El fallo judicial fue dictado por el Juzgado de 4ta Nominación Civil y Comercial y Familia de la ciudad de Villa María por solicitud de la madre del chico. El femicidio tuvo amplia repercusión mediática y social en la ciudad en la que viven.

La Justicia de la localidad cordobesa de Villa María autorizó que se cambie el apellido paterno por el materno a un nene de 2 años debido a que su padre fue condenado por femicidio.
El fallo fue dictado por el Juzgado de 4ta Nominación Civil y Comercial y Familia de la ciudad por solicitud de la madre del chico.
La mujer argumentó que su expareja y padre del pequeño fue condenado por asesinar a una mujer. El femicidio tuvo amplia repercusión mediática y social en la ciudad en la que viven. “Seguir llevando el apellido paterno le causaría un agravio en su futuro inmediato, afectando su desenvolvimiento en el ámbito social y educativo”, enumeraron entre los fundamentos.

En este sentido, pidió a la Justicia que autorice el cambio de apellido por el de ella y deje de usar el del padre. El hombre fue condenado como autor de amenazas, lesiones, abuso sexual y homicidio doblemente calificado por femicidio.
“Por tales motivos, por el índole de los delitos y por el caso resonante en que se vio envuelto el femicida, se dio lugar al pedido de la madre, quien se hace cargo de la crianza del niño en soledad”, señaló el juez Sebastián Monjo, a cargo de la causa, en diálogo con Cadena 3.

Aclaró además que aunque la violencia no haya sido ejercida sobre la mujer que realizó el pedido, el crimen tuvo impacto en el proceso “en tanto obró como causal adecuada para el cambio de apellido requerido y como calificante del homicidio cometido por el progenitor del niño”.
El magistrado explicó que, de acuerdo con el vigente Código Civil y Comercial, “se rompe con la tradición de que el apellido paterno es el único que vale”.

En esa línea, se extendió en los fundamentos de la medida. “Además, por la reivindicación del rol materno. En este caso, la mamá que, en soledad, lleva adelante la crianza de su niño”, sostuvo.
Monjo remarcó también que prima el interés superior del menor y el principio de prevención del daño, que está amparado por la Constitución Nacional y la Convención Sobre los Derechos del Niño.

Además, insistió en las herramientas que brinda el ordenamiento jurídico del país en esta materia. “El cambio de nombre de pila o apellido constituye un supuesto de excepción y de interpretación restrictiva, ya que la facultad se encuentra limitada por razones de interés general”, indicó el magistrado.
De acuerdo con el artículo 69 del Código Civil, queda en manos de los juzgados la tarea de ponderar la existencia de los “justos motivos” para realizar un cambio en el nombre.

El pastelero local @angelobakeoff publicó su angustia y dolor por el fallecimiento de su compañera de Bake Off, Agustina Fontenla de 31 años por Covid.

Dolor y consternación causó la muerte por coronavirus del docente Gabriel Martínez, de 48 años y oriundo de Concordia.

Era profesor de música, muy respetado y querido en la escuela Nº 65 Almirante Brown de Villa Adela y también en otra escuela rural del departamento Federación, publicó 7Páginas.

Hace unos días había contraído el virus y su estado de salud desmejoró en poco tiempo. Se supo, que el docente estaba dando clases presenciales al momento de contagiarse de Covid-19.

“Feliz día del trabajador para todos!! Sé que este es un momento difícil, pero estoy convencido que saldremos fortalecidos. Es cuestión de mirar para adelante el vaso medio lleno”, fue una de las últimas publicaciones que hizo Martínez, en su cuenta personal de Facebook.

Mensajes de despedida

Docentes de Concordia y la zona manifestaron muestras de tristeza luego de conocerse la noticia de la muerte del profesor de música en la mañana de este domingo.

Destacaron que era un buen pintor, folclorista y bailarín, y que entre sus actividades se destacaba la de querer enseñar sobre cultura y tradiciones argentinas.

La Escuela N° 65 “Almirante Guillermo Brown” de Villa Adela fue una de las primeras instituciones en publicar una sentida despedida al docente.

 

“Nuestro grupo de la escuela se llama `La familia de la escuela 38´, esta familia ha perdido al más bueno de sus integrantes. Así lo sentimos todos y aún nadie lo puede creer. Gabi era el que se prendía en todos los proyectos, era el que llegaba 2 horas antes de los actos y muestras para ayudar a quien lo necesite, era quien alegraba las reuniones con unos chistes malísimos (y lo siguió haciendo por zoom) pero ese buen humor lo era todo… quedaron tantos pendientes… vuela alto Gabi, a seguir bailando chacareras y malambos. No es justo”, publicó una de las docentes de su escuela.

La Escuela Secundaria N° 26 “Gral. Manuel de Olazábal” le dedicó unas sentidas palabras.

 

Emiliano Vallejos, colega de Martínez también se expresó en redes sociales al enterarse la triste noticia.

Lara era estudiante de veterinaria, tenía diabetes y falleció por covid. Su caso se hizo conocido por una imagen de ella recostada sobre el suelo de un hospital de Santa Fe esperando ser atendida. «Le llegó una cama muy tarde”, dijo su mamá

“La gente no entra en razón de lo que está sucediendo. Muchos dicen que todo esto [la enfermedad]es mentira”, expresó Alejandro Arreguiz, papá de Lara, la joven cuya imagen, recostada sobre el suelo de un hospital de Santa Fe, se viralizó tras conocerse que murió de Covid-19.

Lara Arreguiz tenía 22 años y su caso, más allá de que poseía una enfermedad preexistente, diabetes, demuestra cómo la pandemia golpea por su virulencia a las personas y a los sistemas de salud. Y eso es lo que su padres, Alejandro y Claudia Sánchez, quisieron expresar al ser consultados por diferentes medios acerca de lo ocurrido.

Lara abrazando un ternero, junto a su perro, con amigas, siempre sonriente, son algunas de las fotos que se pueden ver en la cuenta de la joven que estudiaba Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y que era voluntaria de la organización “S.O.S. Caballos” en la ciudad de Santa Fe.

