De acuerdo a lo informado este jueves por el INDEC, el superávit comercial de Argentina en mayo creció hasta los u$s1.893 millones, producto de un derrumbe de las importaciones, que superó a la también importante caída de las exportaciones.

El mes estuvo marcado, nuevamente, por un desplome en el intercambio con los principales socios comerciales a raíz de la crisis del coronavirus. Las exportaciones de vino alcanzaron casi 180 millones de litros entre enero y mayo.
El sostenido declive en la actividad económica a nivel local, que ya arrastra más de dos años, fue agravado por la pandemia. En ese contexto, las importaciones de desplomaron un 31,8% respecto a mayo de 2019. Las compras de bienes intermedios, el principal componente de las importaciones, mostraron una reducción del 15,7%, superior al 14,2% exhibido en abril.
También se destacó la caída en las adquisiciones de bienes de capital, y sus piezas y accesorios, que cayeron hasta un 48,6%.
En el mismo sentido, la importación de combustibles de desplomó casi un 60% y la de automóviles se redujo un 76%. En la segmentación por productos, las mayores bajas correspondieron a vehículos terrestres, sus partes y accesorios (-u$s314 millones); máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes (-u$s302 millones) y combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (-u$s233 millones).

Por el lado de las exportaciones, se registró una contracción interanual del 16,3%, dentro de la cual resaltaron las pérdidas en manufacturas y combustibles.
Las mayores caídas se observaron en las ventas de vehículos para transporte de mercancías (-u$s222 millones); biodiésel y sus mezclas (-u$s148 millones) y trigo y morcajo (-u$s64 millones).
Por el contrario, se verificó un crecimiento del 8,3% en las exportaciones de productos primarios, traccionado por los envíos de porotos de soja (u$s118 millones), otros maníes crudos (u$s60 millones) y aceite de soja (u$s56 millones).
En cuanto al vínculo con los principales socios comerciales del país, se repitió el comportamiento exhibido el mes previo. Las exportaciones a países asiáticos, con China a la cabeza, se incrementaron entre un 15% y un 25%, a la vez que las ventas a Estados Unidos se derrumbaron un 54,6% y los envíos a Brasil cayeron un 52,6%. Mientras tanto, las importaciones desde Brasil, China y EEUU continuaron con bajas de hasta 49%

 

 La estrategia de negociación que el gobierno nacional lleva adelante con los bonistas es o debería ser seguida con atención por los gobiernos locales. Es que Entre Ríos tiene un bono por el valor nominal de 500 millones de dólares, deuda que fue emitida en 2017 durante el primer mandato de Gustavo Bordet.

 

En ese momento, significó un ordenamiento de la deuda, puesto que se venía de emisiones a corto plazo durante la gestión de Sergio Urribarri. Este bono fue emitido en dos series, una por 350 millones de dólares y otra por 150 millones. En los dos casos, los cupones vencen en febrero y en agosto y pagan un interés del 8,75%. En tanto, los vencimientos de capital están previstos para 2023, 2024 y 2025.

El periodista Exequiel Fresler publicó un detallado informe de la deuda que tienen los municipios, quienes pudieron acceder a esa herramienta financiera luego de que la Legislatura se lo permitiera. Fue la moneda de cambio de la oposición a cambio de aprobar el endeudamiento de Bordet. Del total, un 16 por ciento podía ir para las comunas.

La deuda se tomó en 2017 y los primeros desembolsos fueron en 2018 a un valor (en promedio) de 20 pesos; mientras que el último pago fue en febrero pasado, ya a un valor de 70 pesos más los impuestos.

La deuda, municipio por municipio

Son 17 los municipios que optaron por tomar deuda en aquel 2017.

– Sergio Varisco, de Paraná, tomó una suma de U$D 7.345.306,00.

– Lo sigue Concordia. Enrique Cresto solicitó U$D 4.556.117,00.

– Chajarí, con Pedro Galimberti (Cambiemos), lo hizo por U$D 1.246.200,00.

– En Victoria el intendente Domingo Maicco (Cambiemos), como Galimberti fue reelecto, contrajo compromiso por U$D 1.092.074,00.

– La ciudad de Federación en 2017 gobernada por Carlos Cecco (Cambiemos) tomó deuda por U$D 870.000,00. Hoy el intendente es el peronista Ricardo Bravo.

