Desde el Hospital Masvernat dieron a conocer que robaron el sello de una profesional del establecimiento. Advierten por documentos falsos firmados con su nombre

Robaron el sello profesional de la jefa del Servicio de Asistencia Social del Hospital Delicia Concepción Masvernat, la médica María Celeste Avancini. Desde el establecimiento advirtieron por falsos documentos firmados con su nombre.

«‘En el día de hoy, fue encontrada una nota, en la cual se logra observar la frase; ‘Sra. Mirta: Se le informa que su hijo Rodrigo German Zadoko DNI a contraído de viros viral COVID19 presentarce urgente. ATTE Avancini María’, con el sello debajo de la frase y una firma que no es de la profesional», informaron desde el hospital.

Por tanto, desde el Masvernat se «alerta a la comunidad acerca de este apócrifo documento y se insta a la o las personas que tengan en su poder el sello a devolverlo por ser un instrumento institucional y su mal uso es penado».

Fuente: Ahora

El dueño del negocio contó que cuando llegó para abrir, había un par de pantuflas en la puerta. Luego se percató del ingreso de malvivientes por un ventiluz. Le robaron una importante suma de dinero y mercadería.
La agencia de quiniela «El Abuelo» ubicada en la esquina de La Rioja y Corrientes, de la ciudad de Concordia, fue visitada por los amigos de lo ajeno. Según comentó el dueño de la misma, primero la marcaron y después rompieron un ventiluz e ingresaron a robar.

Sobre el ilícito, Gastón Locaso, propietario de la agencia, contó que cerró el negocio a las 21, y según lo que pudieron ver por las cámaras de seguridad, «el delincuente rompió una pequeña ventanita de vidrio arriba de la persiana metálica que estaba cerrada y se metió. Me robó dinero y una gran cantidad de mercadería y se ve que salió por el mismo lugar», acotó.

«El día sábado cuando vine a abrir la agencia, encontré un par de pantuflas en la puerta, se ve que me marcaron, se ve que fue un aviso. Se ve que ni bien cerramos se metió el chorro, seguro que me estaba mirando y esperando que nos vayamos. Nosotros tomamos todos los recaudos, pero jamás pensamos que podían ingresar por ese lugar. La alarma no sonó lamentablemente, se ve que era una persona mayor, no era ningún chico y se tomó unos minutos para preparar todo y salir por donde había entrado».

Finalmente, el agenciero dijo: «esta es una zona muy segura, anda a cada rato la policía pero se ve que esta vez me tocó mí. Me robaron, no importa el dinero, era una importante suma. También me llevaron una importante cantidad de mercadería», lamentó Locaso a diario El Sol.

 

La Justicia entrerriana confirmó en las últimas horas que los restos óseos hallados en el marco de la búsqueda de Ramón «Ramoncito» Grandoli -desaparecido el 28 de febrero en Hernandarias- finalmente sí pertenecen al nene de 13 años.

La información fue confirmada a  por fuentes judiciales, luego de cotejar el ADN los huesos con el de la hermana del pequeño.

«Estamos investigando un homicidio, pero atípico. Nos encontramos con restos óseos que presumiblemente son de Ramoncito» había aclarado el 3 de junio Juan Malvasio, fiscal a cargo del caso, en contacto con Telenoche.

Cabe destacar que por el atroz crimen están detenidos tres primos de la víctima, dos de ellos hermanos entre sí.

El autor la llevó a su domicilio, la golpeó brutalmente y la estranguló hasta matarla. Luego, la arrastró hasta el patio y finalmente la arrojó al interior de un pozo y la tapó con cal y tierra. Los resultados de la autopsia.
Según reveló la autopsia, Julieta Del Pino, la joven de 19 años asesinada entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en Berabevú, fue golpeada y estrangulada: el femicida la asfixió con sus manos. También se supo que no fue apuñalada y que, de acuerdo a los nuevos datos preliminares de ese informe, no existen, por el momento, evidencias de abuso sexual, pese a lo que había trascendido inicialmente.

Esos detalles, y la confirmación de que en el pasado había existido una relación entre la víctima y el joven de 28 años detenido el sábado a la noche por el femicidio, se convirtieron en algunas de las revelaciones que dejó la audiencia en la que se imputó a Cristian Romero por la autoría del homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido en un contexto de violencia de género.

Por la calificación el hombre podría recibir, en caso de ser hallado culpable, una pena a prisión perpetua. La fiscal Susana Pepino confirmó que Romero, quien el sábado a la mañana le dijo al hermano de Julieta que desconocía su paradero y se ofreció incluso a colaborar en la búsqueda, no aceptó su culpabilidad. Ni siquiera declaró.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacerse hasta el momento, el homicida la obligó a subir a su automóvil después de que la joven abandonara el kiosco que atendía en el pueblo y se comunicara con su madre para avisarle que estaba en camino a su casa. Las cámaras registraron el momento en el que estaba a unos 300 metros del domicilio familiar.

