Por el descenso de la actividad, la inflación fue una de las más bajas en los últimos tres años. Alimentos y bebidas fue uno de los rubros que más subió.

La inflación de abril fue del 1,5%, según publicó este jueves el Indec. El dato muestra una fuerte desaceleración de los aumentos de precios debido al parate total que produjo la emergencia sanitaria, alcanzando uno de los índices más bajos en los últimos tres años.
El rubro que sufrió mayores subas fue alimentos y bebidas no alcohólicas, con suba del 3,2%.

Otros rubros, en tanto, sufrieron incluso bajas por la misma razón. Se trata de comunicación, con una caída del 4,1%, y educación, con un descenso del 1,5%.

Con este dato, la variación interanual de precios alcanza el 45,6%, sosteniendo la tendencia descendente que se viene verificando en los últimos meses, aún con el rebrote inflacionario de marzo.

De esta forma, la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año llega al 9,4%.

La ANSeS transferirá a las cuentas de los trabajadores, en forma directa, un monto para cubrir el 50% del sueldo de bolsillo: la asignación no podrá ser menor a un salario mínimo de 16.875 pesos, ni mayor a 33.750 pesos.

El Gobierno extenderá los beneficios del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), y de esa manera el Estado Nacional volverá a pagar hasta la mitad de los salarios del sector privado de mayo, y reducir el pago de contribuciones patronales.

El Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP -a través de una decisión administrativa publicada este martes en el Boletín Oficial- recomendó repetir los beneficios de ese programa, a raíz de la extensión de la cuarentena.

Ahora, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, deberá decidir esta semana si finalmente se aprueba la recomendación.

«El Comité recomienda que se extiendan los beneficios del Programa ATP relativos al Salario Complementario y a la postergación y reducción del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante mayo», según el texto oficial.

Así, el Estado Nacional pagará la mitad de cerca de 2 millones de salarios del sector privado, tal como lo hizo con los sueldos de abril.

Las empresas que reciban este auxilio podrán elegir entre reducir las contribuciones patronales en un 95% o postergar su pago por dos meses.

La ANSeS transferirá a las cuentas de los trabajadores, en forma directa, un monto para cubrir el 50% del sueldo de bolsillo: la asignación no podrá ser menor a un salario mínimo (16.875 pesos) ni mayor a dos (33.750 pesos).
Por otra parte, el Comité consideró que las empresas de salud privadas están en condiciones de acceder a este beneficio, pero recomendó al Ministerio de Salud que determine a qué empleadores les corresponde. De acuerdo con el nivel de facturación, si desempeñan actividades en una zona geográfica crítica o si tienen una alta proporción del personal infectado de Covid-19.

En tanto, el Ministerio de Transporte propuso sumar a las empresas de transporte de pasajeros y de cargas al ATP, mientras que el Ministerio de Educación recomendó incluir a aquellos empleadores que no reciban aportes o subsidios por parte del Estado.

 

A partir del control de la pandemia, en la provincia de Entre Ríos se han podido reactivar paulatinamente actividades económicas. Remarcan la importancia de la responsabilidad individual y de los diferentes sectores en el cumplimiento de los protocolos.

El ministro de Producción, Juan José Bahillo, precisó que en Entre Ríos el 90 por ciento de las actividades en los parques industriales ya está trabajando, y fuera de ellos la actividad está en un 75 por ciento. «Con lo cual podemos hablar de un promedio del 82 por ciento de la actividad industrial que ya se inició. Esto significa ocupar alrededor de 28.000 puestos de trabajo en el sector industrial en la provincia”, dijo el ministro durante la conferencia de prensa virtual de este lunes.

Precisó que en el sector metalmecánico hay 280 empresas que ocupan alrededor de 3.000 trabajadores y apuntó que en el comercio minorista se está dando también un reinicio de actividades. Además detalló que se registraron crecimientos en la agricultura y la ganadería.

Proceso gradual
En la conferencia, el ministro realizó un repaso del trabajan que viene realizando esa cartera desde el inicio del proceso de cuarentena, y explicó: “Por decisión del gobernador hemos ido acompañando todos los criterios y definiciones que se han tomado a nivel del gobierno nacional, ya sea la restricción de las actividades como ir permitiendo luego gradualmente las excepciones de las mismas para ir retomando un nivel de actividad industrial productivo y comercial que de a poco vaya restituyendo el nivel de actividad de nuestra economía entrerriana”.

En ese marco, recordó que el primer DNU del 19 de marzo dejó algunas excepciones que garantizaban fundamentalmente todo lo que sea la cadena agroalimentaria, la industria farmacéutica, el transporte para garantizar el abastecimiento a la población, y acotó que luego se fueron exceptuando distintas actividades hasta el 29 de abril.

Explicó que desde esa fecha se facultó mediante un DNU a los gobiernos provinciales a avanzar en las excepciones según criterios que entiendan los gobernadores y las autoridades de salud pública.

«Llegamos con 33 actividades exceptuadas al 29 de abril, y ya con la facultad del gobierno provincial, la primera semana avanzamos en otras 11 excepciones con las cuales llegamos a 44 actividades productivas habilitadas, y la semana pasada el gobernador decidió habilitar el comercio minorista, el sector de servicios y los oficios, y facultar a los intendentes para que habiliten estos sectores para volver al trabajo de manera gradual, paulatina y bajo estrictos protocolos de salud», detalló Bahillo.

Indicó que a la fecha entre el 75 y el 90 por ciento de la actividad económica, de sectores productivos, comercio minorista y los servicios se ha restablecido en la provincia, “lo que permite ir recuperando la situación económica».

