Será por medio de un informe que dará a conocer tras una ronda de consultas con funcionarios de la Casa Rosada, dirigentes de la oposición, gremios, movimientos sociales y empresarios.
La oficina de Naciones Unidas en Buenos Aires avalará que el Gobierno impulse un sistema de Ingreso Básico Universal para salir de la crisis económica post pandemia Covid-19, tal como lo viene analizando el Ejecutivo nacional desde hace varias semanas.

«Las Naciones Unidas están presentes para apoyar al país en diversos aspectos clave como la planificación y gestión de políticas públicas, el fortalecimiento institucional para una mayor eficacia en los procesos del Estado y la búsqueda de nuevo financiamiento. A la vez, como actor imparcial, se ofrece para acercar posiciones, facilitar diálogos y promover debates en los temas más fundamentales, señaló el representante de la ONU en el país, Roberto Valent.
Las apreciaciones de este referente de Naciones Unidas resultan ser el prólogo de lo que será un documento que en los próximos días emitirá este organismo internacional en la Argentina como recomendaciones institucionales para encarar la post pandemia.

Se tratará del informe «Marco de las Naciones Unidas para la respuesta y recuperación socio-económica y ambiental ante el impacto del Covid-19» en Argentina. Y según adelantó Valent, ese documento que se emitirá en lo inmediato forma parte de un extenso trabajo que se realizó en los últimos meses entre las agencias de la ONU en la Argentina integradas, entre otras, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la OMS, la OIT y la CEPAL. Todas estas oficinas protagonizaron una ronda de consultas con referentes del empresariado, la sociedad civil, los gremios y, por supuesto, todo el espinel del Gobierno.

De esta manera, como conclusiones preliminares Valent destacó que la ONU vio positivamente el impacto que tuvieron las medidas de contención social que encaró el presidente Alberto Fernández en medio de esta crisis de Covid-19 como la aplicación del IFE, el programa de ayuda a las empresas, el aumento de fondos en la Tarjeta Alimentaria, el incremento en la AUH y los diferentes programas de ayuda para contener la crisis.
La idea de avanzar hacia un esquema de ingreso básico universal viene siendo discutida internamente en el Gobierno entre el presidente Alberto Fernández con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y el ministro de Economía, Martín Guzmán, entre otros.

«Argentina tomó medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles a fin de mitigar el coronavirus», dijo Valent, quien también instó que el Gobierno debería establecer una «coordinación transversal» en las medidas de contención social y de mitigación del Covid-19 que «incluya a todas la regiones y a todos los sectores de la vida política y económica, pública y privada».

A lo largo de las consultas con distintos sectores políticos, sociales y sindicales Valent mencionó que hacia el futuro de la etapa post pandemia se advierte la necesidad de reforzar los programas de crédito internacional para darle sustento a las medidas de contención social.

«Argentina es un país con marcadas iniquidades. A nivel nacional, la región Norte y Noreste ha sido históricamente la más empobrecida, aunque también hay en provincias de otras regiones bolsones o cordones que requieren una mayor atención, por caso en la Provincia de Buenos Aires, concluyó Valent en declaraciones a Infobae.

 

El gobierno provincial informó que transfirió a los municipios los primeros $150 millones no reintegrables de los 300 anunciados días atrás. “La decisión del gobernador es fortalecer con recursos y trabajando articuladamente a todas las ciudades”, explicó el ministro de Economía Hugo Ballay.

Recientemente, tras reunirse con el intendente de San Salvador, Lucas Larrarte, la vicegobernadora Laura Stratta y el titular de la cartera económica, el gobernador Gustavo Bordet anunciaba la decisión de destinar $300 millones a los municipios entrerrianos “para contribuir al equilibrio de sus cuentas y fortalecer sus recursos en el marco de la estrategia sanitaria para mitigar la propagación del coronavirus”.

“El 90% de ese monto, con el que la provincia asiste a los municipios, va a ser distribuido según el índice de coparticipación, y el 10% restante de acuerdo a la cantidad de casos de COVID-19 positivos que haya tenido cada localidad”, se informó en un comunicado oficial.

En ese marco, se informó que “esta semana, el gobierno provincial envió a los municipios la primer remesa de $150 millones”. El ministro Ballay resaltó que “la decisión de esta gestión de gobierno siempre ha sido contribuir con todos los municipios por igual, sin distinción política alguna. Incluso antes de la pandemia”.

Asimismo, sostuvo: “Desde la provincia se está haciendo un gran esfuerzo en materia administrativa para lograr equilibrio en las cuentas públicas y destinar la mayor cantidad de recursos disponibles a la principal prioridad que tenemos actualmente que es fortalecer el sistema sanitario para hacer frente al desafío que nos implica la pandemia generada por la propagación del coronavirus”.

En esa línea, Ballay resaltó: “Desde el primer día nos propusimos trabajar en una colaboración estrecha con los intendentes no sólo garantizando el pago, en tiempo y forma, de los recursos de la coparticipación provincial y enviando la coparticipación nacional, como lo hemos venido haciendo, sino también poniendo a disposición nuevas herramientas que fortalezcan la posición de los gobiernos locales ante la significativa caída de la recaudación que venimos experimentando en todos los niveles del Estado”.