Por el momento no pudo establecerse si el femicida contó con ayuda de otras personas. Se aguardan nuevas pericias, pruebas biológicas y de ADN para determinarlo, según explicaron los fiscales. Los testimonios recolectados hasta el momento indican que en la casa de Romero, donde se habría cometido el crimen, no había otra persona. El hombre vive allí junto a su pareja.
«La víctima fue arrastrada por el imputado hasta el fondo de la vivienda. Además, el hombre investigado ocultó el cadáver en un pozo. Luego le arrojó cal y tierra y lo tapó con una loza de cemento y un tanque de agua», precisaron los fiscales Susana Pepino y Matías Merlo. La tarea de perros entrenados permitió encontrar el cuerpo de la joven.

La familia de Julieta desconocía la relación que existió en el pasado entre la chica y Romero. El detalle fue aportado por dos amigas de ella y agrava la imputación del detenido.

«Él le mandaba mensajes. Yo le decía ‘Juli, tené cuidado, mandalo a la mierda’. Pero nunca tuvo relación con esa persona. Él ha venido a casa. Estuvo en esta mesa tomando mate. Eran compañeros de trabajo con mi hijo. Él se sacó las ganas y me la mató. Nos destrozó la vida», aseguró Fabiana, madre de la víctima, en diálogo con Canal 3.

«La conducta del imputado fue siempre violenta y se enmarca en una situación desigual de poder y subordinación en un marcado contexto de violencia de género», plantearon los fiscales.

Tras la audiencia en los Tribunales de Melincué la jueza Silvina Marinucci dispuso que Romero permanezca detenido. Tuvo en cuenta la calificación legal del delito, la pena en expectativa y la posibilidad de entorpecimiento en la investigación y el peligro de fuga.
Fuente: Clarín

 

Gendarmería detuvo la marcha de un vehículo en la Ruta Nacional 14. El conductor del auto no pudo justificar por qué llevaba un millón de pesos dentro de una mochila. Lo detuvieron y luego fue puesto en libertad.

Personal del Escuadrón local de Gendarmería, destacado en Patrulla Eventual sobre Ruta Nacional 14 km 27 (paraje Perdices), detuvo en un control la marcha de un vehículo que provenía de la provincia de Buenos Aires.

Según pudieron constatar, en una mochila que estaba en el asiento trasero, el conductor llevaba una gran suma de dinero.

Cuando le solicitaron la documentación que avale de dónde había obtenido el dinero, no pudo justificarlo. Transportaba un millón de pesos.

Se dio intervención al Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Gualeguaychú, que orientó el secuestro de la totalidad del dinero hasta la determinación de su procedencia. Se detuvo al conductor del auto y luego fue puesto en libertad.

El cuerpo de la joven de 19 años fue cubierto con cal y enterrado en el patio de la casa de su expareja, detenido por el femicidio. Presentaba signos de haber sido golpeada en la cabeza con una botella y apuñalada al menos cinco veces.

Mientras sigue la conmoción en Berabevú, el pequeño pueblo en Santa Fe donde ayer hubo una marcha virtual y bocinazos para pedir justicia por el femicidio de Julieta Del Pino, se conocieron nuevos detalles de la investigación por la que hay un solo detenido y principal sospechoso: el exnovio de la víctima.

Según los datos preliminares de la autopsia que difundió el portal de noticias CNM, a la joven de 19 años la violaron antes de matarla. Su cuerpo además presentaba signos de haber sido golpeada en la cabeza con una botella y apuñalada al menos cinco veces.

Tras cometer el crimen Cristián Romero, el asesino confeso, cubrió a la víctima con cal y la enterró en una fosa en el patio de su casa. El hombre de 28 años, apodado «Chorizo», era compañero de trabajo del hermano de Julieta y había tenido una relación con ella tiempo atrás.

El resultado definitivo del trabajo de los forenses será clave para marcar el avance de la causa y conocer cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la causa de la muerte. Por otra parte, aclararon los investigadores, no se descarta que al menos dos personas más hayan participado del hecho.

La última imagen de Julieta con vida fue captada por las cámaras de seguridad que registraron su paso en bicicleta por las vías del tren, a dos o tres cuadras de su casa, donde su mamá la esperaba con la cena preparada.

Sin embargo, la joven fue interceptada por alguien en el camino que la violó y la mató en una casa abandonada, donde después encontraron la ropa interior de la chica.
El video de otra cámara fue el indicio que puso a Romero en la mira, al ubicar su auto a la misma hora y en la misma zona en la que desapareció Julieta. Así fue como la Justicia ordenó el allanamiento en el domicilio del hombre y los perros rastreadores dieron finalmente con el cuerpo de la víctima.

Se ventiló en una audiencia con acusados de extorsión y ligados a casinos ilegales en el Gran Rosario. Un ex jefe de unidad regional está entre los imputados.
Una vez más en una investigación penal aparecieron indicios elocuentes de que un grupo delictivo recibe colaboración desde adentro de una Fiscalía. Nada más que ahora las sospechas no se dirigen a policías sino a personal civil del mismo Ministerio Público de la Acusación (MPA). Así se expuso ayer en la audiencia pública en la que se ventiló una trama de extorsiones que llevó a descubrir una red de casinos clandestinos en el Gran Rosario y en la que fueron acusadas cinco personas, entre ellas un oficial retirado de la policía y un hombre que está preso por instigar el atentado cometido en enero pasado contra el Casino City Center donde un apostador resultó asesinado.