Pero la imagen que eligieron Alejandro y Claudia para contar lo que ocasiona la pandemia y denunciar la falta de camas en los hospitales, fue la de su hija recostada en el suelo de un centro de salud de Santa Fe mientras esperaba ser atendida el día en el que se sentía muy mal, no podía respirar bien, sentía cansancio y tenía fiebre.

“Cuando te toca en carne propia hay que vivirlo y es lo peor que te puede pasar estar de hospital en hospital con un ser querido y no tener una cama o un médico que te ayude. Espero que lo que nos pasó sirva para concientizar a la gente, que esto le puede pasar a cualquiera”, dijo Alejandro al medio local Info Mercury.

En tanto, su mamá, desde su cuenta de Facebook aseguró: “Lara tuvo una cama muy tarde. Por falta de empatía, sentido común y profesionalismo. Anduvimos de acá para allá más casi dos días para tenerla. Y a terapia pasó en los últimos momentos. Ella era paciente de riesgo y debía ser prioridad en la atención. Los médicos hacen un juramento y acá no lo cumplieron”.

El desenlace

Lara, que vivía en Esperanza, a 45 kilómetros al oeste de la ciudad de Santa Fe, comenzó con síntomas el pasado jueves 13 y les avisó a sus padres quienes la llevaron al centro de salud Protomédico en la capital provincial. Allí la sentaron en una silla de ruedas porque no había camas, contó Alejandro. Le realizaron estudios que determinaron que tenía pulmonía bilateral.

Entonces le hicieron nebulizaciones, le dijeron que volviera a su casa y le dieron turno para tres días después para que se hiciera un hisopado. Pero como se sentía aún mal, sus padres decidieron llevarla al Hospital J.B. Iturraspe, donde durante la espera Lara se descompensó y se cayó al suelo. Como aún no podía ser atendida porque estaba muy lleno de gente, se recostó en el suelo.

“Ella se sentó muy descompuesta y me decía que se iba a desmayar. Se puso a llorar y la hicieron ingresar a la enfermería y después otra vez a esperar en un pasillo. Me dijo que se quería acostar, y se acomodó en el piso y yo le puse una campera. Esa es la foto que circuló”, dijo Claudia en diálogo con Radio Con Vos.

“Ahí fue cuando un médico o enfermero que pasó, la levantó y se la llevó a la guardia. Ahí le administraron oxígeno y se calmó. Pero nos dijeron que no había camas, así que estuvo hasta las 21 en la guardia y después la llevaron al Iturraspe antiguo, donde había una cama para ella”, explicó el padre.

Más adelante, solo su padre la visitaba ya que Claudia había sido internada también con Covid.

“El jueves 20, me mandaron mensaje desde el hospital preguntando si no quería ir a verla un ratito. Me pareció raro. Fui, y cuando arribé, estaba muy mal, con una máscara de oxígeno. Me miraba y me hacía señas de que estaba ahogada. Me quebré, no podía verla así. Me fui, pero al llegar a mi casa avisaron que Lara había pasado a terapia y que la habían intubado. Pero a las 3 de la mañana del viernes nos avisaron que falleció”, agregó Alejandro.

Fuente: La Nación

 

 

Un futuro mejor para sus niños. Ese fue el horizonte que se fijaron Carmen Julia Moreno (36) y su esposo José cuando decidieron abandonar su Venezuela natal para comenzar una nueva vida en nuestro país.

 

Primero Buenos Aires y -por un trabajo para su esposo- Gualeguay después, Carmen y su familia se adaptan poco a poco a la vida y las costumbres de un lugar que en algunas cuestiones se parece a Los Pijiguaos, donde crecieron y trabajaron hasta emigrar, “por la tranquilidad especialmente”, pero muy diferente en el clima. “Nací en el Estado Bolívar, específicamente en Ciudad Bolívar, una ciudad bastante antigua, que al sur tiene un clima totalmente cálido, tropical, muy diferente al de acá. En Mérida, en la Cordillera donde está el Pico Bolívar, se puede ir a conocer el frío, con temperaturas bajo cero, pero después es todo calor. No tenemos las cuatro estaciones, el invierno es más que nada lluvia”, señala, mientras acomoda todo el abrigo que lleva puesto una gélida mañana de mayo. “Tengo tres años en Argentina y me cuesta un poquito, pero es parte del proceso”, comenta.

“Estoy casada y tengo dos hijos adolescentes, César e Ivana. Me gradué de abogada en 2008, mi esposo es ingeniero industrial y nos conocimos en una empresa que explotaba un mineral que se llama bauxita, que es lo que utilizan como materia prima para hacer alúmina, que a su vez se utiliza para hacer el aluminio. Era la única empresa en Venezuela que se dedicaba a hacer eso”, relata Carmen a modo de presentación.

Si bien nació en Ciudad Bolívar, “a los cinco años mis padres tuvieron la oportunidad de irse a un lugar que se llama Los Pijiguaos. Ahí me crié, hice la primaria y la secundaria. Después me tuve que ir a estudiar, porque no había universidad allí, me volví a Ciudad Bolívar y fue donde estudié Derecho”, narra Carmen, al tiempo que da cuenta que “después volví a Los Pijiguaos, que está dentro del mismo estado, aproximadamente a 800 kilómetros. En ese lugar solamente vivían las personas que trabajaban en esa empresa, ahí conocí a mi esposo, nos casamos y estuve hasta 2018, que con toda la situación del país y en busca de un mejor futuro para nuestros hijos tomamos la decisión de venir para acá”.

 -¿Dejaron todo sin tener algo seguro en Argentina?

-Sí, renunciamos a nuestro trabajo, vendimos todo lo que construimos con mi esposo en 15 años y nos vinimos. José tiene familia en Buenos Aires, mi cuñada tiene cinco años viviendo ahí y mi suegra cuatro, así que nos dieron la posibilidad de venir. No teníamos trabajo acá, pero mi esposo trabajó en un restaurante, lavó platos y yo conseguí trabajar en un spa en atención al cliente.

