se comenzó a negociar el programa de financiamiento a nuestro país. Señaló que hubo una “herencia muy dura” del gobierno anterior al de Mauricio Macri y que la inflación “fue mucho más resiliente de lo que habíamos pensado” y que controlarla “tomó mucho más tiempo de lo que habíamos anticipado”.

Sin embargo, afirmó que la economía “ha mejorado y continuará mejorando” y que tiene “esperanzas” de que si hay “una firme continuidad de la situación” y con “la masa monetaria como ancla” como hasta ahora, el programa “va a ser exitoso para los argentinos y la economía argentina”. Destacó, además, que ve a Macri “muy comprometido con el programa”, que implica un desembolso de unos 57.000 millones de dólares.

El directorio ejecutivo del FMI debe analizar ahora si otorga un nuevo tramo del préstamo por 5.400 millones. En los próximos días (aún no se conoce la fecha) los técnicos del organismo que el mes pasado estuvieron analizando los números en Buenos Aires, encabezados por Roberto Cardarelli, elevarán un informe (staff report) al directorio presidido por Lagarde para que de luz verde al nuevo desembolso.

La francesa se refirió también a la guerra de aranceles desatada entre Estados Unidos y China, y advirtió que puede afectar la economía global. Esta mañana, la directora había plasmado en su blog un número concreto para ese peligro: dijo que podría restar medio punto porcentual al PBI mundial en 2020, lo que equivale a la pérdida de 455.000 millones de dólares, que es una cifra mayor a la economía de Sudáfrica.

“Estimamos que los aranceles anunciados recientemente entre EE.UU. y China podrían restar alrededor del 0,3% del PIB mundial en 2020”, advirtió Lagarde, quien atribuye más de la mitad de este impacto a los efectos sobre la confianza empresarial y el mercado financiero, añadiendo que, teniendo en cuenta también los aranceles implementados el año pasado, el PIB mundial en 2020 podría verse reducido en un 0,5%.

La funcionaria subrayó que se trata de “heridas autoinfligidas” que deberían evitarse mediante la retirada de las barreras comerciales levantadas y no imponiendo otras nuevas sea cual sea su forma, ya que el proteccionismo no solo daña el crecimiento y el empleo, sino que está haciendo cada vez menos accesible los bienes de consumo comercializables, “perjudicando de manera desproporcionada a los hogares con menos ingresos”.

Para tratar estos temas, Lagarde viajará a Japón este fin de semana para la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales de los países del G20. Allí también se reunirá con el ministro Nicolás Dujovne y el jefe del BCRA, Guido Sandleris, con quienes estuvo en abril durante la asamblea del FMI y el Banco Mundial en Washington.

La Canasta Básica Total (CBT) se encareció 2,6 por ciento en abril y para una familia tipo de cuatro integrantes quedó al borde de los 30.000 pesos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), en los últimos doce meses acumuló un alza de 61,5 por ciento, superior al 55 por ciento que registró la inflación general. Según los datos oficiales, la Canasta Básica quedó en 29.493,65 pesos contra los 28.750,94 pesos de marzo. En lo que va del año, la suba fue del 15,7 por ciento.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria, que mide la línea de indigencia, avanzó 1,8 por ciento mensual, muy por debajo de la línea de la inflación minorista, que fue de 3,4 por ciento, para llegar a $ 11.844,84 para el mismo núcleo familiar. En este caso el incremento interanual fue del 66,1 por ciento y de 16,2 por ciento en el primer trimestre.

El Indec informó en marzo que el Índice de Pobreza aumentó a 32 por ciento al término de 2018, contra el 25,7 por ciento de igual período de 2017; mientras que el de Indigencia subió a 6,7 por ciento desde 4,8 por ciento de finales de 2017.

Estos niveles registrados en el segundo semestre del año pasado son superiores a los del primer semestre, cuando el nivel de pobreza fue de 27,3 por ciento y nivel de indigencia se ubicó en 4,9 por ciento, consignó Infobae.

De esta forma, con una población estimada en 44 millones de habitantes, al cierre de 2018 se encontraban en situación de pobreza alrededor de 14 millones, alrededor de dos millones de personas más que en 2017.