Por otra parte, detalló las actividades que todavía están prohibidas por el gobierno nacional, según el decreto 459 emitido ayer. Estas son el dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades, eventos públicos y privados, sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos o de cualquier otra índole; centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado. También el transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para las excepciones de las empresas que tienen que trasladar a sus trabajadores de una ciudad a otra; además de las actividades turísticas, apertura de plazas y parques. «Estas actividades sólo pueden ser exceptuadas por el jefe de gabinete de la Nación o por el Presidente», indicó Bahillo.

Actividad agroganadera
Respecto a ganadería, el ministro Bahillo dijo que la provincia cuenta con más de 4,4 millones de cabezas, ocupando casi el 10 por ciento del total del rodeo nacional, y dijo que en el mes de abril, en 45 establecimientos faenadores, la faena para el mercado interno creció un 4 por ciento, y para el mercado externo creció un 20 por ciento.

En agricultura indicó que se está llevando adelante la cosecha gruesa, se levantó casi el 90 por ciento del maíz de primera, en un 40 por ciento del maíz de segunda; hay un incremento de la superficie sembrada de alrededor del 12 por ciento, llegando a 408.000 hectáreas, con un rinde algo inferior debido a los períodos intensos de secas y pocas lluvias.

«En soja, la de primera, está en un rinde de alrededor de 2.400 kilos, que es inferior casi en un 20 por ciento al año anterior pero dentro del rinde promedio que hay en la provincia y la soja de segunda todavía tiene un porcentaje menor de cosecha. Faltan aún consolidar los números del arroz y del sorgo para lo que es la cosecha gruesa», expresó Bahillo.

Finalmente, el ministro dijo que luego de esta etapa de restablecimiento de la actividad industrial y comercial, el rol del Ministerio de Producción junto con Salud, la Secretaría de Trabajo de la provincia y los municipios, “es avanzar fuertemente en los controles para que se cumplan los protocolos. Por ello apelamos a la conciencia colectiva y a la responsabilidad individual porque no podemos poner a controlar a alguien en cada fábrica o familia entrerriana. Debe haber una responsabilidad individual y colectiva como la hubo hasta ahora que nos ha permitido tener buenos indicadores», completó Bahillo.

 

Alcanza a 1.200.000 trabajadores, quienes reciben el depósito directamente en la cuenta del CBU informado por la empresa. Desde Anses confirmaron bajo qué denominación aparece la acreditación y otros detalles.

La cobertura oficial dependerá de los salarios de cada trabajador, ya que el resto lo deberán abonar los empleadores en la fecha que legalmente corresponda, esto es el cuarto día hábil que se producirá este jueves.

La compensación abonada por ANSES, que en total implicaría un aporte oficial de 27 mil millones de pesos, fue establecida por el artículo 2 del decreto 332/2020 modificado por el 376, firmados por el presidente Alberto Fernández. .

El denominado Salario Complementario es equivalente al 50 por ciento del sueldo neto del trabajador o trabajadora, con un piso de un haber mínimo y un tope de dos salarios mínimos.

De esta manera, en un sueldo de 30 mil pesos de bolsillo, el Estado se hace cargo de 16.875 pesos, que es el monto del salario mínimo.

En el caso de un salario de 50 mil pesos de bolsillo, el Estado deposita 25 mil, y un salario de 80 mil pesos, el equivalente a dos salarios mínimos (33.750 pesos).

Según estimaciones oficiales, ocho de cada diez trabajadores del sector privado percibirán la suma otorgada por ANSES para paliar los efectos de la crisis.

«El 80 por ciento de los trabajadores del sector privado van a estar cobrando una suma que es la mitad del salario que cobraron en febrero completamente abonado por el Estado a través de la ANSES», explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, cuando se anunció la decisión oficial.

 

El sector industrial es uno de los más afectados por la pandemia. «Por surte Entre Ríos por su perfil agroindustrial está posicionada mucho mejor que otras provincias», indicó Leandro Garciandía, presidente UIER.

Las industrias son unos de los sectores más afectados por la pandemia, ya que la gran mayoría están paradas a cero. Si bien, hay algunas actividades que están exceptuadas por el Gobierno Nacional para poder seguir trabajando, se encuentran con problemas en la demanda.

«Veníamos de unos años de recesión, con un estancamiento en la economía, y arrancamos el 2020 con ese escenario, pero con la pandemia la situación se terminó de complicar», expresó Leandro Garciandía, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

Y continuó: «Las industrian de Entre Ríos, exceptuando las alimenticias y de packaging, están paradas. Las empresas que están trabando en el sector alimenticio tiene muchos problemas de cobros, y de funcionamiento».

«Desde la UIER, realizamos algunas encuestas, pero la segunda mitad de abril, los resultados dan cuenta que el 81% de las empresas a nivel nacional tuvieron problemas de cobrar cheques».

Y agregó: «El 31% no pudo pagar los servicios en el mes de abril, el 48% no puede pagar a los proveedores y el 57% no puede sostener los impuestos. Varias empresas que venían con una realidad golpeada, no pudieron acceder a los créditos de los bancos».

«Si bien las industrias exceptuadas pueden seguir produciendo y exportando como la Avícola y el sector arrocero, hoy en día se encuentran con problemas, ya que su primer competidor es Brasil. Este país tuvo una devaluación del 25% de su moneda, entonces lo que sucede es que Brasil se volvió en una amenaza muy seria para las exportaciones argentinas», explicó.

