Mientras finaliza la primera etapa de una nueva exportación de madera desde el puerto de Concepción del Uruguay, ya está todo listo para completar este embarque en el puerto de Ibicuy que tendrá como destino final China.

«La complementariedad es uno de los puntos fuertes del desarrollo portuario que lleva adelante el gobierno de Entre Ríos a través de un trabajo permanente en respaldo del sector productivo», señaló el presidente del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (Ipper), Carlos Schepens.

En este sentido, destacó «en un año se han realizado 19 embarques con exportación de madera y cuatro de arroz de distintas variedades hacia mercados de diferentes partes del mundo como China, Venezuela, Irak, Costa Rica o Senegal».

«Se continúa invirtiendo en infraestructura portuaria y en mejoras que favorezcan la logística para continuar en este camino que sigue mostrando con hechos concretos que nuestros puertos están en marcha, siguen creciendo y están sumando competitividad a nivel nacional», destacó Schepens.

El ultramarino Xing Rong Hai, de 180 metros de eslora y bandera de Hong Kong, está terminando su carga de unas 20 mil toneladas de madera de pino en Concepción del Uruguay, y completará sus bodegas en el puerto de Ibicuy, tal como se ha hecho en gran parte de las exportaciones concretadas en el último tiempo. Desde allí partirá rumbo a China donde esta madera es utilizada en la fabricación de muebles.

«No solo nos complementamos entre los puertos de nuestra provincia, también lo hacemos con los puertos de la República Oriental del Uruguay, con quienes compartimos un río en común y una gran cantidad de potencialidades que debemos unir para sumar volumen y ganar mercados en todo el mundo, tenemos similitudes de producción y necesidades regionales que nos fortalecen para el desarrollo en conjunto», resaltó el presidente del Ipper.

Aún sin fecha confirmada, se aguarda que en los próximos días ingrese un nuevo ultramarino para concretar lo que será la segunda exportación del año de producción entrerriana de madera a través de los puertos entrerrianos.

Así lo confirmaron a Infobae fuentes oficiales y cuatro especialistas que explicaron que el cobro del tributo es ineludible ya que formará parte del sueldo. Este año lo pagarán quienes ganen desde $55.000 mensuales.

Los trabajadores del sector privado que reciban el aumento salarial dictado por decreto sufrirán, a la vez, el descuento correspondiente del impuesto a las Ganancias.

Al ser parte del salario, este beneficio incluirá el pago de Ganancias para aquellos trabajadores que paguen este impuesto, indicó a Infobae una fuente de una cartera involucrada en forma directa en la confección de la medida difundida el viernes.

Cabe recordar que este año pagarán Ganancias los trabajadores solteros que ganen en forma neta a partir de unos $55 mil mensuales y de $73 mil en el caso de los casados con dos hijos.

Para que el “bono” no fuera alcanzado por este tributo, debería dictarse una norma legal de la misma jerarquía o una ley que estableciera una exención particular.
Una fuente de otro organismo oficial ratificó este argumento.

De este modo, el denominado el aumento de $4.000, que se pagará en dos cuotas (una de $3.000 con el salario de enero y otra de $1.000 con el de febrero), llegará más desinflado al bolsillo de los trabajadores.
En esta sintonía, otro especialista, que se desempeñó tanto en el sector público como en el privado, indicó: “Al ser un pago a cuenta de futuras paritarias la suma está incluida en el salario y, si el trabajador paga Ganancias, entonces recibirá una suma menor que los 4000 pesos mencionados”.
Reacción sindical

Habrá que ver cuál es la reacción del sindicalismo ante este descuento que sufrirán los trabajadores, ya que, en 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri otorgó un bono de $5.000 y aplicó, como lo indica la ley, el mismo criterio, hubo fuertes protestas gremiales.

Una de las manifestaciones más tajantes de aquel enojo fue la del ex dirigente de la CGT Juan Carlos Schmid, quien afirmó entonces: “Si el bono de fin de año paga impuesto a las Ganancias, nos están tomando de pelotudos”.

