Hizo una falsa amenaza de bomba en el colegio de Antonia Macri y deberá pagar los gastos del operativo.

A mediados de 2017, las falsas amenazas de bomba en organismos del Gobierno y colegios se habían multiplicado. Pero hubo un llamado que generó mayor tensión: fue el que alertó sobre un presunto artefacto explosivo en el colegio al que acude la hija menor del presidente Mauricio Macri. La alarma también fue falsa, y el responsable resultó ser un ex  alumno que ahora deberá pagar casi $8 mil por los gastos del operativo de seguridad que instrumentó el Estado por su “broma”.

macri-arribo-Mumbai-1920-3

 

Así lo determinó el juez federal Sebastián Ramos, quien además dispuso que el joven asista a cinco clases en donde se le expliquen las consecuencias de los llamados intimidatorios. Las clases serán en el mismo colegio al que amenazó, según el fallo al que accedió Infobae en el marco de un proceso de suspensión de juicio a prueba.

 

En su resolución, el juez habló de los “tiempos socioeconómicos que corren” y dispuso que los casi $8 mil que costó el operativo que generó la falsa amenaza de bomba vayan a la Hospital Churruca, “donde se brinda atención médica a los integrantes de las fuerzas de seguridad­ a fin de que aquél dinero retome su función social en un área vinculada con su asignación original”.

 

El 29 de junio de 2017, el teléfono sonó en el Liceo Franco Argentino, ubicado en la calle Ramsay al 2100, del barrio de Belgrano. Allí asiste Antonia, la hija del presidente Macri y de su esposa, Juliana Awada. También concurrían en aquel momento los hijos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujove, y del entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, entre otros

 

A mediados de 2017, las falsas amenazas de bomba en organismos del Gobierno y colegios se habían multiplicado. Pero hubo un llamado que generó mayor tensión: fue el que alertó sobre un presunto artefacto explosivo en el colegio al que acude la hija menor del presidente Mauricio Macri. La alarma también fue falsa, y el responsable resultó ser un ex  alumno que ahora deberá pagar casi $8 mil por los gastos del operativo de seguridad que instrumentó el Estado por su “broma”.

Liceo-Franco-Argentino-Jean-Mermoz-1920-1

 

Así lo determinó el juez federal Sebastián Ramos, quien además dispuso que el joven asista a cinco clases en donde se le expliquen las consecuencias de los llamados intimidatorios. Las clases serán en el mismo colegio al que amenazó, según el fallo al que accedió Infobae en el marco de un proceso de suspensión de juicio a prueba.

 

En su resolución, el juez habló de los “tiempos socioeconómicos que corren” y dispuso que los casi $8 mil que costó el operativo que generó la falsa amenaza de bomba vayan a la Hospital Churruca, “donde se brinda atención médica a los integrantes de las fuerzas de seguridad­ a fin de que aquél dinero retome su función social en un área vinculada con su asignación original”.

 

El 29 de junio de 2017, el teléfono sonó en el Liceo Franco Argentino, ubicado en la calle Ramsay al 2100, del barrio de Belgrano. Allí asiste Antonia, la hija del presidente Macri y de su esposa, Juliana Awada. También concurrían en aquel momento los hijos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujove, y del entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, entre otros funcionarios. Además, van hijos de conocidos músicos y actores.

 

El llamado alertó sobre una bomba en los casilleros. Personal de seguridad del establecimiento reportó lo sucedido al 911 y de inmediato hubo un despliegue del personal de la comisaría 51 junto a la Brigada de Explosivos de la Policía Federal. Desalojaron el colegio y después de revisar el lugar, se confirmó que la situación estaba fuera de peligro y no había ninguna bomba.

 

Con el análisis de los informes de las compañías telefónicas y las tareas de investigación, se determinó que el llamado había surgido del celular que usaba José Matías Detang, un ex alumno del liceo. El joven, hoy de 19 años, fue procesado por intimidación pública y pidió que se le concediera la suspensión del juicio a prueba (probation).

 

Es una alternativa prevista en el Código Penal para evitar condenas si el delito en cuestión no excede los tres años de cárcel. A cambio, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente y la parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida.

 

Puntualmente, la defensa propuso participar de “jornadas educativas en el Liceo Francés “Jean Mermoz” ­-el mismo al que amenazó-, y hacerse cargo de una reparación patrimonial de 7.823 pesos por los gastos del procedimiento. Fue el Ministerio de Seguridad el que fijó el costo del operativo.