En ese sentido, agregó que «cuando los brasileros exportan lo hacen sin pagar retenciones, pero cuando las industrias argentina lo hacen tienen que pagar ese impuesto. Se tienen que rever algunas políticas de cambio o impositivas para que se pueda ser competitivo y seguir exportando. El país más que nunca necesita divisas».

«La demanda esta caída, tanto para las empresas que no tienen trabajo, como las que están exceptuadas y pueden seguir produciendo. Se necesita volver a la actividad, porque lo de recibir subsidios o de seguir endeudándonos con los créditos, aun sea a tasa cero, no deja de ser otro gasto más».

Al respecto, indicó «por surte Entre Ríos por su perfil agroindustrial está posicionada mucho mejor que otras provincias. Santa Fe y Córdoba que tiene una presencia relacionada al automotriz o metalmecánica, tuvo un impacto muy profundo».

«El Gobierno de Entre Ríos, estuvo muy activo y colaborando para poner su estructura a disposición, para que las industrias vuelvan a funcionar. Se lograron grandes avances pero nos encontramos con el problema de que no hay demanda», finalizó.

El jefe de Gabinete confirmó que desde el Ejecutivo analizan una posible ampliación hasta el 26 de este mes, el Gobierno nacional busca concretar e implementar una nueva cuota de $10.000 el programa de Ingreso Familiar de Emergencia.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezará este lunes en Casa Rosada una nueva reunión de gabinete económico para «darle continuidad al programa IFE» en mayo. Así lo indicó esta tarde. También se refirió a la salida de Alejandro Vanoli del ANSES y la llegada de Fernanda Raverta, remarcó que el gobierno no pidió prisiones domiciliarias y habló sobre la necesidad de sancionar un impuesto a las grandes fortunas.

Debido a la extensión de la cuarentena que en principio será hasta el 10 de mayo y teniendo en cuenta que desde el Ejecutivo analizan una posible ampliación hasta el 26 de este mes, el Gobierno nacional busca concretar e implementar una nueva cuota de $10.000 del programa de Ingreso Familiar de Emergencia que se pagaría en el mes de mayo. «Convoqué a reunión del gabinete económico mañana a las 10 hs para darle continuidad y abonar el mes de abril», adelantó Cafiero en declaraciones a Radio con Vos.

El sueldo complemento de ANSES podrá ser el 83% del sueldo bruto (sujeto a retenciones) o el 50% del sueldo neto de bolsillo a la hora de liquidar los haberes del abril.

Del encuentro además del jefe de Gabinete estará a vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la titular de la (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; y los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Martín Guzmán (Economía) y Claudio Moroni (Trabajo), entre otros. Asimismo, participará también la nueva titular de ANSES. «Raverta se incorporó de lleno a trabajar y mañana va a estar en la reunión. Estamos muy contentos con su llegada. Se acopló muy bien y estuvimos trabajando, cruzando mensajes y hablando durante el fin de semana», dijo.

Asimismo, se refirió a la salida de Alejandro Vanoli del ANSES. «El presidente va optando por el perfil de funcionario que va necesitando y se referencia dentro del FDT. Las especulaciones son más para editoriales. Se necesita compromiso, responsabilidad y mucha coordinación con el resto de las áreas. Vanoli trabajó con mucha honestidad. El presidente decidió que hay que darle otro dinamismo a la agencia y por eso se buscó a la compañera Raverta, que tiene mucha territorialidad», explico.
Cacerolazo
Por otro lado se refirió al cacerolazo que tuvo lugar el viernes pasado. «Las protestas de la gente siempre ayudan, no hay que tenerles miedo. Cualquier espacio democrático como el nuestro, está dispuesto a escuchar los reclamos. Es obvio que el Poder Judicial tomó nota del disgusto que había», sostuvo.

La protesta tuvo lugar en distintas partes del país en repudio a un presunto plan de excarcelaciones de presos con condenas graves, para evitar la propagación del Covid-19 en cárceles. El hecho tomó impulso luego de que numerosos portales y canales de televisión se hicieran eco de supuestas liberaciones masivas en todo el país.

Asimismo, el propio viernes la jueza Julia Márquez de Quilmes generó aún más rechazo al brindar presuntas cifras oficiales respecto de una supuesta liberación masiva de violadores, algo que posteriormente la propia magistrada debió desmentir. «No estoy diciendo que en un día salieron 172 abusadores ni nada, sino que en un día hay 172 personas que recuperaron la libertad bajo distintos institutos», admitió luego la magistrada, cuando la mentira ya estaba instalada y circulando por numerosos medios.

Ante esa situación, desde el gobierno aclararon que no existe ningún plan con ese objetivo y esta tarde, el propio jefe de Gabinete nuevamente salió al cruce de dichas versiones al señalar que «el gobierno no pidió ni prisión domiciliaria ni liberación de nadie. No tenemos injerencia. El Ejecutivo no puede (ni debe) detener, meter preso, ni liberar a nadie».

Respecto a la circulación de noticias falsas que buscaron implicar al Gobierno en el supuesto plan, Cafiero sostuvo que «se intentó confundir a la gente mezclando este tema con maliciosidad política. Hay cierta canallada y mezquindad de parte de algunos miembros de la oposición que buscaron hacer politiquería con esto».

«Los jueces tienen que ser muy responsables con las decisiones que toman, y si se equivocan, tienen que responder por eso», profundizó Cafiero.
Impuesto a las grandes fortunas
El funcionario se refirió al proyecto de ley que buscará sancionar el Ejecutivo en el Congreso para gravar grandes fortunas. Se trata de una medida extraordinaria con el objetivo de obtener fondos para combatir al Covid-19.