El decreto conocido la semana pasada dispuso “un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá a la suma de $3.000, que regirá desde el mes de enero de 2020 y, a partir del mes de febrero de ese año, se deberá adicionar a dicho incremento la suma de $1.000”.
El texto aclara que, “para facilitar el control por parte de los trabajadores y trabajadoras, deberá consignarse en el recibo de haberes como un rubro independiente denominado ‘incremento solidario’”. Además, cuando la prestación de servicios fuera inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores percibirán el incremento en forma proporcional.

El decreto excluyó de este pago a los trabajadores del sector público nacional, los del sector agrario, y el personal doméstico. Mientras que en el primer caso podría haber otro decreto, en los restantes sectores se formarán “comisiones” para evaluar el tema.

Además, se justificó el aumento en la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, un objetivo que, por Ganancias, se verá afectado parcialmente.

El Jefe de Gabinete Santiago Cafiero anticipó que los empleados del sector público también estarán alcanzados por el beneficio del aumento que anunciará en horas el Gobierno. “Los estatales también están contemplados en los aumentos”.

“Tienen un régimen distinto. Tiene aumentos previstos en enero y febrero. Si bien tienen un mecanismo distinto, también están contemplados en esos aumentos. Falta terminar de cerrar el número pero va a ser un número importante que le pega a la base de los asalariados”, añadió Cafiero en diálogo con C5N.
Respecto al sector privado y los jubilados explicó que “en cuanto pudimos le dimos un bono a los jubilados de la mínima. No se congelan las jubilaciones ni las paritarias. Estamos pensando en generar pisos con sumas fijas. Trabajamos para avanzar con las cámaras y el movimiento obrero para trabajar sobre acuerdos necesarios para poner de pie al país. Si vamos a dar un aumento que las empresas, pymes y comercios los puedan pagar”.

No obstante, resaltó que hallaron “una situación más complicada de la que preveíamos en campaña respecto a las cuentas públicas. Cuando llegamos al Gobierno empezamos a ver que había muchísima deuda que no estaba documentada. Al día de hoy estamos haciendo un recálculo del déficit. Encontramos un deterioro mucho mayor”.

El encuentro será este mediodía en La Plata. Ambas partes quieren retomar la negociación para lograr un acuerdo en el proyecto que prevé una suba de impuestos.

La relación entre el gobierno de Axel Kicillof y la oposición, liderada por un grupo de intendentes de Juntos por el Cambio, que tienen el respaldo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, no pasa por un buen momento. El vinculo reciente se tensó apenas arrancó la nueva gestión en la provincia de Buenos Aires, luego de que se cayera la sesión para tratar la ley impositiva impulsada por el oficialismo.

En ese contexto, se reunirán este mediodía el mandatario bonaerense y cerca de 40 intendentes de la coalición opositora. El encuentro, que se llevará a cabo a las 12 en la residencia del Gobernador, no fue armado con el objetivo de avanzar en las negociaciones por el proyecto de ley impositiva, pero las dos partes reconocen que el tema estará sobre la mesa.

La reunión en La Plata pretende emular a la que Kicillof realizó con los jefes comunales del peronismo la semana pasada y en la que se habló de las principales urgencias en las diferentes localidades y en la que se tocó el tema del aumento en los impuestos inmobiliarios como uno de los objetivos principales de la gestión K.
En esta oportunidad los intendentes opositores llevarán consultas sobre las obras públicas que están en marcha, el fondo educativo y las políticas de seguridad que pretende llevar a cabo el nuevo gobernador. Pero, además, esperan que el mandatario abra el juego para avanzar en las negociaciones por la ley impositiva. Será también la primera vez que muchos de ellos conozcan a Kicillof y concreten un primer acercamiento.

En lo que respecta al conflicto por la suba de impuestos, los jefes comunales de Juntos por el Cambio, encabezados por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, llegarán a la residencia con la decisión de bajar el nivel de conflicto, aceitar el diálogo para llegar a un punto de encuentro y consensuar modificaciones en el proyecto de ley. Después de cinco días de cruces mediáticos, ambas partes mostrarán voluntad para lograr un acuerdo. Al menos, es la intención que tienen de antemano.