“Nunca se nos pasó de salir de nuestro país, de verdad, pero con todo lo que pasaba decidimos arriesgarnos, renunciamos a la empresa, que yo hacía ocho años que estaba y mi esposo quince y dijimos nos vamos. Creo que si no hubiésemos tenido los chicos nos la habríamos bancado, como dicen ustedes, pero por la educación y, sobre todo, por la salud decidimos venirnos”, expresa.

Con toda la documentación en regla, llegaron a Argentina en noviembre de 2018 y a los pocos meses José recibió una propuesta laboral. “En enero de 2019 inicié un curso en Buenos Aires de secretariado jurídico contable, que duraba un año, y ese mismo mes lo llaman a mi esposo de una empresa de acá de Gualeguay y se vino. Mis hijos ya estaban escolarizados, así que esperamos y él viajaba los fines de semana”.

Recién a fines de 2019, Carmen y sus hijos conocieron nuestra ciudad. “A mí me gustó, porque es más o menos la vida que llevábamos en Venezuela. Después con todo lo de la pandemia nos dimos cuenta que no podíamos seguir esperando, los chicos ya no tenían clases presenciales, Buenos Aires estaba bastante complicado y nos vinimos antes de que ellos terminaran las clases, en septiembre de 2020”.

 -¿Cómo se adaptan a la ciudad?

-Vivimos en el edificio Plaza, en un departamento bastante grande y cuando nos instalamos le dije a mi esposo que íbamos a ver qué hacíamos. Yo no conocía a nadie y a los niños les pegó muchísimo, así que lo primero que hice fue ver en qué actividades los podía incluir para que ellos puedan ser parte de la sociedad. Los inscribí en colonias de verano, a mi hija le gusta bailar, por lo que busqué academias de danza, y a César lo llevé a fútbol. Ahora están súper adaptados, hacen cosas que en Buenos Aires jamás hubieran podido hacer, como ir solos a la escuela. Aquí vieron la posibilidad de ser más independientes y les gustó.

Juntos y revueltos

Es el nombre que le dieron a su emprendimiento gastronómico, en el que ofrecen comidas típicas venezolanas con envío a domicilio. “Un primo en Buenos Aires que estaba sin trabajo se puso a hacer tequeños y me dio la idea, yo en mi vida había hecho, los comía mucho en Venezuela, pero me los hacían mi mamá, mi tía o los compraba. Aprendí a hacer tequeños acá, mi primo me pasó la receta, probamos para nosotros y empezamos”, cuenta Carmen.

“Solamente hacíamos eso —revela—, arepas no, hasta que me llamó una cliente para pedirme. Allá se come mucho, es el plato típico, es el desayuno, es el almuerzo, es la cena. Buscamos la harina de maíz, que es precocida, y no la conseguíamos, hasta que dimos con una muy buena, argentina, que se llama Morixe”.

Si bien en Buenos Aires preparaban chicha, “que es una bebida a base de spaghetti y arroz, que pones a cocinar hasta que quede muy suave y lo licuás, le agregas canela en rama, leche condensada y azúcar”, en nuestra ciudad la aceptación más importante fue para las comidas. “En Venezuela —explica— las arepas tienen nombre, por ejemplo la que lleva pollo y palta se llama reina pepiada, también está la que es de carne mechada con queso amarillo, que se llama peluda. Ese tipo de carne también es usada para el plato típico de Venezuela, que es el pabellón criollo, que además lleva arroz blanco, porotos negros y plátano frito, que es como la banana, pero no tan dulce”.

 -¿Las arepas son tan tradicionales como nuestras empanadas?

-Exactamente y hay mucha variedad de rellenos, pero nosotros tenemos cinco tipos porque no me dan los tiempos. Mi esposo me ayuda mucho, a él le encanta cocinar y así hemos mantenido el equilibrio del emprendimiento. Por ahora estamos cocinando en mi casa, hacemos delivery y a futuro queremos un local o un food truck para seguir llevando nuestra comida, porque es muy amplia la gastronomía venezolana. Hemos tenido una aceptación increíble, cada día se suman más personas, abrimos una página en Instagram y ya tenemos 1.028 seguidores.

 -¿Por qué “Juntos y revueltos”?

-Porque eso es lo que significa la relación que hemos tenido Venezuela y Argentina, estamos juntos, pero no revueltos, porque hemos querido mantener nuestra tradición acoplándola a las tradiciones de acá.

 

Mirar desde afuera

 -¿Qué te ha sorprendido de los argentinos?

-En Buenos Aires trabajé en una empresa en la que tenía que ir a los domicilios a mostrar mi producto y que una persona extranjera pueda entrar a la casa de alguien que no conoce, que te brinden un mate, un café, una galleta y te permita sentarte en su mesa fue para mí algo increíble. La de acá es gente muy amorosa, muy receptiva y muy educada, aunque digan que no. Hay muchos argentinos muy cordiales, muy serviciales.

“Yo estoy agradecida de Gualeguay —subraya—, todos los días hago una amistad, conozco a alguien, gente que me dice que tengo su teléfono por cualquier situación, en los colegios que van mis hijos, los compañeros, las mamás, los compañeros de trabajo de mi esposo, a pesar del poco tiempo nos hemos sentido como en casa. Inclusive mi mamá me dice que no puede creer que ya conozca tanta gente”.

-Duele el desarraigo…

-Mucho, lo he ido trabajando, porque siempre viví con mi mamá muy cerca, mi papá, mis hermanos, mi abuela. Vivíamos prácticamente todos en la misma ciudad y a mis hijos les pegó el venirse, porque son los primeros bisnietos, los únicos nietos. Todavía me cuesta el haberme venido, el haberlos dejado allá con todo lo que está pasando y no poder ayudarlos como quisiera, pero la vida continúa.

