El dato lo dio a conocer Sandra Buchardo, exsecretaria general de la seccional Victoria de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer): en la Escuela Normal Osvaldo Magnasco por directivas de las autoridades desaprueban en las mesas de exámenes virtuales cuando un alumno tiene el tropiezo de que se le corta la conexión de Internet.

Más todavía: las directivas de la rectoría determinan que si un docente que integra las mesas examinadoras se adhiere a las medidas de fuerza sindicales y el día de unaexamen no está, se lo reemplaza. Y que se violenta los términos de la resolución N° 2.575, dictada el 1° de octubre de 2020 por el Consejo General de Educación (CGE), que fijó los lineamientos para la organización, evaluación y acreditación en el nivel superior.

Las decisiones fueron adoptadas por el rector de la Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco y ex director departamental de Educación, Héctor Gustavo Broin, y que según Buchardo ponen al descubierto “un nuevo acto de violación a la normativa, sumado a definición totalitarista y discriminatoria hacia los alumnos en las instancias evaluativas”.

 
“Por un lado, se ha violentado una de las normativas pautadas para evaluar a los alumnos en las mesas examinadoras y coloquios, la Resolución 4967/19 CGE del Régimen Académico Marco y, la Resolución 161/21 CGE. Y es que el equipo directivo del Nivel Superior, ha dispuesto, como modalidad arbitraria en los casos en los que el docente a cargo del espacio curricular o cátedra, que debe presidir la mesa, se encuentra realizando una medida gremial o está acogido a una licencia acotada, nominar, en el momento de la instancia evaluativa, presencial o virtual, a un docente con título homólogo al del docente no presente. Es de esta forma que el docente asignado, improvisadamente, se encuentra con un estudiante o grupos de alumnos a los que no conoce en su recorrido pedagógico/didáctico/ institucional y, a los que tiene que evaluar, de manera escrita y oral, con una planificación o proyecto curricular ideado y elaborado por el o la docente a cargo, al que desconoce. Consecuentemente, se han suscitado situaciones de incomodidad y de desprolijidad, tanto por el docente, como por el alumno, estableciendo una interacción forzada, que no suma para nada a la formación de los futuros formadores, pues termina siendo una instancia con una total falta de celeridad, y violatoria de la normativa. Y se suma a esto que la mayoría de los estudiantes, han desaprobado”, señala Buchardo.
A esa situación peculiar se agrega otra, que la dirigente docente califica como “autoritaria y discriminatoria”, la de aplazar a un estudiante si en el trascurso de la mesa virtual, se le corta internet. Al respecto, las autoridades de la institución educativa “han habilitado la inscripción a las mesas ordinarias del turno febrero/marzo a través de una seudo declaración jurada, con un sesgo positivista vetusto, en la que los alumnos ´declaran bajo juramento´ que están en conocimiento de la metodología a utilizar en la instancia evaluadora; que deben saber que las instancias escritas y oral se realizan en el momento de la conexión; que han de contar con: conexión a internet, con estabilidad, con computadora con cámara y micrófono y teléfono celular manos libres, y contar con un ambiente sin interrupciones; que así también estar en conocimiento de que si el acto de evaluación, una vez comenzado, no se puede concluir, por fallas en algunos de los requerimientos técnicos que le competen, el examen se da por desaprobado”.
Buchardo recuerda que si bien existe la resolución N° 2.575 del CGE, que sostiene que los estudiantes han de contar con los soportes tecnológicos citados, “jamás promulga que en caso de desconexión el alumno desapruebe, muy por el contrario, expresa en el ítem c) 7. que el tribunal evaluador considerará otras opciones de reconexión. Es de esta forma como una institución de tanto prestigio a nivel provincial, formadora de formadores, termina aplazando a un estudiante en su mesa de examen por el simple hecho de que tuvo un inconveniente en internet, desestimando todo su proceso educativo recorrido”.

Y se pregunta al respecto: “¿Cómo se llega a esto? ¿Bajo qué paradigma se encuadra tal determinación institucional? Y no caben dudas de que es una acción totalmente ilegal, intolerante, verticalista, y autoritarita, desatendiendo todo marco normativo y regulatorio. ¿Qué clase de docente intentan promover con estos actos? ¿Dónde quedó lo planteado en tantos días institucionales en lo que respecta a romper con los basamentos estructuralistas de la evaluación? ¿Adónde quedó la mirada evaluativa como el resultado del proceso de construcción de conocimiento a través del vínculo del alumno y del docente, mediante un proyecto curricular ideado para tal fin? ¿Dónde queda traslucido esto, si cualquiera puede evaluarlo?”.