La clave del conflicto está en el aumento del 75% en los impuestos inmobiliarios rural y urbano. En el gobierno bonaerense no están dispuestos a ceder en ese punto. “Si traen una propuesta razonable de como recaudar lo mismo sin afectar la progresividad, se puede analizar. Pero la idea de que todos paguen un aumento del 50%, no corre. No es una opción”, explicaron desde el kicillofismo.

Se conocieron más detalles del decreto presidencial que determinará un aumento mínimo para los asalariados registrados de las empresas. Ratifican la modalidad en cuotas.

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, afirmó que el aumento mínimo que el Gobierno definirá por decreto en los próximos días para el sector privado será en forma de sumas fijas acumulativas y remunerativas.
«Se va a pagar en enero, febrero y marzo, en cuotas iguales, para los salarios más bajos de cada rubro», dijo el empresario en declaraciones radiales tras reunirse con los ministros de Trabajo, Cluadio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio que dirige Armando Cavalieri había pedido a la CAC un incremento adicional del 22% como parte de la revisión salarial preacordada, pero la cámara decidió supeditar ese incremento según el nivel de suma fija que resuelva el Gobierno.

«En estos 4 años nos fue mal. En el sector comercio y servicios han cerrado innumerables Pymes y aun así hizo muchos esfuerzos por mantener su planta laboral. Estamos en una situación de crisis», dijo Grinman al explicar las dificultades que tendrán algunos sectores para pagar el aumento, publicó NA.

Pese al rápido tratamiento que se le dio al proyecto en las cámaras de Diputados y Senadores, el texto de la ley todavía no se publicó en el Boletín Oficial. De esta forma, todavía se pueden realizar operaciones con un dólar en torno a los 63 pesos.

Pese al tratamiento exprés que tuvo el proyecto de Emergencia Económica en el Congreso de la Nación, el Gobierno aún no publicó la ley en el Boletín Oficial, por lo que seguirá rigiendo el dólar sin el recargo del 30%. Con el asueto administrativo del 24 y el feriado por Navidad, el interrogante se centra en a partir de cuándo regirá el megapaquete de medidas.

Luego de una maratónica sesión, el oficialismo logró el pasado viernes la media sanción del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en Diputados e inmediatamente el texto pasó a debatirse en el Senado donde se aprobó tras otra extensa jornada de debate. Con la sanción de la ley de Emergencia Económica se especulaba con la posibilidad de que a partir de este lunes estuviese oficializada en el Boletín Oficial, sin embargo en las primeras horas de la madrugada el paquete de medidas no fue promulgado.

De esta forma el precio de la divisa estadounidense será similar a la cotización del último viernes cuando el oficial cerró a $62,99 -según el promedio elaborado por el Banco Central-, sin el recargo del 30%. Con el correr de las hora se irá dilucidando cuándo finalmente estará promulgada la ley, ya que crecen las dudas debido a que el Gobierno decretó asueto administrativo para este martes 24, y el 25 es el feriado por Navidad. La gran incógnita a estas horas es si se oficializa este martes o miércoles considerando que la administración pública no abrirá sus puertas. De lo contrario, el texto de la ley sería publicado en el Boletín Oficial en la madrugada del jueves.
Una vez que empiece a regir la emergencia económica, el único dólar legal que podrán acceder los argentinos es el “solidario” que costará en torno a los 82 pesos. De mantenerse las cotizaciones del pasado 20 de diciembre, el precio de venta en el Nación será de $81,90, y en los privados y casas de cambio se comercializará entre ese precio y $85,50.

De todos modos, serán pocos los dólares que podrán adquirirse por esa vía, ya que se mantiene vigente la restricción iniciada el lunes 28 de octubre que permite a cada persona la compra de sólo USD 200 por mes. Una suma que el viernes, para quienes aún no habían hecho uso de su cupo mensual, equivalía a $12.600 y que una vez que se aplique el recargo del 30% representará un desembolso de $16.380, es decir $3.780 más.

El recargo se aplicará tanto a las compras para atesoramiento como a las realizadas para viajes al exterior o en operaciones con tarjeta de crédito, aunque en este caso, luego de las dudas iniciales, se aclaró que las compras concretadas antes de la puesta en vigencia de la nueva ley no serán alcanzadas por el 30% adicional.