“Las redes sociales ayudan —afirma—, poder comunicarnos todos los días, pedirles que se cuiden con la pandemia y pensar en lo que les hace falta. Está muy costoso vivir en Venezuela, mi mamá tiene 54 años y se jubila este año de la misma empresa a la que nosotros renunciamos, mi papá ya está jubilado y es independiente. Mi hermano es ingeniero y mi hermana está por graduarse de bioanálisis (N. del R.: bioquímica)”.

 -¿Cómo es la educación universitaria en Venezuela?

-Es buena, yo estudié en una universidad privada y mi hermano también, pero mi hermana estudia en una pública, porque depende de la carrera. Mi esposo viene de una universidad pública muy reconocida y mi hermana está estudiando en una universidad donde se preparan los mejores médicos. Hoy en día han bajado los niveles, porque muchos profesores se han ido fuera del país, pero hay muy buenas.

“La cultura educativa en Venezuela —indica— es que nuestros papás nos llevaban por el camino de que tienes que estudiar, no si quieres, eso fue lo que siempre estuvo en nuestras cabezas. Mi abuela materna fue enfermera, mi mamá estudió licenciatura en Administración, la dejó y siguió estudiando Nutrición y mi papá es profesor de Educación Física. En Venezuela siempre fue así y en cada casa hay un médico, un abogado, un arquitecto, un ingeniero o un comunicador, porque eran las carreras más elegidas”.

 -¿Qué es lo que más se extraña?

-Mi trabajo, porque estaba en el área para la cual me preparé, los amigos incondicionales, pero sobre todo la familia, porque te desprendes. Mi temor es que pase algo y yo no esté, gracias a Dios están bien de salud, no tienen ninguna enfermedad, están sanos, pero el temor es que pase algo y yo esté lejos. La pandemia está muy mal allá, tenemos conocidos, compañeros de trabajo, amistades, tíos lejanos que han fallecido por Covid-19 y nos cuesta entender eso. No hay vacunación tampoco.

 -¿Qué encontraste en Argentina que falta en Venezuela?

-Cuando llegué a Buenos Aires vi que podía ir al hospital y que podían atender a mis hijos con previo turno. Allá tuve una operación y no conseguía el antibiótico y si mis hijos se enfermaban en la clínica no había una jeringa. La comida la podíamos conseguir, pero el sistema de salud ya no daba para más. A veces no sabemos el valor que tienen las cosas hasta que las perdemos, Argentina no está pasando el mejor momento, pero para nosotros después de ver cosas que no se pueden creer es buenísimo vivir acá.

 -¿Planean quedarse en Gualeguay?

-Sí, no queremos seguir emigrando de una provincia a otra, de un lugar a otro, queremos tener estabilidad acá, nos hemos ido adaptando, los niños están bien y todavía les falta para que se vayan a la universidad. Con nuestro emprendimiento y el trabajo de mi esposo estamos bien, podemos ayudar y de a poco hemos ido comprando todo de nuevo, sentimos que fue buena la elección.

Un apostador acertó todos los números en La Segunda y se lleva más de 52 millones de pesos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron  que el próximo miércoles, en total, habrá en juego 316 millones de pesos.

En el Tradicional salieron el 32, 24, 01, 22, 12, 37 . Había en juego $158.768.701 los cuales quedaron acumulados para el sorteo venidero.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 20, 12, 04, 02, 43 y 31. Un apostador se hizo acreedor de $52.825.8191. Es de Chacabuco, provincia de Buenos Aires.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 17, 11, 35, 18, 13 y 00. Nadie se hizo acreedor a $88.725.550.

En el Siempre Sale hubo 21 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números:22, 23, 32, 28, 43 y 25. Cada uno cobrará $409.726

El pozo extra, en tanto, tuvo 3125 ganadores. Cada uno cobrará $1920.

En base a un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), la Secretaría de Comercio Interior dictó una medida cautelar para que la empresa Facebook suspenda la puesta en vigor de las nuevas condiciones del servicio y políticas de privacidad de WhatsApp, anunciadas para entrar este lunes en vigencia en la Argentina. La medida se publicó en el Boletín Oficial a través la Resolución 492/2021.

Según el dictamen de CNDC, las nuevas Políticas de Privacidad de WhatsApp “podrían lesionar la competencia y el interés económico general, violando así la ley de Defensa de la Competencia, más precisamente una infracción al art. 1 de la Ley 27442”. Ahora, mientras dure la cautelar, la CNDC investigará el uso que Facebook dará a los datos obtenidos de los usuarios de WhatsApp y que, se presume, podrían utilizarse con fines comerciales, según indicó la Secretaría de Comercio en un comunicado.

La cartera oficial indica que “WhatsApp tiene una penetración que supera el 76% de los teléfonos móviles en nuestro país. Las demás aplicaciones de mensajería todavía tienen baja penetración, por ello el usuario no puede sustituirla sin perder este medio de comunicación con muchos de sus contactos”.

En ese sentido, agrega que “esto genera una fuerte asimetría en el poder de negociación entre el usuario y WhatsApp, por lo que se verán obligados mayoritariamente a aceptar las nuevas Condiciones del Servicio, habilitando de ese modo a WhatsApp a que recopile datos personales excesivos y comparta la información personal de manera indebida con otras aplicaciones del grupo, tales como Facebook e Instagram”.

Según establece el informe de la CNDC, Facebook e Instagram, con el poder queesa información les otorgará, sumadas a las más modernas tecnologías de procesamiento de información, podrán reforzar su posición de dominio en otros mercados como el de la publicidad on-line, elevando las barreras a la entrada o volviendo difícil la supervivencia de sus competidores no integrados y en última instancia monopolizando el mercado en perjuicio del interés económico general.

En la misma línea, señala que entre los datos a recopilar se encuentran: el acceso a la libreta de direcciones, número de teléfono, datos de operaciones (por ejemplo, si se usa Facebook Pay o Tiendas en WhatsApp), información relacionada con el servicio, información sobre interacción con las empresas cuando se usa el servicio, información sobre el dispositivo móvil y la dirección IP; además de otros datos que proporciona el usuario o son recopilados automáticamente por la aplicación según la sección “Información que recopilamos” de la Política de privacidad.