– Crespo, gobernada entonces por el reelecto Dario Schneider (Cambiemos), se endeudó por U$D 834.883,20.

– Santa Elena se comprometió por U$D 582.240,00. La ciudad de las costa del Paraná estaba gobernada por Silvio Moreyra y volvió a manos de Domingo Daniel Rossi.

– Por U$D 498.770,00 se endeudó La Paz. Gobernada por el reelecto Bruno Sarubi (Cambiemos).

– U$D 483.854,00 fue la deuda que tomó el intendente reelecto de General Ramírez José Vergara (Cambiemos).

– El hoy diputado provincial Uriel Brupbacher (Cambiemos) le dio el mando de Viale a Carlos Weiss (Cambiemos). Además del mando, dejó un compromiso por U$D 469.066,00.

– U$D 436.000,00 es el endeudamiento al que accedió Bovril. En esta ciudad también hubo cambio de mando aunque no de espacio político, Alfredo Blochinger (Cambiemos) le dio el lugar a Victor Valenzuela.

– En San Benito, Exequiel Donda (Cambiemos) tomo deuda por U$D 435.614,00.

– U$D 350.000,00 es el monto que requirió el reelecto Rafael Cavagna (Cambiemos) para Nogoyá.

– Carlos Lencina (Cambiemos), intendente de Hernandarias, se endeudó por U$D 346.901,00.

– En Pronunciamiento Ricardo Sandoval (Cambiemos) se endeudó por U$D 247.368,00.

– Alcaráz tomó deuda por U$D 230.000,00. Dario Pfenning (Cambiemos) se endeudó y hoy sigue a cargo del municipio.

– Por último, Piedras Blancas se endeudó por U$D 161.000,00. Julio Weisheim (Cambiemos) le pasó el mando a Jorge Mesquida (PJ).

Estas 17 ciudades tomaron deuda por un total de U$S 20.185.838,20.

La particularidad de Gualeguaychú

El intendente Martín Piaggio, en aquel momento, fue uno de las pocas gestiones municipales que decidió no tomar deuda en la divisa norteamericana.

Además, tampoco lo hicieron Concepción del Uruguay, en la gestión de José Eduardo Lauritto, ni Gualeguay, bajo la administración de Federico Bogdan.

 

Por otros 180 días, las empresas no pueden cortar los servicios de gas, luz, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, en caso de acumular deudas.

El Gobierno volvió a prorrogar hasta fin de año la prohibición para las empresas de cortar servicios por falta de pago, en el marco de la extensión del plazo del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para contener la pandemia de coronavirus Covid-19.

La medida implica la prohibición de cortar el suministro de gas, luz, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable.

De acuerdo con el texto publicado en el Boletín Oficial, “las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta SEIS (6) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso”.

El decreto también prorrogó por 180 días la facultad del Poder Ejecutivo de mantener las actuales tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de negociación para actualizar sus precios.

 

«Exigimos que se garantice al principio de legalidad para el desarrollo de las actuales y futuras inversiones, proporcionando confianza y reglas claras», manifestaron desde la UIER.

La Unión Industrial de Entre Ríos -UIER- se manifestó en contra de la intervención y expropiación del Grupo Vicentín. En un comunicado, manifestó su «profunda preocupación por la exposición en que se coloca a la Seguridad Jurídica en nuestro país», y aseguró que «lo actuado genera numerosas dudas sobre el futuro de las operaciones empresarias, lo cual debilita una vez más la calidad institucional».
«Entendemos que como generadores de empleo y tomadores de riesgos exigimos que se garantice al principio de legalidad para el desarrollo de las actuales y futuras inversiones, proporcionando confianza y reglas claras para todos», manifestaron los industriales.

Al respecto, señalaron que «los sectores productivos como la ciudadanía en general necesitan que los tres poderes del Estado, con responsabilidad, reafirmen su función como lo establece la Constitución de la Nación Argentina, no atribuyéndose nuevos superpoderes, que la historia nos demuestra el impacto negativo que ha generado la desestabilización al principio republicano».

Además, alertan que «en la actual coyuntura económica, con sucesivos meses de recesión y tras profundas devaluaciones en los últimos años, sin dudas el sector empresario se ha debilitado, contrayendo deuda en dólares con graves complicaciones para afrontarlas».