Las operaciones del mercado mayorista y de comercio exterior tampoco serán objeto de este nuevo recargo, razón que invocan los funcionarios del gobierno para intentar convencer a la población y a los agentes económicos de que esta devaluación encubierta bajo la figura de los tipos de cambio múltiples no debería tener impacto inflacionario.

Anoche, en declaraciones televisivas, Alberto Fernández defendió la medida. “La Argentina se quedó sin dólares, tanto que antes de irse Macri fijó un cepo, que aclaro que es muy necesario. Lo que tienen que saber los que viajan al exterior es que hoy el dólar es un bien escaso”, sostuvo el presidente de la Nación.

La eventual sanción de la ley de Emergencia servirá de base para acelerar y dinamizar la ronda de paritarias en lugar de postergarla. Podría tener un piso de 6 mil pesos.

El Gobierno buscará fijar por decreto un monto mínimo de aumento salarial para impactar sobre los sectores más golpeados por la crisis pero habilitar al mismo tiempo la apertura de una negociación superadora con otros rubros de la economía con chances de mejorar el valor establecido. La eventual sanción de la ley de Emergencia servirá, así, de base para acelerar y dinamizar la ronda de paritarias en lugar de postergarla, como se especuló en un principio a partir de un ofrecimiento en ese sentido de la CGT.
La precisión acerca de la suba por decreto, una promesa de campaña de Alberto Fernández refrendada por su equipo económico, fue brindada por los funcionarios a cargo de la implementación de la medida. En particular, en las áreas de los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quienes a su vez deberán acometer la tarea de montar un acuerdo de precios y salarios como primer paso entre empresarios y sindicalistas y luego un Consejo Económico y Social.

El aumento por decreto para trabajadores del sector privado forma parte de los postulados de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Ejecutivo envió al Congreso y que espera ver avanzado en su tratamiento esta misma semana.

En el Gabinete explicaron que la medida orientada al sector privado el objetivo inicial es apuntalar los ingresos de los trabajadores más postergados, cuyas paritarias corrieron al menos este año por detrás de la evolución de la inflación. En la CGT identificaron apenas ocho sindicatos, entre los que figuran la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y la Asociación Bancaria, que quedaron a salvo del desfasaje entre sus acuerdos salariales y la suba de la canasta básica. Para los demás en la central obrera advertían sobre la necesidad de fijar el incremento por decreto.

El primer indicio lo dio el ministro Moroni en una reunión que mantuvo semanas atrás con la “mesa chica” de la CGT. Allí, como había anticipado este diario, les dijo que entre las primeras medidas de Alberto Fernández figuraría ese ajuste, presentado como “imperativo moral”, en palabras del funcionario, y con el propósito colateral de dinamizar el consumo y darles un respiro al comercio y las pequeñas y medianas empresas.

Una vez enviado el proyecto de ley al Congreso los funcionarios consultados aclararon que el eventual monto a decretar para la suba no fue resuelto todavía, aunque se presume que tendrá un piso de 6 mil pesos. Cualquiera fuese esa cifra, agregaron los técnicos, podrá ser el número definitivo en los casos de actividades imposibilitadas de mejorar el pago por restricciones de las empresas o bien la base de un incremento mayor a ser consensuado en el ámbito de las respectivas paritarias.

De ese modo, y en sentido contrario a una eventual paralización de las negociaciones salariales, el valor decretado quedará sujeto a mejoras sólo en el ámbito de los convenios colectivos de trabajo, incluso en los que cronológicamente ya fueron clausurados por este año, publicó Ámbito.

El presidente Alberto Fernández afirmó que será una inyección de consumo» que ayude reactivar la actividad de las pequeñas y medianas empresas y a los sectores más vulnerables con una visión de redistribución solidaria.

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que el Plan contra el Hambre, que incluye medidas que hoy se anunciarán en la presentación del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, «será una inyección de consumo» que ayude reactivar la actividad de las pequeñas y medianas empresas y a los sectores más vulnerables con una visión de redistribución solidaria.

La presentación, que tendrá lugar a las 17 en la Casa Rosada, será encabezada por el presidente y contará con la presencia de empresarios, sindicalistas, dirigentes políticos, sociales y religiosos, que conforman este cuerpo para enfrentar los problemas de alimentación de millones de argentinos.