La jueza Valeria Pedrana, quien resolverá si acepta el pedido de prisión preventiva hecho por los fiscales, mencionó entre los imputados a cinco hombres con orden de captura por no haber sido localizados. El más conocido es Mariano Ruiz, quien fue condenado como integrante de la banda de Los Monos tras ser investigado por su rol de financista y encargado de la logística de ese grupo. Ayer se señaló que participaba de las extorsiones realizadas por el grupo imputado y que consistían en interceptar a empresarios, comerciantes o personas con problemas legales y prometerles represalias a balazos si no les entregaban importantes sumas de dinero. Según la evidencia aportada en audios o textos de celulares, las denuncias de víctimas o dichos de testigos, eso se hacía en nombre de Ariel Máximo «Guille» Cantero, el líder de Los Monos que ya carga sobre su espalda con seis condenas.

En esta investigación hubo varios acusados de llamativo perfil. Uno es el comisario mayor retirado Alejandro Torrisi, ex jefe de la Unidad Regional VI de Villa Constitución y con larga trayectoria en el área de Investigaciones de Rosario. El ex policía fue detenido el lunes al salir de un casino clandestino de Villa Gobernador Gálvez con 150 mil pesos en efectivo en un sobre. Otro acusado es Maximiliano «Cachete» Díaz, acusado de participar de extorsiones al Sindicato de Peones de Taxis que incluyeron ataques a balazos, y de ser organizador de la balacera de hace seis meses al casino de Rosario, donde murió alcanzado por un balazo el gerente bancario Enrique Encino. Por estos hechos «Cachete» está con prisión preventiva por dos años desde el 15 de enero.

La pista del casino

La notable revelación sobre la complicidad presunta entre personal del MPA y personas de este grupo delictivo surgió precisamente tras el atentado al Casino. Dos días antes de este hecho, el 9 de enero, dos individuos fueron detenidos con armas en un operativo de Gendarmería Nacional. A partir de la apertura de un teléfono de «Cachete» Díaz, que había sido destruido a propósito, los investigadores supieron que el acusado le pidió a una persona que moviera contactos para lograr la liberación de estos dos hombres.

El que recibió ese pedido debía estar sentado en la audiencia pero no fue hallado. Es Leonardo Andrés Peiti, un hombre de 46 años con reiteradas causas por controlar empresas de juego ilegal y buscado el miércoles sin éxito en varios allanamientos.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery dijeron que Peiti recibió el pedido de «Cachete». Primero se contactó con un policía (sería Torrisi) quien le dijo que no podía hacer nada porque el operativo era de Gendarmería y ya estaba judicializado. Frente a eso, según los fiscales, Peiti se comunicó con alguien en el Centro de Justicia Penal.

El llamado fue a una persona que trabaja en una Fiscalía y le pasó el nombre del que había quedado detenido, Hernán Horacio Quinteros, para que intercediera en su favor. Desde adentro de la Fiscalía, el consultado respondió con información fina: dijo que Quintero se había comido un encubrimiento por circular en un auto robado al ser detenido y que tenía un arma calibre 9 milímetros por lo que le imputaron portación de arma de guerra. También agregó algo significativo como para señalar que poco se podía hacer para beneficiar al detenido. «No tengo la causa yo». No obstante dejó ver que haría una última gestión intercalando «un comentario». Agregó por último que al no tener antecedentes al imputado en un mes podrían darle la libertad (ver aparte).

Peiti recibió el mensaje de su contacto dentro de la Fiscalía y se lo reenvió a «Cachete» Díaz para que le quedara claro no sólo que había efectuado la consulta, sino que se la habían respondido.

Hace dos años estos mismos fiscales descubrieron en otra causa, mientras investigaban al narco Esteban Lindor Alvarado, que tres policías que se desempeñaban con ellos en la misma oficina estaban colaborando con Alvarado para desviar la investigación en su contra o ayudarlo con datos. Lo de ahora tiene de parecido el caso es que también un grupo delictivo busca ayuda en una Fiscalía. Pero la diferencia es que la contribución esta vez parece provenir de personal civil del MPA. Una primera forma de delimitar el campo de mirada consistirá en establecer quién trabajó en el mes de enero, que es un mes en el que la mayoría del personal está desafectado por la feria.

La estructura

Lo que se desnudó en la audiencia imputativa de ayer es la existencia de una compleja estructura dedicada a extorsiones de parte de una organización criminal que hostiga a emprendedores económicos que operan al filo de la ley y que por esa razón quedan imposibilitados de denunciar los aprietes. Pero también a personas con negocios lícitos como el dueño de una financiera y el de un bar. La actividad de los chantajistas llevó a descubrir una treintena de casinos clandestinos en la zona de Rosario y su área metropolitana, cuyos responsables pagan de manera regular para evitar represalias.