Por ello, finalmente concluyen: «Desde la UIER, coincidiendo con los términos expresados por la Unión Industrial de Córdoba, solicitamos que sean los canales habituales y previstos en la normativa los que se utilicen para remediar cualquier situación de quebranto que pudiera ocurrir ahora o en el futuro, brindando tranquilidad y seguridad a los hombres y mujeres que apuestan diariamente a la sustentabilidad de las empresas, manteniendo y generando puestos de trabajo genuinos».

 

Bordet firmó un convenio con Cafiero. El dinero se usará para salarios, pago a proveedores y obra pública.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el gobernador Gustavo Bordet firmaron este martes por la tarde un acuerdo de auxilio económico para Entre Ríos, en el marco del denominado Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que prevé una ayuda de 120.000 millones de pesos a las provincias para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

La reunión se realizó en el despacho de Cafiero, que estuvo acompañado por los ministros, del Interior Eduardo «Wado» de Pedro, y de Economía Martín Guzmán; y los secretarios, de Hacienda Raúl Rigo, y de las Provincias Silvia Batakis, se informó desde Casa Rosada.

Cafiero destacó el trabajo conjunto que se realiza con las provincias para hacer frente a la difícil situación que está atravesando el país, y remarcó la importancia que este trabajo se haga “a través de una política pública que permita ampliar las actividades productivas e industriales”.

Tras firmar el acta, que otorga a la provincia 3.500 millones de pesos, el gobernador entrerriano resaltó que “este acuerdo va a posibilitar que se cumplan obligaciones que tienen que ver con pagos inmediatos de haberes, pero también con poner al día proveedores, lo que posibilita retomar el ritmo de obra pública y, por supuesto, atender en el pandemia a nuestro sistema sanitario con más y mejores recursos”.

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó el acompañamiento del Estado a las provincias en el marco de la pandemia y aseguró que “se analizan las necesidades financieras específicas de cada provincia con foco en las economías regionales”.

“Es esencial seguir trabajando de forma articulada con las provincias para sentar las bases de un desarrollo sostenible, equitativo y federal”, agregó.

El Programa para la Emergencia Financiera Provincial se creó a través del Decreto 352/2020, y consta de 120 mil millones de pesos para destinar a las provincias, 60 mil millones a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) canalizados por el Ministerio del Interior, y los 60 mil millones restantes por el Fondo Fiduciario, mediante el Ministerio de Economía. Son préstamos en 36 cuotas para las provincias, que se empiezan a pagar en enero de 2021.

Luego de destacar el valor del convenio para “hacerle frente a los compromisos que tiene la provincia”, el gobernador de Entre Ríos hizo referencia al proceso de reestructuración de la deuda que lleva adelante el ministro Guzmán.

“Es importante para el país y para nuestras provincias encontrar un acuerdo con los acreedores, pero siempre en base a la recuperación de un modelo productivo que nos permita hacer frente a los compromisos que tomemos”.

El convenio firmado, perteneciente al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, se distribuye en un 40 por ciento, en base al índice de población con Necesidades Básicas Insatisfechas y de cuentapropistas -respecto de ocupados totales-, elaborados por el INDEC y de las personas contagiadas por Covid-19 cada 100 mil habitantes que publica el Ministerio de Salud.

Por otra parte, financia en un 60 por ciento los requerimientos de aquellas provincias que presenten necesidades financieras sin fuentes de financiamiento alternativas.

En la víspera, Cafiero suscribió un convenio similar con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y la semana pasada con los mandatarios de Chubut, Mariano Arcioni, y de Tucumán, Juan Manzur, de 120 mil millones cada uno.

 

Un informe de la Fundación Mediterránea advierte un repunte de las compras chinas en el último trimestre. Los envíos a ese destino de cortes bovinos podrían superar el récord de 2019.

Los primeros casos del nuevo coronavirus aparecieron en la provincia China de Wuhan a principios de año y, por ello, esa nación fue la primera en aplicar una cuarentena estricta para evitar una propagación de la enfermedad.

Esta situación derivó en una fuerte caída de su economía y, entre otros aspectos, de su demanda de carnes, que había crecido a pasos agigantados en 2019 como consecuencia de la peste porcina africana que diezmó su stock de cerdos.

Ya con el aislamiento terminado y con la peor etapa del Covid-19 transcurrida, la economía del gigante asiático comenzó a recuperarse y eso se observa, por ejemplo, en sus importaciones de carnes.