Además, subrayó: “La ayuda permanente del gobierno nacional, tanto en materia sanitaria como económica. Es un gran alivio para las provincias contar con el respaldo como el que ofrece nuestro presidente y su gabinete que, en medio de la crítica situación en la que se encontraba el país a fines del año pasado, y su agudización con la pandemia, han priorizado el trabajo con una gran perspectiva federal”.

Por último, hizo referencia: “A la crítica situación que atraviesa la económica en todo el mundo, incluso en los países más desarrollados” a raíz de la pandemia, y puso de relieve “la caída en muchas de las principales actividades económicas y en especial de servicios”. No obstante, destacó que “el presidente junto a los gobernadores ya está trabajando en un programa que permita alentar la reactivación económica en la pospandemia donde, por supuesto, es central el rol del Estado pero también la articulación con los distintos actores del mapa económico y productivo del país y de las provincias”.

 

La reactivación del sistema portuario posibilita expandir la actividad exportadora de la provincia. Se concretará el primer embarque de troncos de madera de pino a India en agosto y se sumará a China como destino para este producto.

De igual manera se avanza en la incorporación de madera aserrada en formato de tablas para exportar a China, sumando valor agregado a un producto que será procesado en diferentes aserraderos de la región.

Para abordar estos temas, el ministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, mantuvo este miércoles una teleconferencia de la que participaron Carlos Schepens, presidente del Instituto Portuario Provincial, Robert Rosa, presidente de la empresa exportadora Urcel Argentina, Adrián Micheletto, gerente general de la misma empresa, y Pablo Gómez, referente de logística portuaria para toda la región.

Durante el encuentro se confirmó la incorporación del mercado indio para la recepción de producción entrerriana que saldrá desde las terminales portuarias de Concepción del Uruguay e Ibicuy, habiéndose programado el primer embarque para agosto.

«El plan de desarrollo productivo de la provincia tiene en los puertos uno de sus pilares estratégicos, el Gobierno Provincial sigue respaldando este crecimiento y apunta a brindar todas las condiciones que necesitan los productores entrerrianos para ser más competitivos y ganar nuevos mercados, todo desde nuestros propios puertos y generando más y mejor trabajo para los entrerrianos», detalló Bahillo.

Robert Rosa, presidente de la empresa Urcel Argentina, remarcó que «hemos avanzando de forma constante desde que comenzamos a trabajar en Entre Ríos allá por noviembre de 2018 cuando realizamos el primer embarque de madera a China. Ya llevamos 24 buques y más de 600.000 toneladas exportadas desde Concepción del Uruguay e Ibicuy, y hemos contado siempre con el respaldo del Gobierno de Entre Ríos. Ahora estamos en condiciones de sumar un nuevo mercado muy importante como es la India, es un paso más hacia adelante en un camino que todavía tiene muchísimo para desarrollarse y que seguirá sumando nuevos productos para exportar», destacó el empresario.

Urcel Argentina S.A., es un conglomerado empresario con amplia experiencia en la industria forestal y la logística portuaria. Fue la responsable inicial de abrir el mercado chino a la exportación de troncos de madera de pino destinada a la fabricación de muebles, tablas de encofrado y bobinado para tableros, entre otros usos.

La nueva exportación a China de madera aserrada en Entre Ríos será uno los puntos salientes de los próximos encuentros, ya que se prevé que en los próximos meses se cierren los contratos con las empresas chinas interesadas en la recepción de este producto que brinda una salida a gran parte de la producción forestal que hoy no tiene mercados externos fijos.

«Un nuevo mercado y nuevos productos para la exportación entrerriana significa más movimiento portuario, cadenas logísticas más grandes y un número cada vez más importante de gente involucrada. El gobierno provincial suma infraestructura y gestiones para que los productores obtengan mejores condiciones para comercializar su producción en todo el mundo, esto es crecimiento, es desarrollo y mejores perspectivas de crecimiento integral», señaló Carlos Schepens respecto de la incorporación de India como comprador de productos de Entre Ríos.

Procesadora Ganadera Entrerriana tiene los depósitos «abarrotados de mercadería». Es que por el rebrote de Covid 19 en China tuvo que dar vacaciones adelantadas a sus trabajadores y está sin producir.

«Es como ingresar a un teatro preparado para ver un concierto y encontrarse con todos los instrumentos, pero sin los músicos», definió Carlos Fernández Souza, asesor del presidente de la compañía en recursos humanos y relaciones institucionales, una vez finalizada la primera jornada de «vacaciones adelantadas» en el emblemático frigorífico de San José.

Detalló que la dotación total del personal de Procesadora Ganadera Entrerriana Sociedad Anónima «asciende a 370 personas y las que están asistiendo por mantenimiento y por carga y descarga, más parte de la vigilancia y la administración, porque hay que seguir efectuando pagos; son aproximadamente 30».