“No llama para nada la atención que el director de esta institución, Broin, avance arbitrariamente pisoteando lo emanado por la propia autoridad de la que depende, el CGE, ya que cuenta con su anuencia y apoyo incondicional –afirma Buchardo-. Hace unos años también fue denunciado por conceder arbitrariamente una secretaria académica a una docente que se encontraba como suplente en ese cargo, sin posibilitar el concurso correspondiente. Dicho acto de corrupción, que echa por tierra una de las grandes conquistas gremiales, como la de acceder a un cargo por concurso, fue ratificado por las autoridades de la Dirección de Educación Superior, promulgando anti estatutariamente que se le concedía el cargo por ´continuidad laboral´; algo sin precedentes. Lamentablemente, esto también se dio a lugar por el silencio cómplice de la comisión directiva central de Agmer, quien impasiblemente, no presentó ninguna disidencia al respecto, pese al pedido de intervención de Agmer Victoria”.

Fuente: Entre Ríos Ahora

Murió este domingo, a los 80 años, el médico David Vainstub, uno de los socios fundadores del Instituto Privado de Pediatría (IPP) de Paraná y condenado en la causa por la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela.

Vainstub fue jefe de la Sala 3 del hospital de Niños “San Roque” de Paraná, presidente de la Filial de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) Río Paraná, y codirector de la Región Litoral de la SAP.

Además, como socio del IPP fue condenado en 2018 junto a los médicos Miguel Alberto Torrealday y Jorge Eduardo Rossi, por haber facilitado la sustitución de las identidades de los mellizos Valenzuela Negro.

En las redes sociales se replicaron las muestras de pésame de las diferentes instituciones de las que Vainstub participó como el IPP, el Hospital San Roque o la Asociación Israelita.
En tanto, desde las organizaciones de Derechos Humanos recordaron y lamentaron que el médico murió sin aportar datos que permitan dar con el paradero del Melli.

La historia de los mellizos

“Tucho” Valenzuela, Raquel Negro y su hijo Sebastián Álvarez fueron secuestrados en la ciudad de Mar del Plata y trasladados a la ciudad de Rosario en enero de 1978. Sebastián fue entregado a la familia de Raquel, y ella y su compañero fueron mantenidos en cautiverio en el CCD conocido como “Quinta de Funes”. Raquel fue luego trasladada al CCD “La Intermedia”, ambos ubicados en el Gran Rosario.

Negro, al momento de su secuestro, se encontraba con un embarazo avanzado. Durante su cautiverio fue llevada por los captores al Hospital Militar de Paraná por lo menos dos veces: una para el control obstétrico y otra para la fecha del parto. Fue ingresada a ese hospital como sobrina del general Galtieri que era, al momento de los hechos, el jefe del II Cuerpo del Ejército.

Entre fines de febrero y principios de marzo de 1978 nacieron los mellizos: una nena y un varón. Inmediatamente después del parto fueron separados de su madre, llevados a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar y luego trasladados al Instituto Privado de Pediatría (IPP) de Paraná.

Del libro de ingresos del sector de neonatología de esa clínica privada surge que la niña ingresó como “Soledad López” el 4 de marzo y el niño como “NN Facundo”, el 10. Allí permanecieron aproximadamente 20 días, al cuidado de las enfermeras y de los médicos dueños del lugar, quienes no dieron aviso a las autoridades correspondientes y entregaron los niños a desconocidos.

La pequeña fue abandonada en la puerta de un convento en la ciudad de Rosario y, puesta en adopción judicial, fue entregada a un matrimonio de apellido Gullino de la ciudad de Rufino. Ellos le pusieron el nombre Sabrina. En diciembre de 2008, acompañada por sus padres adoptivos, restituyó su verdadera identidad: Sabrina Valenzuela Negro. Sus padres, Raquel y “Tucho”, y su hermano mellizo, permanecen desaparecidos.

Este domingo la provincia recibió 12.000 dosis más del componente 1 de la vacuna Sputnik V, que se entregaron en 20 conservadoras de 600 dosis cada una, al resguardo en el depósito de la Segunda Brigada Aérea habilitado para tal fin.
Cabe recordar que hasta el momento, más de 10.100 dosis de la vacuna contra Covid 19 se aplicaron durante la última semana en los distintos hospitales y centros de salud de Entre Ríos. La provincia recibió 101.450 dosis entre el primer y el segundo componente que de forma progresiva y escalonada se han distribuido en los 17 departamentos en función de la densidad poblacional.