Es un proyecto que tiene mucho sentido, se está discutiendo en el mundo», sostuvo Cafiero. Asimismo, aclaró que se trata de «un aporte extraordinario para un momento extraordinario». Aún no comenzó a ser tratado pero se espera que pueda tener trámite parlamentario en las próximas semanas.
Deuda
Uno de los principales inconvenientes que afronta el Gobierno tiene que ver con la renegociación de la deuda. Luego de presentada la propuesta semanas atrás, ahora el Ejecutivo aguarda una respuesta por parte de los bonistas. Sin embargo, el ministro de Economía Martín Guzmán, dejó en claro que no hay posibilidad de correrse de la propuesta ya que el objetivo es lograr que el pago de la misma sea sostenible.

En ese sentido, Cafiero señaló que «se viene trabajando muy fuerte desde los equipos del Ministerio de Economía para ir llegando al mejor resultado posible. La deuda tiene que ser sostenible para un proyecto de país que no contempla hacer ajustes para pagar la deuda».

El gobernador Gustavo Bordet firmó un decreto por el cual destina 150 millones de pesos para asistir a los municipios que presenten dificultades para abonar los haberes de abril a sus trabajadores.
Además, este martes el gobierno transfirió a todos los municipios entrerrianos 272 millones de pesos correspondientes a la garantía de coparticipación.

«Estos 150 millones se suman a otra transferencia que se hizo este martes a la totalidad de los municipios de la provincia respecto a la garantía de coparticipación, por 272 millones de pesos», expresó el ministro de Economía, Hugo Ballay antes de agregar que en total «es una suma de 422 millones de pesos que ayudará fundamentalmente a los municipios que tienen problemas y es el cumplimiento en tiempo y forma con el aporte de la garantía de coparticipación que habíamos comprometido la semana pasada».

Junto a la vicegobernadora Laura Stratta y a los ministros de Gobierno, Rosario Romero; de Economía, Hugo Ballay; y de Producción, Juan José Bahillo; Bordet firmó este martes el decreto por el cual se destinan 150 millones de pesos de Rentas Generales de la provincia para aquellos municipios que presenten dificultades para abonar los salarios a sus empleados.

El ministro de Economía sostuvo que la intención del gobierno provincial es «estar presentes y acompañar a todos los municipios con problemas, por eso este decreto y este fondo que será destinado a los municipios que previamente realicen la presentación de una documentación sencilla ante el Ministerio que luego, por resolución, otorgará esta ayuda como anticipo de coparticipación».

“Así como la prioridad es sostener el cronograma de sueldos de los empleados y jubilados de la provincia, que en los cuatro primeros días hábiles de mayo estaremos anunciando, de la misma manera queremos acompañar a los municipios que no puedan hacerlo», concluyó Ballay.

El decreto

En razón de la pandemia del nuevo corona-virus -COVID-19- y el aislamiento preventivo social y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional en marzo y que se extiende ahora hasta el 10 de mayo, muchos municipios vieron afectadas sus arcas debido a una baja importante en el nivel de recaudación.

La norma deja en claro que el gobierno provincial ha adoptado diversas acciones ante la crisis sanitaria, social y financiera, tratando de paliar y minimizar algunos de sus efectos negativos, y que los los municipios han dado cuenta de desequilibrios financieros y dificultades para atender el pago de los salarios de su personal.

En función de ello, el gobernador Gustavo Bordet, dispuso la suma de 150 millones de pesos de fondos de rentas generales para aquellos municipios cuyas dificultades no les permitan cumplir con el pago de los salarios del mes de abril 2020.

Los envíos se realizarán en los primeros días de mayo y dentro del cronograma que, habitualmente, hace la provincia.

 

El Gabinete Económico confirmó el salario complementario para las empresas privadas de hasta 800 empleados, en el marco del programa de Asistencia al Trabajo (ATP), destinado a afrontar los coletazos económicos por el coronavirus, se informó oficialmente.

Luego del análisis de los pedidos de asistencia, en esta primera instancia, se tomaron las empresas de menos de 800 trabajadores incorporados en los listados de sectores seleccionados, y se determinó que 1.600.000 trabajadores y empleados de casi 160 mil empresas recibirán el pago del salario complementario, equivalente al 50 por ciento del salario de bolsillo.

En el encuentro que se desarrolló en la Casa Rosada, encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se definió además que “se evaluarán los pedidos de las empresas restantes” que podrán acceder a los beneficios del Programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP), ampliado el lunes por un decreto presidencial.

Junto a Cafiero, estuvieron los ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo -Martín Guzmán, Claudio Moroni, y Matías Kulfas, respectivamente-, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó de Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; y la vicejefa del Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, publicó Télam.

El Gabinete Económico, que se reunió por tercera vez esta semana, evaluó los “pedidos de asistencia por la caída en las ventas producidas como consecuencia de la implementación de las medidas sanitarias destinadas a prevenir la propagación del Covid-19”, dijeron las fuentes.

Tras el encuentro se explicó que “luego del análisis de los pedidos de asistencia, en esta primera instancia, se tomaron las empresas de menos de 800 trabajadores incorporados en los listados de sectores seleccionados”.

