El ministro de Economía, Hugo Ballay, ratificó la entrega de los bonos de fin de año para trabajadores activos y pasivos. En diálogo con Elonce TV, el funcionario dio detalles de las fechas de pago.
El ministro de Economía, Hugo Ballay, se reunió este miércoles con los gremios estatales y confirmó la fecha de convocatoria a paritarias, las cuales se llevarán a cabo el 26 y 27 de enero.

Entre otros anuncios que fueron valorados por los sindicatos, el ministro también informó que se prorrogarán los adicionales para el personal esencial en el marco de la pandemia y, se aumentarán los contratos de obra.
Durante el encuentro que se desarrolló en el Salón de Gobernadores de Casa de Gobierno, Ballay anunció, además, que la provincia actualizará un 18 por ciento las asignaciones familiares para los trabajadores estatales a partir del primero de febrero, y que también habrá un aumento similar a partir del primero de mayo. De esta manera la provincia se equipara a los montos pagados por Anses en este ítem.
Bono
Además, el ministro ratificó la entrega de los bonos de fin de año para trabajadores activos y pasivos. En referencia al bono de fin de año, anunciado ayer por el Gobernador, Gustavo Bordet, para activos y pasivos provinciales, el ministro dio detalles del pago de las sumas.
Al respecto, del bono de fin de año de 5.000 pesos para los trabajadores activos, y de 3.000 para los pasivos, Ballay precisó que se abonará la semana próxima antes del cierre del año. «Lo vamos a abonar en los días hábiles de la próxima semana», dijo Ballay a Elonce TV y agregó que «seguramente, lo estaremos depositando en cada cuenta, pero estamos generando los mecanismos para abonarlo la próxima semana», reiteró.
Pago
Cabe recordar que el gobernador, confirmó este martes desde Concordia, que «se generará un bono para los sectores activos de 5000 pesos, que abonará el 29 de diciembre, y uno de 3000 pesos para los pasivos, que se pagará el 30 de diciembre», dijo el gobernador.
Asimismo, agregó: «se trata de una inversión muy significativa de 650 millones de pesos que hace la provincia aún en un marco muy delicado como el que nos impuso la pandemia, y que se suma a los 10.500 millones de pesos que ya se volcaron antes de las fiestas y que representan una gran actividad económica», señaló Ballay.

La provincia adelantará este miércoles 23, el 50 por ciento de las garantías de coparticipación correspondientes al bimestre de septiembre y octubre, en tanto que el 50 por ciento restante se pagará en el inicio de la semana entrante, cumpliendo en tiempo y forma con los plazos establecidos.
El ministro de Economía, Hugo Ballay, informó que “el gobernador tomó la decisión para acompañar los requerimientos de los distintos municipios que tienen que hacer frente al pago de aguinaldo, y adelantar el 50 por ciento de ese monto para este miércoles 23 y pagar el 50 por ciento restante entre lunes y martes de la semana próxima”. El monto total es de 453 millones de pesos, divididos entre los municipios de acuerdo a su índice de coparticipación.

En ese marco, explicó que “el gobierno provincial tiene que cumplir con las garantías de coparticipación correspondientes al bimestre de septiembre y octubre, el plazo de darle cumplimiento sería el 30 de diciembre”.

“Esto avala una vez más, a pesar del año tan especial, el cumplimiento en tiempo y forma, incluso adelantándolo en este caso, del gobierno provincial con los municipios”, acotó, y agregó que se efectúa “independientemente del color político, cumpliendo con todos los municipios entrerrianos de acuerdo al índice de coparticipación que le corresponde a cada uno”, agregó.

Por último, reiteró el compromiso y el cumplimiento en tiempo y forma por parte del gobierno provincial, “y en este caso en particular, adelantarlo para acompañar aquellos municipios que tenían pensado pagar el sueldo anual complementario en esta fecha”.

El gobernador Gustavo Bordet informó este martes que el gobierno provincial entregará un bono de 5.000 pesos para los empleados activos y de 3.000 pesos para los pasivos, los que se pagarán antes de fin de año.
«Después de un esfuerzo muy grande y un año muy difícil, se generará un bono para los sectores activos de 5.000 pesos, que se abonará el 29 de diciembre, y uno de 3.000 pesos para los pasivos, que se pagará el 30 de de diciembre», anunció el gobernador este martes.

Al respecto, Bordet planteó que «es un esfuerzo muy grande que hacemos desde el gobierno de la provincia, pero entendemos que es muy necesario porque hay una situación social que lo amerita».
También indicó que se convocará a paritarias después del 22 de enero, es decir la semana siguiente de cuando termine el receso, a todos los gremios de la administración pública provincial.

En los próximos 3 meses, la Secretaría de Energía deberá deberá negociar con las energéticas el nuevo esquema diferenciado de aumento de las tarifas, que se aplicará desde abril
A fin de poder renegociar los aumentos tarifarios de los servicios públicos así como definir la instrumentación de un sistema que diferenciará el monto de incremento según los ingresos de los usuarios, el Gobierno prorrogó este jueves por 90 días el congelamiento de las tarifas previstas en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que vencía a fin de año.

El Decreto 1020/2020 , publicado este jueves en el Boletín Oficial, extendió la intervención del ENRE y del ENARGAS por un año o “hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria”. Mientras perdure la intervención, el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte SA ( EDENOR ) y Empresa Distribuidora Sur SA (EDESUR) .