En esta última semana, continuaron los operativos de vacunación en toda la provincia, en ese marco, se registraron más de 10.100 dosis aplicadas a la población objetivo, y los departamentos que llegaron a más cantidad de personas inoculadas son Paraná (3.700); Concordia (1.700); Gualeguaychú (830); Diamante (720); Victoria (465); y Tala (442); entre otros.

Los operativos dependen en principio de la disponibilidad de dosis que ingresan al país, y la logística de distribución que se organiza desde el Ministerio, como así también de la planificación de cada servicio de salud en cuanto a las jornadas dispuestas para la vacunación.

Asimismo, los grupos priorizados se han ido ampliando a partir de la recepción de dosis. Inicialmente se comenzó con el personal de salud y en forma progresiva se continuó por los residentes en instituciones de larga estadía (geriátricas y/o gerontológicas), establecimientos de salud mental tanto públicos como privados, adultos mayores de 70 años, integrantes de las fuerzas de seguridad y docentes de educación especial.

El obrero intentaba arreglar un reflector cuando se cayó y golpeó su cabeza contra unas maderas
Un trabajador de 50 años murió tras caer y golpearse la cabeza cuando intentaba reparar un reflector en el aserradero donde trabajaba en Concordia, la noche de este miércoles. El accidente laboral sucedió pasadas las 20.30 en un predio ubicado en Ruta 4 y calle Kloster.

Según la información aportada por otros trabajadores, el hombre se resbaló de un montículo de maderas que había improvisado para poder llegar al reflector que estaba arreglando. En un momento, de repente, cayó pesadamente y sufrió lesiones que le provocaron la muerte en forma instantánea.

La víctima fue identificada como Rubén Darío Olivieri Ruiz Díaz, quien alquilaba el horario nocturno del aserrado al dueño de la empresa.

El fiscal José Arias se hizo presente en el lugar y dispuso la intervención de la División Criminalística de la Policía de Concordia. Además, ordenó la autopsia y también, que se le tome declaración a los cuatro empleados que había en el lugar.
Fuente: Uno

El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que este miércoles fueron notificadas seis nuevas muertes asociadas a coronavirus. De esta manera, en la provincia son 883 los fallecidos con Covid-19.

En la oportunidad, cinco de los fallecidos son hombres. Uno de 82 años oriundo de Colonia Ayuí y otros dos de 80 y 73 años de Concordia, todos los cuales permanecían internados en el hospital Delicia Concepción Masvernat de esta última ciudad.

Además, el hospital De la Baxada de Paraná informó el deceso de otro hombre de 54 años oriundo de la ciudad capital; mientras que el San Benjamín de Colón reportó la muerte de un paciente de 45 años de la localidad de San José.

Por otro lado, se notificó el fallecimiento de una mujer de 79 años procedente de Concordia, que se encontraba internada en el Delicia Concepción Masvernat.

Más de 21 mil docentes ya fueron vacunados contra el coronavirus en la provincia de Santa Fe. «La meta para esta semana es concluir con todos los docentes inscriptos que trabajen en las escuelas primarias», dijo la ministra Martorano.
El Ministerio de Salud de Santa Fe informó este miércoles que en el transcurso de una semana fueron vacunados 21.231 docentes en 60 localidades de la provincia con la vacuna Sinopharm contra el coronavirus Covid-19.

«La meta para esta semana es concluir con todos los docentes inscriptos que trabajen en las escuelas primarias hasta séptimo grado», dijo la ministra de Salud, Sonia Martorano.

«Una vez concluida esta etapa, comenzaremos con los del nivel secundario», señaló.

En esa línea, aseguró que en Santa Fe «estamos llevando a cabo una logística que nos permite vacunar a un gran número de personas en poco tiempo».

«El Ministerio de Salud desarrolla tres logísticas diferentes con tres tipos de vacunas: Covishield, correspondiente a AstraZeneca-Oxford en los adultos mayores que se encontraban en geriátricos y los que se convocaron a los distintos centros de vacunación», explicó.

«Mientras que con la vacuna Sinopharm estamos vacunando a docentes; y con la Sputnik V, para mayores de 60, se están vacunando a mayores de 80 y la última línea de salud», detalló.