Asimismo, “se definió que 24.116 empresas que emplean a 255.082 trabajadores pertenecientes a algunas ramas de los sectores turístico, cultural y de salud, recibirán una reducción del 95 por ciento de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, y tendrán aprobada, en esta primera tanda, una postergación de 60 días, ya que se tratan de áreas que han tenido mayor impacto en sus ingresos y seguirán en esa situación”.

Acerca del rendimiento del programa, puntualizaron que las empresas “aprobadas en esta primera tanda representan aproximadamente el 26 por ciento de las empresas formales del país, las cuales emplean alrededor del 27 por ciento de los empleados registrados del sector privado nacional”.

Cafiero y su equipo definieron que “desde la semana próxima se analizará una segunda tanda de empresas que se inscribieron en el ATP, que incorporará la evaluación de la solicitud de las empresas que poseen dotación de personal de más de 800 empleados y los sectores de actividad que fueron incorporados al análisis durante la presente semana”.

 

Además de en Entre Ríos, los profesionales del Derecho y las Ciencias Económicas podrán volver a ejercer en Misiones, Salta, Neuquén y San Juan. La construcción también se amplió a un número determinado de provincias. El regreso está pautado para el lunes que viene, cuando empiece la etapa 4 de la cuarentena.

La Jefatura de Gabinete de la Nación decidió flexibilizar actividades en determinadas provincias. Esta distención de la cuarentena será a partir de la próxima etapa, que comenzará el lunes que viene. La maniobra es parte de la estrategia que busca evitar la profundización de la crisis durante la pandemia del coronavirus.

En la reunión del comité de crisis que se realizó el jueves en la Casa Rosada, en la cual se analizó los pedidos de las provincias para flexibilizar el aislamiento obligatorio, se resolvió disponer una apertura en el ejercicio de las profesiones liberales en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén. La medida alcanzará a los abogados, contadores y profesionales de actividades que requieran título habilitante.

También se dispuso autorizar las obras públicas privadas, en otras palabras: la construcción, en las provincias de Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz, Misiones, Salta, Mendoza y Neuquén.

Las deliberaciones incluyeron consultas con algunos gobernadores, a través de videoconferencias durante la reunión. Ambas medidas se instrumentarán mediante una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que se oficializaría el jueves en el Boletín Oficial.

La flexibilización de estas actividades requerirá el cumplimiento de los protocolos sanitarios elaborados por las respectivas provincias. Y deberán ajustarse a un informe técnico del Ministerio de Salud de la Nación, que reafirmará los cuidados ya establecidos.

Las gestiones de Entre Ríos

A comienzo de esta semana, ElDía había informado que el gobernador Gustavo Bordet iba a insistir ante Nación para que se incluyan estos tres rubros en la próxima etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio que comenzará el lunes 27 de abril.

Los motivos se basaron en que se considera que la puesta en funcionamiento de estos rubros es indispensable, sobre todo en lo que respecta a los profesionales de las Ciencias Económicas a la hora de pensar en la recaudación impositiva.

Por su parte, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la provincia, Juan José Bahillo, había sostenido en ElDía desde Cero (FM 104.1) que “hemos evaluado algunas situaciones puntuales, y lo hicimos mirando el tema sanitario. Entendemos que hay sectores que están al límite en su economía, pero siempre hay que analizar el tema de la salud, donde los riesgos sean menores y analizar la forma en la que dichas actividades puedan volver paulatinamente al trabajo”.

“Tenemos muchos pedidos de distintos sectores para volver al trabajo, tanto de empresarios, como de sindicalistas y también de trabajadores independientes. Estamos analizando criterios antes de solicitar la flexibilización al Gobierno Nacional, pero siempre con el aval del área de Salud de la provincia que primero realizan una evaluación de la situación particular. Entendemos que algunas profesiones, puntualmente el caso de los contadores, tomando todas las medidas sanitarias podrían volver a trabajar, entendiendo que es una profesión que tiene requerimientos puntuales que ameritarían su vuelta al trabajo. Estamos gestionando sobre otras actividades para poder analizar y avanzar sobre una flexibilización, como el caso de la construcción, trabajadores cuentapropistas, hay mucha gente que hace trabajos participares en distintos rubros que deben ser atendidos sus reclamos”, había anticipado en Radio Cero.

Fuente: El Día de Gualeguaychú

 

 

El diputado provincial Esteban Vitor (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley por el que propone que, mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, todas las contrataciones directas de bienes y servicios que se realicen sean publicadas en la web del gobierno de Entre Ríos.

“El decreto 361/20 MS carece de notas sobre la publicidad y difusión que habitualmente rodean a los procesos licitatorios, lo que permitiría una mayor discrecionalidad en la elección de los contratistas y en el manejo de los dineros públicos”, adivirtió en un comunicado.

Por ello, solicitó que “las publicaciones estén on line durante 30 días, dentro de los cinco de notificado el acto de adjudicación y que además se difunda en el Boletín Oficial durante un día, dentro de los diez días de notificado el acto de adjudicación”.

Además, el proyecto establece que las contrataciones directas “contengan mínimamente la descripción de los bienes o servicios adquiridos; cantidades o plazo de prestación de los servicios; monto unitario o por ítems y total de la contratación. Identificación completa de los proveedores adjudicados, ítems adjudicados a cada uno, monto de los mismos y plazo de entrega de lo que se trate”.

En otro artículo señala que “en ningún caso podrán contratarse directamente con proveedores que se encuentren sancionados por la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia y que los empleados o funcionarios del Estado que no acaten esta norma, serán considerados como quienes cometen falta grave”.