«A partir del miércoles se va empezar a instaurar el Plan contra el Hambre y eso va a reactivar sensiblemente la actividad en todo el país en lo relativo al consumo», expresó Fernández, y sostuvo que el dinero que se destine a este plan será «una inyección de consumo».
También se refirió al proyecto de ley de «reordenamiento económico» que el gobierno nacional enviará esta semana al Congreso que, aseguró, favorecerá con alivios fiscales a las pymes y al sector productivo.

«Todos los sectores que producen se van a ver muy privilegiados», dijo Fernández y aseguró estar trabajando en un programa económico «para que opere y sirva de modo que una cosa se ate con la otra».

El objetivo del gobierno nacional es que el dinero volcado al consumo de bienes de primera necesidad empuje la reactivación económica y ayude a aliviar la delicada situación que atraviesan miles de empresas en todo el país.

«Yo le pido a la pyme que no despida porque, a la vez, le doy ventajas para que su empresa crezca», sostuvo hoy Fernández.

Según dijo, con la ley de reordenamiento económico que están proponiendo, las pymes «se van a ver muy favorecidas, fundamentalmente en su trato impositivo», ya que dispondrán de «ventajas que suponen esperas y moratorias de las altísimas deudas fiscales y previsionales».

El domingo se realizaron asambleas en diferentes puntos del país. Es unánime el rechazo a la medida anunciada por el gobierno, y esperan definiciones de la dirigencia gremial que se reúne en Capital Federal.

Tras el anuncio del gobierno de aumentar las retenciones, productores agropecuarios se autoconvocaron y realizaron asambleas en diferentes puntos del país, con el objetivo de empezar a definir acciones gremiales, de cara a la reunión de este lunes de la Mesa de Enlace Nacional en la sede central de Confederaciones Rurales Argentinas.

Mientras tanto desde el Gobierno salieron a explicar nuevamente que la medida no es un aumento de las retenciones, sino una actualización de las mismas ante los efectos de las últimas devaluaciones que se registraron durante el gobierno de Mauricio Macri.

El presidente Alberto Fernández, en declaraciones radiales, dijo: “Salvo las retenciones, toda la Argentina se indexó, por decirlo brutalmente, por la caída de la moneda. Lo único que se hizo fue actualizar las retenciones que ya existían. No estamos fijando nuevas retenciones. Cualquier cosa que hagamos será tema de discusión”.

Además, se solidarizó con los ex integrantes de la Mesa de Enlace de 2008 que fueron procesados en los últimos días por un Juez de San Nicolás, por una protesta realizada en San Pedro durante el conflicto por la 125. Al respecto, el presidente aseguró: “Procesar a alguien por lo que pasó en 2008 es un disparate”.
En esa versión de los hechos que plantea el gobierno que lo anunciado este sábado es una actualización de las retenciones, también se deberían haber eliminado los 3 pesos por cada dólar exportado para las economías regionales, y eso no se realizó. Y por otro lado, hay una cantidad importante de productos, entre ellos la carne y algunas economías regionales, a las que le fijaron una retención del 9%, registrándose un aumento de casi el doble a las existentes hasta el viernes pasado. En ese caso no hubo actualización, sino una mayor presión impositiva.

Por otro lado, en el comunicado del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de ayer, se anunció la convocatoria a reuniones que se llevarán adelante con los diferentes actores del sector, con el propósito de trabajar conjuntamente y en el marco del diálogo, en un nuevo esquema que incentive e incremente la producción y exportación de productos de alto valor agregado.

En ese sentido, trascendió que el gobierno estudia la posibilidad de restablecer el diferencial arancelario que alcanzaba a la harina y aceite de soja frente al poroto que se había eliminado a mediados del año pasado.

Asambleas

Ante este panorama, productores agropecuarios de diferentes puntos del país se reunieron en asambleas con el propósito de analizar la situación y empezar a definir acciones gremiales. Es muy grande el malestar en el interior productivo, por la manera que se eligió para anunciar la medida, durante un sábado en una edición especial del Boletín Oficial, y además cuestionan al Gobierno ya que se implementó la misma, “sin diálogo y consenso”.