Tras 17 años, la carne vacuna argentina volvió al mercado de Estados Unidos

Luego de 17 años, la carne vacuna argentina volvió al mercado de Estados Unidos, más precisamente el pasado viernes arribó a la ciudad de Filadelfia el primer embarque nacional enviado por el frigorífico Swift, fueron en total 12,5 toneladas de cortes de primera calidad. De esta manera esa empresa se convirtió en la primera empresa en exportar directo a este destino luego de la formal reapertura del mercado en diciembre pasado cuando se realizó un envío simbólico.En esta oportunidad, Estados Unidos recibió cortes magros que atravesaron los estrictos controles necesarios para exportar. Fue elaborado en la planta de Swift, establecimiento SENASA 13, que cuenta con la habilitación para enviar a este destino.

th (1)

Swift Argentina S.A., del grupo Minerva Foods, fue fundada en 1907 y elabora cortes de carne envasada al vacío, hamburguesas, salchichas y otros productos de valor agregado. Exporta sus productos a Holanda, Alemania, Chile, China, Rusia, entre otros.

Este envío es clave para el futuro del sector frigorífico argentino que justamente hoy apunta a crecer en envío de cortes de calidad y a mejores precios.

El Embajador argentino, Fernando Oris de Roa, participó del arribo de la embarcación y de esta forma formalizó la reapertura de un mercado que se mantuvo cerrado por 17 años.

Para residir en Argentina, extranjeros deberán certificar 10 años sin antecedentes penales

Será un nuevo requisito para quienes quieran radicarse en la Argentina; el anuncio se hará hoy en la Casa Rosada y estará a cargo de Frigerio.

0002654748
Con el objetivo de impedir el ingreso de delincuentes a la Argentina, el Gobierno anunciará hoy que, a partir de ahora, los extranjeros que quieran radicarse en la Argentina tendrán que presentar un certificado de carencia de antecedentes en los últimos 10 años. Así, el Gobierno busca establecer un mayor control sobre los inmigrantes.

Se trata de una respuesta a los últimos casos de inseguridad en los que estuvieron involucrados extranjeros y un paso más en el plan que puso en marcha la Casa Rosada para ordenar lo que considera un “descontrol migratorio”.

Sin el certificado que acredite que el postulante no tiene antecedentes en la última década, no podrá avanzar en el trámite migratorio.

En los últimos tres años, la Dirección de Migraciones, a cargo de Horacio García, otorgó 680.0000 radicaciones, una cifra récord. El ranking lo encabezan los ciudadanos de nacionalidad paraguaya, boliviana y venezolana. Es por eso que para establecer un mayor control migratorio el gobierno nacional decidió avanzar con el nuevo requisito para las futuras solicitudes.

Hasta ahora, aquellos que iniciaban el trámite para solicitar la residencia permanente debían presentar un certificado que acreditara que no registraba condenas anteriores ni procesos penales “emitidos por las autoridades competentes de los países donde hayan residido por un plazo superior a un año, durante el transcurso de los últimos tres años”.

“El objetivo es que todas las personas que vengan a la Argentina no tengan condenas previas que queden ocultas por la legislación de cada país. La Argentina ofrece la verdad al mundo y queremos reciprocidad”, dijo García en diálogo con La Nación.

El encargado de la presentación que se realizará esta tarde en la Casa Rosada será el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que estará acompañado por el secretario político del Interior, Sebastián García De Luca, y por Toto García. El Gobierno busca con esta resolución impedir el ingreso de personas involucradas en delitos y al mismo tiempo optimizar los controles migratorios en los pasos internacionales. La norma está regulada bajo los criterios de la ley de migraciones que se sancionó en 2003.

La ley establece el principio de reciprocidad entre los Estados de acuerdo con los criterios del derecho internacional, pero hasta el momento no se aplicaba. Otro de los motivos para solicitar los antecedentes de los últimos 10 años es que en algunos países los certificados no incluyen los registros de delitos cuando se han cumplido las condenas o ha transcurrido cierto período.

Según fuentes oficiales, de haberse conocido determinado antecedente o condena o requerimiento judicial o de fuerzas de seguridad, posiblemente a muchos delincuentes se les habría impedido el ingreso a la Argentina y nunca hubieran podido cometer delitos en nuestro territorio.