A poco de que venza la Ley de Solidaridad sancionada el diciembre pasado y que congeló las tarifas de luz y gas, la Secretaría de Energía ya tiene casi lista su propuesta de «reestructuración tarifaria».

Tras una auditoría se determinó que “las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, ni razonables, ni transparentes”.Así, propusieron al Poder Ejecutivo iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente y proceder “una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios industrias” que se ha verificado durante el 2020, “en razón del mantenimiento tarifario al observar la evolución de los montos a facturar a usuarios del público y por otro lado la evolución del nivel general de precios, salarios y actividad económica ”.

El ENRE y el ENARGAS estarán al frente del proceso, cuyo plazo no podrá exceder los dos años desde su entrada en vigencia.Sin embargo, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Energía podrán prever “adecuaciones transitorias de tarifas”. Los entes reguladores deberán organizar un banco de datos del proceso de renegociación, llevar adelante los regímenes de audiencia pública , de consulta pública y de participación ciudadana que resulten pertinentes.

“Los acuerdos definitivos o transitorios deberán formalizarse mediante actas acuerdo con las concesionarias o licenciatarias y los titulares del ENARGAS y del ENRE, así como del Ministerio de Economía, quienes los sucribirán ‘ad referendum’ del Poder Ejecutivo”, establece el artículo 5 del decreto . No obstante, “en caso de no ser factible arribar a un acuerdo”, el ENRE y el ENARGAS deberán dictar el nuevo régimen tarifario para los servicios públicos.

El objetivo de Darío Martínez es comunicar una suba discriminada , donde el Estado aporte más o menos subsidios según la realidad económica de las familias. No habrá un incremento de subsidios, que se mantendrán entorno al 1,7% del PBI, sino que se redistribuirán de forma más equitativa, adelantó la Secretaría de Energía a minutouno.com cuando este portal anticipó la medida de aumentos diferenciados de los servicios públicos .

Esto es, habrá una parte importante de la población que no sufriría ningún tipo de aumento en el valor de la luz y el gas al menos durante el próximo año, y esa suba la absorbería en parte el Estado con subsidios y otra parte las propias distribuidoras .

El Gobierno pretende que el 40% de la población argentina que vive en situación de pobreza no sufra cambios en las boletas, tras la recesión en la que está sumida la Argentina desde hace 3 años y agravada por la pandemia de coronavirus, que incrementó el desempleo y la pérdida de ingresos.

Así, luego de 3 años tarifazos acumulados del 3000% en el caso de la luz y cerca del 2000% aplicados durante la gestión de Mauricio Macri, desde abril de 2019 los servicios se encuentran congelados. Primero por decisión del ex presidente en un año electoral, y luego por la Ley de Solidaridad, sancionada en diciembre pasado en el marco de la grave situación económica que atraviesa el país.

Para corregir las tarifas, la idea entonces que apartar de esas subas al 40% de los argentinos que no pueden hoy pagar ninguna factura de luz y gas, mientras que el 45% que forma parte de la «clase media», según cálculos del Gobierno , tendrá que afrontar un aumento similar al de la inflación general de precios, calculada para 2021 en el Presupuesto de un 29%, pero que para las consultoras será del 48%.

En tanto, el 15% restante de la población de altos ingresos afrontaría una actualización cercana al 70% que reclaman las energéticas por el retraso tarifario.De esta forma, se busca minimizar el impacto de las eventuales subas en los sectores de menores recursos.

«Es necesario adecuar las tarifas de los sectores públicos porque si no hay inversión, se generan cortes energéticos por una menor energía disponible» , resaltan desde el gabinete económico de la administración de Alberto Fernández.

Para las distribuidoras energéticas, la luz y el gas deben ajustarse al entorno al 70% tras dos años sin retoques de los cuadros tarifarios.

Se trata del quinto aumento que se registra desde agosto, luego de un período de congelamiento de precios desde el 1 de diciembre del año pasado, con lo cual el incremento ronda el 20% de acuerdo a zona del país y marca
La petrolera YPF aumentó a partir de la medianoche un 4,5% promedio el precio de las variedades de naftas y gasoil en todas sus estaciones de servicio del país, lo que incluye la actualización del componente impositivo, según informaron fuentes de la compañía.

No obstante, el aumento de los combustibles en la Capital Federal es del 5,5%, de acuerdo a la política de la petrolera de acortar las brechas entre el área metropolitana y el resto de las provincias con aumentos diferenciados, con un menor impacto en la zona norte del país.

Se trata del quinto aumento que se registra desde agosto, luego de un período de congelamiento de precios desde el 1 de diciembre del año pasado, con lo cual el incremento ronda el 20% de acuerdo a zona del país y marca.

Fuentes de la petrolera informaron en la noche del martes que el aumento de los productos de la marca reflejarán el traslado de actualización de impuestos y un aumento del precio de los combustibles.

De esta manera, a partir de las cero horas de este miércoles, YPF trasladó a los surtidores el aumento en el impuesto sobre los combustibles líquidos y al CO2 que representan un incremento del 1,3% en el caso de las naftas súper y premium y del 1% en las variedades de gasoil.