La línea de pobreza e indigencia se movió a lo largo del año pasado por arriba de la inflación general porque está compuesta en su mayor parte por productos de primera necesidad como los alimentos, que mostraron los mayores incrementos de todos los rubros que componen el Índice de Precios al Consumidor ( IPC) a partir del salto de más de 100 por ciento en el tipo de cambio.

Sin embargo, en el último mes se encarecieron significativamente por debajo del IPC, más allá de que el acumulado desde abril de 2018 arroja un alza de más de 60 por ciento, lo cual se vio reflejado en el acelerado deterioro de los indicadores sociales que mostraron las estadísticas públicas.

El Indec toma una serie de productos con los que elabora el consumo alimenticio para un “adulto equivalente” y a partir de ahí se estima el valor de la CBA y la CBT para distintos hogares. Así, una persona necesitó $3.833,28 por mes para no caer en la indigencia y 9.544,87 para no ser pobre.

Por su parte, la canasta básica total de un hogar de cinco integrantes, quedó en $31.020,83 mensuales y el de un grupo familiar conformado por adultos de 18, 35 y 61 años necesitaría 23.480,38 para poder satisfacer sus necesidades y $9.429,87 para tener una cantidad mínima de comida que le permita subsistir.

La ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, anunció hoy el incremento del 50% para los titulares de las Tarjetas Sociales, mientras que para los beneficiarios de la Ley 4035, la prestación por incapacidad o ancianidad se incrementará un 24% y la de madres con hijos a cargo será de un 68%.

Fue en María Grande durante al entregar aportes a instituciones deportivas

“En función del contexto social y económico que estamos atravesando, junto al gobernador Gustavo Bordet analizamos la necesidad de realizar un nuevo aumento del 50 por ciento para la Tarjeta Social; y de un 68 por ciento para los beneficiarios de la Ley 4035 en el caso de las mujeres con hijos a cargo, y un 24 por ciento para quienes perciben por ancianidad e incapacidad”, expresó la ministra.

Stratta, junto al diputado provincial Diego Lara, y el intendente de María Grande, Hugo Main, entregó este martes aportes a instituciones deportivas y de la sociedad civil, emprendedores y equipamiento para comedores escolares. Allí también se lazó una nueva edición del Programa Crecer para jóvenes de la localidad. En ese marco se realizó el anuncio del aumento previsto por el gobierno provincial para la tarjeta social y beneficiarios de las pensiones de la Ley 4035.

Tarjeta social

La funcionaria explicó que actualmente son más de 50 mil los titulares de derecho de la Tarjeta Social. “Cuando comenzamos la gestión el 80 por ciento de este programa lo financiaba la Nación y el 20 por ciento lo cubría la provincia. Hoy la ecuación se invirtió”, señaló. Esto se debe a que el gobierno nacional en 2016 congeló los fondos para el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria –Convenio Abordaje Federal. “Es por eso que pasamos de una inversión anual de 26 millones a una de 261 millones de pesos”, detallo la ministra. Actualmente la provincia aporta el 74 por ciento mientras que la Nación cubre el 26 por ciento.

Stratta indicó: “El gobernador Bordet ha marcado al desarrollo social, la salud y la obra pública como prioritarios y en ese camino, realizamos este esfuerzo entendiendo justamente que tenemos que acompañar a quienes más nos necesitan en tiempos tan difíciles, fortaleciendo las estrategias alimentarias entre las que se incluye la Tarjeta Social”.

El incremento de la Tarjeta Social a su vez impacta sobre lo que percibirán quienes cuentan con complementos por Riesgo Nutricional y Celiaquía; en cuyo caso pasarán a percibir 800 pesos y 1.100 pesos respectivamente. La acreditación del aumento tendrá lugar el miércoles 22 de mayo.

Ley 4035

En cuanto a las pensiones 4035, el aumento será de un 68 por ciento para los beneficiarios de la Ley 4035 en el caso de las mujeres con hijos a cargo, y un 24 por ciento para quienes perciben por ancianidad e incapacidad. “La diferencia en el porcentaje se da porque en los aumentos anteriores habían incrementado más las categorías de ancianidad e incapacidad. Ahora estamos haciendo un refuerzo para las mujeres con hijos a cargo”, indicó.