El Gobierno aprovecha la instalación de la agenda de seguridad para insistir en la aplicación de un programa más extenso. Ahí incluye la posible expulsión del país de unos 1000 extranjeros acusados de cometer delitos. Además, se está trabajando en la creación de un fuero migratorio que acelere los procesos de deportación y de una fuerza especializada que se encargue de la búsqueda de los inmigrantes. Con la campaña electoral en marcha y ante una economía deprimida, el Gobierno buscará mostrar resultados positivos en otras áreas, en especial en seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el control de la calle.

Según datos oficiales, el 83 por ciento de los 660.000 extranjeros que se radicaron en la Argentina en los últimos tres años lo hicieron en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, publicó La Nación.

Solo cinco provincias acordaron salarios con los gremios docentes

Cuando faltan ocho días para el inicio del ciclo lectivo en todo el país, surge un escenario dispar entre las provincias que cerraron acuerdos con los docentes, las que mantienen negociaciones y aquellas en que, hasta el momento, las partes no se sentaron ni siquiera a discutir la pauta salarial de 2019.

foto0_1_286839_1

En solo cinco de los 24 distritos ya se pactó un acuerdo. Existen condimentos que distancian a los gremios de las administraciones provinciales en pos de concretar un acuerdo. La pérdida salarial en 2018 es uno de ellos. En muchos distritos no hay una mirada conjunta sobre de cuánto fue esta pérdida. Estiman que fue de entre un 15 y un 20 por ciento. Por esto, en Santa Fe, Corrientes, Córdoba, La Rioja los gobiernos aún no adelantaron un porcentaje de aumento.

Según un informe publicado este martes por LA Nación, en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Tierra del Fuego ya hubo ofrecimientos. La pieza asegura que los sindicatos “dilataron su respuesta”. En el caso de Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) rechazó inmediatamente la propuesta por “insuficiente” aunque recién este lunes se conoció la convocatoria a congreso que se hará el 1 de marzo, en Concordia. En tanto, este martes a las 18 continuará la negociación con las autoridades del gobierno.

En Río Negro, Jujuy, Catamarca, Salta y Tucumán los gremios analizan las propuestas salariales,

Ante la incertidumbre inflacionaria que imposibilita anclar una propuesta salarial para este año, una de las llaves para lograr un acuerdo es la cláusula gatillo, que habilita una actualización automática en línea con la inflación.

Desde los sindicatos docentes reconocen que la actualización por inflación es la mejor herramienta para limitar la conflictividad. “La posibilidad de acuerdo pasa por la incorporación de la cláusula gatillo y del 23 por ciento de aumento”, explicó Sergio Romero, titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA). En la misma sintonía, Sonia Alesso, líder de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), sugirió que las negociaciones deben ser sobre la base de “paritarias libres y sin techo” y tener el norte de “recuperar el poder adquisitivo del salario”, para lo cual “la cláusula gatillo es bien recibida”.

En las provincias de Chubut, Mendoza y Neuquén se incorporó esta herramienta y permitió llegar a un acuerdo. En la provincia de Buenos Aires, la propuesta de la gestión de María Eugenia Vidal, aunque fue rechazada, también incorporó este punto.

Las otras provincias que alcanzaron un trato son: Santiago del Estero, donde el gobernador decretó un aumento del 40 por ciento en el básico docente, y Misiones, que acordó el 23 por ciento de alza con uno de los cuatro gremios provinciales.

Son seis las provincias donde aún no hubo negociación: Chaco, San Juan, San Luis, Formosa, La Pampa y Santa Cruz.

Negociación nacional

Los gremios reclaman una serie de medidas cuya resolución depende del gobierno nacional. La principal, que encabeza la Ctera, es la convocatoria a la paritaria nacional docente. Sin embargo, Finocchiaro descartó de plano este pedido.

El gremio, que es el mayoritario entre los maestros, tiene convocado su congreso para pasado mañana y podrían definir un paro de actividades. Otro reclamo que enfrenta el Gobierno es el de adelantar a marzo el aumento del salario inicial -previsto para junio-, lo que llevaría el sueldo que perciben aproximadamente 250.000 maestros de 12.500 pesos a 15.000 pesos.

En la reunión del jueves pasado, entre el Gobierno y los sindicatos docentes nacionales, de la que no participó la Ctera, el ministro de Producción, Dante Sica, se comprometió a analizar el pedido.

Además, los dirigentes de UDA, de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), que no descartaron la convocatoria a un cese de actividades, reclamaron el aumento de una serie de asignaciones que cobran los maestros. También, que el Gobierno aumente las partidas del Fondo Compensador. De estos puntos, el ministro descartó ceder ante los reclamos.