El presidente del bloque PRO manifestó que este proyecto “busca evitar que se repita en la provincia lo que sucedido en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuando pagaron un considerable sobreprecio en la compra de alimentos de primera necesidad para abastecer a los sectores más vulnerables”.

El legislador recordó que, “al ser publicada la información y advertida la situación por la sociedad y el periodismo, se pudo frenar ese perjuicio contra las arcas públicas; por eso es tan importante la difusión en tiempo y forma de los actos de gobierno”.

En ese sentido, dijo que Entre Ríos: «Carece de una norma en este sentido y el gobierno provincial demora inusitadamente la publicación de sus actos administrativos, los cuales además publica de modo incompleto omitiendo, por ejemplo, la importante y transcendental información contenida en los anexos, algo que vengo reclamando mediante proyectos desde hace mucho tiempo”.

Referencias

A título de ejemplo, Vitor mostró movimientos realizados por la provincia publicados luego de meses y en otros casos, años después.

“Si se toma el Boletín Oficial del día 6 de abril de 2020, se publican los decretos Nº 3138 y 3139 MCYC, de fecha 10 de octubre de 2019, a través de los cuales se aprueban contrataciones directas, por vía de excepción, realizadas por el Ministerio de Cultura y Comunicación en concepto de publicidad. Según órdenes de publicidad emitidas por el Ministerio competente los anexos no están contenidos en la publicación por lo que se desconocen quienes han sido las empresas beneficiarias de estos avisos y la razón de su ocultamiento”, remarcó.

Y agregó: “También se incluyen en el boletín del día 6 de abril la publicación de las resolución Nº 4435 y 4436 MS, consistentes en contrataciones directas, ambas fechadas el 11 de diciembre de 2017”.

 

 

«Se está pensando ya en cubrir de manera directa parte de los salarios del sector privado», confirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Es debido a las complicaciones existentes en torno a los créditos con tasa del 24%.

El Gobierno nacional está evaluando que el Estado se haga cargo de una parte de los salarios de los trabajadores del sector privado a partir de mayo para aliviar la situación de las empresas ante la parálisis que genera la cuarentena obligatoria de prevención ante el Covid-19.

Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al explicar que se está trabajando en una ampliación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

«Se está pensando ya en cubrir de manera directa parte de los salarios (de los trabajadores) del sector privado. Se van a generar herramientas», dijo el funcionario en diálogo con el canal América.

Kulfas indicó que esta medida se puso sobre la mesa de trabajo después de observar las complicaciones existentes en torno a los créditos bancarios con tasa del 24% que tienen garantía del Estado nacional.

«Yo diría que el acceso al crédito de las pymes es muy parcial, efectivamente. Hicimos un esfuerzo muy grande desde el Gobierno, pero es parcial», dijo el funcionario nacional y cuestionó a «algunos bancos» por poner trabas.

Según Kulfas, hoy las entidades financieras públicas están trabajando muy bien y se han comenzado a sumar bancos privados, aunque algunos de ellos siguen poniendo «excusas para no prestar» dinero a las empresas.

«Los recursos del Fondo de Garantías ya están depositados. La garantía del Estado Argentino está depositada. Si alguna pyme no pudiera pagar y hubiera que refinanciar, el Estado va a estar cubriendo esa situación», dijo el funcionario.

Y se quejó porque «hay bancos que directamente les dicen a las pymes que no tienen estas líneas (garantizadas) disponibles o les piden los balances de los últimos dos años certificados, lo cual es de imposible cumplimiento hoy».

El ministro indicó que se pensó en ampliar el ATP porque «una cosa era pensar herramientas para una cuarentena de diez o quince días» y otra es diagramar la situación con el aislamiento más extenso.

«Por eso estamos trabajando con el ministro de Economía y la AFIP para generar los mecanismos adecuados para que a principios de mayo haya recursos en las cuentas de los trabajadores», dijo el funcionario.

 

La extensión de la cuarentena que el Gobierno anunciará en las próximas horas a raíz del coronavirus obligó al Banco Central a recalcular y ampliar a su vez los beneficios que había fijado para los vencimientos de las tarjetas de crédito.

A principio de mes, la entidad había establecido que los vencimientos de las tarjetas de crédito que caían entre el 1 y el 12 de abril se postergaban al 13 de abril sin generar intereses y había bajado la tasa para cancelar el saldo a 49%.

Pero ahora que se sabe que el aislamiento continuará, mediante la Comunicación A 6461, redujo aún más la tasa -con un tope de 43%- y estableció que las entidades del sistema financiero deberán refinanciar en forma automática los saldos impagos de tarjetas de crédito a un año de plazo, con 3 meses de gracia, en 9 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

«Los clientes que opten por no pagar el total del vencimiento no deberán realizar trámites para acceder a este beneficio«, indicó la entidad monetaria en un comunicado.

La entidad dispuso que los saldos impagos correspondientes a vencimientos de financiaciones que operen entre el 13 y el 30 de abril «deberán ser automáticamente refinanciados, sin necesidad de trámite alguno por parte del titular de la cuenta». Sí será necesario pedir un «stop debit» si el cliente tiene el pago de la tarjeta en débito automático.

Los bancos emisores deben ofrecer al menos tres meses de gracia y 9 cuotas fijas. Así, las cuotas comenzarán a pagarse en agosto a un valor de 147 pesos por cada 1.000 pesos refinanciados.

Esos saldos refinanciados podrán ser precancelados total o parcialmente en cualquier momento y sin costo –excepto el interés compensatorio devengado hasta la precancelación– cuando el cliente lo requiera.

