Determinó que durante la vigencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento social, se mantendrá la suspensión del cómputo de los plazos vigentes para los contribuyentes en distintos procedimientos administrativos.
La AFIP volvió a prorrogar hoy la feria fiscal, esta vez hasta el 11 de octubre inclusive, a raíz de la extensión de la cuarentena hasta esa fecha.

Se trata de la duodécima prórroga de la feria fiscal, decisión que se formalizó por medio de una Resolución General publicada este martes en el Boletín Oficial.

«Fijar entre los días 21 de septiembre y 11 de octubre de 2020, ambos inclusive, un nuevo período de feria fiscal extraordinario con el alcance de las previsiones de la Resolución General N° 1.983», según el texto oficial.

Esta última Resolución previó que durante determinados períodos del año -atendiendo a las ferias judiciales que se establezcan cada año para el Poder Judicial de la Nación-, no se computen los plazos previstos en los distintos procedimientos vigentes ante la AFIP, vinculados a la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo.

El ente recaudador recordó que los jueces administrativos, mediante resolución fundada, podrán habilitar días y horas para la realización de determinados actos o trámites, en los casos en que la demora afecte los intereses del Fisco.

Además, aclaró que están exceptuados de la aplicación de la feria fiscal extraordinaria, los procedimientos de fiscalización realizados en el marco de la información proporcionada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

También, se habilitó la feria para los procedimientos de fiscalización, sumariales y de determinación de oficio, relacionados con el Régimen de Precios de Transferencia, «decisiones que corresponde mantener para este nuevo período», según la AFIP.

Y añadió que «atento que los procedimientos de fiscalización electrónica que se realizan de acuerdo con lo establecido en la Resolución General Nº 3.416 permiten la interacción de los contribuyentes y responsables con este organismo a través de servicios electrónicos, y dado que su aplicación resulta de transcendencia institucional, deviene oportuno habilitar la feria fiscal para la tramitación de dichos procedimientos».

El titular de la entidad, Miguel Ángel Pesce, aseguró que están trabajando con la Casa de la Moneda en una nueva familia de billetes
El Banco Central trabaja con la Casa de la Moneda para poner en marcha una nueva familia de billetesy estaría evaluando introducir uno de mayor denominación.

Así lo indicó el presidente del organismo, Miguel Ángel Pesce, al ser consultado respecto de la posibilidad de la entrada en vigencia de un billete de $5.000.

El funcinoario puntualizó que el Central está «trabajando con la Casa de la Moneda en la nueva familia de billetes», mientras sostuvo que se trata de «un trabajo que quedó retrasado por todo el problema de la pandemia».

«En ese contexto se evaluará si dentro de la nueva familia hay un billete de mayor denominación», señaló. De esa manera se refirió a la posibilidad de que haya billetes con mayor denominaciónen lo que será el regreso de los próceres al papel moneda: actualmente, el de 1.000 pesos, que cuenta con la imagen del hornero, es el de mayor monto.

Por otro lado, el funcionario rechazó que se esté analizando aplicar una devaluación y argumentó: «Tenemos contacto con todas las cámaras empresariales y ninguna nos ha planteado un problema de atraso cambiario».

«Responder con una devaluaciónpor las presiones que meten actores especulativos, como los fondos del exterior que ingresaron para hacer ‘carry trade’ en 2018 y 2019 es un error», apuntó.

Convenio con Brasil

A partir de la fuerte emisión de pesos que viene realizando el Banco Central para sostener el actual escenario económico del país y, en especial, las necesidades de asistencia del Estado nacional, la Casa de la Moneda no logra cumplir con la demanda.

Para poder cubrir esos faltantes, se acaba de cerrar un convenio con Brasil para la importación de 400 millones de billetes, casi todos de alta denominación, que serán impresos en la Casa de Moneda del país vecino.

El gobierno de Alberto Fernández deberá abonar algo más de u$s20 millones por este convenio que estará vigente entre octubre próximo y marzo del año que viene y que ayudará al país a contar con el instrumento necesario para cumplir con todos los planes de asistencia que las autoridades vienen llevando a cabo para financiar la paralización económica causada por la pandemia del Covid-19.

Convenio de ayuda recíproca

La noticia, publicada en el diario brasileño Valor, no pudo ser confirmada por iProfesional entre las autoridades de la Casa de la Moneda local y el Banco Central.

En ambas entidades explicaron que, por razones de confidencialidad en los contratos que las vinculan, no pueden comentar ninguna clase de operaciones.

Sin embargo, es más que probable que el acuerdo con Brasil sea verdadero si se tiene en cuenta que ambos países firmaron en el 2010 un convenio de ayuda recíproca por el cual se obligan a prestar servicios de asistencia mutuos en épocas de escasez de divisas, como el actual.

En julio pasado, el Gobierno estuvo a punto de cerrar un acuerdo similar con el gobierno de Alemania que luego no prosperó debido a que el país europeo no podía cumplir con los plazos de entrega reclamados por el Banco Central que dirige Miguel Pesce.

Además, se había lanzado una licitación internacional para la impresión de billetes de $500 que, por ahora, parece haber quedado en stand by si se tiene en cuenta que desde Brasil se importarán mayormente billetes de $1.000 para satisfacer la demanda local.

Emisión sin freno

El mes pasado, el Central emitió $40.000 millones solamente para financiar los gastos del Tesoro Nacional en lo que marcó el volumen de asistencia más bajo desde enero pasado y que se logró a partir de combinar una mejora en la recaudación tributaria con de mayores colocaciones de deuda en pesos en el mercado local.

Sin embargo, en mayo ese volumen por Adelantos Transitorios y Transferencias de Utilidades, ascendió hasta los $ 430.000 millones.

Y en lo que va del año el Central ya lleva emitidos más de $1,5 billones para asistir al Tesoro, de los cuales casi el 90% ($1,33 billones) se giraron a partir de la declaración del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el 19 de marzo, según información de la propia entidad.