Según un informe elaborado por los economistas Juan Manuel Garzón y Nicolás Torre del Ieral de la Fundación Mediterránea, en base a datos de la Aduana China, la nación oriental importó 705 mil toneladas de carnes rojas en abril (bovina, porcina, aviar y ovina), lo que significa el segundo guarismo más alto de la historia, solo por detrás de febrero pasado que había sumado 766 mil y de esta manera lo describe la publicación de AGROVOZ.

Las cifras correspondientes a los últimos tres meses (febrero a abril) muestran que las compras de carne bovina se ubicaron en 530 mil toneladas peso producto, un valor similar al de fines del año pasado; las de aviar alcanzaron un récord de 325 mil toneladas; y las porcinas también llegaron a un máximo histórico de 1,05 millones de toneladas, muy por encima de las 677 mil del último trimestre de 2019.

Bajo este panorama, el gigante asiático finalizaría el año con un aumento del 28 por ciento en las importaciones de carne bovina, hasta alcanzar 2,1 millones de toneladas; mientras que las compras de aviar y porcina podrían ubicarse en 1,3 millones y 4,2 millones de toneladas, lo que significa un salto interanual del 67 por ciento y 110 por ciento, respectivamente.

Oportunidad para Argentina

De acuerdo con los datos recogidos por Garzón y Torre, Argentina colocó 120 mil toneladas peso producto de carne bovina en el período analizado, un número similar al de fines del año pasado (112 mil toneladas) y muy superior a las del mismo período de un año atrás (69 mil).

«De mantenerse en este andarivel de 120 mil toneladas por trimestre, las importaciones chinas de carne Argentina podrían llegar a 480 mil toneladas al cabo del año, creciendo un 28 por ciento respecto al nivel de 2019 (375 mil toneladas)», calculan Garzón y Torre.

Esto significaría un nuevo récord de envíos al gigante asiático, ya que los de 2019 fueron los mayores de la historia.

La relevancia de Argentina en el mercado chino se comprueba es que su segundo proveedor de carne bovina, acaparando el 23 por ciento de las compras. Solo la supera Brasil, con el 37 por ciento.

Otras carnes

En lo que respecta a carne aviar, Argentina colocó 27 mil toneladas entre febrero y abril, una cifra levemente mayor a la que se venía observando hacia fines del 2019 (23 mil toneladas) y bastante por encima de las del mismo período del año pasado (18 mil toneladas).

En carne porcina, los envíos se ubicaron en 2.200 toneladas, más del doble que las 900 de los últimos meses del ejercicio anterior. los valores de fines del año pasado (0,9 mil toneladas).

En el caso de la carne aviar, Argentina tuvo el ocho por ciento del mercado chino entre febrero y abril, una participación menor a la que mostraba hacia fines del año pasado (11 por ciento).

«Hay que esperar un par de meses más para ver si la pérdida de mercado obedece a problemas de producción, logística u otros asociados a la Pandemia, o si en definitiva el país está siendo desplazado, lentamente, por otros proveedores globales», aclaran Garzón y Torre.

Finalmente, en el mercado de la carne porcina, la participación de Argentina es muy baja, de solo el 0,2 por ciento: solo colocó 2.200 toneladas sobre un total importado por China de 1,05 millones.

Brasil en este producto saca una gran ventaja: exportó 103 mil toneladas y se quedó con casi el 10 por ciento del share.

Las empresas que requieran ayuda estatal para el pago de salarios y el diferimiento de las contribuciones patronales de mayo deben tramitarlo incluso si ya participaron del programa en abril.

Termina este martes el plazo de inscripción en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción -ATP- para los empleadores que requieran la asistencia estatal para el pago de contribuciones patronales y salarios de mayo.
El requisito de inscripción incluye también a las empresas que ya realizaron el procedimiento el mes pasado.

La Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- precisó que las firmas deberán ingresar nuevamente con clave fiscal en el sitio web del organismo y completar los datos de sus empleados.

El procedimiento implica informar a la AFIP una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para cada uno de sus trabajadores a través del servicio web “Simplificación Registral”, aunque no es necesario que sea una cuenta sueldo sino que puede ser cualquier cuenta bancaria válida donde el trabajador o la trabajadora figure como titular o cotitular.