A su vez, remarcó que las 30.600 vacunas Sputnik V del primer componente, que llegaron a la provincia el último sábado, «ya se encuentran distribuidas, lo que nos permitió el día de hoy seguir vacunando a mayores de 60 años».

«Además, estamos concluyendo con las últimas líneas del personal de salud, donde están incluidos los psicólogos, kinesiólogos y fonoaudiólogos», destacó.

Consultada sobre la vacunación para personas con discapacidad, la ministra explicó que «dependemos de la disponibilidad de vacunas, estamos haciendo un relevamiento de los casos para garantizar su aplicación».

«Es una población muy importante, sobre la que ponemos especial foco. Estas son algunas cosas que plantearemos esta tarde en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde vamos a pedir partidas especiales para comenzar a vacunar en este sector», indicó.

El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos, Oscar Muntes, criticó el cierre de la discusión paritaria por parte del gobierno provincial que lleva al gremio a iniciar un plan de lucha.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Muntes afirmó que “ante la última propuesta salarial del gobierno que ya no va a modificarla, depende de nosotros cuánta capacidad tenemos de movilizarnos, resistir y plantear la apertura nuevamente” ya que advirtió que “si bien los paritarios del gobierno plantearon que en los primeros días de mayo nos sentamos nuevamente para analizar la ecuación de recaudación más inflación, los trabajadores necesitamos abrirla antes porque el 15% es insuficiente, porque blanquear los montos en negro que se venían percibiendo desde noviembre de 2020 es totalmente fuera de contexto y no alcanzó”.

Ante este contexto, confirmó que “habrá asambleas en todos los lugares de trabajo para ir armando la estrategia con las retenciones necesarias, para llegar al 24 de marzo –que es una jornada nacional de lucha feriado- y el 25 y 26 con paro total de actividades, con asambleas y movilizaciones, y el 26 una gran movilización a Casa de Gobierno para reclamar la reapertura de la paritaria salarial”.

Explicó que “los números de 56.723 pesos para no caer bajo la línea de pobreza, 30.521 para no ser indigente contrastan con que tenemos una gran franja de trabajadores del Estado bajo la línea de indigencia y más del 80% de los trabajadores está por debajo de ese monto”. “Eso indica que hay mucha bronca que se está acumulando, que hay resistencia, y ni hablar con la noticia de hoy de que los combustibles están autorizados a subir nuevamente un 15% cuando todos sabemos lo que significa eso”, acotó.

Asimismo, planteó que desde el gremio “se buscan muchas alternativas, y la alternativa es seguir en paritarias, en democracia y viendo cómo se sigue construyendo pero cuando el gobierno anuncia que es la última propuesta y que se liquida y no tenemos otra opción, se terminan las alternativas”. “Un dato que no es menor es que no todas las veces los gremios coincidimos, pero en esta ocasión todos coincidimos en rechazar la propuesta salarial por insuficiente y todos tenemos planes de lucha. Esto tiene que analizarlo el gobierno, porque si no toman nota de la realidad que estamos viviendo y de esta situación es complejo; porque dicen que no hay, que no alcanza y también de este laso a los trabajadores no nos alcanza”, analizó el dirigente gremial.

Por otra parte, cuestionó que “hay otro tema complejo porque se siguen prorrogando las resoluciones por la pandemia donde los sindicatos no somos esenciales y no podemos reunirnos ni hacer asambleas”.

Agregó que “hay muchos municipios que no convocaron a paritarias, como el municipio de Paraná, y hay una situación muy compleja y muy difícil y por eso hay mucha bronca de los trabajadores. Todo depende de la voluntad y las ganas de luchar, porque si no hay rebeldía de los trabajadores será complicado. Estamos dispuestos a hacerlo porque es terriblemente injusta la forma en que se cerró la discusión, y porque hay otros puntos que siguen sin resolver”.

Asimismo, reafirmó que “el Frente Gremial seguirá trabajando en conjunto porque si no nos unimos pierde el trabajador en su conjunto, es necesario que se sigua fortaleciendo así que no hay alternativa que indique lo contrario porque tenemos los mismos objetivos”. En tal sentido, adelantó que “en ese sentido, estamos buscando alternativas para confluir juntos el 26, y en caso de que no nos convoquen tenemos abril para profundizar las medidas con más asambleas, más movilizaciones y medias de fuerza contundentes de todo el Frente Gremial”.