Es decir, «hay 340 personas que están de licencia, algunas esta semana y otras la semana que viene porque hemos hecho alguna rotación, tratando de minimizar la contingencia de salir de vacaciones en un momento en el que no se puede disfrutar plenamente». En cuanto al período de vacaciones computadas por estos días, «parte del personal tenía pendientes del año 2019, que por supuesto aprovechamos; mientras el resto del personal hizo un mix: parte de vacaciones de 2019 y parte de 2020», precisó Fernández Souza sobre la organización.

«Vamos a aprovechar para hacer tareas de mantenimiento y algunas refacciones, para así dejar la planta en perfectas condiciones para arrancar nuevamente a trabajar, el lunes 13», sumó como dato.

La compañía y sus «espaldas»
«Ha habido un brote de coronavirus en China, se revisan todos los contenedores y esto dificulta la operatoria de PGE, que exporta prácticamente toda su producción hacia allí, entonces tomamos la decisión de adelantar vacaciones como un mal menor dentro de estas circunstancias», contextualizó el asesor.

«Nosotros veíamos esto venir y primeramente se le avisó al sindicato (de la Carne del Departamento Colón) que se opuso, pero después se plantearon distintas alternativas y se habló en conjunto con todas las personas, hasta que llegamos a un consenso. Todos estuvieron de acuerdo. No hubo ninguna persona que se opusiera o lo rechazara, entendiendo la situación de que lo que se tiende es a salvaguardar la fuente de trabajo. De hecho, PGE venía trabajando muy bien: Estábamos con una cuadrilla anexa, inclusive, en el turno tarde que ahora hemos discontinuado ante esta situación. Y esperamos retornar, el lunes 13 de julio, con fuerza y esperando que esta situación en China se haya superado y podamos seguir exportando normalmente».

Fernández Souza señaló que «esto también ha ocurrido con otros establecimientos frigoríficos, que debieron parar total o parcialmente, incluso con casos de coronavirus. Lo cierto es que China ha bajado sus precios y está buscando otros mercados, sumado a la situación coyuntural de revisar toda mercadería que ingrese, porque algunos científicos chinos han dicho que el virus también puede existir en el alimento, cosa que nosotros no creemos que así sea pero igualmente debemos atenernos a esas circunstancias».

«Todas cosas que han hecho dificultosa la exportación de carne a China en estos tiempos, pero esperamos que pronto se reanude con los precios normales que se venían dando, con la idea de poder seguir trabajando plenamente como lo estaba haciendo PGE», remarcó.

Consultado hasta cuándo PGE tendría «espaldas» para sostener toda esa estructura, indicó que «todo eso dependerá de la exportación de estos días. Realmente, teníamos los depósitos abarrotados, llenos de mercadería y, en estos días, esperamos poder liberar unos cuantos contenedores para volver a arrancar el día 13. La cuestión es que estemos trabajando normalmente lo antes posible y es por eso que la empresa ha hecho importantes inversiones, porque apuesta a seguir trabajando de una forma integral. La idea firme es arrancar esa fecha y sacar cualquier otra conjetura sería muy aventurado».

Sobre la posible vuelta a la faena, dio cuenta que en principio se acordó volver el lunes 13 de julio. «Después, si hay contingencias, veremos. Pero ya de por sí, al no tener el turno tarde, vamos a estar trabajando con un nivel de producción menor: faenaremos 3 ó 4 días a la semana y no 5 días como lo veníamos haciendo. Después que pase la pandemia, veremos cómo seguir».

Por otra parte, ratificó que las vacaciones para los trabajadores son pagas. «Las personas ya han cobrado el día sábado las vacaciones, como corresponde».
China y el frigorífico
Consultado acerca de una posible estigmatización de PGE, Fernández Souza reconoció que «evidentemente hay capitales chinos y el directorio está integrado por personas de esa nacionalidad», a lo que sumó «un grupo de chicas que hacen de traductoras y son asistentes administrativas» dentro de la planta.

Ello, posiblemente haya contribuido a la propagación de una fake news, semanas atrás, que daba cuenta de que una traductora de la empresa -de origen asiático- tenía Covid-19. «Una de las asistentes había llegado hacía mucho más de 14 días y fue una noticia totalmente falsa» manifestó, categórico, el representante de la compañía.

«Eso ocurrió los últimos días de marzo, cuando ya se había desatado todo esto y, en realidad, siempre habíamos sido, todos, muy cuidadosos con esto», destacó a continuación.

Ante ello, trajo a colación un ejemplo de esos «cuidados» que mencionaba: «Cuando trajimos gente de Buenos Aires, para reforzar el turno tarde, también cumplieron la cuarentena de 14 días en un campo antes de empezar a trabajar, como corresponde, de acuerdo a las instrucciones de salud pública y la municipalidad». (El Entre Ríos)

 
De acuerdo a lo informado este jueves por el INDEC, el superávit comercial de Argentina en mayo creció hasta los u$s1.893 millones, producto de un derrumbe de las importaciones, que superó a la también importante caída de las exportaciones.