Según informó el organismo a cargo de Mercedes Marcó del Pont, más de 300.000 empleadores ya se registraron hasta el momento para acceder en junio al programa que, se espera, se encargue de los salarios complementarios de más de 3 millones de trabajadores.

El Salario Complementario a asignar como beneficio será el equivalente al 50% de la sumatoria de los salarios netos correspondientes a febrero último que no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, actualmente en 16.875 pesos, ni superior a la suma equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, 33.750 pesos.

Una vez finalizado el período de inscripción, el organismo evaluará los beneficios a los que podrá acceder cada empresa de acuerdo a los criterios de acceso previstos, que incluyen desarrollar una de las actividades contempladas por la normativa y una variación no mayor al 5% en la comparación de la facturación entre abril de 2019 y abril de 2020.

 

Este viernes no sólo vence el período fijado para acordar con los acreedores, sino también los 30 días de gracia para pagar USD 503 millones de intereses de los bonos globales. Por lo tanto, habrá incumplido sus compromisos con los acreedores.

El Gobierno decidió no pagar mañana el vencimiento de la deuda de USD 503 millones y prorrogar hasta el 2 de junio inclusive la negociación con los bonistas, según informaron fuentes oficiales.

Cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, dejó entrever que el plazo para la negociación con los acreedores privados se extendería más allá de este viernes 22, también tenía claro que no se pagaría el vencimiento de USD 503 millones de los intereses de tres bonos globales.

Mañana no sólo vence el período dispuesto para negociar, que será postergado por diez días, sino que también es el deadline para que la Argentina no entre en default. Pero este pago no se hará y el país ingresará técnicamente en cesación de pagos, aunque en poco tiempo esta decisión pueda ser enmendada.

“No se va a pagar; porque este vencimiento se incluye dentro de los acuerdos de reestructuración que están en marcha. Por lo tanto, no sería un default declarado, sino algo suave y conversado entre las partes”, dejaron trascender fuentes oficiales.

El integrante del Comité de Acreedores, y miembro del fondo Greylock, Hans Humes, señaló hoy en una conferencia virtual organizada por el Wilson Center que no era probable que se llegue a un acuerdo antes del 22 y que, aunque el país estará en mora si no paga, “hay un deseo de resolver las negociaciones”. Estas declaraciones demostraron que la decisión de no cumplir con el pago está completamente consensuada con los bonistas y que el objetivo es llegar a un acuerdo en el corto plazo.

No habrá una declaración de default por parte del Gobierno, sino que los acreedores recibirán una notificación la semana próxima de que la Argentina incumplió. Será el martes 26, ya que el lunes es feriado. “Puede haber una notificación del trustee de los bonos a los tenedores avisando del incumplimiento en el pago dentro de los plazos previstos en el prospecto del título. Es el mismo procedimiento que se siguió en el caso de la provincia de Buenos Aires”, dijeron en el Gobierno, dando a entender cuál será el procedimiento.

“Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana y yo me preguntó por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, solo que no lo escriben, solo que lo ocultan”, reflexionó el presidente Alberto Fernández en Santiago del Estero. Remarcó además que no someterá a la Argentina a nuevos compromisos que no se puedan cumplir.

Los tres comités de bonistas (Ad Hoc; el Comité de Acreedores, y el Argentina Exchange Bondholders) presentaron sus propuestas el viernes pasado a última hora y, en líneas generales, todas representan un valor presente neto de la oferta de entre 58 y 60 centavos por dólar nominal. La más agresiva fue la del primer grupo, que comanda el gigante Blackrock, pero en las últimas horas trascendió que estaría bajando las pretensiones y buscando adhesiones entre el resto de los fondos para aceptar una reducción del valor a 50 a 55 centavos por dólar.

Desde la cartera económica aseguraron que tras la decisión de prorrogar el plazo de la negociación por diez días, tal como adelantó Infobae, durante la semana próxima seguirán buscando acercar posiciones. “Hay una distancia que se busca ir acortando para poder negociar sobre bases de más cercanía”, resumió una fuente oficial, dando a entender que aún la brecha es amplia, aunque mejoró la relación con los acreedores.

El mensaje de Guzmán de las últimas semanas estuvo focalizado en la flexibilidad y en la disposición del Gobierno a negociar, pero sobre la base de un criterio de sustentabilidad, avalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Algunas fuentes oficiales aseguran que no hay mucho margen para cumplir con esos parámetros, pero en el mercado creen que un valor razonable para cerrar la oferta ronda los 52 centavos por dólar.