“Si el usuario no acepta las nuevas Condiciones del Servicio el 15 de mayo próximo, inicialmente experimentará limitaciones en la funcionalidad de la aplicación y al cabo de unas pocas semanas la aplicación dejará de operar y perderá todos los datos almacenados”, indica la Secretaría de Comercio.

Como antecedente a esta cautelar, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores, a raíz de la denuncia de una usuaria, había imputado a la empresa Facebook Argentina SRL, por incluir presuntas cláusulas abusivas en las condiciones del servicio de la plataforma de mensajería WhatsApp.

“En el mismo sentido, se observaron las cláusulas también informadas por la CNDC que podrían resultar abusivas y que colocarían en situación de vulnerabilidad a quienes utilizan este servicio, e incluso también a personas que optaron por no utilizarlo, e incumpliría la Ley de Protección de Datos Personales (N° 25.326); y exenciones de responsabilidad a favor de la empresa, que desnaturalizan las obligaciones que posee como proveedora de servicios”, explica la Secretaría de Comercio.

Por otra parte indica que “las condiciones de la empresa están redactadas en inglés, y presentan una traducción no oficial, por lo que no estaría brindando un contrato válido en el idioma oficial de nuestro país. Se suma la prórroga de jurisdicción, por la que el proveedor pretende arrogarse la facultad de elegir el tribunal competente en caso de conflicto, hecho expresamente prohibido por la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240), y la posibilidad de que la empresa pueda finalizar o modificar el contrato de manera unilateral según su propio criterio y sin establecer parámetro alguno, incluso hasta el punto de trasladar la obligación a las y los consumidores de notificarse de estos cambios, tomando al silencio de su parte como aceptación de la modificación contractual”.

Por último, la Secretaría de Comercio señala que “aun cuando el servicio de mensajería de WhatsApp parece gratis, no lo es. La información que el usuario entrega es extremadamente valiosa para las redes sociales, tanto que esa suscripción gratuita podría ser un acuerdo injusto y hasta ruinoso para el usuario”.

Más de 17 millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones tendrán, desde junio, un aumento en sus haberes «superior a la inflación» estimada para el segundo trimestre, resaltó la ANSES.
El incremento del 12,12% que se otorgará por ley de movilidad a más de 17 millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones a partir de junio implicará un aumento superior a la inflación estimada para el segundo trimestre, aseguró la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Asimismo, señaló que los haberes se habrán incrementado un 21,17% en la primera mitad del año, casi un 3% más que el que hubiera otorgado la anterior fórmula de movilidad, sancionada por ley en 2017 en la anterior gestión de gobierno, que hubiera dado un 18,25% para este mismo período.
El organismo resaltó al respecto que a esto hay que sumar que los casi 5 millones de jubilados y pensionados que cobran un haber mínimo ($ 23.064 desde junio) y de hasta una mínima y media ($ 34.596) recibieron, además del aumento, dos bonos de $ 1.500 en los meses de abril y en mayo.
Por lo tanto, “la nueva fórmula, junto a los refuerzos, hizo que un jubilado o una jubilada recibiese 1.122 pesos más que los que hubiera recibido con la ley de movilidad anterior, que contemplaba principalmente la inflación”.

“El gobierno del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner propone un modelo de país que apuesta al trabajo, al consumo y a la producción. Nuestra prioridad es mejorar los ingresos de los jubilados y jubiladas para lograr que ese dinero se vuelque al consumo nacional”, aseguró la titular de Anses, Fernanda Raverta.

Y agregó: «Con este aumento, la jubilación mínima pasará a ser un poco más de 23 mil pesos. Tenemos que recordar cuál fue el punto de partida: cuando asumimos la mínima estaba por los 14 mil pesos y había una pérdida de poder adquisitivo del 20 por ciento. Estamos tratando de reconstruir una Argentina devastada”.

En total, según cálculos de Anses, un jubilado o jubilada que percibe la mínima acumuló $5.174 pesos más de ingresos que con el índice anterior en el período entre marzo y agosto de 2021.

No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6. El domingo, el pozo será de $320.000.000 . Detalles y números sorteados.
Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo domingo, en total, habrá en juego 320 millones de pesos.

En el Tradicional salieron el 09, 13, 43, 22, 21 y 04. Había en juego $ 145.775.847, los cuales quedaron acumulados para el sorteo venidero.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 36, 19, 16, 45, 23 y 40. Quedaron vacantes $42.898.626

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 18, 31, 41, 17, 21 y 29. Nadie se hizo acreedor a $71.095.901

En el Siempre Sale hubo 34 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 30, 17, 10, 18, 37, y 02. Cada uno cobrará $202.044

El pozo extra, en tanto, tuvo 1822 ganadores. Cada uno cobrará $3.293

No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6. El miércoles el pozo será de $205.000.000.

Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo miércoles, en total, habrá en juego 205 millones de pesos.

En el Tradicional salieron el 25, 03, 45, 02, 41 y 43. Había en juego $113.868.996, los cuales quedaron acumulados para el sorteo venidero.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 25, 26, 14, 13, 43 y 22. Quedaron vacantes $25.000.000

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 30, 35, 45, 16, 42 y 04. Nadie se hizo acreedor a $26.463.718

En el Siempre Sale hubo 6 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 43, 40, 01, 31, 38 y 17. Cada uno cobrará $981.262

El pozo extra, en tanto, tuvo 361 16.620 ganadores. Cada uno cobrará $ 4397,25.

Los femicidios son una verdadera emergencia social. El año pasado hubo uno cada 29 horas. Qué influencia tienen las armas en este drama social y cuáles son las estrategias que se podrían replicar aquí para evitar más crímenes por odio de género
Cuando en 1992 el odontólogo platense Ricardo Barreda mató a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas, estaba en su casa y usó su escopeta.