Puntualmente, en marzo se emitieron $205.000 millones; en abril $310.000 millones; en mayo $430.000 millones; en junio $200.000 millones y en julio $220.000 millones, sin incluir otras vías de impresión de dinero, como el pago de intereses de pasivos remunerados.

Por caso, en el último mes, las dos plantas impresoras del Central pusieron en circulación 50 millones de billetes de $1.000; dos millones de billetes de 500; 12 millones de billetes de $200 y $540 millones de billetes de $100.

La producción se lleva a cabo en las dos imprentas que posee Casa de Moneda y que trabajan las 24 horas del día, con turnos de ocho horas.

La estrategia de aperturas económicas escalonadas, más las medidas impositivas tomadas por la provincia y las políticas de reactivación y protección del trabajo de Nación, redujeron el impacto de la pandemia en los niveles de empleo en Entre Ríos que se encuentra entre las más estables del país.

 

De acuerdo a los datos elaborados por el Ministerio de Trabajo, y la cartera de Desarrollo Productivo de la Nación, Entre Ríos se ubica entre las provincias argentinas que menos caída del trabajo ha registrado en el país. La disminución del nivel de empleo en la provincia, de apenas del 0,5 por ciento, desde febrero, se encuentra en la media nacional.

Asimismo, el nivel de empleo ha registrado una caída del 19,2 por ciento en Canadá, del 13, por ciento en Estados Unidod, del 12,2 por ciento en Chile, y del 7,5 por ciento en Brasil. En Argentina esa caída fue apenas del 2,5 por ciento.

En ese marco, el ministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, destacó que “la flexibilización de las medidas de aislamiento, sumadas a las tomadas por el gobierno nacional entre las cuales se destacan la implementación de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), la prohibición de despidos y el Acuerdo para el sostenimiento del empleo y la actividad productiva, del que participaron la UIA-CGT y Gobierno, han repercutido positivamente en morigerar los efectos de la pandemia del Covid-19”.

“Estos fueron algunos de los factores para que en provincias como Entre Ríos, donde el registro de empleo prácticamente se mantuviera en los niveles de febrero de este año (-0,5%) e inclusive como es el caso del parque Industrial de Gualeguaychú, donde sucedió todo lo contrario, se crearon nuevos puestos de trabajo, gracias a la gran diversificación de rubros industriales con el que cuenta”, comentó Bahillo.

Asistencia del Estado

Desde el inicio de la pandemia, el Estado ha respondido con una serie de instrumentos de ayuda tanto a las personas como a las empresas. Dentro de las principales iniciativas, sobresalen las líneas de créditos al 24% (con 102.000 empresas beneficiarias por $410.000 millones) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que en sus primeras cuatro rondas beneficiaron al menos una vez a 338.000 firmas del sector privado (alrededor del 60% del total de las empresas empleadoras).

“En Entre Ríos, través del Programa de Apoyo al Trabajo y la Producción se financiaron los salarios complementarios de 6258 empresas entrerrianas y 44.586 trabajadores, significando sólo de abril a junio la suma de 1.761 millones de pesos y también ha venido disminuyendo”, informó el titular de la cartera productiva.

La dinámica productiva de gradual recuperación se ha traslucido en una caída sistemática tanto en la cantidad de empresas inscriptas a la ATP, como en la cantidad de empresas aprobadas y en el monto erogado en cada ronda. Esto se ha observado en todos los sectores de actividad, pero previsiblemente en los que mayor recuperación tuvieron en los últimos meses.

Respecto al empleo industrial,
Bahillo comentó sobre la información que fue difundida públicamente por el Banco Estadístico de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, en la que se evidencia «una recuperación del empleo en sectores puntuales como las empresas del sector químicos, que en 2018 habían tenido que reducir su planta laboral, generando conflictos gremiales”, recordó el Ministro.

El informe difundido por la entidad empresarial del sur entrerriano destaca el incremento de la demanda de productos de limpieza e higiene personal, como también sucedió en aquellas firmas que producen insumos para la industria farmacéuticas, que reforzaron el plantel laboral en los primeros meses de la pandemia.

Por otra parte, según el último informe del panorama económico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, donde se mide la evolución de los principales indicadores de la actividad productiva, el crecimiento ahora tiene algunas características diferentes al registrado en mayo y junio, donde las tasas mensuales de expansión habían sido muy altas producto de varios factores.

En primer lugar, el grueso de las aperturas se produjo en esos dos meses, lo cual implicó, en muchas empresas, pasar de no producir a retomar la actividad productiva y comercial. En segundo lugar, en una primera instancia las aperturas en sectores como el industrial fueron de la mano de recomposición de stocks, lo cual generó una mayor producción.

Los primeros datos productivos de agosto sugieren una nueva mejora en el nivel de actividad industrial, medida con base en el consumo de energía que releva CAMMESA, aceleró su crecimiento (+4,9% intermensual desestacionalizado) y cerró el mes en niveles similares a los pre pandemia.

Para finalizar, Bahillo reconoció que el gobierno provincial mantiene las gestiones permanentes con el gobierno nacional para sostener el apoyo a los sectores vinculados al turismo. “Esta actividad es la más resentida y depende fundamentalmente de la habilitación del transporte interjurisdiccionales”, indicó.

“En estos meses se ha realizado un intenso trabajo con todos los actores del sector, diseñando nuevas alternativas para cuando las condiciones permitan volver a la actividad”, finalizó el ministro de Producción de la provincia.

El toro Angus se llama Traqueto, fue el Gran Campeón Macho de la Expo Litoral y está valuado en $ 5,3 millones. El nivel resulta un valor histórico para lo que se puede pagar por un reproductor macho en esta raza.

El nivel resulta un valor histórico para lo que se puede pagar por un reproductor macho en esta raza.

En un remate realizado en la ciudad de Villaguay, se vendió el 50% de un toro colorado de la raza angus, el cual fue valuado en $ 5,3 millones.