Uno de los encuentros de productores fue en el cruce de las Rutas 9 y 178, en Armstrong, provincia de Santa Fe, con una activa participación de los integrantes del Movimiento “Campo+Ciudad”. Al final de la reunión, elevaron un petitorio mediante el cual rechazaron el aumento de impuestos al sector productivo de alimentos y materias primas, “en forma autoritaria e inconsulta, en perjuicio de la mesa de todos los argentinos“.
También manifestaron su rechazo a las medidas tomadas por el juez Carlos Villafuerte Ruzo por el procesamiento y embargo contra los representantes de la Mesa de Enlace del año 2008 y demás personas, y por otro lado, se pronunciaron en contra de toda Ley que asigne poderes especiales al Ejecutivo Nacional.

Por otro lado, reclamaron una disminución del gasto público “improductivo”, y se mostraron a favor de promover el diálogo con instituciones para llegar a políticas de aumento de producción y trabajo. Y por último solicitaron a la Mesa de Enlace Nacional tomar medidas urgentes, “para favorecer la solución de la problemática actual”.
Otra de las reuniones de productores, fue en la ciudad entrerriana de Crespo. La presidenta de la Filial de Federación Agraria de dicho distrito, Mariela Gallinger, aseguró, “al país no lo podemos sacar adelante obstaculizando a la producción. Siempre en momentos complicados el campo siempre hace su aporte, y pedimos que otros sectores como la minería, el juego, la renta financiera, y el mismo Estado, deberían acompañar esta difícil situación con su aporte”.

Y además manifestó: “Es inentendible que en nuestro país exista un 40% de la población en la pobreza, cuando el campo aporta alimentos para millones de personas, y donde los impuestos significan para nosotros entre el 60 y 70% de nuestra producción. Al productor hay que ayudarlo, y no sacarlo del sistema con medidas como las que se anunciaron ayer de aumento de retenciones. Rechazamos el incremento, además apostamos a encontrar puntos en común por el bien de todos, y acompañamos a la Mesa de Enlace Nacional y Provincial en su accionar”.

Otros pronunciamientos

Productores bonaerenses de la Federación Agraria, que están distanciados con la actual conducción de la entidad, expresaron que en el campo “no somos todos iguales, y las penas son de nosotros y la renta extraordinaria es ajena”, y agregaron, “las retenciones en el agro son un muy mal impuesto, y son peores cuando no son progresivas ni escalonadas. El gobierno anterior cometió varias irresponsabilidades en materia económica que se evidenciaron durante el mismo periodo presidencial. El retorno al cepo y las retenciones son un clarísimo ejemplo”.
Y agregaron: “El gobierno actual, al intentar adecuar la medida que se tomó en materia de retenciones agrarias durante el gobierno de Macri, magnificó una herramienta de concentración económica y exclusión de los pequeños y medianos productores como son retenciones para todos por igual, sin segmentación”.

Por otro lado, alertaron: “Los chacareros bonaerenses venimos de la peor sequía de la historia, y estamos entrando en otra que amenaza con tener de similares características. La provincia no nos otorgó certificados de emergencia, dejándonos solos frente a Afip y a Arba. A esta altura no tenemos un grano, lo que tenemos son deudas, y con particulares, porque el Banco Nación y el Provincia nos dieron la espalda”.

El tema está en estudio por parte de la AFIP y de la secretaría de Hacienda, reconoció un alto funcionario del gabinete económico Continuar leyendo →

Con este cambio, el gravamen por derecho de exportación para la soja alcanzará al 27% (ya que hasta el momento se ubicaba en el 18% a lo que había que sumarle los $4 por dólar).

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Además, estudian lanzar una Canasta Navideña, que incluiría entre 6 y 8 productos y un relanzamiento de Precios Cuidados. La información se conoció luego de que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recibiera a empresarios.

Entre las medidas destinadas a reanimar el consumo, el Gobierno y sectores del comercio y supermercadistas estudian lanzar una Canasta Navideña, que incluiría entre 6 y 8 productos, trascendió esta noche. También habría marcha atrás con subas en productos claves y un relanzamiento de Precios Cuidados.