En este caso, el aumento se acreditará a partir del 1 de junio para los más de 4.000 titulares de derecho en la provincia.

La prestación por incapacidad/ancianidad será de 2.850 pesos, mientras que la de madres con hijos a cargo se fija en 1.850 pesos. Estos aumentos en la Ley 4035 significan una inversión mensual de parte de la provincia que supera los 11 millones de pesos.

Políticas para el desarrollo territorial

En el acto que tuvo lugar en María Grande, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo, entregó aportes y equipamiento para el fortalecimiento de instituciones deportivas, organizaciones de la sociedad civil, comedores escolares y comunitarios, deportistas y emprendedores.

Allí también se lazó una nueva edición del Programa Crecer para jóvenes de la localidad y se realizó una entrega simbólica de frazadas del programa Cobijar que se implementará en María Grande y Cerrito. Cabe destacar que el Programa Cobijar prevé el trabajo conjunto entre el gobierno provincial y los municipios para la adquisición de frazadas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad social.

Al hacer uso de la palabra el presidente municipal de María Grande, Hugo Main, puso en valor el programa Crecer. “Fue un éxito la primera vez y también lo será en esta oportunidad, porque esta política les da la posibilidad a jóvenes emprendedores de capacitarse y recibir herramientas necesarias para su trabajo. Nosotros tenemos impregnado como doctrina que tenemos que estar presentes y acompañar a esos muchos que quedan fuera del mercado. Por eso agradecemos el acompañamiento de nuestro gobernador, de la ministra, y de todos los que están involucrados en esta política de Estado, que es acompañar en momentos difíciles”.

Por su parte el diputado Diego Lara agregó: “Esta es una actividad institucional que tiene que ver con el resultado de un sin número de gestiones que llevamos adelante con los programas que tiene el Ministerio para ayudar a organizaciones no gubernamentales, a clubes, a deportistas, a jóvenes emprendedores y a establecimientos educativos. Ante un escenario tan complejo como el nacional, el gobernador prioriza políticas que apuntan fundamentalmente al desarrollo social, a la salud, a los programas socioalimentarios”.

Allí también se otorgó al intendente de Cerrito, Ulises Tomassi, un aporte superior a los 130 mil pesos destinados a la adquisición de máquinas, herramientas, insumos y materia prima para la puesta en funcionamiento de una Unidad de Negocios Textil, a conformarse entre 18 mujeres que participaron de los cursos de capacitación en producción textil dictados por el municipio a lo largo del año 2018.

Además recibieron aportes de Poder Popular una organización de la ciudad y otra de Crespo, por un monto total de inversión de 219 mil 200 pesos. Luego, se procedió a la entrega de equipamiento para comedores escolares de Paraná Campaña. Asimismo se llevo adelante la entrega del Financiamiento de los proyectos seleccionados de la convocatoria 2019 de Jóvenes Emprendedores, correspondiente en esta etapa a 10 emprendimientos. El monto total a financiar para estos proyectos productivos es de un millón 140 mil pesos.

Por último, se concretó la adjudicación de aportes, en el marco del Programa Entre Ríos Deportes. Recibieron recursos el Club Atlético Litoral; la Asociación Social y Deportiva Diego Maradona; la municipalidad local para gastos en actividades deportivas; y dos deportistas de la ciudad.

Participaron del acto el secretario de Deportes, José Gómez; el subsecretario de Desarrollo Emprendedor, Pedro Gebhart; el director de Políticas de Apoyo Emprendedor, Claudio Rosas Vico; el director de Comedores, Ariel Wilvers; la coordinadora de Desarrollo Humano, Marta Jacobi y la directora de Políticas de Promoción, Mara Franchessi.

Si bien el gobierno congeló las tarifas, arrastran otras subas. Las boletas tendrán incorporados la suba en transporte, distribución aplicada en octubre pasado y el aumento en el precio del gas producto de la suba del tipo de cambio.