La magnitud del incremento era aguardado con expectativa en las últimas jornadas por las distintas redes de estaciones de servicio, luego de que el Gobierno nacional anunció el 1 de diciembre la decisión de diferir la actualización impositiva hasta este miércoles.

YPF es la que marca prácticamente la política de precios en el segmento de venta al público con el 57% de participación del mercado, por lo que se descarta que las otras petroleras darán a conocer sus aumentos en las próximas horas.

El último aumento de precios se produjo el 24 de noviembre, cuando YPF decidió un ajuste de 2,5% promedio, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se incrementó en un 2,85%.

Se trata del quinto aumento que registra el sector en el precio de los combustibles, ya que las subas anteriores fueron el 16 de octubre por un 3,5% promedio; el 19 de septiembre, con un ajuste de 3,5% y el 19 de agosto, con un incremento promedio de 4,5%

El gremio del personal doméstico acordó un incremento salarial de 28% desde este mes, que se pagará en tres cuotas. El salario hoy no supera los $24.303. Cómo quedarán las escalas con las distintas subas.
El gremio del personal doméstico acordó un incremento salarial de 28% desde este mes, que se pagará en tres cuotas de forma no acumulativa.

Al respecto, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) informó cómo quedaron las escalas a partir de diciembre 2020.
El salario de las trabajadoras domésticas hoy no supera los $24.303,5 mensuales en su categoría más alta, y el gremio pasó de pedir el 100% de aumento, a luego al 42%, para finalmente cerrar en 28%.

Aumentos:

En diciembre 2020, con y para las remuneraciones de diciembre, un 10% de aumento.

El aguinaldo de fin de este año, se calculará en base al sueldo de diciembre; o sea, con aumento.

En febrero 2021, con y para las remuneraciones de febrero, un 8 % de aumento.

Y en abril 2021, con y para las remuneraciones de abril, un 10 % de aumento.

Zona desfavorable: a partir de enero 2021, un 3% de incremento; pasando entonces del 25% al 28%, desde las remuneraciones de enero/21, para las/los trabajadoras/es que trabajan en la Zona Sur de nuestro País. Adjuntamos tablas provisorias de valores.

Categorías y sueldos básicos mínimos actuales

Supervisor/a: (Categoría 1) con retiro cobra $174,50 por hora y $21.818,50 por mes. Sin retiro cobra $191 y 24.303,50 por mes.
Personal para tareas específicas como cocineros/as: (Categoría 2) con retiro cobra $165 la por hora y $20.270,50 por mes. Sin retiro cobra $181,00 por mes y $22.564,50 por mes.
Caseros: (Categoría 3) perciben $155 por hora y una remuneración mensual de $19.777,00.
Cuidadores de personas: (Categoría 4) con retiro cobran $155 la hora y $19.777,00 por mes. Sin retiro cobran $174,50 por hora y $22.039,50 por mes.
Personal para tareas generales: (Categoría 5) con retiro cobran $144,5 la hora y $17.785,50. Sin retiro cobran $155,50 por hora y una remuneración mensual de $19.777,00

El gobierno decretó que se detenga el incremento de las naftas y el gasoil hasta el 16 de diciembre para estabilizar los precios. El aumento, que regía a partir de este martes, era de hasta 5,2%.
A través del decreto 965/2020 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno postergó hasta el 16 de diciembre próximo la suba en el impuesto a los combustibles prevista para este martes.

La norma indica que “el incremento en los montos de impuesto correspondiente al segundo trimestre de 2020, surtirá efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, desde el 16 de diciembre de 2020”.

Asimismo, se suspendió “toda otra actualización hasta el 15 de enero de 2021”.

El Gobierno atribuyó la postergación a “las circunstancias actuales y la necesaria estabilización de los precios”.

De esta manera, se detuvo por dos semanas otro incremento de hasta 5,2% en las naftas y el gasoil. La semana pasada, YPF anunció un aumento de 2,5% promedio a nivel país en los precios de los combustibles; y Raizen subió un 2,96%.

Ya están anunciadas subas de prepagas y pasajes de subte. Se espera además un nuevo aumento de naftas y gasoil.
Después de un aumento del 3,8% en el nivel general de precios de octubre y un noviembre que camina a anotar un 3,5% de suba del Índice de Precios al Consumidor según las expectativas de especialistas, el último mes del año viene cargado de aumentos autorizados por el Gobierno para servicios, combustibles y otros rubros.

Para diciembre están ya previstos aumentos en el subte, cuotas de prepagas mientras que sin estar todavía anunciados, también se esperan subas de combustibles líquidos.

El primero de los aumentos tendrá lugar hoy, último día de noviembre. Se trata de una suba del 10,5% para el pasaje de subte y del 7% para el del Premetro porteño. El viaje único de subte pasará así a valer $21, frente a los $19 previos, mientras que el del Premetro pasará a valer $7,50 frente a los $7 previos. Se mantienen sin cambios los beneficios de la Red SUBE como el descuento del 50% para el segundo viaje dentro de las 2 horas y del 75% para entre el tercer y quinto viaje dentro del mismo período de tiempo – tanto en subtes como colectivos y trenes.

También continúa el pase gratuito del boleto estudiantil, jubilados y pensionados y personas con discapacidad, más el descuento mensual de la Red SUBE, que implica recortes del 20%, 30% y 40% por viaje, una vez que se superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente.