La información se conoció luego de que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recibiera a empresarios. Entre quienes visitaron a Kulfas se encontraban los dueños de los principales supermercados.

El ministro sostuvo la necesidad de «interrumpir la inercia inflacionaria», tras conocerse el dato de que el costo de vida subió 4,3% en noviembre y acumula 52,1% en el último año.

Si bien la reunión fue cordial, en un momento el ministro reclamó a los supermercadistas por el alza que varios productos tuvieron por encima de la inflación en los últimos meses.

Hubo un principio de acuerdo para dar marcha atrás con algunos ajustes en productos clave, como el aceite, y los de higiene y tocador, entre otros.

Igual, los supermercadistas cargaron las tintas sobre el sector industrial como responsable de los ajustes: «Son ellos los formadores de precios», dijeron.

En el encuentro se acordó mantener el Plan de Precios Cuidados, con un menú que tendrá medio millar de productos.

Kulfas pidió relanzar esa canasta tras su vencimiento, el 7 de enero próximo.

Quiénes asistieron
Por el lado oficial estuvieron, además de Kulfas, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y la titular de Defensa del Consumidor, Laura Goldberg.

Entre los supercadistas se anotaron Alfredo Coto (Coto), Federico Coron (Día), Federico Braun (La Anónima), Dolores Fernández Lobbe (Walmart), Joaquín Santa Coloma (Cencosud), Jean Christophe Tijeras (Libertad), Stéphane Maquaire (Carrefour), y Juan Vasco Martínez (director ejecutivo la cámara del sector, ASU).

En noviembre, los alimentos y bebidas aumentaron a un ritmo del 5,3%, por encima de la inflación del 4,3%. Banana, tomate y asado encabezaron la lista de alimentos que más subieron el mes pasado.

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En su primer día en funciones, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, decidió avanzar ayer a toda velocidad para poner en marcha un programa de créditos productivos no bancarios, tal como anunció el Presidente ante la Asamblea Legislativa. Lo hará de la mano de los movimientos sociales, que tendrán una fuerte presencia en el organigrama del ministerio.

La iniciativa se pondrá en funcionamiento desde la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), un organismo que se creó en 2007, por impulso del propio Arroyo, y que quedó casi inactivo en los últimos años. La idea es otorgar préstamos a organizaciones y personas, para financiar bienes de capital o para desendeudar a las familias.

La tasa de los créditos no superará el 3 por ciento anual, muy por debajo del costo de los préstamos en el sistema bancario. En la actualidad, esos créditos son en promedio de unos 15.000 pesos y, según el presupuesto de este año, totalizan 140 millones de pesos. Arroyo planea ampliar el monto promedio y multiplicar el presupuesto total, para que lleguen potencialmente al 40 por ciento de la población.

Los préstamos tienen como antecedente el plan Manos a la Obra, instrumentado en 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se sostendrán con fondos públicos y llegarán a los beneficiarios por medio de cooperativas, mutuales y entidades de la sociedad civil. Tendrán como destinatarios a personas y organizaciones. El objetivo del programa es volcar recursos para financiar microemprendimientos productivos. En la cartera conducida por Arroyo todavía no saben cuál será el monto total de la inversión en el programa.

El ministro conversó ayer del tema con el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico. El líder del Movimiento Evita tendrá como subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local a Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie, una de las agrupaciones que integran el llamado triunvirato piquetero. El ministerio tendrá otras cuatro secretarías: Inclusión Social, a cargo de Laura Valeria Alonso, dirigente de La Cámpora; Articulación de la Política Social, de Gonzalo Calvo; Abordaje Integral, a cargo de Alicia Soraire; de Coordinación Administrativa, de Cecilia Lavot, y de Niñez, Adolescencia y Familia, de Gabriel Lerner.

«El programa de microcréditos existe, pero está muy deprimido. La intención es dotarlo de más poder. La estructura ya está», explicaron voceros del ministerio, y detallaron que la idea es agilizar los procesos para que los primeros préstamos puedan otorgarse en unos 60 días. Ponen como ejemplo el emprendimiento de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), de Mendoza, que le vende tomates en conserva al chef argentino Mauro Colagreco, elegido el mejor chef del mundo, por el restaurante francés Mirazur.