Uno de los responsables de los locales de juego es Leo Peiti, a quien anoche efectivos del Organismo de Investigaciones (OI) buscaron al allanar una vivienda en Morrison al 8000. Su abogado dijo minutos después a este diario que su cliente está en la provincia de Buenos Aires y que el lunes se pondrá a disposición de la Justicia.

En conexión con Peiti está, según la acusación, el comisario retirado Torrisi detenido el lunes cuando salía con 150 mil pesos de un casino ilegal de Espora 229, en Villa Gobernador Gálvez. Allí había nueve computadoras con un software de juegos de azar a cambio de dinero. Según lo obtenido del celular de «Cachete» Díaz, a Torrisi le reportaban las ganancias de los casinos.

En ese sentido, hay conversaciones en las que le piden al ex comisario autorización para abrir lo que sería una casa de juego de azar. Y otras en las que surge que Torrisi se encargaría de cobrar el dinero de diferentes casas de juego.

En la audiencia también fue acusado Otniel Almonte De León, un ciudadano dominicano de 32 años que ya está preso como coautor del asesinato del policía Cristian Ezequiel Ibarra, muerto a balazos en su auto en julio de 2019 en el marco de una disputa por drogas.

También imputaron a Flavia Broin, pareja de «Cachete» Díaz, a quien le atribuyeron ser encargada de cobrar el dinero producto de la extorsiones.

Los fiscales señalaron que al investigar las tramas extorsivas, en la que está inserto el atentado al Casino City Center, aparece orquestando acciones Ariel Máximo «Guille» Cantero. Esto ya se expuso en enero pasado durante la audiencia del ataque a la sala de juegos de zona sur que le costó la vida a Enrique Encino.

El último de los imputados ayer es José Sebastián Perlo, a quien le atribuyen los delitos de asociación ilícita, extorsión y violación de leyes de juego.

Los negocios y los aprietes

Los fiscales consignaron que en abril de 2019 una persona no identicada se presentó en un bar de San Martín al 1600 y le dijo a su dueño, J.P., que era de la banda de Los Monos. Le indicó que si querían seguir funcionando tenían que pagarles, que ya habían tiroteado otro bar y que si no recibían dinero pasaría algo peor. A partir de allí se hicieron encuentros del comerciante con «Cachete» Díaz, su hermano Brian (prófugo) y José Perlo.

«Esas reuniones se hacían en un bar de Pellegrini 1657 llamado «Mansa» propiedad de Mariano Ruiz», dijeron los fiscales, y afirmaron que éste participó del cónclave. El extorsionado pagó hasta mayo de 2020 a Flavia Broin, quien pasaba a cobrarle.

Otro caso ventilado ocurrió el 8 de enero de este año cuando dos jóvenes se apersonaron en una casa de cambio de Entre Ríos y Córdoba. Le dijeron a su propietario, Pablo F., que estaban allí a pedido de «Guille» Cantero, que eran amigos de Leo Peiti y que tenía que pagar 5 mil dólares por mes. «¿En concepto de qué?», preguntó Pablo F. «En concepto de que no te baleamos todo el frente y no puedas laburar más», fue la respuesta.

Tras una reunión en un bar de Mendoza y Río de Janeiro donde estuvo Peiti, «Cachete» Díaz le dijo al empresario que empezara a pagar porque si no ponía la plata «ellos sabían donde vivía e iban a matar a toda mi familia y que sabían mis hijos van al colegio». Por eso la víctima se fue del país.

Uno de los que también será imputado en este caso es Rodrigo Ortigala, un amigo de Peiti que es testigo principal contra Esteban Lindor Alvarado. Según los fiscales, Ortigala tenía conocimiento de la maniobra que se estaba ejecutando contra el financista, se comunicó con «Cachete» Díaz y acordó con él «una investigación patrimonial de la víctima, los términos en que debe ser proferida la amenaza y los montos de dinero a exigirle».

Un topo en el MPA

Una de las pruebas de la que se valieron los fiscales en la audiencia de ayer para sostener que alguien del Ministerio Público de la Acusación traficaba información a favor del grupo acusado es el siguiente mensaje de WhatsApp: «Y Hernán Horacio Quinteros. En esta se comió un encubrimiento por andar con un auto robado y tenía una 9 mm cargada, le metieron portación de guerra. Fue ayer, por protocolo tenía que pedir prisión preventiva, pero aparentemente se puede cerrar después de peritar el arma. No tengo la causa yo, pero dejame ver como metemos un comentario ahí. En 1 mes le podrían dar la libertad, no tiene antecedentes así que seguramente».

Fuente : La Capital

En una recorrida por el acceso a barrio La Bianca de Concordia, la policía observó a dos sospechosos que huyeron hacia la costa del río. Los siguieron y los efectivos hallaron 69 bultos que estaban preparados para ser cruzados a Uruguay.

En la madrugada del lunes, personal policial que realizaba recorridas preventivas por los callejones que conducen al barrio La Bianca de Concordia, observó una moto cuyos ocupantes se encontraban en actitud sospechosa.

En determinado momento, el vehículo salió en dirección a la costa del Río Uruguay, perdiéndose de vista a los uniformados, y al inspeccionar la zona encontraron gran cantidad de bultos, listos para un contrabando.