El mes estuvo marcado, nuevamente, por un desplome en el intercambio con los principales socios comerciales a raíz de la crisis del coronavirus. Las exportaciones de vino alcanzaron casi 180 millones de litros entre enero y mayo.
El sostenido declive en la actividad económica a nivel local, que ya arrastra más de dos años, fue agravado por la pandemia. En ese contexto, las importaciones de desplomaron un 31,8% respecto a mayo de 2019. Las compras de bienes intermedios, el principal componente de las importaciones, mostraron una reducción del 15,7%, superior al 14,2% exhibido en abril.
También se destacó la caída en las adquisiciones de bienes de capital, y sus piezas y accesorios, que cayeron hasta un 48,6%.
En el mismo sentido, la importación de combustibles de desplomó casi un 60% y la de automóviles se redujo un 76%. En la segmentación por productos, las mayores bajas correspondieron a vehículos terrestres, sus partes y accesorios (-u$s314 millones); máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes (-u$s302 millones) y combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (-u$s233 millones).

Por el lado de las exportaciones, se registró una contracción interanual del 16,3%, dentro de la cual resaltaron las pérdidas en manufacturas y combustibles.
Las mayores caídas se observaron en las ventas de vehículos para transporte de mercancías (-u$s222 millones); biodiésel y sus mezclas (-u$s148 millones) y trigo y morcajo (-u$s64 millones).
Por el contrario, se verificó un crecimiento del 8,3% en las exportaciones de productos primarios, traccionado por los envíos de porotos de soja (u$s118 millones), otros maníes crudos (u$s60 millones) y aceite de soja (u$s56 millones).
En cuanto al vínculo con los principales socios comerciales del país, se repitió el comportamiento exhibido el mes previo. Las exportaciones a países asiáticos, con China a la cabeza, se incrementaron entre un 15% y un 25%, a la vez que las ventas a Estados Unidos se derrumbaron un 54,6% y los envíos a Brasil cayeron un 52,6%. Mientras tanto, las importaciones desde Brasil, China y EEUU continuaron con bajas de hasta 49%

 

 La estrategia de negociación que el gobierno nacional lleva adelante con los bonistas es o debería ser seguida con atención por los gobiernos locales. Es que Entre Ríos tiene un bono por el valor nominal de 500 millones de dólares, deuda que fue emitida en 2017 durante el primer mandato de Gustavo Bordet.

 

En ese momento, significó un ordenamiento de la deuda, puesto que se venía de emisiones a corto plazo durante la gestión de Sergio Urribarri. Este bono fue emitido en dos series, una por 350 millones de dólares y otra por 150 millones. En los dos casos, los cupones vencen en febrero y en agosto y pagan un interés del 8,75%. En tanto, los vencimientos de capital están previstos para 2023, 2024 y 2025.

El periodista Exequiel Fresler publicó un detallado informe de la deuda que tienen los municipios, quienes pudieron acceder a esa herramienta financiera luego de que la Legislatura se lo permitiera. Fue la moneda de cambio de la oposición a cambio de aprobar el endeudamiento de Bordet. Del total, un 16 por ciento podía ir para las comunas.

La deuda se tomó en 2017 y los primeros desembolsos fueron en 2018 a un valor (en promedio) de 20 pesos; mientras que el último pago fue en febrero pasado, ya a un valor de 70 pesos más los impuestos.

La deuda, municipio por municipio

Son 17 los municipios que optaron por tomar deuda en aquel 2017.

– Sergio Varisco, de Paraná, tomó una suma de U$D 7.345.306,00.

– Lo sigue Concordia. Enrique Cresto solicitó U$D 4.556.117,00.

– Chajarí, con Pedro Galimberti (Cambiemos), lo hizo por U$D 1.246.200,00.

– En Victoria el intendente Domingo Maicco (Cambiemos), como Galimberti fue reelecto, contrajo compromiso por U$D 1.092.074,00.

– La ciudad de Federación en 2017 gobernada por Carlos Cecco (Cambiemos) tomó deuda por U$D 870.000,00. Hoy el intendente es el peronista Ricardo Bravo.

– Crespo, gobernada entonces por el reelecto Dario Schneider (Cambiemos), se endeudó por U$D 834.883,20.

– Santa Elena se comprometió por U$D 582.240,00. La ciudad de las costa del Paraná estaba gobernada por Silvio Moreyra y volvió a manos de Domingo Daniel Rossi.

– Por U$D 498.770,00 se endeudó La Paz. Gobernada por el reelecto Bruno Sarubi (Cambiemos).

– U$D 483.854,00 fue la deuda que tomó el intendente reelecto de General Ramírez José Vergara (Cambiemos).

– El hoy diputado provincial Uriel Brupbacher (Cambiemos) le dio el mando de Viale a Carlos Weiss (Cambiemos). Además del mando, dejó un compromiso por U$D 469.066,00.