Otorgarán un aumento del 11,8 por ciento a los jubilados y beneficiarios de la AUH

En medio de una ola de nuevas protestas callejeras y reclamos de los movimientos sociales por mejoras en los programas asistenciales, el gobierno anunciará en marzo próximo un aumento del 11,8 por ciento para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y para los jubilados.

foto0_1_286258_1

 

Así lo confirmaron fuentes calificadas de la Casa Rosada, que también detallaron que el Presidente Mauricio Macri se mantendrá firme ante lo que considera “métodos extorsivos” de parte de algunas agrupaciones piqueteras que este miércoles saldrán a la calle en otra señal de protesta contra el gobierno. Desde el gobierno ratificaron que en los próximos meses se reforzarán los programas sociales en señal de que ello formará parte de uno de los ejes centrales de la campaña electoral por la reelección de Mauricio Macri.
El aumento que se anunciará en marzo es el incremento inicial que se da cada año en forma variable en función a la inflación. En diciembre pasado hubo un incremento del 7,78 por ciento, por lo que la jubilación mínima quedó en 9.300 pesos y la AUH en 1.825 pesos por beneficiario. Sobre estos montos se aumentará un 11,8 por ciento.

Así, la estrategia de dar un nuevo aumento a los beneficiarios de la AUH y a los jubilados se corresponde con el incremento inicial de cada año. No hay nada de extraordinario en ese incremento que se reforzará en julio.

Sin embargo, desde el gobierno ratificaron que en los próximos meses Macri reforzará los programas sociales en señal de que ello formará parte de uno de los ejes centrales de su campaña electoral por la reelección.

Además, en el Ministerio de Desarrollo Social y en la Jefatura de Gabinete evaluaron que en los próximos días se vendrá una fuerte embestida de los grupos piqueteros teniendo en cuenta que se ingresa en la campaña electoral y que en marzo el INDEC dará a conocer el nuevo índice de pobreza que reflejará un aumento de indigentes y pobres de al menos cuatro puntos más que la última medición que fue del 27,3 por ciento en el primer semestre de 2018.

En virtud de este clima adverso para la Casa Rosada, no fue casual que este martes la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley sostuviera en forma tajante ante el reclamo de los movimientos sociales: “Si quisieran dialogar, podrían pedir una reunión. Se puede abrir el diálogo, pero no es necesario utilizar métodos extorsivos”, sentenció.

Las palabras de Stanley surgieron ante la marcha convocada para el miércoles por la Corriente Clasista y Combativa, la CTEP, Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras organizaciones.

Allegados a la ministra de Desarrollo Social evaluaron ante Infobae que “el reclamo de los grupos piqueteros tiene un tono electoral ya que hoy en la Argentina se terminó la intermediación de los planes y hay una atención puesta en cada uno de los argentinos que sufre la pobreza”.

En este sentido, Stanley comentó ante un grupo de funcionarios en la Casa Rosada que “lo peor de la crisis social pasó entre septiembre y diciembre”, por lo que ahora se espera en el gobierno que haya mejoras en la economía que reviertan la situación de pobreza.

En rigor, el índice en aumento de la pobreza que dará el INDEC en marzo reflejará lo ocurrido de esos meses de crisis cambiaria e inflación que pegó en los sectores bajos. Pero en la Casa Rosada no creen que en adelante esta situación se agrave.

De todas maneras, en el Ministerio de Desarrollo Social tienen previsto potenciar en los próximos meses todos los programas sociales que hacen a la reinserción laboral de los beneficiarios de planes (ya se sumaron unas 16.000 personas el último año) y los planes para fomentar el estudio primario y secundario de los sectores pobres (actualmente se estima que sólo un 6 por ciento de los beneficiarios de planes no terminó el colegio).

Por otra parte, ante el reclamo de las organizaciones sociales para que el gobierno promueva una reforma a la ley de emergencia hay una postura uniforme de Macri para abajo: no habrá cambios a esa normativa ya que en Cambiemos consideran que con la actual está cubierta la seguridad alimentaria.

En cambio, desde el Ministerio de Desarrollo Social quieren darle mayor énfasis a los programas relacionados con la nutrición infantil, la atención de primera infancia y los planes para atender los casos de embarazo no deseado.

En esa misma línea, que se reiterará durante la campaña presidencial, Stanley tiene contemplado un refuerzo en los programas de hábitat y desarrollo social, al mismo tiempo que continuar en 10 provincias los programas de integración en los barrios que conjuga la obra pública, la seguridad y las tareas de desarrollo social.