La edición 23 de Litorangus dejó un precio que marcó records a nivel país. El primer toro Angus colorado de la cabaña Santa Lucía se pagó 2.650.000 pesos por parte de la empresa de genética Semex Argentina SA, en una subasta que partiendo de una pre oferta de 400 mil, se fue multiplicando con la intervención de numerosos oferentes hasta llegar a esta cifra.

El nivel resulta un valor histórico para lo que se puede pagar por un reproductor macho de este calibre en esta raza carnicera de origen británico.

Este ejemplar, llamado Traqueto, obtuvo el premio de Gran Campeón Macho de la Expo Litoral.

En reproductoras hembras un ejemplar del primer lote en pista alcanzó 1.250.000 siendo adquirido desde Colombia.

El titular de la Sociedad Rural Villaguay José Luis Beltrame reconoció la importancia de que esta entidad sea sede de un remate líder en el país, elogiando la genética que se vende y el valor de la carne argentina en el mundo.

El martillero Hernán Vassallo puso énfasis en que se trata de un productor argentino, radicado en el departamento, que invierte en forma permanente para lograr estos resultados. Por otra parte recordó que el precio obtenido es por una empresa que trabaja en genética y comercializa el semen que adquieren múltiples productores para sus rodeos, publica La Hora del Campo.

El Banco Central resolvió que los titulares de programas de ayuda por parte del Estado ya no tendrán acceso al dólar oficial. Incluye el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y a quienes tengan créditos hipotecarios y alquileres congelados.
Las nuevas medidas del Banco Central impiden el acceso al dólar a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otros planes sociales y a quienes tengan créditos hipotecarios y alquileres congelados. Así extiende a estos sectores la prohibición que ya regía para los que recibieron ayuda estatal durante la cuarentena, como los monotributistas que accedieron al crédito a tasa 0% por parte de la AFIP o a los directivos de empresas que entraron al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para que el Estado se haga cargo de hasta el 50% de los salarios privados.

La idea de impedir que los beneficiarios de planes sociales compren dólares venía siendo analizada dentro del Gobierno desde hace dos meses. Hace un mes el presidente Alberto Fernández habló públicamente del tema. «Mucha gente que recibe el IFE lo convierte en dólares, no para especular sino para que no se deteriore el ingreso», aseguró.

En agosto 5 millones de personas habrían comprado dólar ahorro y así se llevaron US$ 940 millones. Hay 9 millones de personas que cobran el IFE. Buena parte de ellos reciben el bono de $ 10.000 y compran dólares para luego venderlos en el mercado blue y hacer una diferencia de hasta $ 5.000, según las cotizaciones que regían antes de la entrada en vigencia del recargo del 35% sobre el dólar turista o solidario.
En este caso la operatoria requería de varios pasos: primero cobraban los $ 10.000, compraban US$ 95 en el banco a $ 9.785 (a una cotización de $ 103 con el impuesto PAIS incluido) y lo vendían en el mercado blue a $ 128, con lo que embolsan $ 12.160. Con ese dinero volvían al banco, compraban los otros US$ 105 que el cupo les permitía y los volvían a vender en el blue. Así hacían una diferencia de $ 5.000.

Ahora el Banco Central resolvió que ya no podrán usar el cupo de US$ 200 «los beneficiarios de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social». Para determinar esto, las entidades financieras deberán chequear con ANSES para ver si la persona recibe o no algún beneficio de este tipo.

Además, la autoridad monetaria estableció que para la apertura de nuevas cajas de ahorro en dólares, el banco deberá «obtener evidencia de que el cliente posee ingresos o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera».

Junto con esto el Central decidió que quienes tengan créditos hipotecarios con cuotas congeladas durante la cuarentena tampoco podrán comprar dólares en el mercado oficial. Y lo mismo ocurre para quienes tengan un crédito prendario que se actualiza por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y que también haya sido congelado.

Mientras se mantenga el congelamiento se mantendrá la prohibición de acceso al mercado.
En este rubro de congelamiento de cuotas por la cuarentena también entrarían quienes tienen frizados los alquileres, aunque en este caso resultará más complejo para los bancos poder determinar a quienes les cabe esta prohibición, ya que en general se trata de contratos entre privados. Así se desprende del punto 2 de la Comunicación 7106 del Banco Central, con fecha del 15 de septiembre, publica el diario Clarín.

El sindicato de Comercio avanzó con las cámaras empresarias del sector en un acuerdo que incluirá el pago de montos de entre 5.000 y 6.000 pesos de septiembre a diciembre. Hay un compromiso de reanudación de las negociaciones en enero.
La paritaria del rubro mercantil, la mayor del país con más de un millón de trabajadores alcanzados, quedó a un paso de resolverse con incrementos promedio equivalentes a 12%, a través de sumas fijas, un compromiso de reanudación de las negociaciones en enero y la confirmación de que habrá cinco meses de este año en los que no operó suba alguna.

El sindicato de Comercio avanzó con las cámaras empresarias del sector en un acuerdo que incluirá el pago de montos de entre 5.000 y 6.000 pesos de septiembre a diciembre, explicaron en ambas partes.

Descartado un entendimiento por el año de vigencia del convenio, el gremio que encabeza Armando Cavalieri les propuso a la Cámara de Comercio (CAC), presidida por Jorge Di Fiori, la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) un ajuste parcial por 2020: el esquema prevé la conversión a remunerativo para todos los efectos de $6.000 que comenzaron a pagarse este año ($4.000 que decretó el Gobierno para todos los trabajadores privados y 2 mil pesos de aumento desde abril por la revisión del acuerdo de 2019) y un aumento en valor fijo por el último cuatrimestre.

Se trata de una ingeniería similar a la que pactó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las cámaras empresarias de la actividad mediante un bono de $6.000 hasta fin de año.