Las facturas por el consumo de gas llegarán este invierno con aumentos de hasta 50% respecto de lo que los usuarios pagaron en los meses de mayor demanda del año pasado. Si bien el gobierno dio marcha atrás con los aumentos autorizados para abril (10%), mayo (9%) y junio (8%), las facturas sentirán el impacto de la suba del dólar y de los gastos de distribución que rondan el 18%.

Si bien los aumentos de este año (surgidos tras las audiencias de febrero) quedaron planchados, los totales a pagar que llegarán a los hogares con los consumos de junio tendrán incorporados la suba del 18% en transporte y distribución aplicada en octubre pasado y el aumento en el precio del gas producto de la suba del tipo de cambio.

De acuerdo con estimaciones del sector, a partir de junio, la factura mensual con impuestos en los hogares llegará con un incremento promedio del 32% respecto de los valores de abril de 2018, ya que incluye el incremento de octubre (35% promedio). Los aumentos de tarifas son semestrales (abril y octubre) y se concretan luego de las correspondientes audiencias públicas.

En las casas que antes de la unificación de las categorías, el año pasado, integraban los grupos R1 y R2 (eran los de menor consumo) el impacto interanual será mayor, ya que tuvieron un aumento más importante en el precio del gas. Allí las facturas este invierno serán entre 40 y 50% más costosas que el año pasado debido a que subirá el precio del gas 89%.

Desde ya estos cálculos consideran que el usuario tendrá el mismo consumo que el mismo mes del año pasado, pero la tendencia que se viene registrando desde los últimos años es de caída en la demanda producto de los aumentos de tarifas y la recesión. “El año pasado hubo una caída del 7% en el consumo del gas y este año venimos notando la misma tendencia”, dijeron en la cartera que dirige Gustavo Lopetegui.

Durante los meses de invierno, además, habrá un descuento del 22% en el precio del gas, que los usuarios pagarán en las facturas de los meses de verano, según informó el gobierno nacional como parte del plan “alivio para las familias” que se puso en marcha tras conocerse la inflación de marzo (4,7%).

Abarca a más de un millón de trabajadores. Según el sindicato, el acuerdo “contiene una cláusula gatillo de garantiza que se reanudaría la negociación en el caso de que la inflación supere el porcentual acordado”.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) informó que acordó un aumento salarial del 30% anual, con una cláusula gatillo que obliga a los empresarios a renegociar el acuerdo si la inflación supera la mejora salarial acordada.

De acuerdo con lo indicado por el sindicato, el aumento será retroactivo a abril último, regirá hasta el mismo mes del año próximo y eleva el sueldo mínimo para un empleado de comercio paso a 35.510 pesos una vez que se completen todos los tramos del incremento.

El gremio de comercio, sector en el que se desempeñan más de un millón de trabajadores, resaltó que el acuerdo “contiene una cláusula gatillo de garantiza que se reanudaría la negociación en el caso de que la inflación supere el porcentual acordado”.

La mejora salarial para los empleados mercantiles se ubica 15 puntos porcentuales por debajo de la inflación que pronostican las consultoras privadas del 46% para todo el año, lo cual obligaría a una apertura de las paritarias.

El gremio, que lidera el sindicalista Armando Cavalieri, explicó en un comunicado que “el porcentual acordado conjuntamente con las tres cámaras empresariales del sector establece un incremento del 30% anual respecto de las remuneraciones percibidas hasta la fecha.

El comunicado de la FAECyS aclara que el aumento salarial “será abonado por ajustes bimestrales desde abril 2019 en adelante”. Esto implicaría un aumento cada dos meses, de alrededor el 5% hasta abril del 2020.

Cavalieri celebró el acuerdo y señaló que “en un marco inflacionario, la actualización salarial y la cláusula de garantía permitan resguardar el poder adquisitivo de más de un millón de trabajadores y trabajadoras”.

El sindicalista agregó que el acuerdo celebrado con la CAME y la CAC es “muy positivo dada la situación en la que se encuentra el país, y muy importante para los empleados de comercio, porque le da previsibilidad y un poco de tranquilidad, ante la grave situación que atravesamos”.

“Este es un gran acuerdo, porque en caso de que la inflación sea más alta, tenemos la cláusula gatillo que nos protege ante cualquier desborde de precios”, agregó el sindicalista.