– U$D 436.000,00 es el endeudamiento al que accedió Bovril. En esta ciudad también hubo cambio de mando aunque no de espacio político, Alfredo Blochinger (Cambiemos) le dio el lugar a Victor Valenzuela.

– En San Benito, Exequiel Donda (Cambiemos) tomo deuda por U$D 435.614,00.

– U$D 350.000,00 es el monto que requirió el reelecto Rafael Cavagna (Cambiemos) para Nogoyá.

– Carlos Lencina (Cambiemos), intendente de Hernandarias, se endeudó por U$D 346.901,00.

– En Pronunciamiento Ricardo Sandoval (Cambiemos) se endeudó por U$D 247.368,00.

– Alcaráz tomó deuda por U$D 230.000,00. Dario Pfenning (Cambiemos) se endeudó y hoy sigue a cargo del municipio.

– Por último, Piedras Blancas se endeudó por U$D 161.000,00. Julio Weisheim (Cambiemos) le pasó el mando a Jorge Mesquida (PJ).

Estas 17 ciudades tomaron deuda por un total de U$S 20.185.838,20.

La particularidad de Gualeguaychú

El intendente Martín Piaggio, en aquel momento, fue uno de las pocas gestiones municipales que decidió no tomar deuda en la divisa norteamericana.

Además, tampoco lo hicieron Concepción del Uruguay, en la gestión de José Eduardo Lauritto, ni Gualeguay, bajo la administración de Federico Bogdan.

 

Por otros 180 días, las empresas no pueden cortar los servicios de gas, luz, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, en caso de acumular deudas.

El Gobierno volvió a prorrogar hasta fin de año la prohibición para las empresas de cortar servicios por falta de pago, en el marco de la extensión del plazo del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para contener la pandemia de coronavirus Covid-19.

La medida implica la prohibición de cortar el suministro de gas, luz, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable.

De acuerdo con el texto publicado en el Boletín Oficial, “las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta SEIS (6) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso”.

El decreto también prorrogó por 180 días la facultad del Poder Ejecutivo de mantener las actuales tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de negociación para actualizar sus precios.

 

«Exigimos que se garantice al principio de legalidad para el desarrollo de las actuales y futuras inversiones, proporcionando confianza y reglas claras», manifestaron desde la UIER.

La Unión Industrial de Entre Ríos -UIER- se manifestó en contra de la intervención y expropiación del Grupo Vicentín. En un comunicado, manifestó su «profunda preocupación por la exposición en que se coloca a la Seguridad Jurídica en nuestro país», y aseguró que «lo actuado genera numerosas dudas sobre el futuro de las operaciones empresarias, lo cual debilita una vez más la calidad institucional».
«Entendemos que como generadores de empleo y tomadores de riesgos exigimos que se garantice al principio de legalidad para el desarrollo de las actuales y futuras inversiones, proporcionando confianza y reglas claras para todos», manifestaron los industriales.

Al respecto, señalaron que «los sectores productivos como la ciudadanía en general necesitan que los tres poderes del Estado, con responsabilidad, reafirmen su función como lo establece la Constitución de la Nación Argentina, no atribuyéndose nuevos superpoderes, que la historia nos demuestra el impacto negativo que ha generado la desestabilización al principio republicano».

Además, alertan que «en la actual coyuntura económica, con sucesivos meses de recesión y tras profundas devaluaciones en los últimos años, sin dudas el sector empresario se ha debilitado, contrayendo deuda en dólares con graves complicaciones para afrontarlas».

Por ello, finalmente concluyen: «Desde la UIER, coincidiendo con los términos expresados por la Unión Industrial de Córdoba, solicitamos que sean los canales habituales y previstos en la normativa los que se utilicen para remediar cualquier situación de quebranto que pudiera ocurrir ahora o en el futuro, brindando tranquilidad y seguridad a los hombres y mujeres que apuestan diariamente a la sustentabilidad de las empresas, manteniendo y generando puestos de trabajo genuinos».

 

Bordet firmó un convenio con Cafiero. El dinero se usará para salarios, pago a proveedores y obra pública.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el gobernador Gustavo Bordet firmaron este martes por la tarde un acuerdo de auxilio económico para Entre Ríos, en el marco del denominado Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que prevé una ayuda de 120.000 millones de pesos a las provincias para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

La reunión se realizó en el despacho de Cafiero, que estuvo acompañado por los ministros, del Interior Eduardo «Wado» de Pedro, y de Economía Martín Guzmán; y los secretarios, de Hacienda Raúl Rigo, y de las Provincias Silvia Batakis, se informó desde Casa Rosada.

Cafiero destacó el trabajo conjunto que se realiza con las provincias para hacer frente a la difícil situación que está atravesando el país, y remarcó la importancia que este trabajo se haga “a través de una política pública que permita ampliar las actividades productivas e industriales”.

Tras firmar el acta, que otorga a la provincia 3.500 millones de pesos, el gobernador entrerriano resaltó que “este acuerdo va a posibilitar que se cumplan obligaciones que tienen que ver con pagos inmediatos de haberes, pero también con poner al día proveedores, lo que posibilita retomar el ritmo de obra pública y, por supuesto, atender en el pandemia a nuestro sistema sanitario con más y mejores recursos”.