Ocho años después, en Berisso, Roberto Oscar Azcua, de 48 años, asesinó de cinco disparos a su excuñada. Tenía antecedentes penales y usó su revólver calibre 38.

Un viernes a la noche de 2013, en Esquel, Daniel Orlas acribilló de seis balazos a su ex esposa. La mujer se había separado, entre otras razones, porque su exmarido la golpeaba.

El primer día de 2021, en su casa de La Rioja, el policía Marcos Suasnada usó su arma reglamentaria para matar a su mujer.

Los femicidios en la Argentina son una verdadera emergencia. El año pasado hubo uno cada 29 horas. Y, como vimos en la enumeración con la que arranca esta nota, las armas de fuego son uno de los principales instrumentos con los que se cometen. De hecho, en 1 de cada 4 casos el crimen es ejecutado con un arma de fuego. Los datos, ya escalofriantes, asustan mucho más si pensamos en manos de quiénes están las 1.600.000 armas que hay en el país: el 99 % de los usuarios registrados en el país son varones.
El problema es compartido en muchas partes del mundo. Por eso, varios países coinciden en una pregunta que desencadena distintas respuestas y varias soluciones posibles: ¿qué puede hacer el Estado para desarmar a los varones violentos?

“Puede intervenir en tres dimensiones: restringir el acceso a las armas, limitar y controlar sus usos e intervenir en casos de denuncia de violencia de género”, enumera Aldana Romano, licenciada en Ciencia Política y activista de la Red Argentina para el Desarme.

Desde hace varios años que Romano analiza el modo en que las armas convierten a la violencia doméstica en letal. En el último trabajo, titulado Cuando el macho dispara y hecho junto a un equipo de investigadores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), reúne políticas públicas de varios países que encontraron respuestas para minimizar ese riesgo.

“Hay algunas iniciativas muy interesantes, especialmente en Australia. Y también existen acciones muy acertadas en Canadá y Nueva Zelanda”, enumera Romano.

Empecemos por las medidas que tomaron estos últimos dos países para directamente limitarles el acceso a un arma a los varones violentos. En Canadá, la solicitud debe incluir los datos de la pareja actual o de los últimos dos años. A esas personas se las notifica antes de otorgarles la licencia y se les da una línea telefónica gratuita para que llamen en caso de que tengan una objeción o miedo por su seguridad.

“En Nueva Zelanda la solicitud debe incluir los datos del cónyuge o de otra persona que la haya conocido en los últimos 20 años. Y la Policía debe entrevistar a dos personas (una debe ser el cónyuge, si lo tiene) para obtener información para determinar si la solicitud debe ser aceptada”, describe Romano, que hoy es la directora ejecutiva de INECIP y colabora con la Red Internacional de Acción Contra las Armas Ligeras, movimiento mundial contra la violencia armada conformado por 250 organizaciones de la sociedad civil de 90 países.

Pero el caso “modelo” que menciona Romano es el de Australia, porque trabaja sobre tres dimensiones del problema: les niega la posibilidad de tener armas a las personas que hayan tenido una orden de restricción por violencia doméstica en los últimos 5 años. Además, ordena condiciones seguras para guardar el arma y pacta inspecciones para verificarlo. Y establece la suspensión de la licencia. Por ejemplo, eso disponen en el estado de Nueva Gales del Sur, si hay “causas razonables” para creer que la persona cometió o amenazó con cometer violencia doméstica y personal, incluso aún cuando no haya habido condena.

La regulación más restrictiva en este sentido la tiene el estado norteamericano de New Hampshire, donde la Policía está obligada a secuestrar el arma si existen causas probables para creer que un portador ha ejercido violencia de género. “Se ha demostrado que si la ley obliga a secuestrar el arma en un entorno donde se ha denunciado violencia de género, disminuyen los femicidios”, concluyen en el INECIP.
del arma y se demostró que existe una reducción de entre el 9 % y el 25 % en los femicidios. Y no habiendo existido un ‘efecto sustitución’, como se le dice cuando se usan otras armas en reemplazo del arma de fuego”, afirma Romano.

En un estudio realizado por la Policía Montada de Canadá también hubo datos favorables. “Se demostró que la política de limitar el porte de las armas de dotación en los hogares había bajado el riesgo de que episodios de violencia doméstica terminaran de manera trágica y había reducido el número de mujeres asesinadas”, agregó Romano.

Este último dato, puntualmente, permite pensar soluciones para bajar la cantidad de femicidios cometidos por personal de fuerzas de seguridad. Desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2021, y según datos del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en la Argentina hubo 70 femicidios. Y entre los femicidas, 7 eran policías y 3, militares.

“Internacionalmente hay diferentes políticas sobre uso de armas por parte de policías. Europa tiende a no permitir su tenencia fuera de servicio. Incluso durante el servicio solo algunos miembros portan armas, como, por ejemplo, en el Reino Unido”, apunta Diego Fleitas, experto en regulaciones en materia de seguridad y autor del informe Violencia íntima, femicidios y armas de fuego en Argentina, publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad de Flacso.

¿Qué restricciones ya rigen en la Argentina y en qué puede mejorar?

Como quedó claro al enumerar los femicidios que se describen al inicio de esta nota, en la Argentina este tipo de crímenes tienen denominadores comunes clarísimos. Si tomamos los femicidios registrados en los primeros tres meses de 2021, el asesinato suele ocurrir en el hogar de la víctima (65 %), su pareja o expareja es el asesino (70 %) y en muchos casos (28 %) la mujer había hecho una denuncia o tenía una medida de protección porque sufría violencia de género.
Y el dato, ya dicho, pero repetido para no olvidar: 1 de cada 4 crímenes se ejecuta con un arma de fuego. Si queremos hacer un zoom sobre esas armas, sirve mucho ver las estadísticas de femicidios registrados en 2019 por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. De los 64 crímenes cometidos con armas de fuego, en 12 se usaron armas reglamentarias de integrantes de fuerzas de seguridad o armadas, en 4 emplearon armas registradas legalmente y en 11 las armas estaban en manos de usuarios no autorizados. En los restantes 37, no se pudo establecer la información.