En tanto que Comercio, una vez más al igual que la UOM, cerrará junto con la paritaria una extensión hasta fin de año del mecanismo de suspensiones masivas con reducción salarial del 25 por ciento (del neto) al amparo del artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo. En el caso del gremio mercantil las empresas contaban con una ventaja a pesar de no haberse prorrogado antes la vigencia del sistema de licenciamientos: el primer acuerdo les otorgó a las pyme con hasta 70 empleados el beneficio de un trámite exprés de homologación ante el Ministerio de Trabajo sin la participación del sindicato.

La firma del acuerdo marco estaba prevista para ayer pero hubo puntos de discordancia que la dejaron en suspenso. La estructura general, de todos modos, no está en discusión y garantizará la continuidad de un pago extraordinario a favor de la obra social mercantil (Osecac) equivalente a 100 pesos por cada afiliado que se descuenta en el recibo de sueldo, adicional a la retención porcentual mensual.

Según lo negociado hasta ahora el esquema prevé para el último cuatrimestre del año (el convenio 2019 venció en abril y desde entonces no hubo aumentos) el pago de entre 5.000 y 6 mil pesos mensuales. En el primer caso el ajuste para el sueldo promedio de la actividad, que oscila los 41 mil pesos, será de 12% y en el segundo, de 14 por ciento para lo que resta del año. En enero reanudará la discusión para establecer un eventual ajuste porcentual para los últimos tres meses de vigencia del convenio colectivo.
Fuente: Ámbito Financiero

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó la adhesión a la ampliación de la Moratoria 2020. Los detalles de la medida para regularizar deudas tributarias, aduaneras y previsionales en hasta 120 cuotas.
Pymes, comerciantes, profesionales, grandes empresas, monotributistas, autónomos, cooperativas y entidades sin fines de lucro podrán regularizar sus deudas tributarias, aduaneras y previsionales en hasta 120 cuotas.

Los contribuyentes tienen tiempo hasta el 31 de octubre para registrarse a través de afip.gob.ar.

«El objetivo de la ampliación de la moratoria es aliviar la situación de los contribuyentes. Es una herramienta más del Estado para amortiguar el daño, sostener los puestos de trabajo y encarar el proceso de recuperación después de la crisis a la que condujo el gobierno anterior y que profundizó la pandemia», expresó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

La Resolución General N°4816 publicada en el Boletín Oficial pone en marcha la Ley 27.562.

La iniciativa aprobada por el Congreso de la Nación extendió el alcance de la Moratoria 2020 para incluir a aquellas personas humanas y personas jurídicas que originalmente no habían sido contempladas a finales del año pasado.

La ampliación de la moratoria no solo extiende el universo de contribuyentes beneficiados sino que también contempla la posibilidad de regularizar deudas con la AFIP generadas durante la pandemia del Covid-19.

Para eso, permite la inclusión de obligaciones vencidas hasta el 31 de julio.

Las empresas e individuos que adhieran al plan de facilidades comenzarán a pagar la primera cuota el 16 de diciembre. La moratoria prevé beneficios para los contribuyentes cumplidores.

La Moratoria 2020 contempla plazos más extensos para que los pequeños contribuyentes regularicen sus obligaciones vencidas. Las empresas e individuos que cuenten con un Certificado Mipyme vigente al momento de adhesión podrán acceder a 120 cuotas para pagar sus deudas tributarias y aduaneras así como 60 cuotas para los aportes de la seguridad social.

El resto de los contribuyentes podrá ingresar sus deudas tributarias y aduaneras en planes de facilidades de hasta 96 cuotas y contará con plazos de hasta 48 meses para las obligaciones previsionales.

«La ampliación de la Moratoria 2020 forma parte del conjunto de medidas estatales que buscan amortiguar el impacto de la pandemia.

Políticas públicas para acompañar la producción y trabajo», expresó Marcó del Pont.

Principales características
-La iniciativa permite incluir deudas vencidas hasta el 31 de julio de 2020.

-Es posible adherirse hasta el 31 de octubre de 2020.

-La primera cuota vence el 16 de diciembre.

-Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que se adhieran pueden regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras.

-Los plazos son de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social.

-Hay una condonación parcial de intereses y total de multas.

– La tasa de interés fija del 2% mensual hasta mayo de 2021. A partir del mes siguiente se aplicará una tasa variable en pesos.

– Condiciones para las empresas de mayor tamaño. Durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

-Establece para un grupo de contribuyentes la obligación de repatriación de activos financieros situados en el exterior en un plazo de 60 días desde que se formaliza la adhesión.

Un 97% de las empresas nacionales está llevando a cabo la modalidad de teletrabajo, mientras un 34% ya definió que adoptará un formato mixto tras la pandemia, y solo 7% descartó hacerlo tras el fin de las restricciones sanitarias.
El sondeo elaborado por la consultora PwC Argentina consideró que «un número significativo de compañías fuera del sector industrial han demostrado que pueden trabajar desde su casa de manera efectiva».

Afirmó que «para que cumpla con su nuevo y más específico objetivo de permitir la colaboración y la construcción de vínculos a nivel comunidad, se avecina un estilo diferente de importante reestructuración».

El informe aseguró que, ante la pandemia, un 97% de las empresas nacionales está llevando a cabo la metodología de teletrabajo.

En ese sentido, de las firmas consultadas, «el 34% ya definió que adoptará un formato mixto tras la pandemia y sólo un 7% descarta hacerlo tras el fin de las restricciones sanitarias».

El análisis señaló que «los espacios reservados para el trabajo individual se reducirán significativamente y se transformarán en posiciones sin asignación particular a personas o puestos, con menos metros cuadrados por asiento que en la actualidad».

«Todos se benefician con el teletrabajo: los empleados evitan largos desplazamientos y pasan más tiempo con su familia y los empleadores tienen acceso al talento independientemente de dónde se encuentren geográficamente, mejoran su capacidad de recuperación a través de una fuerza laboral distribuida y reducen los gastos al optimizar el espacio inmobiliario ocupado», subrayó.