“Advirtiendo la inminente necesidad de fortalecer el sistema vigente, y conforme la situación que atraviesa actualmente el país”, el gobierno nacional oficializó las becas Progresar enfermería. Van de 5.000 a 9.700 pesos.
Ante la “preocupación de esta gestión de gobierno, compartida por el sistema de salud, por el déficit de personal de enfermería y las asimetrías en su distribución geográfica y en los servicios”, el gobierno nacional oficializó las becas “Progresar enfermería”.

La decisión se tomó “advirtiendo la inminente necesidad de fortalecer el sistema vigente, y conforme la situación que atraviesa actualmente el país”.
Si bien las modalidades específicas de implementación de las becas se establecerán para cada convocatoria, desde el Ministerio de Educación precisaron que el período de inscripción para las becas para el fomento de la educación superior en enfermería se extenderá hasta el 30 de abril de 2021. Asimismo, “podrá ampliarse el plazo para las inscripciones conforme a las necesidades del sistema”.

Monto mensual del beneficio

Para las carreras universitarias y carreras de educación superior no universitarias serán 5.000 pesos para estudiantes ingresantes y de primer año; 6.000 pesos para estudiantes de segundo año; 7.000 pesos para tercer año 8.000 pesos para estudiantes de cuarto año y 9.700 pesos para los de quinto año, se informó

 

BASES Y CONDICIONES PARA ACCEDER A LAS BECAS PARA EL FOMENTO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR EN ENFERMERÍA “PROGRESAR ENFERMERÍA”
ARTICULO 1°. – Finalidad de la Beca: Habilitar el acceso, permanencia y promoción en la esfera de la
educación superior de estudiantes de la carrera de enfermería que cuenten con escasos recursos económicos,
promoviendo la equidad e igualdad de oportunidades.

ARTICULO 2°. – Universo al que alcanza: Personas que ingresen o estén cursando carreras de grado o
tecnicaturas en enfermería.

ARTICULO 3°. – Requisitos y Condiciones: Para ser becario/a de esta línea de becas, los y las estudiantes
deben cumplir con los siguientes requisitos:
A. Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a o extranjero/a, con residencia legal de cinco (5) años en el país, tener
DNI y ser mayor de DIECIOCHO (18) años al momento del cierre de la convocatoria respectiva, sin límite de
edad.
B. Ser egresado/a del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
C. Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior o Universidades
Nacionales o Provinciales de Gestión Estatal. Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de
Gestión Privada inscriptas en el PRONAFE podrán acceder a los beneficios del Programa, siempre que su cuota
mensual sea menor al monto vigente establecido para la Asignación Universal por Hijo.
D. Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva.
E. La suma de los ingresos del o de la postulante y los de su grupo familiar no debe ser superior a TRES (3)
Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), ni encontrarse el o la aspirante a obtener la beca o cualquier
miembro de su grupo familiar inscripto en el Régimen de Impuesto a las Ganancias.

ARTICULO 4°. – Incompatibilidades: Las becas constituyen un beneficio de carácter personal e intransferible y
resultan incompatibles con otros beneficios de carácter similar.

ARTICULO 5°. – Exclusiones: Queda excluido de la posibilidad de obtención de la beca el o la postulante que
se encontrare incurso/a en alguna de las siguientes situaciones:
A. Hubiera finalizado una carrera de grado, profesorado o tecnicatura.
B. Se encontrara suspendido/a o se hubiera declarado el cese de una beca del programa por causal que le fuera
imputable.
C. Recibiera u obtuviera otra beca de estudios por parte del Estado, Institución u Organización Pública o Privada,
con o sin fines de lucro, entendiéndose por tales a cualquier sistema de transferencias dinerarias directas.
D. Estuviera excedido/a DOS (2) años o más en el tiempo de duración de la carrera según el correspondiente plan
de estudios.
E. Se encontrara el/la aspirante a obtener la beca o cualquier miembro de su grupo familiar inscripto en el
Régimen de Impuesto a las Ganancias.
F. Le resten para la finalización de la carrera cursar DOS (2) o menos materias al momento de la primera
inscripción al PROGRAMA y, menos de DOS (2) materias para el caso de los/as postulantes que hayan sido
becarios/as con anterioridad.
G. Adeudara sólo exámenes finales y/o la realización de tesis o prácticas profesionales.
H. No cumpliera con las demás condiciones establecidas en la presente resolución.