Este mes, además, se empezará a aplicar el aumento del 10% autorizado este mes por el Gobierno a las empresas de medicina prepaga. Si bien desde la Superintendencia de Seguros de Salud se había anunciado que el incremento sería del 15% y de otro 10% en febrero, por ahora sólo se estableció un primer ajuste en el último mes del año y con un tope: podrá ser hasta el 10%. Desde el sector aseguran que además está previsto un segundo aumento, también del 10%, que se empezaría a aplicar en febrero del año próximo pero ese ajuste todavía no fue oficializado.

El tercer aumento esperado para diciembre todavía no fue anunciado, pero se mantiene como una constante desde agosto último, y corresponde a los precios de la nafta y el gasoil. Los ajustes en lo que va del año tienden a seguir el avance del dólar oficial, por lo que se estima al avance de este mes en el orden del 2,5% para el precio en surtidor.
En materia de precios de combustibles este mes también trae una incógnita respecto al Impuesto a los Combustibles Líquidos, que necesita una comunicación antes del cierre del año. Si la Secretaría de Energía se decide por subir el impuesto, ese costo también se trasladará a los consumidores.

Los aumentos de servicios de diciembre son sólo el comienzo. Para los próximos meses se esperan además aumentos en los servicios de telefonía e Internet, comisiones bancarias. subas de los peajes de las autopistas porteñas, y actualización de las tarifas de gas, electricidad, colectivos y trenes.

Para empezar, para esta semana se esperan definiciones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sobre el incremento de los servicios de telefonía e Internet, que se aplicará a partir del primer mes de 2021.
Ya definidos están los aumentos de comisiones bancarias de hasta 18% alcanza al costo de las cajas de ahorro, la emisión de tarjetas de débito adicionales; la reposición de tarjetas de débito por robo o extravío y el uso de cajeros automáticos. Serán en dos tramos, con subas de 9% en enero y en febrero, según autorizó el Banco Central.

En cuanto a los impuestos porteños, el Impuesto Inmobiliario y ABL en la Ciudad tendrá una suba de 2,4% en enero, que fue la inflación de agosto pasado. Cada mes se actualizarán las cuotas en base a la inflación mensual.

A partir del año que viene, mientras tanto, habrá un aumento de los peajes de las autopistas porteñas que se estima en un 55% y que se suma al la introducción de Impuesto a los sellos del 1,2% para los resúmenes de tarjetas de créedito emitidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El secretario de Energía confirmó el descongelamiento del cuadro tarifario a partir de 2021. El objetivo es no aplicar la Revisión Tarifaria Integral de la gestión anterior «porque eso impactaría de manera brutal» en las boletas.
El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró que el Gobierno trabaja en un esquema tarifario que no le implique a la gente dejar de consumir otros bienes y servicios para poder acceder a la energía.

«El incremento de las tarifas nunca puede ir creciendo en términos porcentuales en relación al salario de forma que le implique a la gente dejar de consumir otros bienes y servicios para poder consumir energía, porque eso sino nos generaría recesión en otras actividades», sostuvo Martínez a radio AM 750.

El funcionario aseguró que el Gobierno viene trabajando con el objetivo de no tener que aplicar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de la gestión anterior, «porque eso impactaría de manera brutal en las tarifas».

En cambio explicó que la idea es «utilizar los subsidios de una forma más eficiente, pudiendo detectar los sectores más vulnerables, así como se hizo con el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) por ejemplo, y usar esa información relevada para tener una tarifa que no se incremente para ese sector. Vamos a ir a un esquema que nos permita no generar un incremento tan alto como nos aplicaría la RTI de la gestión de Mauricio Macri cuando termine el congelamiento. Con una tarifa de transición que va a ser muy menor y solo para los sectores más altos, los que pueden pagar el costo, porque en términos porcentuales no impacta en sus ingresos de la misma forma», precisó Martínez.

Según el presupuesto que diseñó el ministro de Economía, Martín Guzmán, y aprobó la semana pasada el Congreso de la Nación, los fondos establecidos para los subsidios de las tarifas son los mismos que en 2020, lo que significa que en términos reales si se cumple con la estimación de inflación, habrá que recomponer en un 29% si sólo se quiere ajustar por costo de vida y si las empresas aceptan las pérdidas de dos años de tarifa congelada.

Además, el otro problema que tiene es el de los tiempos. Para aumentar las tarifas debería llamar a una audiencia pública. El decreto de congelamiento termina a mediados de diciembre, luego podrían hacer el llamado, que podría ser recién para febrero o marzo. Luego de ese trámite, podrían aumentar la tarifa y eso sería casi en consonancia con el último tramo de la campaña rumbo a las elecciones de medio término, publica el sitio Infobae.

Con la puesta en marcha de las tarifas de transición se evitaría el proceso de llamado a una audiencia pública.

Por otro lado, el secretario explicó que en lo que se refiere a la situación de los clubes, el Gobierno pretende ampliar el esquema de tarifa social e incorporarlos porque «la contención que hacen es muy importante y es increíble que no lo puedan hacer porque no puedan pagar el costo de la energía», según informó Telam.