En este sentido, el oficial Duarte de la Brigada de Abigeato expresó que «en el momento en que el vehículo se dio a la fuga, el personal decidió descender del móvil y dirigiéndose hasta la costa del río, más precisamente en Playa Los Tomates, en el barrio La Bianca, lograron hallar sesenta y nueve bultos, valuados en una cifra millonaria, que estaban acomodados probablemente para ser pasados por el Río Uruguay».
«Se estima que la mercadería iba a ser transportada hacia la República Oriental del Uruguay. Los bultos contenían shampoo, acondicionador, tintura para pelo, bebidas alcohólicas, repuestos de autos, chicles, desodorante en aerosol», detalló Duarte.

Por último, el policía informó a diario El Sol que «en contacto con el encargado de Aduana, dispuso que se realice el acta de hallazgo, y luego se remitan los efectos y los secuestros a la Aduana».

 

El prostíbulo estaba abierto al público. El negocio forma parte de los delitos que se le imputan a una megabanda, que fue desarticulada en mayo y contaba con policías entre sus integrantes

En la megacausa por asociación ilícita, que en mayo derivó en la detención de más de 20 personas -dos de ellas policías-en Concordia, la investigación no se detuvo y tuvo un avance significativo.

Uno de los 17 hechos que se imputaron a la banda era la promoción y facilitación de la prostitución, lo mismo que la venta de estupefacientes, en un prostíbulo ubicado en inmediaciones de Rutas 14 y 4.

Los indicios reforzaban la hipótesis de que la dueña del prostíbulo “Lo de Maite”, Elsa Lacuadra, sobornaba a la policía. En especial, gozaba de la protección que le brindaba un uniformado miembro de la banda, Ricardo Petelín.

Las escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia de Garantías permitieron dar con diálogos en los que el propio Petelín le contaba a una persona de estrecha relación con él las maniobras que llevaba adelante para proteger al prostíbulo.

El Ministerio Público Fiscal, representado en esta causa por el doctor Francisco Azcue, logró además dar con dos mujeres explotadas en ese local, que se animaron a declarar. También se contó con los testimonios de otros testigos.

Fue así que, con la autorización del juez de garantías, la policía irrumpió en el prostíbulo, que estaba abierto, otro claro indicador del grado de impunidad con que se manejaba su dueña, que quedó detenida.

Fiscalía había solicitado también la aprehensión de otras personas, que por el momento permanecen prófugas. Además, también se indicó que la detenida varios años atrás tuvo causas Federales y Provinciales por los mismos delitos, pero todas fueron archivadas.

PRÓRROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA UNOS, LIBERTAD PARA OTROS

Este miércoles por la mañana, el juez de Garantías en feria, Mario Figueroa, había prorrogado por treinta días la prisión preventiva morigerada a domiciliaria de Francisco Alcides Castro; Rubén Ignacio Castro; Leonardo Antonio González y Oscar Antonio Rodríguez, los que quedaron detenidos a disposición del Juzgado de Garantías Nº 3 en Concordia.

Según indicaron desde la Justicia, Figueroa dispuso esta medida durante una audiencia celebrada ayer, en la Sala N° 1, en la que se trató la causa caratulada como «Castro Alcides Francisco; Castro Rubén Ignacio, González, Leonardo, Rodríguez, Oscar Antonio; Roa María Isabel, Martín Alexis s/ tenencia de estupefacientes con fines de comercialización».

El juez dispuso también diferentes medidas restrictivas a María Isabel y Martín Alexis Roa, Francisco Alcides Castro, Rubén Ignacio Castro; Leonardo Antonio González y Oscar Antonio Rodríguez, todas ellas en favor de la protección de testigos; y ordenó la inmediata libertad María Isabel y Martín Alexis Roa a quienes además les prohibió la salida del país y les impuso la obligación de presentarse una vez a la semana ante organismos judiciales a fin permanecer a disposición de la investigación de la causa.

Participaron en este proceso los abogados Rafael Briceño y Osvaldo Sarli y el fiscal Francisco Azcué.

Los imputados no fueron trasladados a sede judicial para evitar aglomeraciones, conforme las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud de la Nación referidas a la Pandemia de COVID-19 y el protocolo sanitario vigente para el sistema judicial.

Fuente: El Sol

Doce mujeres habían trabajado en los últimos nueve meses en la casa del hombre. Se supo que la víctima hacía propuestas sexuales a sus empleadas y en caso de no acceder se ponía estricto con el trabajo para que terminaran renunciando.

Detuvieron a una mujer de 45 años que confesó haber sido la autora del crimen de Roque Mora, el hombre de 73 años que fue asesinado a puñaladas en su casa la semana pasada en la localidad de Plottier, provincia de Neuquén.

Hoy la mujer, que es madre y trabaja como empleada doméstica, será acusada por el Ministerio Público Fiscal, pero detrás del aberrante crimen asoma una oscura historia de acoso sexual, informa el diario LM Neuquén.