Destacó que «incluso es beneficioso para el medio ambiente gracias al menor tránsito diario de personas, menos viajes de negocios, calefacción y acondicionamiento del espacio de oficina».

Para Alejandro Rosa, socio de PwC Argentina de la práctica de Gobierno Corporativo, «si bien hay una cierta cantidad de empleados que prefieren el trabajo remoto al menos dos veces a la semana, también hay quienes necesitan socializar con los miembros del equipo y sentir que son parte de la organización».

Consideró que el «gran desafío» para los ejecutivos será «lograr un equilibrio evaluando de qué forma y con qué dinámica será la vuelta a la oficina, y al mismo tiempo continuar construyendo la cultura organizacional».

El Banco Central que preside Miguel Ángel Pesce decidió una batería de medidas tendientes a morigerar la sangría de dólares que venían sufriendo las reservas.El directorio dispuso que las empresas podrán acceder en el mercado único y libre de cambios al equivalente del 40% de sus obligaciones de deuda, las compras con tarjeta de crédito en el exterior se descontarán del cupo de 200 dólares mensuales del dólar ahorro y la AFIP establecerá una retención del 35% de impuesto a las Ganancias para la compra de dólar ahorro y las compras de tarjeta en el exterior.

El directorio del Central explicó en un comunicado que «tomó medidas para promover una más eficiente asignación de las divisas; evitar operaciones disruptivas de inversores no residentes sobre los mercados financieros; favorecer el desarrollo del mercado de capitales local; sentar los lineamientos para una renegociación de la deuda privada externa compatible con el normal funcionamiento del mercado de cambios, y priorizar a las pequeñas y medianas empresas en la asignación de créditos para la prefinanciación de exportaciones».

En las primeras 9 ruedas de septiembre las reservas cayeron u$s388 millones y en lo que va de 2020 acumulan una retracción de u$s2.327millones,advierte un informe de pxq; por su parte, las reservas netas del BCRA rondan los u$s 7.000 millones.

La entidad presidida por Miguel Pesce resolvió que el sector privadodeba refinanciar el 60% de sus deudas en divisas(por montos superiores al millón de dólares) a dos años de plazo. Asimismo, los gastos con tarjetas en el exterior se contabilizarán a cuenta del cupo de 200 dólares mensuales que tienen asignadas las personas humanas.

Otra decisión importante: se establecerá una retención del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre Bienes Personales para la compra de dólar ahorro y pago con tarjeta de crédito al exterior. De esta forma, el dólar ahorro y las divisas que se gasten con tarjeta, en la práctica, aumentan 35%. Así, el dólar turista que hoy cotizaba a $103 pasaría a costar $139.

En cuanto a la refinanciación de las deudas de las empresas, cabe señalar que se estima que, en los próximos seis meses, los vencimientos suman unos u$s3.300 millones. Esta circunstancia obligará a las empresas a extremar su capacidad negociadora para no caer en incumplimiento de pagos.

La medida esconde la intención que aquellas empresas que cuentan con reservas en divisas se vean obligados a utilizarlas. Las primeras reacciones de los directivos de las empresas no fueron favorables. Temen dificultades en sus relaciones tanto financieras como comerciales con el exterior.

Asimismo, los problemas también se extienden a las empresas vinculadas al Estado, por ejemplo, en el mercado se comentaba que ahora YPF se verá obligada a refinanciar sus pasivos.

De esta forma, las autoridades se inclinan por seguir restringiendo las “cantidades” en el mercado de cambios en lugar de ajustar por “precios”. Debe tenerse en cuenta que el tipo de cambio tiene una incidencia directa sobre los precios y particularmente sobre los valores de los alimentos. Al respecto, el proyecto de presupuesto para el año que viene prevé un crecimiento del dólar oficial de 25,8% contra un aumento proyectado de los precios de 29%, es decir 2,5% menos.

Por otra parte, el Central pone en marcha una estrategia de normalización financiera, que implicará la eliminación de la posibilidad de que los agentes financieros no residentes lleven adelante operaciones de liquidación de títulos valores contra moneda extranjera, a fin de regular la salida de divisas a través del mercado de capitales local. Es decir, que los no residentes no podrán operar el dólar Contado con Liquidación.

Fuente: Ámbito

Este jueves se abonará una cuota del aguinaldo y estará depositado el sueldo de una porción de empleados provinciales
Dando continuidad al cronograma de pagos de haberes y aguinaldo de empleados y jubilados provinciales, este jueves 10 se abonará la segunda cuota, a quienes perciben más de 50.000 pesos de aguinaldo.

Por otra parte, según se informó desde el Ministerio de Economía, el próximo sábado 12 se abonará el saldo correspondiente a activos y pasivos provinciales que perciben hasta 155.000 pesos.

Desde el gobierno provincial se reitera la necesidad de tomar las medidas de seguridad sanitaria en los cajeros automáticos, de acuerdo a las disposiciones vigentes en materia de prevención del coronavirus.

De acuerdo con la propuesta acordada con los acreedores los primeros pagos de la deuda serán el 9 de enero y el 9 de julio próximos, y los nuevos bonos de compensación por intereses devengados comenzarán a amortizar en enero de 2025.

Argentina consiguió una adhesión del 93,55% al canje de deuda emitido bajo legislación extranjera y así el porcentaje de reestructuración se eleva al 99% por activación de cláusulas de acción colectiva, anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán. Así, el país logra salir de un nuevo default.

Guzmán hizo el anuncio en un acto realizado en el Museo del Bicentenario encabezado por el presidente Alberto Fernández y en el que también participaron la vicepresidenta Cristina Kirchner, gobernadores -algunos por videoconferencia- y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

«Ahora vienen otros desafíos, el primero, reactivar el mercado interno», dijo el presidente Fernández.
Guzmán destacó que «en los últimos días se trabajó en una oferta, que tuvo una aceptación masiva por parte de los acreedores, fruto del proceso de diálogo. Hoy el 99% de la deuda pública en moneda extranjera ya ha quedado reestructurada. Esto pone a la Argentina en una situación más sana y sólida en comparación con aquella que enfrentaba el 10 de diciembre de 2019». .