Aunque presentaron propuestas diversas –cada una en función de los distintos intereses que representan–, los tres grupos de acreedores están en diálogo permanente entre ellos, pero no está claro que decidan presentar una nueva propuesta conjunta. Ahora esperan que se mueva el Gobierno.

 

 

El Gobierno anunció el congelamiento hasta el 31 de agosto de las tarifas de telefonía móvil y fija, internet y TV paga, en el marco de la actual crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

En la tarde de este lunes, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, quien le anunció un conjunto de medidas para los usuarios y usuarias de servicios de telefonía móvil y fija, internet y TV paga en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio producto del Coronavirus (COVID- 19).

«El Ejecutivo resolvió con acuerdo de las partes una serie de disposiciones para los servicios de telefonía móvil y fija, Internet y TV paga para suspender los aumentos de precios hasta el 31 de agosto de 2020, con el fin de alivianar la situación de los usuarios y usuarias afectados por la cuarentena», señaló el Gobierno.

 

El senador nacional de Cambiemos, impulsa que se amplíe la emergencia «para cuidar el plato de comida de 20.000 familias entrerrianas»

El senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Angeli (Juntos por el Cambio), presentó en la cámara alta un proyecto de ley para extender por un año la vigencia de la ley que declara la Emergencia económica, productiva, financiera y social, a la cadena de producción de cítricos de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.

“Las condiciones que determinaron la declaración de la emergencia el año pasado no se han revertido, el sector sigue soportando baja en el consumo, disminución de exportaciones, altos costos internos, falta de acceso al crédito y alta presión impositiva”, sostuvo el legislador a través de su cuenta de twitter.

A su vez afirmó que está en “permanente diálogo con productores citrícolas del noroeste de la provincia y con representantes de la Federacion del Citrus de Entre Rios y la situación para ellos, dado este contexto, no cambió”.

“Prorrogar la emergencia citrícola dada la gravísima situación que vivimos a nivel mundial es cuidar el plato de comida de las 20.000 familias que viven de esta actividad de manera directa o indirecta”, reflexinó.

La emergencia económica, productiva, financiera y social en la cadena de producción de cítricos beneficia a todos los trabajadores de la industria que van desde productores, empacadores, comercializadores, industrializadores, contratistas hasta viveristas. De aprobarse este proyecto se extenderá por un año mas el otorgamiento de regímenes especiales para el pago de las obligaciones impositivas (AFIP) y de seguridad social (ANSES), entre otros beneficios.

Se trata de una tarifa por derechos de propiedad intelectual de recitales y festivales musicales online, una modalidad que se masificó por la pandemia. ¿Qué opinás?

La Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic) anunció que cobrará un impuesto por derechos de propiedad intelectual a las transmisiones por streaming de recitales y festivales musicales, una modalidad que se masificó por las restricciones que existen a causa de la pandemia de coronavirus.
La entidad advirtió que «se reserva el derecho» de aplicar la tarifa en caso de que se trate de una transmisión gratuita, para lo cual realizará un cálculo de acuerdo a los ingresos en espectáculos de ese tipo.

En un comunicado publicado en su página web, Sadaic explicó que al 12 por ciento establecido se le agregará una suma fija de 250 mil pesos en casos de que se trate de un recital o festival en el que haya involucrada una marca o una institución.

Ese monto extra se elevará a $400 mil en caso de que la transmisión se realice en simultáneo con otro medio de comunicación, como la televisión o la radio.

El martes se espera una reunión de las distintas partes involucradas en donde la entidad dará mayores precisiones sobre el alcance de esta medida.

Por el descenso de la actividad, la inflación fue una de las más bajas en los últimos tres años. Alimentos y bebidas fue uno de los rubros que más subió.

La inflación de abril fue del 1,5%, según publicó este jueves el Indec. El dato muestra una fuerte desaceleración de los aumentos de precios debido al parate total que produjo la emergencia sanitaria, alcanzando uno de los índices más bajos en los últimos tres años.
El rubro que sufrió mayores subas fue alimentos y bebidas no alcohólicas, con suba del 3,2%.

Otros rubros, en tanto, sufrieron incluso bajas por la misma razón. Se trata de comunicación, con una caída del 4,1%, y educación, con un descenso del 1,5%.