Además, resaltó la decisión del Gobierno de lanzar el Plan Gas, «no solo para tener gas nacional, producido en Argentina, sino también para ahorrar y ayudar a tener un esquema tarifario más ordenado».

«Necesitamos un país que produzca energía para que las y los ciudadanos vivan cada vez mejor y la industria empiece a producir, generar empleo y lograr un mercado interno cada vez más fuerte», concluyó el funcionario.

La explicación del fenómeno reside en la fortaleza de la demanda externa y en la evolución de las exportaciones, que van a otra velocidad a la que crece la producción, según un informe elaborado por la Fundación Mediterránea.
El precio de la carne bovina aumentó 55% en los últimos doce meses, mientras el consumo interno se ubica en el nivel “más bajo en décadas”, según un informe elaborado por la Fundación Mediterránea.

De acuerdo el análisis, en lo que va de noviembre, los precios medios de la hacienda acumulan una suba de entre el 5,9% y 8,6% respecto de octubre en el mercado de Liniers.

“Los precios de la carne bovina han aumentado un 55% en los últimos 12 meses, muy por encima de la variación del nivel general de precios”, señaló el estudio.

Afirmó que la dinámica es “llamativa en términos de la fuerte crisis económica local, que incluye pérdida de empleos y caída de ingresos en términos reales en amplios segmentos de la población”.

“La explicación del fenómeno reside en la fortaleza de la demanda externa y en la evolución de las exportaciones, que van a otra velocidad a la que crece la producción”, puntualizó.
Asimismo, señaló que “mientras que las colocaciones externas se han expandido un 12% en los primeros nueve meses, la oferta de carne ha logrado crecer sólo 1,2% respecto del 2019”.

“Por esta asimetría, el consumo interno de carne bovina está convergiendo hacia un promedio de 50 kilos por habitante año (res con hueso), la cifra más baja en décadas”, enfatizó.

En tanto, evaluó que las variaciones son muy importantes y remarcó que “anticipan un cierre de año con mucha tensión sobre los precios internos”.

Según el informe, los precios de la hacienda se muestran firmes en lo que va de noviembre, tendencia que de mantenerse permite anticipar suba de precios de carne en góndolas.

“Nótese que, hasta octubre, los precios Liniers de principales categorías (novillito, vaquillona) se habían incrementado 52%/53% interanual, muy en línea con lo sucedido a nivel de precios consumidor (55%/57%, según las mediciones)”, puntualizó.

Cabe destacar que el costo de la hacienda representa aproximadamente el 50% del precio de la carne en góndola. Se trata de un parámetro que, si bien tiene sus ciclos, muestra un componente tendencial bastante estable, que indica que la valorización de la hacienda se termina finalmente trasladando, un poco más rápido o más despacio, al precio consumidor.
“Con valores hasta el día 17, los precios medios de la hacienda acumulan una suba de entre el 5,9% (vacas) y 8,6% (vaquillonas) respecto a octubre. Se trata de variaciones importantes que de mantenerse difícilmente pasen desapercibidas en el mostrador”, remarcó.

Y agregó que si bien hay una estacionalidad en la oferta hacia fines de año (salida de animales de los feed lots) y es de esperar un buen nivel de producción, “también crece la demanda por la condición climática (se alargan los días y las buenas temperaturas) y una mayor frecuencia de encuentros sociales (incluyendo celebraciones varias)”.

Asimismo, el informe subrayó que en septiembre se exportaron 85 mil toneladas de carne bovina, “lo que da un acumulado de 646 mil toneladas en los primeros nueve meses del año y un crecimiento del 12% respecto del mismo período de 2019”.
“Dado este desempeño y, salvo que se presente algún evento muy inusual en las últimas semanas del año, las exportaciones del 2020 serán las más altas de la historia, superando las 900 mil toneladas res con hueso”, destacó el estudio.

“Para estos nueve meses, en los que se dispone de estadísticas, las exportaciones representaron el 27,6% de la producción de carne total, contra un 25,1% en el mismo período del año anterior”, calculó.

«Con esta fórmula se garantiza que no va a haber ajuste para los jubilados», expresó Fernarda Raverta
Mientras trabaja contra reloj para terminar de pulir el proyecto de movilidad jubilatoria, en el Gobierno estiman que bajo los supuestos del Presupuesto 2021 con una inflación del 29%, la nueva fórmula permitirá que los jubilados y pensionados le ganen a la inflación por 3 o 4 puntos porcentuales.

“Esperamos que el proyecto se envíe este semana al Congreso”, afirmó la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y agregó que el objetivo es que “los jubilados y las jubiladas tengan haberes dignos que le permitan tener calidad de vida”.

Durante la presentación de la fórmula de movilidad en una ronda de prensa, la directora del organismo mostró la evolución del haber mínimo jubilatorio desde diciembre de 2008 a septiembre de 2017. “Utilizamos el índice de inflación de CABA y San Luis para evitar suspicacias”, explicó Raverta, y mostró que entre 2009 y septiembre de 2020 “mientras estuvo vigente la fórmula de movilidad establecida durante el gobierno de Cristina permitió una mejora real del ingreso de los jubilados y jubiladas del 25,8%”.