Este canje comprende a 29 bonos emitidos por un total de u$s 66.137 millones y permitirá al país tener un alivio financiero en la próxima década de u$s 37.700 millones y la tasa de interés promedio baja del 7% al 3.07%.

El Gobierno necesitaba conseguir un elevado nivel de aceptación para que se activen las denominadas cláusulas de acción colectiva, para evitar demandas judiciales como las realizadas por los fondos buitre.

Este mismo viernes 4 de septiembre quienes hayan ingresado a la operación tendrán en sus cuentas los nuevos títulos, con menores intereses y vencimientos más largos.

En el discurso, Guzmán puntualizó que esta operación «da un horizonte financiero diferente para implementar políticas públicas en pos de recuperar la economía».

«Si Argentina hubiese tenido que enfrentar esta carga de deuda, la consecuencia que hubiese tenido para las políticas públicas hubiese sido devastadora para cualquier proceso de desarrollo», advirtió.

Agregó que «implicaba más ajuste en un momento de recesión, que era el camino que se había seguido durante los dos años previos y eso era una situación peor para la gente».

Indicó que también era importante para lograr la «estabilidad cambiaria» y señaló que a las empresas le genera «condiciones de financiamiento distinta y así haya más posibilidades de crédito».

El ministro informó por otra parte que el 15 de septiembre el Gobierno enviará al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto, que según adelantó tendrá una proyección de déficit fiscal primario del 4,5% del PBI.

«Ese presupuesto va a mostrar la visión de que en un contexto de una recesión tan profunda el Estado va a jugar un rol decisivo en política públicas para la recuperación», remarcó.
«El 10 de diciembre, cuando asumimos, nos pusimos como objetivo tranquilizar a la economía argentina y poder instaurar condiciones para el crecimiento y poner al país de pie», subrayó el titular del Palacio de Hacienda.

Afirmó que «la situación era crítica, porque desde 2016 se inició un período de endeudamiento y el país terminó atrapado en una crisis profunda de deuda».

«Era indispensable quitarse esa carga y por eso desde el día uno iniciamos un proceso de reestructurar para generar condiciones para los demás objetivos del desarrollo», aseguró.

Dijo que la Argentina estaba en «default virtual» y agradeció el rol del Congreso que brindó el apoyo al proceso de reestructuración.

PUNTOS PRINCIPALES DE LA REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA
Guzmán, detalló los principales conceptos de la reestructuración de la deuda pública bajo ley extranjera.

– El 99% de deuda bajo ley extranjera ya ha quedado reestructurada porque la adhesión al canje fue de 93,5% y se alcanzaron los porcentaje que exigían las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC).

– En los próximos diez años los pagos de la deuda disminuyen en u$s 37.700 millones y la tasa de interés promedio baja del 7% al 3.07%.

– Esa disminución de compromisos de pago «nos da un horizonte financiero diferente para implementar políticas públicas en pos de recuperar la economía y establecerla en un sendero de desarrollo inclusivo y sostenido», dijo el ministro. .

– «Generar alivio al sector público era fundamental par a que pueda llevar adelante las políticas públicas que argentina necesita para desarrollarse», agregó Guzmán.

– «Ya hemos iniciado las conversaciones formales con el FMI».

– El proyecto de ley de Presupuesto, tiene como meta fiscal un déficit primario de alrededor de 4,5% del PBI.

De acuerdo con la propuesta acordada con los acreedores los primeros pagos de la deuda serán el 9 de enero y el 9 de julio próximos, y los nuevos bonos de compensación por intereses devengados comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.

Los nuevos bonos 2030 en dólares y en Euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, y los nuevos bonos 2038 en dólares y en Euros a ser emitidos como contraprestación por los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizar en Julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.

 

El Gobierno oficializó hoy la suspensión por 45 días corridos de la deuda que varias provincias mantenían con la ANSeS, por más de 100 mil millones de pesos, en el marco de la emergencia sanitaria.

El Gobierno nacional oficializó suspensión del cobro de deudas que varias provincias mantenían con la ANSeS. La medida alcanza a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La prórroga se contará a partir de la fecha de vencimiento del pago del capital de los préstamos por los desembolsos de 2016, conforme los Acuerdos Nación-Provincias, ratificados por la Ley N° 27.260, de acuerdo con el texto oficial.

-Tasa de interés: desde la fecha de vencimiento original y hasta el final del plazo de prórroga, se devengarán intereses a una tasa de interés variable nominal anual equivalente a la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días, Badlar Bancos Privados.
– Cálculo de intereses: los intereses serán calculados sobre la base de los días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que tiene el año.
– Fecha de pago de intereses: los intereses se cancelarán íntegramente al final del plazo de prórroga.
– Amortización: íntegra al vencimiento.

Además, la ANSeS dispuso que a efectos de garantizar la amortización del capital prorrogado y los intereses, la jurisdicción cederá en garantía las sumas que le corresponda percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Según la Casa Rosada, ceder coparticipación en garantía «reduce sustancialmente su riesgo con respecto a emisiones provinciales de corto plazo, que en su mayoría no cuentan con una garantía de afectación específica, por lo que la propuesta realizada por las provincias se considera razonable».

Además, para el Poder Ejecutivo esta decisión permitirá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires «puedan afrontar sus gastos, con mayores recursos, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenido, equilibrado y homogéneo de las economías locales».

«La prórroga que se otorga resulta necesaria para permitir al Congreso de la Nación debatir y aprobar los términos de la refinanciación de las deudas, haciendo sustentable y sostenible el pago de las mismas», indicó la resolución.