ARTÍCULO 6°. – Obligaciones de las becarias y los becarios: Los y las postulantes que aspiren a obtener la
beca en cuestión, deberán cumplir con las siguientes condiciones:
A. Conocimiento y aceptación del presente Reglamento. La inscripción de los y las postulantes al PROGRAMA,
implicará el conocimiento y aceptación de la normativa que lo regula y el compromiso del cumplimiento de las
obligaciones que de él resulten. La permanencia de las condiciones que hubieren justificado el otorgamiento de la
beca será condición indispensable para el mantenimiento del beneficio.
B. Cambios que impacten en la situación de los y las beneficiarios/as. Los y las becarios/as deberán informar al
PROGRAMA cualquier variación que consideren relevante a los fines de la permanencia en el mismo, relativos a
su situación personal, familiar, patrimonial, laboral, económica y/o académica, incluyendo los eventuales cambios
de domicilio en un plazo no mayor a TREINTA (30) días hábiles administrativos de acaecido el cambio.

ARTICULO 7°. – Inscripción: La solicitud de la beca deberá efectuarse mediante el formulario de inscripción
puesto a disposición en el sitio web del PROGRAMA (progresar.educacion.gob.ar) o mediante la App Progresar.
El período de inscripción se determinará en cada convocatoria.

ARTICULO 8°. – Formulario de inscripción: El/la alumno/a podrá modificar sus datos solo hasta el momento
en que cierre y envíe el formulario de inscripción. Una vez enviado el mismo, se encontrará inscripto/a como
solicitante. La información proporcionada en dicho formulario tiene carácter de Declaración Jurada y la falsedad
de la misma hará pasible al alumno o alumna de las sanciones que correspondan.

ARTICULO 9°. – Evaluación: La evaluación de los requisitos exigidos por el PROGRAMA para la línea
“PROGRESAR ENFERMERÍA” estará conformada por DOS (2) etapas: la evaluación socioeconómica y la
evaluación académica:
A. Evaluación socioeconómica: Se realizará a través de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) en función de los ingresos del o la postulante y los de su grupo familiar que se
registren en las bases de datos de dicho Organismo al momento de la inscripción.
B. Evaluación académica: la evaluación académica se realizará de acuerdo a la información brindada por las
instituciones educativas correspondientes. El año de ingreso se determinará por la fecha del primer examen final
rendido. La evaluación académica se realizará conforme a:
1) el año de ingreso definido por el presente apartado;
2) la duración de la carrera según plan de estudios;
3) la cantidad de materias según plan de estudios.

ARTICULO 10°. – Criterio de regularidad académica: tanto para los y las postulantes que acceden por
primera vez a la beca en calidad de alumnos/as avanzados/as como los y las que revistan la condición de
renovantes, es decir, que hubieran tenido una beca con anterioridad, deberán acreditar más del CINCUENTA
POR CIENTO (50%) de las materias aprobadas a partir del momento en que ingresaron por primera vez a la
carrera.

ARTÍCULO 11º.- Excepción: Dadas las características particulares del año 2020 vinculadas con la pandemia del
COVID 19, que ha generado importantes dificultades en la continuidad de los estudios (entre otros, por falta de
conectividad y equipos disponibles en los hogares, sobrecarga doméstica en tareas de cuidado a niños/as y
personas mayores y situaciones familiares y personales de contagio) el requisito de aprobación del 50% de las
materias queda suspendido de manera excepcional. Los/las estudiantes deberán acreditar su condición de
alumno/a regular y/o tener aprobadas al menos DOS (2) materias en el ciclo lectivo 2020.

ARTICULO 12°. – Cómputo de equivalencias: A los efectos del control de los requisitos académicos exigidos,
las equivalencias serán computadas a partir de la primera actividad académica, de acuerdo a lo informado por la
Institución educativa de pertenencia.

ARTICULO 13°. – Adjudicación: Las becas serán adjudicadas mediante acto administrativo de esta cartera
ministerial, siendo exclusiva responsabilidad de los y las aspirantes consultar periódicamente en la página web o a
través de la app del PROGRAMA las novedades al respecto. En todos los casos, los y las estudiantes deberán
haber cumplido los DIECIOCHO (18) años de edad al momento del cierre de la convocatoria correspondiente.