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó el acompañamiento del Estado a las provincias en el marco de la pandemia y aseguró que “se analizan las necesidades financieras específicas de cada provincia con foco en las economías regionales”.

“Es esencial seguir trabajando de forma articulada con las provincias para sentar las bases de un desarrollo sostenible, equitativo y federal”, agregó.

El Programa para la Emergencia Financiera Provincial se creó a través del Decreto 352/2020, y consta de 120 mil millones de pesos para destinar a las provincias, 60 mil millones a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) canalizados por el Ministerio del Interior, y los 60 mil millones restantes por el Fondo Fiduciario, mediante el Ministerio de Economía. Son préstamos en 36 cuotas para las provincias, que se empiezan a pagar en enero de 2021.

Luego de destacar el valor del convenio para “hacerle frente a los compromisos que tiene la provincia”, el gobernador de Entre Ríos hizo referencia al proceso de reestructuración de la deuda que lleva adelante el ministro Guzmán.

“Es importante para el país y para nuestras provincias encontrar un acuerdo con los acreedores, pero siempre en base a la recuperación de un modelo productivo que nos permita hacer frente a los compromisos que tomemos”.

El convenio firmado, perteneciente al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, se distribuye en un 40 por ciento, en base al índice de población con Necesidades Básicas Insatisfechas y de cuentapropistas -respecto de ocupados totales-, elaborados por el INDEC y de las personas contagiadas por Covid-19 cada 100 mil habitantes que publica el Ministerio de Salud.

Por otra parte, financia en un 60 por ciento los requerimientos de aquellas provincias que presenten necesidades financieras sin fuentes de financiamiento alternativas.

En la víspera, Cafiero suscribió un convenio similar con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y la semana pasada con los mandatarios de Chubut, Mariano Arcioni, y de Tucumán, Juan Manzur, de 120 mil millones cada uno.

 

Un informe de la Fundación Mediterránea advierte un repunte de las compras chinas en el último trimestre. Los envíos a ese destino de cortes bovinos podrían superar el récord de 2019.

Los primeros casos del nuevo coronavirus aparecieron en la provincia China de Wuhan a principios de año y, por ello, esa nación fue la primera en aplicar una cuarentena estricta para evitar una propagación de la enfermedad.

Esta situación derivó en una fuerte caída de su economía y, entre otros aspectos, de su demanda de carnes, que había crecido a pasos agigantados en 2019 como consecuencia de la peste porcina africana que diezmó su stock de cerdos.

Ya con el aislamiento terminado y con la peor etapa del Covid-19 transcurrida, la economía del gigante asiático comenzó a recuperarse y eso se observa, por ejemplo, en sus importaciones de carnes.

Según un informe elaborado por los economistas Juan Manuel Garzón y Nicolás Torre del Ieral de la Fundación Mediterránea, en base a datos de la Aduana China, la nación oriental importó 705 mil toneladas de carnes rojas en abril (bovina, porcina, aviar y ovina), lo que significa el segundo guarismo más alto de la historia, solo por detrás de febrero pasado que había sumado 766 mil y de esta manera lo describe la publicación de AGROVOZ.

Las cifras correspondientes a los últimos tres meses (febrero a abril) muestran que las compras de carne bovina se ubicaron en 530 mil toneladas peso producto, un valor similar al de fines del año pasado; las de aviar alcanzaron un récord de 325 mil toneladas; y las porcinas también llegaron a un máximo histórico de 1,05 millones de toneladas, muy por encima de las 677 mil del último trimestre de 2019.

Bajo este panorama, el gigante asiático finalizaría el año con un aumento del 28 por ciento en las importaciones de carne bovina, hasta alcanzar 2,1 millones de toneladas; mientras que las compras de aviar y porcina podrían ubicarse en 1,3 millones y 4,2 millones de toneladas, lo que significa un salto interanual del 67 por ciento y 110 por ciento, respectivamente.

Oportunidad para Argentina

De acuerdo con los datos recogidos por Garzón y Torre, Argentina colocó 120 mil toneladas peso producto de carne bovina en el período analizado, un número similar al de fines del año pasado (112 mil toneladas) y muy superior a las del mismo período de un año atrás (69 mil).

«De mantenerse en este andarivel de 120 mil toneladas por trimestre, las importaciones chinas de carne Argentina podrían llegar a 480 mil toneladas al cabo del año, creciendo un 28 por ciento respecto al nivel de 2019 (375 mil toneladas)», calculan Garzón y Torre.

Esto significaría un nuevo récord de envíos al gigante asiático, ya que los de 2019 fueron los mayores de la historia.

La relevancia de Argentina en el mercado chino se comprueba es que su segundo proveedor de carne bovina, acaparando el 23 por ciento de las compras. Solo la supera Brasil, con el 37 por ciento.