«Los créditos pueden ser para comprar una máquina, para herramientas o para poner en marcha un emprendimiento», explicaron. «También, para que las familias endeudadas puedan pagar lo que deben y adquirir créditos más baratos», detallaron.

Antes de reunirse con Pérsico, Arroyo recorrió las instalaciones del ministerio, ubicado en el edificio de 9 de Julio y Belgrano, y conversó con los empleados de distintos sectores. «Quedó muy impactado por el malestar que había acumulado la gestión anterior en muchas áreas. Hubo gente que lo recibió llorando», contaron a LA NACION en su entorno. El ordenamiento de las cuestiones internas le consumió al ministro buena parte del día.

Contra el hambre
En la agenda del funcionario figura la primera convocatoria del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, aunque todavía no se definió si será el lunes o el martes de la semana que viene. Antes de encabezar esa primera reunión, Arroyo visitará un comedor comunitario situado en un municipio del conurbano bonaerense. La emergencia alimentaria, medida que el Gobierno pretende prorrogar, prevé para el año próximo fondos por 40.000 millones de pesos.

Fuente: La Nación

El economista será el nuevo titular del Banco Central de la República Argentina, según adelantaron desde el entorno de Alberto Fernández. Fue vicepresidente de la entidad y tiene una larga experiencia en la gestión pública.

Miguel Ángel Pesce será el nuevo titular del Banco Central de la República Argentina, según adelantó una alta fuente del entorno de Alberto Fernández.

Se trata de un economista, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con una larga experiencia en la gestión pública. Particularmente en materia financiera ya que se desempeñó como vicepresidente de la más alta autoridad monetaria durante más de una década e inclusive llegó a presidir interinamente el BCRA.

El diario Ámbito Financiero resalta que quienes conocen a Pesce señalan que se trata de un profesional con pensamiento heterodoxo. Reflexivo, se lo considera un hombre con buenos vínculos tanto con la banca como con las finanzas internacionales.

No son pocos los desafíos que enfrentará el futuro conductor de la política monetaria. El presidente electo Alberto Fernández ha señalado que es necesario bajar la tasa de interés para poner en funcionamiento la economía. En tal sentido, se anticipa que Pesce cuenta con la capacidad técnica para compatibilizar este objetivo con la regulación monetaria.

Todo indica que con la implementación del cepo -que seguramente continuará- el Banco Central llevará adelante una política de expansión monetaria. Por otra parte, el gobierno saliente también allanó el camino al firmar una autorización para que el BCRA financie al Tesoro por 400 mil millones de pesos.

No obstante, la concentración de vencimientos de la deuda externa, la limitada disposición de reservas y la ausencia de crédito internacional imponen un contexto difícil para las nuevas autoridades. A modo de referencia, en los próximos meses los vencimientos en divisas suman 15.000 millones de dólares, es decir una cifra superior a las reservas de libre disponibilidad.
Antecedentes
Políticamente vinculado a la Unión Cívica Radical, dentro del grupo denominado radicales K, es decir quienes apoyan al kirchnerismo, Pesce asumió la vicepresidencia del Banco Central el 24 de septiembre de 2004, cargo que mantuvo hasta el 12 de diciembre de 2015, es decir hasta el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. De esta forma, acompañó a cuatro presidentes de la entidad, sucesivamente: Martín Redrado, Mercedes Marcó del Pont, Juan Carlos Fábrega y Alejandro Vanoli.

Ocupó interinamente la presidencia del Banco Central entre el 29 de enero y el 3 de febrero de 2010, tras la destitución de Redrado, a raíz del conflicto suscitado por la implementación del Fondo del Bicentenario. En aquel momento Redrado se enfrentó con la presidente Fernández de Kirchner cuando este economista se opuso a la utilización de las reservas de la entidad para pagar la deuda externa. Posteriormente, Pesce fue procesado junto con Cristina y otros funcionarios por la causa de la venta de dólar futuro.

Además de su paso por el BCRA, Pesce fue Síndico General de la Nación, secretario de Hacienda y Finanzas de las Ciudad de Buenos Aires y actualmente preside el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.