Esto quiere decir que el cliente puede no pagar en abril y postergar el pago de la totalidad del saldo para agosto si quiere. Pero, en este caso, corren los intereses desde ahora hasta el día de pago.

Por otra parte, el Central recordó que «tanto el débito directo como el débito automático en la propia entidad financiera pueden ser reversados a solicitud de los clientes dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del débito y la devolución de los fondos debe operar dentro de los 3 días hábiles de la solicitud».

El Banco Central lleva adelante una política de reducción de la tasa de interés para el financiamiento del saldo de las tarjetas de crédito. En marzo se estableció un tope de 55% que luego bajó a 49% y ahora a 43%, con la eliminación de los intereses punitorios.

Por otro lado, la norma del Central dispone que «las Sociedades de Garantía Recíproca y los Fondos de Garantía de Carácter Público podrán abrir al público desde el 13 de abril, siempre que adopten estrictas medidas de seguridad e higiene en protección de la salud del personal afectado a las tareas con presencia en los lugares de trabajo, incluyendo la provisión de materiales de seguridad e higiene recomendados por el Ministerio de Salud de la Nación».

Fuente: Clarín

 

 

El gobierno nacional empezará a girar mañana a las provincias una parte de los 120.000 millones de pesos para atender la crisis sanitaria desatada por el coronavirus.

El presidente Alberto Fernández acordó el giro de los primeros tramos de este fondo por medio de un decreto ayer cuando se reunió con los gobernadores para definir los alcances de la extensión de la cuarentena obligatoria destinada a mitigar el COVID-19.

De esta manera, mañana el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, enviará $20.000 millones y otros $10.000 millones la última semana de abril. El resto de los $120.000 millones del paquete global de ATN se irá girando durante el resto del año.

“El Presidente se comprometió a ayudar a los gobernadores y eso es lo que vamos a hacer”, explicó a Infobae un allegado a Alberto Fernández que esta tarde estuvo repasando con el ministro del Interior los distritos que se encuentran con mayores complicaciones económicas a raíz de la caída de las actividades por la cuarentena del coronavirus.

La mitad de esos $120.000 millones corresponden a Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el resto son préstamos para un fondo fiduciario provincial a tasas muy bajas.

Los ATN que tiene el Ministerio del Interior son para casos excepcionales y se distribuyen, como indica la ley, en un 80% por el índice de coparticipación de impuestos y el 20% restante en base a la población que tiene cada distrito. Pero en este caso los giros de fondos se acordarán también con los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social.

El tema de los problemas financieros que se empiezan a ver en las provincias fue uno de los ejes de la videoconferencia que Alberto Fernández compartió ayer en la quinta de Olivos con los gobernadores.

Muchos mandatarios provinciales se quejaron porque no llegan a fin de mes a pagar salarios. De hecho, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, aseguró hoy que la provincia garantizará el pago de sueldos de abril, aunque se negó a brindar precisiones respecto a lo que sucederá con los salarios de mayo en la administración pública.

Como consecuencia de la baja actividad económica derivada de las restricciones por el avance del coronavirus en la Argentina y en el mundo, el gobernador riojano sostuvo: “Este mes tenemos garantizado el pago de sueldos, el mes que viene no sé. Tenemos los mismos problemas de todas las provincias, todas estamos pasando una situación difícil por esta pandemia”.

Esta misma situación presentan otras provincias. Aunque en la Casa Rosada aclararon a Infobae que los fondos que se girarán a los gobernadores en concepto de ATN se tratará de que se destinen a pagar insumos sanitarios, cubrir gastos para el personal de la salud y otros inconvenientes que encuentren los mandatarios provinciales a la hora de enfrentar la crisis por el coronavirus.

También en el gobierno aclararon que estos fondos se repartirán en función de la gravedad de casos de contagio de coronavirus y muertes por esa enfermedad que haya en los diversos distritos del país.

Entre Ríos recibirá 966 millones

Según se informó oficialmente, Entre Ríos recibirá $ 2.898 millones en tres tramos de $ 966 millones, proveniente de fondos de ATN, para el pago de salarios, jubilaciones, y los servicios esenciales. El primer tramo se pagará en abril, y los otros dos tramos en mayo. Los otros $ 60 mil constituirán un fondo fiduciario para créditos a las provincias.

 

 

Las entidades financieras otorgaron más de $20.000 millones a una tasa del 24% anual. Asimismo, diversas agrupaciones empresarias reclamaron mayor celeridad en el otorgamiento de las líneas de crédito ante el temor de ir a la quiebra.

Las principales entidades bancarias del país informaron que ya financiaron el pago de salarios en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) por unos $20.000 millones a una tasa del 24% anual, en línea con la medida dispuestas por el Banco Central en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Al mismo tiempo, diversas agrupaciones empresarias reclamaron mayor celeridad en el otorgamiento de las líneas de crédito ante el temor de ir a la quiebra por el derrumbe en la recaudación durante la cuarentena y la imposibilidad de sostener sus gastos.

En ese marco, la Asociación de Bancos de Argentina (Adeba) publicó un relevamiento entre sus asociados, con corte al pasado viernes 3 de abril, en el que sostenía haber comprometido un monto de financiamiento superior a los $10.000 millones, a un promedio de $ 1.400.000 por empresa y con una tasa nominal anual (TNA) de entre 22% y 24%, dependiendo de la entidad.

«Las entidades que participaron de la encuesta representan el 80% de los créditos otorgados por banca privada nacional. Adicionalmente a las asistencias para pago de salarios, los bancos ampliaron líneas y acuerdos en cuenta corriente a sus clientes, a fin de atender otro tipo de necesidades de las empresas», aseguró Adeba en un comunicado.