Otras carnes

En lo que respecta a carne aviar, Argentina colocó 27 mil toneladas entre febrero y abril, una cifra levemente mayor a la que se venía observando hacia fines del 2019 (23 mil toneladas) y bastante por encima de las del mismo período del año pasado (18 mil toneladas).

En carne porcina, los envíos se ubicaron en 2.200 toneladas, más del doble que las 900 de los últimos meses del ejercicio anterior. los valores de fines del año pasado (0,9 mil toneladas).

En el caso de la carne aviar, Argentina tuvo el ocho por ciento del mercado chino entre febrero y abril, una participación menor a la que mostraba hacia fines del año pasado (11 por ciento).

«Hay que esperar un par de meses más para ver si la pérdida de mercado obedece a problemas de producción, logística u otros asociados a la Pandemia, o si en definitiva el país está siendo desplazado, lentamente, por otros proveedores globales», aclaran Garzón y Torre.

Finalmente, en el mercado de la carne porcina, la participación de Argentina es muy baja, de solo el 0,2 por ciento: solo colocó 2.200 toneladas sobre un total importado por China de 1,05 millones.

Brasil en este producto saca una gran ventaja: exportó 103 mil toneladas y se quedó con casi el 10 por ciento del share.

Las empresas que requieran ayuda estatal para el pago de salarios y el diferimiento de las contribuciones patronales de mayo deben tramitarlo incluso si ya participaron del programa en abril.

Termina este martes el plazo de inscripción en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción -ATP- para los empleadores que requieran la asistencia estatal para el pago de contribuciones patronales y salarios de mayo.
El requisito de inscripción incluye también a las empresas que ya realizaron el procedimiento el mes pasado.

La Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- precisó que las firmas deberán ingresar nuevamente con clave fiscal en el sitio web del organismo y completar los datos de sus empleados.

El procedimiento implica informar a la AFIP una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para cada uno de sus trabajadores a través del servicio web “Simplificación Registral”, aunque no es necesario que sea una cuenta sueldo sino que puede ser cualquier cuenta bancaria válida donde el trabajador o la trabajadora figure como titular o cotitular.

Según informó el organismo a cargo de Mercedes Marcó del Pont, más de 300.000 empleadores ya se registraron hasta el momento para acceder en junio al programa que, se espera, se encargue de los salarios complementarios de más de 3 millones de trabajadores.

El Salario Complementario a asignar como beneficio será el equivalente al 50% de la sumatoria de los salarios netos correspondientes a febrero último que no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, actualmente en 16.875 pesos, ni superior a la suma equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, 33.750 pesos.

Una vez finalizado el período de inscripción, el organismo evaluará los beneficios a los que podrá acceder cada empresa de acuerdo a los criterios de acceso previstos, que incluyen desarrollar una de las actividades contempladas por la normativa y una variación no mayor al 5% en la comparación de la facturación entre abril de 2019 y abril de 2020.

 

Este viernes no sólo vence el período fijado para acordar con los acreedores, sino también los 30 días de gracia para pagar USD 503 millones de intereses de los bonos globales. Por lo tanto, habrá incumplido sus compromisos con los acreedores.

El Gobierno decidió no pagar mañana el vencimiento de la deuda de USD 503 millones y prorrogar hasta el 2 de junio inclusive la negociación con los bonistas, según informaron fuentes oficiales.

Cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, dejó entrever que el plazo para la negociación con los acreedores privados se extendería más allá de este viernes 22, también tenía claro que no se pagaría el vencimiento de USD 503 millones de los intereses de tres bonos globales.

Mañana no sólo vence el período dispuesto para negociar, que será postergado por diez días, sino que también es el deadline para que la Argentina no entre en default. Pero este pago no se hará y el país ingresará técnicamente en cesación de pagos, aunque en poco tiempo esta decisión pueda ser enmendada.

“No se va a pagar; porque este vencimiento se incluye dentro de los acuerdos de reestructuración que están en marcha. Por lo tanto, no sería un default declarado, sino algo suave y conversado entre las partes”, dejaron trascender fuentes oficiales.

El integrante del Comité de Acreedores, y miembro del fondo Greylock, Hans Humes, señaló hoy en una conferencia virtual organizada por el Wilson Center que no era probable que se llegue a un acuerdo antes del 22 y que, aunque el país estará en mora si no paga, “hay un deseo de resolver las negociaciones”. Estas declaraciones demostraron que la decisión de no cumplir con el pago está completamente consensuada con los bonistas y que el objetivo es llegar a un acuerdo en el corto plazo.

No habrá una declaración de default por parte del Gobierno, sino que los acreedores recibirán una notificación la semana próxima de que la Argentina incumplió. Será el martes 26, ya que el lunes es feriado. “Puede haber una notificación del trustee de los bonos a los tenedores avisando del incumplimiento en el pago dentro de los plazos previstos en el prospecto del título. Es el mismo procedimiento que se siguió en el caso de la provincia de Buenos Aires”, dijeron en el Gobierno, dando a entender cuál será el procedimiento.

“Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana y yo me preguntó por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, solo que no lo escriben, solo que lo ocultan”, reflexionó el presidente Alberto Fernández en Santiago del Estero. Remarcó además que no someterá a la Argentina a nuevos compromisos que no se puedan cumplir.

Los tres comités de bonistas (Ad Hoc; el Comité de Acreedores, y el Argentina Exchange Bondholders) presentaron sus propuestas el viernes pasado a última hora y, en líneas generales, todas representan un valor presente neto de la oferta de entre 58 y 60 centavos por dólar nominal. La más agresiva fue la del primer grupo, que comanda el gigante Blackrock, pero en las últimas horas trascendió que estaría bajando las pretensiones y buscando adhesiones entre el resto de los fondos para aceptar una reducción del valor a 50 a 55 centavos por dólar.

Desde la cartera económica aseguraron que tras la decisión de prorrogar el plazo de la negociación por diez días, tal como adelantó Infobae, durante la semana próxima seguirán buscando acercar posiciones. “Hay una distancia que se busca ir acortando para poder negociar sobre bases de más cercanía”, resumió una fuente oficial, dando a entender que aún la brecha es amplia, aunque mejoró la relación con los acreedores.

El mensaje de Guzmán de las últimas semanas estuvo focalizado en la flexibilidad y en la disposición del Gobierno a negociar, pero sobre la base de un criterio de sustentabilidad, avalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Algunas fuentes oficiales aseguran que no hay mucho margen para cumplir con esos parámetros, pero en el mercado creen que un valor razonable para cerrar la oferta ronda los 52 centavos por dólar.

Aunque presentaron propuestas diversas –cada una en función de los distintos intereses que representan–, los tres grupos de acreedores están en diálogo permanente entre ellos, pero no está claro que decidan presentar una nueva propuesta conjunta. Ahora esperan que se mueva el Gobierno.

 

 

El Gobierno anunció el congelamiento hasta el 31 de agosto de las tarifas de telefonía móvil y fija, internet y TV paga, en el marco de la actual crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

En la tarde de este lunes, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, quien le anunció un conjunto de medidas para los usuarios y usuarias de servicios de telefonía móvil y fija, internet y TV paga en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio producto del Coronavirus (COVID- 19).

«El Ejecutivo resolvió con acuerdo de las partes una serie de disposiciones para los servicios de telefonía móvil y fija, Internet y TV paga para suspender los aumentos de precios hasta el 31 de agosto de 2020, con el fin de alivianar la situación de los usuarios y usuarias afectados por la cuarentena», señaló el Gobierno.

 

El senador nacional de Cambiemos, impulsa que se amplíe la emergencia «para cuidar el plato de comida de 20.000 familias entrerrianas»

El senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Angeli (Juntos por el Cambio), presentó en la cámara alta un proyecto de ley para extender por un año la vigencia de la ley que declara la Emergencia económica, productiva, financiera y social, a la cadena de producción de cítricos de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.

“Las condiciones que determinaron la declaración de la emergencia el año pasado no se han revertido, el sector sigue soportando baja en el consumo, disminución de exportaciones, altos costos internos, falta de acceso al crédito y alta presión impositiva”, sostuvo el legislador a través de su cuenta de twitter.

A su vez afirmó que está en “permanente diálogo con productores citrícolas del noroeste de la provincia y con representantes de la Federacion del Citrus de Entre Rios y la situación para ellos, dado este contexto, no cambió”.

“Prorrogar la emergencia citrícola dada la gravísima situación que vivimos a nivel mundial es cuidar el plato de comida de las 20.000 familias que viven de esta actividad de manera directa o indirecta”, reflexinó.

La emergencia económica, productiva, financiera y social en la cadena de producción de cítricos beneficia a todos los trabajadores de la industria que van desde productores, empacadores, comercializadores, industrializadores, contratistas hasta viveristas. De aprobarse este proyecto se extenderá por un año mas el otorgamiento de regímenes especiales para el pago de las obligaciones impositivas (AFIP) y de seguridad social (ANSES), entre otros beneficios.

Se trata de una tarifa por derechos de propiedad intelectual de recitales y festivales musicales online, una modalidad que se masificó por la pandemia. ¿Qué opinás?

La Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic) anunció que cobrará un impuesto por derechos de propiedad intelectual a las transmisiones por streaming de recitales y festivales musicales, una modalidad que se masificó por las restricciones que existen a causa de la pandemia de coronavirus.
La entidad advirtió que «se reserva el derecho» de aplicar la tarifa en caso de que se trate de una transmisión gratuita, para lo cual realizará un cálculo de acuerdo a los ingresos en espectáculos de ese tipo.

En un comunicado publicado en su página web, Sadaic explicó que al 12 por ciento establecido se le agregará una suma fija de 250 mil pesos en casos de que se trate de un recital o festival en el que haya involucrada una marca o una institución.

Ese monto extra se elevará a $400 mil en caso de que la transmisión se realice en simultáneo con otro medio de comunicación, como la televisión o la radio.

El martes se espera una reunión de las distintas partes involucradas en donde la entidad dará mayores precisiones sobre el alcance de esta medida.