Rescatan a niño que dejaron más de una hora en camioneta con 35ºC de térmica

Un niño de tres años fue rescatado por efectivos policiales tras haber permanecido encerrado por más de una hora en una camioneta, en una jornada en la que se registraron casi 35 grados de sensación térmica.

o_1549839922
Un niño de tres años fue rescatado por efectivos policiales tras haber permanecido encerrado por más de una hora en una camioneta en la Feria Cooperativa de Guaymallén, en una jornada en la que se registraron casi 35 grados de sensación térmica en la ciudad mendocina.
Al momento de haber sido rescato, el menor estaba deshidratado y fue trasladado al Hospital Notti, en tanto que su padre, quien lo había dejado en el vehículo, quedó detenido.

o_1549839920
El hecho ocurrió este sábado cuando el termómetro marcaba una temperatura superior a 30° y la sensación térmica era de casi 35°.
Clientes de la feria habían alertado a un agente policial que un chico llevaba mas de una hora encerrado en una camioneta Toyota Hilux con los vidrios y las puertas cerradas.
El policía, con la autorización de la fiscalía, rompió el vidrio y rescató al niño que tenía síntomas de taquicardia, sudoración y decaimiento, por lo que se le brindó atención médica en el lugar.
Posteriormente fue trasladado al Hospital Notti donde prosiguió su recuperación y este domingo ya se encontraba en buen estado de salud.
En tanto, el padre del menor, un hombre de 42 años, quedó detenido en la comisaría 9° de Guaymallén.

El gobernador de Jujuy se quejó por el “trato inhumano” que reciben los argentinos en Bolivia

Nuevamente, la relación entre Bolivia y Argentina se vio atravesada por el trato que reciben los ciudadanos bolivianos en nuestro país y viceversa, con un foco muy marcado en las cuestiones de salud.

foto0_1_285549_1

En este caso, quien hizo pública su queja fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que escribió una dura carta abierta al Presidente Evo Morales por lo sucedido con un argentino en Oruro. El caso del accidente de Manuel Vilca en Oruro “es uno de los miles de casos de maltrato y de falta de la mínima reciprocidad entre su gobierno y nuestro pueblo”, sentenció el mandatario provincial. Visiblemente molesto, Morales le dijo al Presidente boliviano: “Su actitud y la de su gobierno para con los ciudadanos argentinos es repudiable. Son usted y su gobierno muy contradictorios. Me da mucha indignación la injusticia, Sr. Presidente. Y a usted le tendría que dar mucha vergüenza”.
“Los últimos acontecimientos ocurridos en suelo boliviano, me llevan a rechazar su actitud y la de su gobierno para con el pueblo argentino, frente a la manera injusta y deshumanizada en el trato particularmente con respecto a la atención de la salud de mis comprovincianos y compatriotas”, comenzó su carta el gobernador jujeño.

Y luego contó el caso de Manuel Vilca, accidentado el 8 de diciembre en Oruro y atendido en un hospital de allí por sumas exorbitantes: “Fue internado en un hospital público de Oruro durante 5 días y le cobraron la suma de 22.000 pesos bolivianos que al cambio del mes de diciembre corresponden a la suma de 121.312 pesos argentinos. Luego fue derivado a una Clínica de Cochabamba, donde junto a su familia y amigos tuvieron que pagar la suma de 7.000 dólares estadounidenses. Para continuar con el tratamiento y la operación, pretendían cobrarle 10.000 dólares más”.

“Frente a esa situación de trato inhumano y de falta de reciprocidad e igualdad para con el trato que nosotros brindamos a los hermanos bolivianos, tomamos la decisión de repatriar a Manuel para continuar con el tratamiento en Jujuy, Argentina. ¿Pero sabe qué Presidente? Desde el gobierno de la provincia tuvimos que pagar la suma de 2.000 dólares más porque si no, no lo dejaban salir de Bolivia”, completó Morales, dando cuenta de su indignación.

Aquí fue cuando el mandatario resaltó la postura de la Argentina en general y de Jujuy en particular para los bolivianos: “Actualmente cuenta con una de las poblaciones de inmigrantes más numerosas en nuestro país. Efectivamente, no solo recibimos al pueblo boliviano, sino que le damos cobijo, suelo, tierra, trabajo, educación, salud, en definitiva: VIDA. De eso se trata señor Presidente: de la VIDA, que Ud. y su gobierno no llegan a comprender ni alcanzan a dimensionar”.