En cambio, según los cálculos de la ANSES durante la vigente de la fórmula impuesta por el Gobierno de Mauricio Macri, los jubilados perdieron 19,5 puntos porcentuales con respecto a la inflación. Lo que se revirtió con los aumentos garantizados por decreto por Alberto Fernández, que al tiempo de suspender la fórmula de Macri estableció subas que les permitió a los jubilados de la mínima recuperar 5,4% del poder de compra.

En cuanto a la presencia en la Argentina de la misión del FMI para renegociar el megacrédito otorgado durante el Gobierno de Mauricio Macri, Raverta destacó que la fórmula que entró en vigencia en diciembre de 2008 se implementó cuando “el Fondo no estaba”, en referencia a la decisión del Néstor Kirchner de pagar la deuda con el organismo. “Con esta fórmula se garantiza que no va a haber ajuste para los jubilados”, afirmó la titular de la ANSES, descartando que se aplique una reducción de los haberes jubilatorios por pedido del FMI.

Raverta descató el trabajo de la Comisión Mixta de Movilidad Previsional que durante 6 meses de funcionamiento debatió las mejores las mejores opciones para la nueva fórmula para asegurar que los jubilados “recuperen la capacidad de compra, que le ganen a la inflación”.

Al respecto, remarcó que los especialistas plantearon una serie de principios que debían contemplarse para la construir la nueva fórmula para proteger los haberes previsionales. En ese sentido, el nuevo cálculo toma los principales argumentos presentados por los expertos que expusieron en la comisión. Además, lo expositores coincidieron en la necesidad de garantizar que en los períodos de crecimiento económico las prestaciones puedan participar de esa mejoría a través de la movilidad.

En cuanto a la experiencia de la fórmula aplicada desde 2009, Raverta explicó que el objetivo de la ANSES es darle sustentabilidad al considerar para el cálculo de la nueva fórmula la evolución de los salarios, los Recursos de la ANSES (Tributarios y Totales) y la evolución de los beneficios de la ANSES. También dijo que esta fórmula garantiza que los beneficiarios se vean favorecidos ante el aumento de los salarios y la recaudación por sobre la inflación. E insistió en que “en los 9 años que estuvo vigente permitió que la movilidad supere a la inflación en casi un 26%”.

Por otra parte, la titular de la ANSES remarcó que la fórmula propuesta baja la litigiosidad ya que tiene “lo que muchos juristas han llamado como ‘sustentabilidad jurídica’ al recuperar la esencia de la fórmula de 2008 que no ha tenido litigios y es jurídicamente robusta”.Este apartado cobra principal relevancia si se tiene en cuenta que en la actualidad hay 73.000 expediente judiciales con sentencias que en promedio son de 1,3 millón cada una.

En cuanto a la nueva fórmula, Raverta resaltó que “buscamos seguir atendiendo a una población muy castigada por la pandemia. Como me gusta decir para tomar dimensión, hay abuelos y abuelas que no pudieron conocer a sus nietos. Esta fórmula va a generar movilidad para 7,3 millones de jubiladas y jubilados”.

La titular de la ANSES enfatizó que la inflación de la recaudación y del RIPTE para el cálculo de la actualización de la jubilación, se enmarca en “un proyecto político que aspira a una Argentina en donde los salarios de los trabajadores y trabajadoras le ganen a la inflación”.

En cuanto a la posibilidad de una caída de la recaudación y una aceleración de la inflación que impacte negativamente en el cálculo de la movilidad, Raverta afirmó que “si cae todo en la economía es que a la Argentina le está yendo muy mal, nuestra responsabilidad es que a la Argentina le vaya bien, apostamos a un modelo con inclusión social”.

Fuente: Ámbito

El descongelamiento de los servicios públicos se intentará poner en marcha en 2021. El 40 por ciento de los usuarios no tendía suba, pero el 15 por ciento de mayor capacidad de pago debería afrontar incrementos del 40%.
El gobierno nacional ultima detalles del descongelamiento de los servicios públicos que intentará poner en marcha en 2021 para adecuar las tarifas a sus costos.

El secretario de Energía, Darío Martínez, ya sostuvo que el objetivo es «encontrar a esa persona que la está pasando muy mal y ahí ir a asistir con el subsidio».

«De nada nos serviría intentar cobrar una tarifa a alguien que no la puede pagar. Por eso, el IFE, las herramientas de Desarrollo Social, de ANSES y toda la información que tiene el Gobierno nos va a permitir hacer mucho más eficiente el subsidio», dijo Martínez a Ámbito Financiero

A poco de que venza la Ley de Solidaridad sancionada el diciembre pasado y que congeló las tarifas de luz y gas, la Secretaría de Energía ya tiene casi lista su propuesta de «reestructuración tarifaria».

El objetivo de Martínez es comunicar una suba discriminada, donde el Estado aporte más o menos subsidios según la realidad económica de las familias.

Esto es, habrá una parte importante de la población que no sufriría ningún tipo de aumento en el valor de la luz y el gas al menos durante el próximo año, y esa suba la absorbería el Estado con subsidios a las empresas.

El Gobierno pretende que el 40% de la población argentina que vive en situación de pobreza no sufra cambios en las boletas, tras la recesión en la que está sumida la Argentina desde hace 3 años y agravada por la pandemia de coronavirus, que incrementó el desempleo y la pérdida de ingresos.