Puntualmente, el Banco Macro informó a Télam haber colocado $1.897 millones a sus clientes mipyme, mientras que el Comafi superó hoy los $2.300 millones en esa línea.

El Banco Galicia, una de las primeras entidades en liberar fondos para estos créditos hace ya casi dos semanas, otorgó más de $5.900 millones en préstamos para pago de sueldos y descuento de cheques diferidos.

Por el lado de la banca pública, el Banco Nación dio asistencia a 1.096 empresas por un total de $2.962 millones, el Ciudad aportó unos $450 millones a cerca de 500 empresas y el Banco Provincia otorgó 1.040 préstamos por $576,6 millones, exclusivamente para garantizar el pago de sueldos.

Por su parte, desde la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que agrupa a las entidades de capital extranjero, informaron la ejecución de préstamos por un total de $5.852 millones, de los $40.600 millones que sus bancos tienen comprometidos para la financiación de mypimes.

Entre estos, el banco Santander sostuvo que colocó más de $2.000 millones de los $16.000 que pondrá a disposición de sus 24 mil mipymes clientes, para el pago de cerca de 350 mil salarios.

Por su parte, el BBVA aseguró a esta agencia que ya otorgó 1.330 préstamos por un total de $1.700 millones, casi el 40% de los $4.500 millones que el banco dispuso para los préstamos al 24% anual.

En tanto, el Banco Credicoop informó que aprobó el otorgamiento de 9.945 préstamos hasta el lunes pasado, por un total de $4.100 millones, equivalentes a más de 100.000 sueldos.

Los datos monetarios que publica el Banco Central muestran que los adelantos, crédito impresario, saltaron 27,6% nominal en los últimos 30 días, con datos actualizados al 3 de abril. Se trata de una explosión para uno de los rubros que más cayó durante las crisis de 2018 y 2019 debido a la caída de actividad y que, hoy, muestra la enorme necesidad de liquidez que tienen las empresas ante el parate de la economía.

Desde el otro lado del mostrador, el reclamo de asociaciones empresarias por “más celeridad” y “menos burocracia” en el otorgamiento de estos créditos se multiplicó en los últimos días.

Esas empresas dijeron que es «extremadamente urgente» el respaldo bancario ante la posibilidad de que el sector pyme «vaya a desaparecer junto a sus empleados».

“El reloj corre y con cada segundo que pasa sin que se haga nada al respecto, una Mipyme o un emprendedor entra en agonía”, aseguró la Confederación Económica de la República Argentina (CGE), en un comunicado.

En respuesta a las demandas del sector, el Ministerio de Desarrollo Productivo puso en marcha desde hoy el Fondo de Garantías Argentino (Fogar), al que destinará $ 30.000 millones para dar certidumbre a los bancos y que, de este modo, faciliten el acceso de monotributistas y mipymes a los créditos.

Cabe recordar que las líneas de financiamiento, vigentes en algunos bancos desde hace casi dos semanas, fueron impulsadas por el Banco Central (BCRA) que liberó a las entidades financieras cerca de $ 300.000 millones en liquidez a través de la Comunicación A 6943.

 

 

Tras la polémica por la compra de productos esenciales que hizo el Estado para repartir en comedores y barrios humildes en el marco de la cuarentena por el coronavirus, con algunos precios que llaman la atención por lo elevado respecto a lo que se encuentra en el mercado, un empresario aseguró que su marca fue «limitada» en esa licitación a pesar de que vende el paquete de fideos a 28 pesos, 14 pesos más barato de lo que pagó el Estado.

 

Se trata de Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo y fabricante de productos Marolio.

«Nosotros vendemos el paquete de medio kilo de fideos a 30 pesos. A un almacenero que compra por cantidad, a 28. Cuando me desayuné con lo de la licitación me agarró mucha indignación. A Daniel Arroyo lo conozco y no tengo dudas de que es una persona de bien. Espero no equivocarme. Pero alguien en Desarrollo Social hizo mucho daño«, dijo Fera, en diálogo con El Destape radio.

En la contratación que hizo el Gobierno para comprar alimentos, aseguró el empresario, «se prohibió» su marca de fideos.

«En diciembre yo le vendí al Estado a 24 pesos porque me llamó Arroyo y me pidió si le podía mandar mercadería porque estaban desabastecidos. Nosotros no licitamos, pero hicimos una excepción y entregamos la mercadería a ese precio. Ahora alguien, que seguro no es Arroyo, limitó mi marca en la nueva licitación. Hay que buscar al culpable y detenerlo porque hace quedar mal a Arroyo, al Presidente y a todo el peronismo», explicó.

Al enterarse de la polémica contratación, el empresario se «violentó» y pidió «que se investigue».

«Si hay grupos económicos que están acostumbrados a hacer eso, que el Estado les compre directamente a las empresas. Con el Gobierno anterior (Mauricio Macri) licité tres veces, gané las tres y me costó un huevo cobrar. La mafia no viene de hoy, viene de hace años. No permiten licitar a las empresas serias», insistió.

Consultado sobre el nivel de ventas en Maxiconsumo durante la cuarentena, Fera dijo que mucha gente está «acaparando mercadería, lo que provoca desestabilización».

«Algunos vivillos quieren manotear y a otros les cuesta trabajo conseguir mercadería. Hay que decirle a la ciudadanía que no salga a comprar desesperada», cerró.