«Yo no lo quería matar», dijo la mujer cuando se vio rodeada por la evidencia que habían recolectado los pesquisas durante la investigación. La autora confesa, habría esgrimido una coartada donde aseguró haber estado el pasado viernes a la noche con una amiga. Al corroborar los datos, los policías le mostraron a la amiga unas imágenes de una cámara de seguridad donde pasaba una mujer por la comisaría séptima. La amiga, la reconoció por la ropa sin saber que la Policía tenía otra cámara donde la misma mujer ingresaba a la casa de la víctima en calle Rivadavia al 200 de Plottier.

A las cámaras de seguridad y el testimonio de la amiga se sumó el cruce de datos de las antenas de telefonía que la ubicaban a la presunta autora en la casa de Roque Mora, que hacía un mes había quedado viudo.

Acorralada por las evidencias, la mujer se quebró y confesó. En medio de un ataque de nervios comenzó a repetir una y otra vez que no lo había querido matar. Incluso, reveló su crimen delante de los médicos forenses que la examinaron anoche tras la detención.

El crimen
El homicidio de Roque Mora ocurrió, de acuerdo al informe de los médicos forenses, el viernes pasado entre las 21 y las 23, pero su hija recién lo encontró el sábado a las 11 muerto en su cama y con varias puñaladas.

Si bien a primera vista se informó que tenía unas 60 lesiones entre cortes y puñaladas, la autopsia confirmó que se trató de 20 heridas cortantes y unas 15 puñaladas.

Tras la denuncia inicial, las principales averiguaciones apuntaban la investigación a un homicidio en ocasión de robo. La familia de la víctima presumía que le podrían haber robado unos pocos ahorros que le quedaron tras muerte de la esposa, una cifra inferior a los 100 mil pesos.

De inmediato los investigadores comenzaron a reunir información de las cámaras de seguridad y en paralelo averiguaron qué personas habían estado trabajando en la casa asistiendo la esposa del hombre que pasó mucho tiempo postrada.

Así fue que se obtuvo un listado de unas doce empleadas que habían trabajado en los últimos nueve meses, dato que extrañó a los investigadores ya que por lo general se suele tener una o dos personas de confianza para asistir a una persona enferma.

Un secreto a voces
En la medida que se avanzó con las pesquisas y se fue entrevistando a las empleadas que había trabajado en la casa de calle Rivadavia al 200 se fueron enterando que la víctima hacía propuestas sexuales a sus empleadas y en caso de no acceder se ponía estricto con el trabajo para que terminaran renunciando.

«Hubo alguna que accedió, pero terminó renunciando igual porque el hombre se puso cargoso», reveló una fuente bajo absoluta reserva.

La historia impacta porque ni siquiera su familia estaba al tanto y se fueron enterando en la medida de que la investigación avanzaba.

Ayer tras admitir la mujer haber asesinado al hombre reveló detalles de las situaciones de acoso que soportó, por lo que esa noche acudió a la casa y se encegueció durante el ataque mortal.

Hoy está previsto que el Ministerio Público Fiscal formule cargos a la presunta autora confesa, pero aún quedan muchos elementos por analizar para definir la calificación y si será necesario solicitar la prisión preventiva.

Un bebé de apenas 8 meses, otro niño de 10 y una nena de 7 se quedaron huérfanos, víctimas directas de la violencia más extrema. Los dos más pequeños eran hijos de ambos y el mayor sólo de la mujer. Sucedió en Misiones.

Era de noche cuando el martes llamaron a la casa de Colonia Itacuruzú, a unos 20 kilómetros de Montecarlo, en la provincia de Misiones donde hace apenas un día vivía Nelson Araujo (26). Su primo y la pareja de éste habían llegado allí preocupados por su paradero, luego de no tener noticias por varias horas. Golpearon las manos, golpearon la puerta, gritaron, pero no tuvieron respuestas.

Los visitantes sabían que allí también estaba Cinthia Lemos (28), con quien su familiar estaba en pleno proceso de separación. Primero pensaron que habían bebido y se quedaron dormidos, pero no tardaron en darse cuenta que algo estaba mal. Al hombre, no le quedó otra que tumbar a patadas la puerta llaveada por dentro.

Y en el interior descubrió un nuevo caso de femicidio seguido de suicidio. Un bebé de apenas 8 meses, otro niño de 10 y una nena de 7 se quedaron huérfanos, víctimas directas de la violencia de género más extrema. Los dos más pequeños eran hijos de ambos y el mayor sólo de Lemos, publica el diario El Territorio.

En un lugar de muy poca señal telefónica, efectivos de la Policía local tomaron conocimiento del hecho cerca de las 22.30 y se dirigieron de forma inmediata a la escena. Luego arribaron efectivos de la Policía Científica, un médico y la División de Investigaciones de la Unidad Regional III.

A simple vista, los cuerpos presentaban heridas de armas de fuego. El cadáver de Lemos tenía un disparo en la cara que le atravesó el cráneo y otro en el pecho sin orificio de salida. Él sólo tenía una herida, también frontal, arriba de la nariz. Se determinó que ambos cuerpos fueran remitidos a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

Se secuestraron dos rifles de distintos calibres, cartuchos y vainas servidas. Los familiares que estuvieron en el lugar descartaron el faltante de elementos, por lo que rápidamente los pesquisas se cerraron sobre la hipótesis del crimen seguido de suicidio.