Por eso, es muy difícil pensar en políticas que eviten estos crímenes sin contemplar políticas de desarme.

Actualmente, en la Argentina hay varias medidas para atender la emergencia y de hecho es uno de los países de América Latina con reglamentaciones más avanzadas. Una de las medidas son las “trabas registrales” a personas denunciadas por violencia de género. Es decir, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) puede no entregar una nueva licencia o inhabilitar a un legítimo usuario en caso de que haya denuncias por violencia de género, familiar o doméstica.

En los últimos 5 años, de 2016 a 2020, la ANMaC afirma, al ser consultada para esta nota, haber obstaculizado el trámite o quitado la licencia a 21.490 personas, a razón de 4.300 por año.

¿Qué dicen las últimas estadísticas oficiales? En 2019 un total de 39.281 varones solicitaron renovaciones o nuevas autorizaciones para acceder a armas de fuego. Sobre ese universo, 1.328 encontraron trabas registrales. Es decir, el 3,38 % de las solicitudes de ese año. Si tomamos los 327 casos de inhabilitación, sería el 0,12 % de las credenciales vigentes.

“Esta herramienta se estaría subutilizando”, analizan desde el INECIP, ya que “no se conoce que exista un protocolo o procedimiento que ponga en conocimiento de la ANMaC la existencia de una situación de violencia de género”.

Otra de las principales herramientas que tiene la Argentina para quitarles las armas a los varones violentos es el denominado Sistema de Control Ciudadano, que le permite a cualquier persona ver los nombres de quienes están solicitando una licencia y oponerse.

El problema de este mecanismo es que opera en el período previo al otorgamiento del permiso y por un breve lapso de tiempo. Además, el sistema no prevé ningún tipo de comunicación activa focalizada en potenciales personas interesadas en presentar una oposición ―como familiares o exparejas―, por lo que su efectividad depende del nivel de proactividad ciudadana.

“Siempre estamos pensando en mejorar el control de los requisitos establecidos para acceder a la condición de legítimo usuario, especialmente en las cuestiones vinculadas con violencia de género”, aseguran voceros de la ANMaC, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

De hecho, desde la ANMaC afirman estar trabajando en iniciativas para limitar el acceso a las armas, mejorar el control y promover el desarme. “Está la idea de contar con un cuerpo policial propio, como lo tiene la ATF, la agencia gubernamental de los Estados Unidos, con la cual poder proceder directamente al secuestro del armamento en domicilios particulares cuando corresponda, pero su desarrollo requiere una reforma legislativa”, afirman desde la ANMaC, que tiene al abogado Ramiro Urristi como director ejecutivo.

Otro proyecto en carpeta es el de elaborar un convenio marco para todas las fuerzas de seguridad del país para que, ante una denuncia de violencia de género, el agente deba entregar rápidamente y de manera preventiva su arma reglamentaria y, si la tuviera, su arma personal.

Lo que sí es un hecho es el relanzamiento del plan de desarme, pero esta vez con perspectiva de género. Básicamente, cualquier persona puede ir a un centro de entrega y dejar voluntariamente un arma. Ese arma es inutilizada en el acto y quien la llevó recibe un incentivo económico de hasta $ 9.000.

“Consideramos fundamental incorporar esa perspectiva al desarme voluntario de la sociedad promoviendo canales de comunicación e información, ya que, según los registros que lleva ANMaC, de los legítimos usuarios y usuarias solo el 2% son mujeres, pero ellas participan en un 30 % de las entregas de armas para su destrucción. Este es un porcentaje muy alto si tenemos en cuenta que no son ellas quienes las portan”, destaca Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Argentina es uno de los pocos países de la región con una política pública de desarme instalada en la agenda política nacional hace más de 10 años. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, ya prometió que la nueva campaña tendrá “una mirada esencialmente federal”.

En materia legislativa, el país también está cerca de seguir dando pasos en el control de la tenencia de armas por parte de varones violentos. “Se presentaron algunos proyectos en el Congreso para prohibir el acceso a las armas de fuego a quienes hubieran sido denunciados por violencia de género y otro asociado a la restricción de armas de dotación en caso de fuerzas de seguridad denunciadas por violencia de género. Ambos proyectos lograron medias sanciones, pero hasta el momento no se convirtieron en ley”, expone Romano.

La Red Internacional de Acción Contra las Armas Ligeras es muy categórica respecto a la necesidad incrementar el desarme de los varones. Explican que hay evidencia que demuestra que “un arma de fuego en el hogar aumenta un 41 % el riesgo general de un asesinato en ese hogar. Y para las mujeres, el riesgo de muerte se triplica”.

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Si creés que estás viviendo una situación de violencia por razones de género y necesitás contención o asesoramiento, llamá al 144. Si estás en riesgo inminente de ser atacada, llamá al 911.

El apostador acertó todos los números de La Segunda del sorteo que se realizó este miércoles por la noche y se lleva $172.183.636,54. El pozo del domingo será de $190.000.000.
Un entrerriano se hizo acreedor de uno de los pozos millonarios del sorteo del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo domingo, en total, habrá en juego 190 millones de pesos.

 

En el Tradicional salieron el 45-44-15-16-04-31. El sorteo quedó vacante y acumula para el domingo $102.786.286.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 06-12-10-09-45-19. Un apostador acertó todos los números y se lleva $172.183.636,54. Es oriundo de la localidad de General Campos, provincia de Entre Ríos.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 27-01-44-18-13-05. Nadie se hizo acreedor del premio y se acumula para el próximo sorteo $20.000.000.