En tanto, el 45% que forma parte de la «clase media», según cálculos del Gobierno, tendría que afrontar un aumento similar al de la inflación general de precios, calculada para 2021 en el Presupuesto de un 29%, pero que para las consultoras será del 48%.

En tanto, el 15% restante de la población de altos ingresos afrontaría una actualización cercana al 70% que reclaman las energéticas por el retraso tarifario. De esta forma, se busca minimizar el impacto de las eventuales subas en los sectores de menores recursos.

«Es necesario adecuar las tarifas de los sectores públicos porque si no hay inversión, se generan cortes energéticos por una menor energía disponible», resaltan desde el gabinete económico de la administración de Alberto Fernández.

Para las distribuidoras energéticas, la luz y el gas deberían ajustarse en torno al 70% y 80% tras dos años sin retoques de los cuadros tarifarios.

La intención de la cartera que conduce Martínez es tener resuelto para el primer bimestre de 2021 la reestructuración de los precios. Para poder llegar a los hogares que serían excluidos del aumento, se utilizarán distintas herramientas tecnológicas para cruzar datos, como por ejemplo los beneficiarios del Ingreso familiar de Emergencia (IFE) que paga Anses.

El Gobierno confirmó la eliminación del bono de $10000 del Ingreso Familiar de Emergencia y presentó nuevas asistencias focalizadas en la inserción laboral.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que no habrá un cuarto IFE: «El IFE sirvió muchísimo. Protegió a gente que estaba en una situación muy dura. Generó un efecto real en la economía e implicó un esfuerzo importantísimo. Las medidas de protección social van evolucionando. Hoy no es el momento de un IFE 4, así como no es el momento de otras cosas, porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad».

Y agregó: «Hay una situación muy dura, pero hay equilibrios muy importantes que mantener para que haya estabilidad. Por ahora no, pero nos guardamos cierto grado de flexibilidad por si la pandemia vuelve a pegar la vuelta como pasó en Europa».

En la misma sintonía, el ministro aclaró que el IFE será reemplazado por otras medidas sociales. «Iremos expandiendo programas existentes como el Potenciar Trabajo y la asistencias directas como la AUH. Buscamos focalizar ayuda en los sectores que más lo necesitan».

Ante un escenario marcado por el fin del IFE 4 de Anses, el Gabinete económico estudia la posibilidad de avanzar hacia la otorgación de un «bono especial fin de año» para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH), mientras que ya confirmó que duplicará la recarga de saldo para la Tarjeta Alimentar de diciembre.

Potenciar Trabajo de Anses: qué es y cómo incribirse

Se trata de la unificación de los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios se unificaron en Potenciar Trabajo. Esta iniciativa busca mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias con el fin de promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica.

Requisitos

Para permanecer en el programa tenés que cumplir con los siguientes requisitos:

• Si estás participando en Proyectos Socio-Productivos, Socio-Comunitarios y/o Socio-Laborales:

Integrar un grupo de trabajo en una Unidad de Gestión o una Unidad de Gestión Asociada en el que realices alguna de las siguientes actividades: tareas de cuidados, reciclado y servicios ambientales, construcción, infraestructura social y mejoramiento barrial y habitacional, agricultura familiar y producción de alimentos, producción de indumentaria y otras manufacturas, y comercio popular.

Realizar las actividades durante un promedio de 80 horas mensuales.

Acreditar el cumplimiento de las actividades.

• Si estás bajo la modalidad Terminalidad Educativa (finalización de los estudios primarios y secundarios):

Acreditar que estás estudiando con la presentación en ANSES del Formulario de Terminalidad Educativa (FOTE), certificado por la autoridad educativa correspondiente.

Potenciar Inclusión

Este programa busca elaborar mecanismos comunitarios para el acompañamiento a jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad, propiciando su acceso a recursos que garanticen sus derechos. A través de distintos convenios celebrados con municipios, provincias e instituciones de la sociedad civil que trabajen en la temática, esta herramienta apunta al financiamiento de proyectos socioproductivos, sociolaborales y sociocomunitarios.

Impulsado por la Secretaría de Inclusión Social, Potenciar Inclusión Joven propone un estímulo económico y encuentros de formación y debate, entre otras iniciativas que promuevan la participación de les jóvenes en los proyectos, durante los doce meses de implementación.

¿En qué consiste el programa?

Es un programa de creación y fortalecimiento de estrategias de abordaje para la promoción y la inclusión social destinado a jóvenes entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad social.

Los jóvenes que se inscriban contarán con una asignación mensual de recursos para la inclusión joven de manera directa e individualizada. A través de la creación de espacios de inclusión, también se planificará el financiamiento de distintos proyectos de inclusión joven a partir de diagnósticos y estrategias ajustadas a la realidad local implementando actividades y acciones de promoción de derechos de les jóvenes.

¿Cuáles son sus principales ejes?

• Acompañar los proyectos de vida de les jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad
• Promover activamente su inclusión social a través de herramientas que permitan el acceso a sus derechos básicos
• Impulsar la participación de los jóvenes en actividades educativas, formativas, sociales, culturales y recreativas
• Generar instancias de participación para les jóvenes en el desarrollo de sus comunidades, como actores y actrices fundamentales
• Financiar proyectos socioproductivos, sociolaborales, sociocomunitarios y socioeducativos llevados adelante por jóvenes

¿Qué tipo de proyectos financia?