ARTICULO 14°. – Resultados de las evaluaciones: Los alumnos y las alumnas serán exclusivamente
responsables de consultar periódicamente los resultados mediante el ingreso con su usuario y clave a la página
web o a través de la app del PROGRAMA. El o la postulante que no fuera adjudicado, podrá identificar la causal
de denegación de la beca en el mismo lugar.

ARTICULO 15°. – Reclamos: Los y las aspirantes a la beca cuya postulación fuera rechazada podrán efectuar el
pertinente reclamo a través de los mecanismos establecidos en la convocatoria. El mismo deberá formularse
dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos posteriores a la fecha de publicación de resultados.

ARTICULO 16°. – Pago de la Beca: El pago de la beca estará a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) por cuenta y orden del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA
NACIÓN, y se realizará en hasta doce (12) cuotas mensuales desde la inscripción al PROGRESAR
ENFERMERÍA, para quienes sean adjudicados/as en la primera convocatoria, y en hasta seis (6) cuotas
mensuales desde la inscripción al Progresar Enfermería, para quienes sean adjudicados/as en la segunda
convocatoria.
A. Para el caso de los y las becarios/as ingresantes la proporción del pago será de un OCHENTA POR CIENTO
(80%) desde la primera cuota, y el VEINTE POR CIENTO (20%) retenido será abonado una vez realizada la
certificación académica de avance en la carrera por parte de la Institución educativa de pertenencia.
B. Para el caso de los y las becarios/as avanzados/as, hubieran o no sido becarios/as con anterioridad, se les
abonará el CIEN POR CIENTO (100%) del monto de la misma desde la primera cuota.
A todos los efectos de la presente normativa se entiende por alumno/a ingresante a aquel o aquella que no reporte
actividad académica superior con anterioridad a la postulación. Por otro lado, se entiende por alumno/a
avanzado/a a aquel o aquella que se postula para la obtención de la beca y que inició sus estudios superiores con
anterioridad al año de la postulación.

ARTICULO 17°. – Cese de la Beca: La continuidad en el otorgamiento de la beca cesa en los siguientes casos:
A. Por el simple vencimiento del plazo de la beca otorgada.
B. Por muerte o inhabilitación de la becaria o el becario.
C. Por renuncia de la becaria o el becario.
D. Por modificación de alguna de las causas que justificaron su otorgamiento.
E. Por conclusión de la carrera para la que se postuló inicialmente.
F. Por abandono de los estudios.
G. Por pérdida de la condición de alumno/a regular.
H. Si habiendo sido adjudicado/a con la beca durante el año de la convocatoria, no hubiera concurrido a su cobro
por un período de cuatro (4) meses consecutivos.
I. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la normativa de aplicación y en el presente
Reglamento.
J. Por falsear u omitir información en los procesos de selección, o una vez otorgada la beca.
El beneficiario o la beneficiaria que incurra en las causales identificadas como F, G e I no podrá volver a
inscribirse en el PROGRAMA durante el plazo de UN (1) año calendario. Para el caso que incurra en la causal J.,
al ser considerada una causal grave, no podrá volver a inscribirse en el PROGRAMA.

ARTICULO 18°. – Pérdida de la Condición de Becario/a: Cuando la pérdida de la condición de becario/a se
produjera antes del vencimiento del plazo por el cual fue otorgada la beca, la misma se suspenderá desde que el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN tome conocimiento. La pérdida de la condición de becario/a
implica el cese inmediato del pago de la beca, sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieran
corresponderle.

ARTICULO 19°. – Órgano de aplicación e interpretación: La DIRECCIÓN NACIONAL DE BECAS Y
DEMOCRATIZACIÓN EDUCATIVA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y
DEMOCRATIZACIÓN EDUCATIVA de la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES
PRIORITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, es el organismo de aplicación e interpretación del
presente reglamento, pudiendo realizar las modificaciones o aclaraciones que estime corresponder.

ARTICULO 20°. – Acciones de supervisión: Las acciones de planificación y supervisión que permitan la
implementación, evaluación y otorgamiento de las becas, serán llevadas a cabo por la DIRECCIÓN NACIONAL
DE BECAS Y DEMOCRATIZACIÓN EDUCATIVA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN EDUCATIVA de la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA Y ACCIONES PRIORITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

ARTICULO 21º.- Remisión: Todas las cuestiones no contempladas en el presente reglamento se regirán por lo
establecido en el REGLAMENTO GENERAL de las becas “PROGRESAR” 2021.