Violencia
Familiares y fuentes policiales detallaron que Lemos, oriunda de Corrientes, desde hace mucho tiempo era víctima de violencia de género e incluso hizo varias exposiciones. Temía por su vida. La última vez que lo denunció fue en mayo y entonces la pareja decidió terminar, aunque el círculo de violencia no se rompió.

Desde hace unos meses se mudaron con sus hijos a una casa de alquiler en el barrio San Marcos, que queda en el casco urbano de Montecarlo. Anteriormente vivían en la Colonia Itacuruzú, en el mismo lugar donde se descubrió la terrible escena.

El domingo todos compartieron el día con familiares en otra vivienda y por la noche ella contó a una amiga que tenía dolores en el pecho porque su concubino la había empujado de manera brusca por querer revisar su celular. El lunes el presunto femicida se fue a trabajar y al regresar por la tarde encontró a Cinthia compartiendo unos tragos con una vecina y otro joven.
Eso motivó una nueva discusión, debido a sus enfermizos celos.

Entonces, Araujo fue a la casa de un familiar y pidió ayuda para cargar sus cosas en su vehículo manifestando que se había separado y que volvería a vivir a Itacuruzú. Su pariente le sugirió hacer una exposición para dejar asentado que abandonaba el lugar, algo que concretó.

Dejó sus pertenencias Itacuruzú, volvió y pasó la noche en lo de su primo, que vive al lado de la casa donde habitaba con su familia. En la mañana del martes decidió no ir a trabajar, porque quería hablar con su ex pareja. Compartió mates con su primo, quien lo notó tranquilo y pensativo.

Para eso, los hijos menores de la pareja se quedaron allí y el mayor con una vecina. El terreno quedó preparado para el peor de los desenlaces. La pareja mantuvo la conversación cerca de las 10 de la mañana y, según los familiares, hubo amenazas por parte de él para matar al perro que estaba en la colonia. Finalmente, ambos se fueron, en motos diferentes, al lugar.

Pasadas las 20, la esposa del primo comenzó a preocuparse porque ninguno regresaba y los niños seguían en la casa esperando. Por eso, decidieron ir a Itacuruzú. Allí se toparon con los dos cuerpos.

«Mirábamos todas las motos que cruzamos por el camino a ver si eran ellos. Llegamos y mi esposa vio por una rendija los pies de Cinthia, entonces yo golpeé la puerta, le grité a ver si abría, porque primero pensé que se juntaron, tomaron y de tanto alcohol se durmieron o algo así. Como no abría y estaba llaveada la puerta rompí y me encontré con los dos tendidos. Con ayuda de los vecinos, llegó la Policía», contó el testigo a El Territorio, aún consternado. No quiso revelar su identidad.

Ahora, los tres menores están a la guarda de sus tíos, hermanos de las víctimas, quienes también son pareja y manifestaron que se harán cargo. Desde el municipio le brindaron las asistencias necesarias y desde la Dirección de la Niñez acompañarán a gestionar la ayuda como padres sustitutos y salario. Desde la semana próxima también tendrán la asistencia psicológica para brindarle contención y que la revinculación con sus tíos sea más llevadera.

En el caso interviene el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo del juez Roberto Saldaña.

La víctima sería un menor de 17 años que recibió un disparo de arma de fuego en barrio Capibá de la capital entrerriana. La Fiscal Mercedes Nin trabaja en el lugar junto a la División Homicidios. Confirman que hay personas demoradas.
La policía investiga las causas del ataque armado, ocurrió minutos antes de las 7 de este jueves.

La Fiscal Mercedes Nin trabaja en el lugar junto a la División Homicidios y personal de la Comisaría 15º, confirmó a Elonce el comisario Horacio Blasón, Jefe de la División Homicidios.

Asimismo, señaló a este medio que «hay tres personas demoradas y se toman testimoniales en el lugar», explicó.

«Este caso debe juzgarse por juicio por jurado», adelantó el fiscal de Concordia, y remarcó que el acusado planeó cómo iba a perpetrar el asalto que terminó en tragedia. Los detalles de la investigación.

El titular del Ministerio Público Fiscal de Concordia, Dr. José Arias, aportó precisiones en torno a la investigación por el crimen de la docente jubilada María Teresa Galli. Hasta el momento, el único detenido por el homicidio es Luis Castillo.

La calificación legal de la causa es «Homicidio criminis causae para asegurar el provecho de otro, esto es un robo». Arias confirmó que el hecho «está gravado por ser cometido por violencia de género (porque Castillo) tiene una condena anterior por violencia de género. Demuestra desaprensión hacia las personas de sexo mujer y se aprovecha de esa condición para cometer el hecho».

Consultado al fiscal sobre la pena a la que se expone el acusado, éste adelantó: «La Ley establece una pena de prisión perpetua y la Fiscalía asumió el compromiso ante la familia de no modificar esa posición y está convencida de esa calificación legal».