Con este dato, la variación interanual de precios alcanza el 45,6%, sosteniendo la tendencia descendente que se viene verificando en los últimos meses, aún con el rebrote inflacionario de marzo.

De esta forma, la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año llega al 9,4%.

La ANSeS transferirá a las cuentas de los trabajadores, en forma directa, un monto para cubrir el 50% del sueldo de bolsillo: la asignación no podrá ser menor a un salario mínimo de 16.875 pesos, ni mayor a 33.750 pesos.

El Gobierno extenderá los beneficios del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), y de esa manera el Estado Nacional volverá a pagar hasta la mitad de los salarios del sector privado de mayo, y reducir el pago de contribuciones patronales.

El Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP -a través de una decisión administrativa publicada este martes en el Boletín Oficial- recomendó repetir los beneficios de ese programa, a raíz de la extensión de la cuarentena.

Ahora, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, deberá decidir esta semana si finalmente se aprueba la recomendación.

«El Comité recomienda que se extiendan los beneficios del Programa ATP relativos al Salario Complementario y a la postergación y reducción del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante mayo», según el texto oficial.

Así, el Estado Nacional pagará la mitad de cerca de 2 millones de salarios del sector privado, tal como lo hizo con los sueldos de abril.

Las empresas que reciban este auxilio podrán elegir entre reducir las contribuciones patronales en un 95% o postergar su pago por dos meses.

La ANSeS transferirá a las cuentas de los trabajadores, en forma directa, un monto para cubrir el 50% del sueldo de bolsillo: la asignación no podrá ser menor a un salario mínimo (16.875 pesos) ni mayor a dos (33.750 pesos).
Por otra parte, el Comité consideró que las empresas de salud privadas están en condiciones de acceder a este beneficio, pero recomendó al Ministerio de Salud que determine a qué empleadores les corresponde. De acuerdo con el nivel de facturación, si desempeñan actividades en una zona geográfica crítica o si tienen una alta proporción del personal infectado de Covid-19.

En tanto, el Ministerio de Transporte propuso sumar a las empresas de transporte de pasajeros y de cargas al ATP, mientras que el Ministerio de Educación recomendó incluir a aquellos empleadores que no reciban aportes o subsidios por parte del Estado.

 

A partir del control de la pandemia, en la provincia de Entre Ríos se han podido reactivar paulatinamente actividades económicas. Remarcan la importancia de la responsabilidad individual y de los diferentes sectores en el cumplimiento de los protocolos.

El ministro de Producción, Juan José Bahillo, precisó que en Entre Ríos el 90 por ciento de las actividades en los parques industriales ya está trabajando, y fuera de ellos la actividad está en un 75 por ciento. «Con lo cual podemos hablar de un promedio del 82 por ciento de la actividad industrial que ya se inició. Esto significa ocupar alrededor de 28.000 puestos de trabajo en el sector industrial en la provincia”, dijo el ministro durante la conferencia de prensa virtual de este lunes.

Precisó que en el sector metalmecánico hay 280 empresas que ocupan alrededor de 3.000 trabajadores y apuntó que en el comercio minorista se está dando también un reinicio de actividades. Además detalló que se registraron crecimientos en la agricultura y la ganadería.

Proceso gradual
En la conferencia, el ministro realizó un repaso del trabajan que viene realizando esa cartera desde el inicio del proceso de cuarentena, y explicó: “Por decisión del gobernador hemos ido acompañando todos los criterios y definiciones que se han tomado a nivel del gobierno nacional, ya sea la restricción de las actividades como ir permitiendo luego gradualmente las excepciones de las mismas para ir retomando un nivel de actividad industrial productivo y comercial que de a poco vaya restituyendo el nivel de actividad de nuestra economía entrerriana”.

En ese marco, recordó que el primer DNU del 19 de marzo dejó algunas excepciones que garantizaban fundamentalmente todo lo que sea la cadena agroalimentaria, la industria farmacéutica, el transporte para garantizar el abastecimiento a la población, y acotó que luego se fueron exceptuando distintas actividades hasta el 29 de abril.

Explicó que desde esa fecha se facultó mediante un DNU a los gobiernos provinciales a avanzar en las excepciones según criterios que entiendan los gobernadores y las autoridades de salud pública.