En el Siempre Sale hubo 10 ganadores que acertó cinco de los siguientes números: 37-33-35-28-38-10. Cobrarán cada uno $666.119.37

Los gritos desesperados de una madre advirtieron al efectivo policial. La pequeña de casi un año de vida ya no respiraba. El agente comenzó a realizarle trabajos de reanimación, hasta que la chiquita rompió el llanto y volvió a respirar.
Un policía entrerriano salvó la vida a una beba que ya no respiraba en Concordia. El hecho ocurrió en la noche del pasado lunes, cuando el efectivo de la fuerza se encontraba custodiando la zona de calle Odiar al 2500.

Los gritos desesperados de una madre advirtieron al efectivo de la fuerza, Mauro Altamirano

La pequeña de casi un año de vida ya no respiraba, cuando el agente acudió al pedido desesperando de auxilio y comenzó a realizarle los trabajos de reanimación, hasta que la chiquita rompió el llanto y volvió a respirar.

La madre de la menor y los vecinos que miraban atemorizados por el cuadro médico, felicitaron y aplaudieron el accionar de este efectivo de Policía de Entre Ríos, que presta sus servicios en la ciudad de Concordia.

La bebé se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro, publica diario Río Uruguay.

 

Se trata de un proyecto de Declaración dirigido al gobierno nacional. El diputado Néstor Loggio es autor de la iniciativa con la que aspira a que el Ejecutivo Nacional o el Congreso elaboren una regulación definitiva, completa y de fondo respecto a la publicación de contenidos en redes.

El diputado a través del proyecto contempla los “cambios globales y constantes de la realidad producidos por la velocidad de la información y la extrema digitalización que han modificado para siempre la forma de comunicarnos, de relacionarnos y de interpretar y concebir la vida en sociedad”.

La comisión de Asuntos constitucionales, juicio político y peticiones, poderes y reglamento, que preside el diputado Cosso ya comenzó a analizar la iniciativa que tuvo ingreso en diciembre del año pasado.

El texto en análisis expresa que la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos declara su opinión favorable para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional y/o al Congreso de la Nación Argentina a efectos de que propicie una regulación definitiva, completa y de fondo respecto a la publicación de contenidos en redes sociales, las responsabilidades emergentes para quienes las mal utilicen o las propicien para calumniar, difamar, denigrar, deshonrar a terceros o divulgar material de índole privada de las personas que comprometan o tiendan a denigrar sus creencias, ideologías y otras acepciones de índoles personalísimas, tanto en el aspecto del Derecho Civil y Comercial como del Penal, otorgando protección judicial y jurisdiccional real, eficiente y suficiente a las potenciales víctimas de delitos o denigraciones públicas, salvaguardando así garantías esenciales otorgadas a todos los ciudadanos argentinos por la Constitución Nacional Argentina.-

El legislador alude a situaciones tales como posibles agresiones al honor y buen nombre de las personas los grados de violencia moral de todos los habitantes o de género para las mujeres, cuando no la afección directa de los derechos a la intimidad y a la privacidad, “derechos que en la actualidad se encuentran ostensiblemente expuestos y vulnerables también por el vacío legal producido por una falta de regulación de fondo que dista aún de completarse y precisa de nuevos instrumentos jurídicos”, expresa.

LAS RAZONES. Loggio alude a los “cambios globales y constantes de la realidad producidos por la velocidad de la información y la extrema digitalización que han modificado para siempre la forma de comunicarnos, de relacionarnos y de interpretar y concebir la vida en sociedad”.

En ese contexto, se refiere al surgimiento de nuevas inquietudes, problemas hasta entonces desconocidos y “abusos que antes no existían como tal, simplemente por no preexistir el medio idóneo para consumar el hecho lesivo o agraviante”.

Considera que “son lentos” los intentos de ajustar la legislación del Código Penal a los nuevos delitos informáticos, hasta la adecuación de los sistemas de acusación y control judicial como
tales, en comparación con la rapidez en que se suceden los hechos.

En ese análisis, sostiene que “en la actualidad una de las cuestiones más difíciles de regular es la responsabilidad jurídica de las afirmaciones u opiniones vertidas en las redes sociales y, sobre todo, cuando dichas manifestaciones no son simplemente una afirmación deliberada e irresponsable emitida a la red, sino que la misma se hace con una intención subyacente de obtener un beneficio, sacar una ventaja, manipular una opinión o simplemente desinformar a la población aportando datos falsos o apócrifos”.

Incluye en la fundamentación del proyecto interrogantes tales como “¿qué hacer entonces cuando nos enfrentamos a un abuso del derecho a la libre expresión?; ¿cómo reaccionar ante la proliferación de datos que dañan a una velocidad infinitamente mayor que la capacidad de reparación que posee el sistema judicial? y ¿cuál derecho personal debe ser privilegiado? ¿a costa de qué principios?”.

De la cultura y la justicia

El diputado Loggio justifica el pedido al gobierno nacional al preguntarse qué hacen los representantes de las instituciones del Estado de Derecho para salvaguardar los posibles abusos que se pueden generar a la luz de una prerrogativa tan cara y tan necesaria para cualquier República, como es el derecho a la información y a la libre expresión.

Considera urgente efectuar una “regulación de fondo para que de modo definitivo, completo y general se promueva la legislación de esta actividad tan naturalizada en la actualidad para la sociedad, pero cuyos horizontes de consecuencias aún están lejos de ser siquiera divisadas, cuando no resueltas”.

Deja presentadas algunas alternativas. Considera que se debe “trabajar sobre la cultura de quienes usan redes sociales para intentar educar a los usuarios en este sentido, creando conciencia de que una opinión debe hacerse con el máximo de cognición posible, porque dicho comentario va a tener inevitablemente efectos sociales generales y personales particulares”.

Y agrega que “en caso de que se perfeccione el abuso a la libre expresión, bregar porque la Justicia tenga la suficiente capacidad de poder juzgar y condenar al culpable y no permitir que por lagunas del derecho ante casos pioneros, el sistema judicial se justifique con cuestiones puramente procedimentales como acto reflejo, permitiendo que se concreten injusticias en nombre de la verdad.