En la oportunidad, confirmó que la familia de la víctima aún no se constituyó como querellante en la causa. «De parte de la Fiscalía sabe que cuenta con todo el apoyo y la información que quiera, las veces que quieran pueden venir por Tribunales. Para nosotros es lo mismo, siempre trabajamos para acelerar los procesos», explicó.

Castillo premeditó el asalto
En torno a las formas y circunstancias en las que ocurrió el cruento hecho de sangre, Arias explicó que, según surge de la investigación, Castillo «ingresó por los fondos» de la vivienda de la víctima. «No hay dudas, porque esta persona ingresó a la fábrica, al inmueble contiguo, a las 6 de la mañana. Si se revisa el video filmación, (Castillo) nunca salió de ese inmueble», explicó al fiscal al aclarar que «está desde la línea exterior para adentro hasta después del hecho que fue cuando salió».

Al preguntarle al fiscal si el móvil del crimen se agota en el robo, respondió: «Esa situación se analiza sobre el contexto o en período de planificación del hecho. Cuando esta persona toma la decisión de acometer a Teresa Galli, hace un estudio del campo».

Para Arias, el asalto a la docente jubilada -que luego terminó en tragedia- «fue un hecho sumamente planificado, porque (Castillo) manda una serie de moto mandados a la casa de Galli para estudiar el comportamiento de cómo atendía la puerta, cómo abría el portero».

«Estaba estudiando el campo para ver por dónde entrar», remarcó.
Interrogado al fiscal sobre qué logra robar el acusado, éste detalló que «se ha determinado que robó varias joyas, un reloj de importancia y presumiblemente dinero en efectivo».

«Todo eso es materia de análisis posterior porque es una persona que vivía sola y es difícil establecer qué tenía en la casa», aclaró.

En relación a los audios donde Castillo se conecta con una joyería, Arias lo confirmó y agregó que «también hay videos en el teléfono del victimario».

Respecto de las razones tuvo Fiscalía para solicitar la prisión preventiva, si fue porque Castillo borró imágenes de la cámara, Arias indicó que «ese fue uno de los puntos que se trató en la audiencia de prisión preventiva y es un acto concreto de entorpecimiento de la investigación». «Se tomó en cuenta a los fines de fundamentar su encarcelamiento preventivo. Castillo borró determinadas filmaciones», destacó.

Punto aparte aclaró que, según lo que consta en la investigación, la hermana de la víctima aseguró que vio «a una persona» que huían de la escena del crimen; y no dos encapuchados como se comunicó en un primer momento.
En relación a si hubo otro participante del hecho, el fiscal Arias indicó que «faltan hacer una serie de comprobaciones de carácter científico que llevan tiempo». «Se lo analizó al teléfono de Castillo que no se encontró nada pero puede haber mensajes borrados, además hay huellas a cotejar que tienen que ver o no a la participación de otra personas. En fin, hay que hacer una serie de comprobaciones previas para descartar la participación de otras personas», detalló.
Al remarcar la inocencia del compañero de trabajo de Castillo, que colaboró en la investigación, el representante del Ministerio Público Fiscal de Concordia explicó que «el aporte fue muy concreto; se tomaron diversos resguardos y se empezó a trabajar esa cuestión. Ahora estoy en condiciones de decirles que esa persona no tiene nada que ver con el hecho. Es absolutamente inocente».

«Se pudo corroborar que cumplió con su trabajo, no queda ningún resquicio de duda que su aporte fue legítimo y lo mantiene alejado del hecho sin ninguna duda», insistió Arias para remarcar el valioso aporte que hizo el trabajador de la panificadora ubicada en la propiedad contigua a la casa de Galli.
«Este caso debe juzgarse por juicio por jurado», adelantó el fiscal de Concordia. Y agregó: «El tiempo de investigación se estima de cuatro meses que son lo que demoran las pericias de carácter genético, los cotejos de muestras de sangre que se tomaron de roa del victimario para ver si son de la víctima».

«El proceso puede ser más lento, aún no hemos transitado este camino y tampoco está absolutamente terminada la implementación del padrón definitivo y creo que faltan algunas cuestiones de infraestructura para adecuar la sala acá en Tribunales», explicó. (El Entre Ríos)

El hombre, cuyo pedido de detención fue librado por la Justicia de Corrientes, se encontraba en un establecimiento rural del norte entrerriano tras haber violado una medida judicial en el marco de una causa por violencia de género.

Personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental La Paz de Policía detuvo a un hombre de 37 años que era buscado en Corrientes por desobediencia judicial en el marco de una situación de violencia de género ocurrida en la localidad de Esquina.
Según informaron fuentes policiales a La Sexta, el prófugo fue localizado en un establecimiento rural ubicado en inmediaciones de Paso Telégrafo.

Tras el pedido de detención del Poder Judicial correntino, que envió un oficio a la Justicia paceña, los efectivos policiales de La Paz aprehendieron al sujeto el último martes y lo trasladaron a la Jefatura Departamental.

Al día siguiente, el detenido fue llevado al Puesto Caminero Paso Telégrafo, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 12, desde donde lo buscó una comisión policial de Esquina para trasladarlo con destino al Juzgado interviniente en la causa, comunicaron las fuentes policiales.