• Proyectos de tipo socio productivos: emprendimientos con posibilidad de desarrollarse a partir del trabajo de sus propios miembros, en carácter asociativo;
• Proyectos de tipo socio comunitarios: iniciativas de desarrollo territorial que pueden incluir instancias socioeducativas y de formación, de recreación y de acceso a los bienes culturales por parte de la comunidad sobre la que operan;
• Proyectos de tipo socio laborales: espacios asociativos orientados a las capacitaciones de formación para el trabajo.

¿Cómo lo hace?

• A través de la articulación y coordinación con niveles estatales, provinciales y municipales competentes.
• Mediante la articulación y coordinación con organismos no gubernamentales y universidades que prioricen en su trabajo programas y acciones con jóvenes.

 

Se trató de la primera prueba que resultó «exitosa. Trabajan 35 personas en el proceso de producción, más el equipo de gerencia. Se realizan tareas de mantenimiento, construcción y reparación de la planta», dijo el intendente Rossi.

Esta semana comenzó la producción de picadillo en el Frigorífico de Santa Elena, «con una prueba exitosa donde se hicieron las primeras 10.000 latas», según destacó el intendente, Daniel Rossi, tras recorrer el lugar.

Puso de relieve que «se realizó una importante inversión para modernizar el proceso, reparar sistemas de bombas, calderas nuevas, máquinas de molino, cámaras y tecnología de vanguardia».

Precisó que «en estos momentos se encuentran trabajando 35 personas en el proceso de producción, más el equipo de gerencia. Además, trabajan personas en el mantenimiento, construcción y reparación de la planta constantemente».

Al mismo tiempo, subrayó que «el comercio local abastece, como proveedor, por ejemplo con gas, productos de limpieza o materiales de construcción, lo que significa un considerable movimiento en la economía local».

En la actualidad, el frigorífico trabaja para abastecer el sector interno a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se encuentra en una etapa de licitación para producir 7.500.000 nuevas latas de picadillo.

«La reparación de Santa Elena nos necesita a todos, trabajando, unidos, con esperanza, sabiendo que juntos podemos superar los escenarios de dificultad. Una Santa Elena mejor es posible», remarcó finalmente Rossi.

 

La iniciativa del oficialismo propone que los trabajadores cuenten con más plazo para reclamar de manera legal sobre desvinculaciones de las firmas donde trabajaron

Los empresarios agrupados en la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestaron su preocupación sobre un proyecto oficialista en el Senado que modifica los plazos de prescripción de los créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y que ya cuenta con dictamen de la comisión de Trabajo y Previsión Social. De acuerdo con la iniciativa, los trabajadores tendrían más tiempo para reclamar de manera legal sobre desvinculaciones de las compañías para las que trabajaron.

El dictamen reemplaza el plazo de dos años para la prescripción de todos los créditos de origen laboral: propone tres años para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y cinco años para las demás.

A través de un comunicado, la UIA alertó que la extensión de los plazos de prescripción es “desacertada” no solo porque “perjudica la previsibilidad de las relaciones del trabajo”, sino porque “impacta directamente en los incentivos para la inversión y la generación de empleo”, en particular en un “contexto signado por la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el país”.

Según expresaron los industriales, la iniciativa “carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo”.

Además, desde la entidad lamentaron que durante el trabajo de la Comisión, el sector empleador no fue convocado en ninguna instancia. Para los empresarios, los plazos que están vigentes en la práctica ya son mayores a los establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo en varias jurisdicciones, si se tienen en cuenta las suspensiones o interrupciones dispuestas. Por ejemplo, seis meses en la ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, consideraron que la extensión del plazo de prescripción a cinco años impactará negativamente en los balances de las empresa, que deberán por lo menos duplicar sus previsiones o reservas contables vinculadas a los eventuales reclamos laborales del personal.

En su mensaje, los industriales recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que “la prescripción es una institución de orden público creada para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres y poner fin a la indecisión de los derechos”.

Al comparar el plazo bianual del fuero del trabajo con el plazo decenal de la ley civil, la entidad consideró que si “se entendió razonable el plazo de dos años, mucho más debería serlo ahora”, al verse reducido a la mitad, pasando de 10 a 5 años en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Según la UIA, el proyecto “tensiona y contradice la tendencia actual en materia de prescripción, que busca acortar los plazos”.

“En un mundo de comunicaciones fluidas, instantáneas y virtuales, se vuelve ocioso y contraproducente disponer una extensión de los plazos de prescripción por un plazo de cinco años”, enfatizó.

En los últimos días, la UIA también había expresado su malestar frente a un reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones al Trabajo que obligó a una empresa a pagarle el 100% del sueldo a una empleada que había sido suspendida y estaba cobrando el 75%. Consideraron que la decisión puede ser el comienzo de una “catarata de juicios”.

El comité ejecutivo de la UIA discutió esta semana al respecto y el abogado laboralista y vicepresidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, sostuvo que la entidad debería presentarse como amicus curiae ante la Corte Suprema para plantear los argumentos el contra del fallo. “La lógica es que vayan a la Corte y ahí se discutirán los alcances de este acuerdo colectivo. No hay ningún argumento jurídico para reafirmar esa sentencia”, manifestó el directivo.