No obstante, desde la Secretaría de Trabajo indicaron que hasta la noche del martes, no había “información formal” sobre un acuerdo cerrado entre el sector gremial y patronal, aunque reconocieron que el diálogo entre las partes avanzaba.

El alza de los precios se acercaría al 3,5 por ciento, un número muy alto para abril, pero menor al lapidario 4,7 por ciento que se registró en marzo. El nivel inflacionario de abril será dado a conocer este miércoles por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec). Integrantes del gobierno estiman que hubo menor suba en alimentos, y cierto freno en los aumentos de algunos servicios. La inflación sigue siendo altísima y un problema que el equipo económico de Mauricio Macri no ha podido controlar. “Preocupados, pero un poco menos”. Un integrante del equipo económico describía con esta frase el dato que se manejaba ayer en el Palacio de Hacienda sobre la inflación de abril que hoy anunciará el INDEC que conduce Jorge Todesca.

Estarían más en sintonía (pero en un nivel inferior) al 3,8% de febrero y por arriba del 2,9% de enero. El panorama en marzo siguió siendo complicado, pero a los ojos optimistas del oficialismo representaría un cambio de tendencia importante, luego de cuatro meses consecutivos de alza en los precios. Si se confirma la esperanza oficial, vendrían ahora tres meses de baja segura, ya que se espera un 3% de incremento en mayo y cerca del 2% en junio. Sabe el macrismo en el poder que será muy difícil perforar ese nivel, pero confía en que el alza de los precios se sostenga en torno del 2% al menos hasta las elecciones presidenciales de octubre.

Si la inflación de abril de 2019 se ubicara cerca del 3,5%, el acumulado en los últimos 12 meses se ubicaría en un 55,9%; y si se lograra la tendencia esperada por el Gobierno, en diciembre la comparación interanual llegaría cerca del 38% y en el año el incremento total de 2019 rondaría el 47%/49%. Sería un IPC muy similar al 47,67% registrado en 2019; y por encima del 24,8% de 2017 y del promedio del 42% de 2016.

Tres factores habrían jugado a favor para que la inflación de abril de 2019 no supere el 4%. En primer lugar, el incremento en el rubro alimentos habría sido menor que el 62% interanual de marzo, en especial por una mayor calma en el alza en la carne. Obviamente también comenzó a operar a favor la medición de algunos precios de productos que componen la canasta de “Precios Esenciales”. También ayudó a desacelerar el índice las suspensiones en los incrementos de los precios de tarifas de servicios públicos y el transporte, como el subte en la Capital Federal y las tarifas de los celulares. El tercer factor que jugó a favor de una suba más leve de los precios en marzo fue el incremento más controlado de las naftas para abril. Las tres petroleras decidieron aplicar un ajuste en los combustibles menor al 5% en lugar del 8% pensado originalmente a comienzo de mes, con lo que el traslado final sobre los precios fue de menos de un punto porcentual, diluido además parte en abril y parte en mayo donde el alza también fue inferior al 5%. El cuarto efecto a favor de cierta tranquilidad en los precios en abril fue la estabilidad del tipo de cambio, que pese a haber transcurrido un mes turbulento, en la última semana logró alcanzar cierto control a partir de las intervenciones oficiales. Lo mismo debería ocurrir en mayo donde, al menos hasta ahora, el precio del dólar no mostró alteraciones alcistas que puedan presionar sobre el IPC, informó Ámbito.

Si continuara la tendencia, hacia delante (desde junio) la preocupación de los mercados es que la temporada de paritarias no afecte la estabilidad en la demanda y así, luego, en los precios. Se sabe que el Gobierno piensa en avalar subas de los salarios que al menos igualen la inflación de este año, pensando seriamente en el humor laboral ante las elecciones presidenciales. La única propuesta aliviadora sería que el incremento salarial sea escalonado, con la promesa de un ajuste final para fin de año, luego de las elecciones presidenciales. La intención es que al momento de votar los trabajadores en relación de dependencia no tengan una sensación de pérdida de poder adquisitivo similar a lo que sucedió en 2018; donde, en promedio, los sueldos perdieron entre 15% y 20% de su poder de compra.