 

Para los analistas, no tendrá tanto impacto en el Índice de Precios al Consumidor de agosto, pero sí lo impulsará en el futuro cercano por los efectos de «segunda ronda» en otras actividades vinculadas a la comercialización y la producción.

La suba en el precio de los combustibles no tendrá un impacto directo muy marcado en la inflación de agosto, aunque sí evidenciará mayores consecuencias de «segunda ronda» vinculadas a las actividades de producción y comercialización, «que también conforman el precio de los productos». En ese aspecto coincidieron los economistas consultados, quienes señalaron que el incremento en los surtidores podría traducirse en un salto del 0,2% para el IPC entre agosto y septiembre, pero que «podría aportar entre medio y un punto» en los próximos meses.

«El impacto de la suba de los combustibles en la inflación es en torno al 0,2%, pero al entrar a mitad del mes, en agosto se reflejará un 0,1% y el otro 0,1% se verá en septiembre. Es un impacto chico, pero es el corrimiento de un precio regulado que no se modificaba desde diciembre», señaló a Ámbito Financiero Juan Ignacio Paolicchi, de la consultora Eco Go, quien remarcó: «Es un impacto sobre la ecuación de precios de un montón de firmas que van a tener que planificar con este nuevo valor de los combustibles. El impacto probablemente se empiece a incorporar en los precios de las empresas en las próximas semanas y se termine reflejando más significativamente en septiembre que en agosto».

«Hay un efecto que es directo, que es cuánto influye el componente de naftas en el índice, que es aproximadamente el 2% del IPC. Con lo cual, con un aumento del 4,5% en los combustibles sobre el 2%, la influencia directa no es muy sensible. Puede aportar una décima de punto de forma directa sobre el IPC», analizó por su parte el economista Sergio Chouza, quien remarcó: «El mayor impacto lo dan todos los efectos de segunda ronda, vinculados a las actividades de producción y comercialización, que a su vez conforman el precio de los productos, que usan algún componente de combustible. Mayormente vinculado al transporte de bienes o a la comercialización de servicios. Entonces, uno tiende a pensar a groso modo que una vez que termine de darse toda la secuencialidad del traslado de ese aumento en los costos al consumidor final, debería aportar entre medio punto y un punto (considerando todos los efectos) al IPC». En ese sentido, Chouza sostuvo: «No se va a ver todo el impacto en el mes de agosto, se va a ir distribuyendo entre agosto, septiembre y tal vez incluso para los siguientes meses. El impacto sobre agosto va a ser muy reducido, debería ser entre 0,2% y 0,4%».

Para Juan Pablo Di Iorio, de la consultora ACM, la suba en los combustibles «seguramente impacte con mayor fuerza en los precios mayoristas de agosto y no tanto al IPC». «Producto de que el primero es más susceptible y reacciona con mayor rapidez a shocks de este tipo, tanto por la ponderación del combustible en el mismo como su impacto como insumo en los precios mayoristas», sostuvo Di Iorio, y subrayó: «En cuanto al IPC, probablemente tenga un efecto más prolongado en el tiempo y más secuencial. Más aun cuando el transporte, por ejemplo, sigue bajo las restricciones asociadas a la cuarentena». En ese sentido, aclaró, podría empujar en el futuro a otros rubros, pero «va a estar determinado por la vuelta a las actividades». El encarecimiento en el transporte es una de las consecuencias que señalaron los analistas como posible vía de aceleración para la inflación. En ese marco, desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) sostuvieron que la suba de los combustibles «impacta fuertemente en el costo y en las tarifas» del sector. «Hay que tener en cuenta que el transporte de cargas no es formador de precios y, como cualquier actividad de servicios, tiene que trasladar sus aumentos de costos a las tarifas», remarcó la entidad, que proyectó que por la suba de combustibles, el costo del transporte se encarecerá un 1,5% en agosto y «alcanzará un piso del 15% en los primeros ocho meses del año».

Aceleración
Más allá de que el impacto de la suba de los combustibles no se reflejará de manera directa en la inflación de agosto, las estimaciones privadas ya prevén una aceleración en la suba del IPC para este mes. Así es que el índice para el Gran Buenos Aires que releva Ecolatina estima un incremento del 2,9%, explicado por los incrementos en «alimentos y bebidas (el capítulo avanzó 3,5% entre la primera quincena de julio y el mismo periodo de agosto), alquileres y bienes para el hogar». El dato es similar al estimado por la consultora ACM, que prevé un incremento del 2,8% en el IPC para este mes.

Fuente: Ámbito Financiero

 

El Gobierno provincial dispensó de la asistencia al trabajo a los factores de riesgo. Además, estableció una serie de aumentos de adicionales y bonificaciones. Detalles en esta nota.

A través del Decreto Nº 1275, el gobernador Gustavo Bordet dispensó desde el 17 y hasta el 30 de agosto inclusive de la asistencia a sus lugares de trabajo en la Administración Pública Provincial Centralizada a las personas de 60 o más años y a los que poseen factores de riesgo.

La medida rige en todos los departamentos de la provincia; y quedan exceptuados el personal declarado esencial o los afectados a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables. La dispensa concedida se computará como tiempo de servicio.

De esta manera, la percepción de haberes será integra y se establece que los responsables de cada jurisdicción deben determinar las condiciones y pautas para la realización de tareas habituales o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota. Asimismo,  se estableció un aumento del Adicional por Riesgo para los agentes que se encuentren al frente de la atención sanitaria, y se incrementaron las Becas de Residentes en Salud.

Además, se dispuso para el personal activo de la Policía de la provincia afectado a atender el aislamiento social, preventivo y obligatorio, incluyendo al personal de la Dirección General del Servicio Penitenciario con desempeño de funciones en los establecimientos carcelarios de la provincia, una bonificación de carácter excepcional, en consideración a la exposición al riesgo de contagio.