«Llegamos con 33 actividades exceptuadas al 29 de abril, y ya con la facultad del gobierno provincial, la primera semana avanzamos en otras 11 excepciones con las cuales llegamos a 44 actividades productivas habilitadas, y la semana pasada el gobernador decidió habilitar el comercio minorista, el sector de servicios y los oficios, y facultar a los intendentes para que habiliten estos sectores para volver al trabajo de manera gradual, paulatina y bajo estrictos protocolos de salud», detalló Bahillo.

Indicó que a la fecha entre el 75 y el 90 por ciento de la actividad económica, de sectores productivos, comercio minorista y los servicios se ha restablecido en la provincia, “lo que permite ir recuperando la situación económica».

Por otra parte, detalló las actividades que todavía están prohibidas por el gobierno nacional, según el decreto 459 emitido ayer. Estas son el dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades, eventos públicos y privados, sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos o de cualquier otra índole; centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado. También el transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para las excepciones de las empresas que tienen que trasladar a sus trabajadores de una ciudad a otra; además de las actividades turísticas, apertura de plazas y parques. «Estas actividades sólo pueden ser exceptuadas por el jefe de gabinete de la Nación o por el Presidente», indicó Bahillo.

Actividad agroganadera
Respecto a ganadería, el ministro Bahillo dijo que la provincia cuenta con más de 4,4 millones de cabezas, ocupando casi el 10 por ciento del total del rodeo nacional, y dijo que en el mes de abril, en 45 establecimientos faenadores, la faena para el mercado interno creció un 4 por ciento, y para el mercado externo creció un 20 por ciento.

En agricultura indicó que se está llevando adelante la cosecha gruesa, se levantó casi el 90 por ciento del maíz de primera, en un 40 por ciento del maíz de segunda; hay un incremento de la superficie sembrada de alrededor del 12 por ciento, llegando a 408.000 hectáreas, con un rinde algo inferior debido a los períodos intensos de secas y pocas lluvias.

«En soja, la de primera, está en un rinde de alrededor de 2.400 kilos, que es inferior casi en un 20 por ciento al año anterior pero dentro del rinde promedio que hay en la provincia y la soja de segunda todavía tiene un porcentaje menor de cosecha. Faltan aún consolidar los números del arroz y del sorgo para lo que es la cosecha gruesa», expresó Bahillo.

Finalmente, el ministro dijo que luego de esta etapa de restablecimiento de la actividad industrial y comercial, el rol del Ministerio de Producción junto con Salud, la Secretaría de Trabajo de la provincia y los municipios, “es avanzar fuertemente en los controles para que se cumplan los protocolos. Por ello apelamos a la conciencia colectiva y a la responsabilidad individual porque no podemos poner a controlar a alguien en cada fábrica o familia entrerriana. Debe haber una responsabilidad individual y colectiva como la hubo hasta ahora que nos ha permitido tener buenos indicadores», completó Bahillo.

 

Alcanza a 1.200.000 trabajadores, quienes reciben el depósito directamente en la cuenta del CBU informado por la empresa. Desde Anses confirmaron bajo qué denominación aparece la acreditación y otros detalles.

La cobertura oficial dependerá de los salarios de cada trabajador, ya que el resto lo deberán abonar los empleadores en la fecha que legalmente corresponda, esto es el cuarto día hábil que se producirá este jueves.

La compensación abonada por ANSES, que en total implicaría un aporte oficial de 27 mil millones de pesos, fue establecida por el artículo 2 del decreto 332/2020 modificado por el 376, firmados por el presidente Alberto Fernández. .

El denominado Salario Complementario es equivalente al 50 por ciento del sueldo neto del trabajador o trabajadora, con un piso de un haber mínimo y un tope de dos salarios mínimos.

De esta manera, en un sueldo de 30 mil pesos de bolsillo, el Estado se hace cargo de 16.875 pesos, que es el monto del salario mínimo.

En el caso de un salario de 50 mil pesos de bolsillo, el Estado deposita 25 mil, y un salario de 80 mil pesos, el equivalente a dos salarios mínimos (33.750 pesos).

Según estimaciones oficiales, ocho de cada diez trabajadores del sector privado percibirán la suma otorgada por ANSES para paliar los efectos de la crisis.

«El 80 por ciento de los trabajadores del sector privado van a estar cobrando una suma que es la mitad del salario que cobraron en febrero completamente abonado por el Estado a través de la ANSES», explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, cuando se anunció la decisión oficial.