Para no centrarse solamente en el caso de Manuel, el gobernador prosiguió: “Este es uno de los miles de casos de maltrato y de falta de la mínima reciprocidad entre su gobierno y nuestro pueblo. Muchos argentinos tienen que pagar sumas importantes y deambular por nuestros consulados y Embajada para poder cancelar deudas que sus compatriotas bolivianos en argentina nunca abonan, porque son atendidos gratuitamente en este generoso país”.

“¿Qué banderas levanta y defiende usted en nombre del movimiento al socialismo, en nombre de la justicia social, que no tengan como prioridad la defensa de la vida y los derechos humanos?”, le cuestionó Morales al Presidente de Bolivia.

Y completó: “Su actitud y la de su gobierno para con los ciudadanos argentinos es repudiable. Son usted y su gobierno muy contradictorios. Me da mucha indignación la injusticia, Sr. Presidente. Y a Ud. le tendría que dar mucha vergüenza”.

Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión

La dirigente de la Tupac Amaru fue encontrada culpable en la causa conocida como “Pibes Villeros”. Fue juzgada por el millonario desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Juicio-Milagro-Sala-Jujuy-1920-11

 

Milagro Sala fue encontrada culpable de defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la denominada causa “Pibes Villeros” y condenada a 13 años de prisión. Además, quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos.

 

Durante el proceso se investigó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, entre 2011 y 2015, las cuales nunca se realizaron.

 

Para los jueces, Sala era la jefa de esta asociación ilícita, , que con la ayuda de funcionarios provinciales y municipales operaban para extraer dineros de programas habitacionales nacionales, los cuales “fueron utilizados con otros fines”.

De esta manera, las cooperativas jujeñas “pedían trabajo y presionaban al gobierno provincial y a los municipios” para que se les entregue tierras y así conseguir la realización de diversas obras en barrios de la capital jujeña y localidades del interior.

Durante el juicio que se inició el pasado 23 de julio declararon 104 testigos y se analizaron documentos de diversos organismos y videos que se sumaron a la investigación.

Durante la tarde de este lunes, previo a recibir la condena, Sala realizó declaraciones a la prensa: “Nadie investiga nada, pero sí investigan a la negra, a la coya, a la chorra. Así que, queridos periodistas, ustedes son parte de la burocracia y son ustedes los responsables de implementar la Justicia en nuestra provincia”.

También dijo que la Justicia “está cooptada por Gerardo Morales”, gobernador de Jujuy, y profundizó: “Los jueces fueron apretados por Morales para que nos dicten una condena a todos nosotros. Y todos los compañeros son inocentes, no robaron nada. Lo único que hicieron fue buscar dignidad y vivir un poquito mejor”.

unto a la dirigente social fueron condenados su esposo Raúl Noro a tres años de ejecución condicional, la diputada provincial Mabel Balconte, a 8 años con pedido de desafuero y más de veinte ex integrantes de cooperativas de trabajo que integraron la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales.

Asimismo, la condena alcanzó a Lucio Abregú y Pablo Tolosa Perea, dos ex miembros del directorio del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), y a dos técnicos, uno del IVUJ y otro de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Milagro sala se encuentra con prisión domiciliaria y enfrenta varios procesos penales en forma simultánea. Había sido detenida en enero de 2016 y en primera instancia fue alojada en la Cárcel de Mujeres de Alto Comedero para luego recibir el beneficio de la domiciliaria por el fallo de la CIDH, ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Además de la causa conocida como “Pibes Villeros”, la Justicia jujeña la condenó a tres años de prisión en suspenso por un violento “escrache” al gobernador Gerardo Morales, ocurrido en 2009, y la investiga por otra denuncia de desvío de fondos en torno a la construcción de viviendas sociales.

El mes pasado, el Tribunal en lo Criminal 3 le concedió la prisión domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya con una pulsera electrónica debido a sus problemas de salud. Previamente se encontraba en una residencia en el dique La Ciénaga, pero había pedido el traslado.

Una semana antes había sido absuelta por el  Tribunal en lo Criminal 2 en la causa “Balacera de Azopardo”. Sala estaba acusada de haber pagado para que asesinen al dirigente Alberto “Beto” Cardozo.

No obstante, el ex miembro de la agrupación Tupac Amaru, Fabián “Chato” Ávila, sindicado como uno de los ejecutores de la orden de matar a Cardozo, fue condenado por tentativa de homicidio a seis años de prisión.