También, otorgó una bonificación para el personal de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social; al personal con prestación de servicios en los Hogares dedicados al cuidado y protección de mujeres en situación de violencia y de adultos mayores incluyendo además al personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia con desempeño de funciones en las residencias de su dependencia y guardias de Coordinaciones Departamentales con prestación de servicios presencial e ininterrumpida.

Distanciamiento social, preventivo y obligatorio

La norma toma como referencia el DNU 677/20 del Poder Ejecutivo Nacional, que determina un nuevo marco normativo para las zonas donde regirá el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

De acuerdo al artículo 3 de ese decreto de necesidad y urgencia, la totalidad de los departamentos de la provincia de Entre Ríos se encuentran comprendidos en las medidas de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En ese marco, desde el gobierno provincial se adoptaron y articularon diversas medidas urgentes y coordinadas, para afrontar y mitigar la propagación del virus.

Profundización de las tareas de asistencia

A nivel provincial los servicios del primer y segundo nivel de atención del Ministerio de Salud, han profundizado sus tareas de asistencia, monitoreo y contención de la población más vulnerable en el contexto de la pandemia por Coronavirus, implementando una estrategia de protección de la población de riesgo mediante un abordaje coordinado entre los 195 efectores de la red pública, incluidos hospitales de baja complejidad y centros de salud, que han reforzado sus tareas de nominalización y geolocalización de la población a cargo.

De este modo, se alcanzó a 100.000 personas de riesgo sin cobertura de obra social, posibilitando además el registro de prestaciones y la promoción del autocuidado.

Circulación comunitaria en Paraná

Particularmente, en la ciudad de Paraná ha habido un incremento de casos positivos de Covid -19, por lo que la autoridad Sanitaria la ha encuadrado como transmisión comunitaria sostenida.

Esta situación es encarada por profesionales de centros de atención primaria de salud quienes participan activamente en operativos sanitarios en barrios de la ciudad mediante la ejecución del Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina (plan Detectar).

En ese marco, se visitaron más de 2.300 domicilios con intervención del Programa Agentes Sanitarios y personal de los Centros de Atención Primaria de la Salud, con el fin de cortar la cadena de contagios que se pueda presentar y evitar posibles brotes y mayores controles en espacios públicos, entre otras medidas.

Por último, y a fin de minimizar la circulación del virus SARS-CoV-2, se dispensó de la asistencia a sus lugares de trabajo al personal con prestación de servicios en la Administración Pública Central de la ciudad de Paraná con excepción del personal crítico y/o esencial, medida que continúa en vigencia.

 

 

Es para permitir que la producción de la provincia pueda seguir exportándose, ante nuevos requisitos de la Unión Europea por la detección de mancha negra.

El ministro de Producción, Juan José Bahillo, se comunicó con su par de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, y propuso que se realicen las gestiones necesarias para regionalizar la exportación de cítricos, teniendo en cuenta que las frutas del NEA no presentaron ninguna detección de mancha negra.

Bahillo lamentó la decisión de la Unión Europea, “que desoyó la solicitud hecha por la Cancillería Argentina para que se aplique el concepto de regionalización, que resultaría procedente, y excluir de la restricción a los cítricos dulces producidos y exportados desde el NEA, que no han tenido ninguna reclamo de la autoridad sanitaria comunitaria. Es un principio que rige nuestra relación comercial bilateral de alimentos”, afirmó el titular de la cartera productiva.

La decisión adoptada en forma unilateral por la Unión Europea de no permitir el ingreso de cítricos argentinos, se fundamenta por la detección de unas partidas de naranjas y limones, provenientes de Jujuy, Salta y Tucumán, con rastros de lo que se denomina “mancha negra”, una enfermedad que afecta la calidad externa de los cítricos. Esta afección en la fruta puede permanecer latente por un largo tiempo hasta que se presenten los primeros síntomas inclusive después de la cosecha.

En este marco, la medida que regirá desde este domingo y hasta abril de 2021, afecta significativamente al sector citrícola entrerriano, no sólo porque es una provincia que se posiciona en los principales puestos de producción nacional, sino además, porque esta prohibición se da justo para uno de los principales mercados donde se destina la fruta y en plena temporada alta de exportación.

Según señaló el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Lucio Amavet, “Entre Ríos, exporta el 80 por ciento de su producción a la Unión Europea: unas 40.000 toneladas de cítricos dulces; y hasta el momento sólo había partido el 20 por ciento de ese total. De esta manera, si la cotización actual ronda los 800 dólares la tonelada; las pérdidas para la citricultura entrerriana alcanzarían a unos 30 millones de dólares aproximadamente”.

Y agregó: “se están gestionando diversas acciones para dar solución a esta problemática, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Senasa -órgano de control fitosanitario-; y de Cancillería; para realizar las gestiones necesarias de los agregados agrícolas argentinos en la Unión Europea e intentar buscar una solución”.

Mancha negra: caracterización

También conocida como moteado negro o “black spot”, es una enfermedad que ocasiona daño económico a la producción citrícola, al afectar la calidad externa de los frutos. En ataques severos también afecta los rendimientos, al provocar caída prematura de la fruta.

Se la conoce en el NOA desde hace años, causando daños en pomelos y naranjas en Salta y Jujuy y últimamente en limones en Tucumán.

Los síntomas observados en frutos de la zona, tanto de limoneros como de naranjos y mandarinos, coinciden con los descritos como típicos para esta enfermedad. Se caracteriza por diferentes tipos de manchas, lo que dificulta a veces su diagnóstico.

El limonero es considerado como la especie más susceptible y una importante fuente de inóculo, en las distintas áreas citrícolas del mundo donde la mancha negra está presente. También causa importantes daños en naranjas tardías como la Valencia Late y en pomelos. Hasta el presente, una vez establecida la enfermedad en un lote, la única forma de control es mediante tratamientos químicos, basados en el uso de fungicidas de acción preventiva y/o curativa.