Senadores provinciales de Juntos por el Cambio (JxC) solicitaron al Poder Ejecutivo que realice las gestiones pertinentes para asegurar, sin más dilación y en la forma correspondiente, la cobertura médica de los afiliados al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).

El pedido se hizo a través de un proyecto de comunicación que firmaron los senadores Rubén Dal Molín (Federación), Francisco Morchio (Gualeguay) y Omar Migueles (Tala) y Gastón Bagnat (Victoria).

En los fundamentos, los legisladores expresaron que se originó el pedido por el reclamo de miles de afiliados al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, ente autárquico del Gobierno, que viene sufriendo una serie de irregularidades en el cumplimiento de su obligación en la cobertura médica.

“Dicho organismo contempla en su ley de creación ‘… planificar, reglamentar y administrar la promoción, prevención, protección, reparación y rehabilitación de la salud de los afiliados…’. Esta norma debe ser interpretada como pieza fundamental para el cumplimiento del derecho a la salud que poseen sus afiliados y que debe ser garantizado por el Estado provincial”, se indicó.

Los senadores de Juntos por el Cambio indicaron que “gran parte de sus afiliados manifiestan que el instituto debe garantizar la prestación de cobertura de los tratamientos sin necesidad de iniciar un reclamo administrativo y judicial. Asimismo, ellos manifiestan su preocupación por las situaciones que tomaron conocimiento público, en las que los pacientes se ven obligados a recurrir a instancias en que se ven expuestos y vulnerados en sus derechos”.

Nuevo impuesto por usar Netflix y Spotify: cuándo comenzará a aplicarse y cómo impactará en los preciosEl tributo regirá sobre todos los servicios de streaming extranjeros

Los estibadores portuarios Puerto Ibicuy nucleados por en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) iniciaron anoche medidas de acción directa contra la empresa agroexportadora Urcel Argentina SA ante una serie de incumplimientos con los trabajadores.

Aunque de fondo se dirime una disputa entre dos sindicatos por la representación de los trabajadores portuarios, conflicto que ya lleva días.

Los gremios portuarios se encuentran en disputa por la representación de los trabajadores de Puerto Ibicuy ante el pedido de algunos de sus afiliados que denuncian contrataciones precarias, fuera de lo que marca el convenio y despidos por parte de la empresa Urcel SA, según publica Ibicuy Digital.
El SUPA responde a nivel nacional a la Federación de Estibadores Portuarios de Artentina (FEPA) y se ha generado, además, un conflicto de representación con otro gremio, denominado SUPA Bajo Paraná, que se materializa en manifestaciones en el Puerto de Ibicuy.

Los estibadores reclaman la representación de los trabajadores que, según denunció la FEPA, con el convenio actual ganan menos de la mitad del salario promedio de la actividad.

Las protestas comenzaron en los puertos de Concepción del Uruguay y de Ibicuy en la provincia de Entre Ríos, pero ante la falta de respuestas al reclamo, la organización definió federalizar las medidas.

“La empresa, que es la única responsable de lo que está sucediendo, esgrime una representación que no existe, firmaron con gente que no tienen representación gremial ni a título personal ni institucional, con lo cual no es un problema de encuadramiento, el problema es que la empresa no quiere reconocer a la representación real de los estibadores”, explicó Marcelo Osores, titular de FEPA.

Para el dirigente, las razones de negarse a reconocer a los SUPA -adheridos a la FEPA- “están a la vista, los trabajadores de Puerto de Concepción e Ibucuy están trabajando prácticamente por un plato de comida, por debajo de la mitad de lo que gana un estibador promedio en el país”.

Además, la empresa Urcell recibió denuncias por maltratos, por falta de entrega de indumentaria adecuada y mal pago de jornadas, “con trabajadores al borde de la esclavitud”.

En las últimas horas, los estibadores de la FEPA realizaron una permanencia en el Puerto de Ibicuy ante la amenaza de desalojo por parte de la empresa. En el lugar están los trabajadores junto a sus familias. Fue durante la noche de este martes que se generó una situación de tensión con la Policía, que intentó desalojarlos.

Los abogados defensores del cura Juan Diego Escobar Gaviria acudieron con un recurso ante la Cámara de Casación Penal para poner en crisis el fallo dictado el 27 de noviembre de 2020 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay que le impuso 11 de cárcel por el delito de promoción a la corrupción de menores. Escobar Gaviria ya había sido condenado a 25 años de cárcel en 2017 por 4 casos de abuso y corrupción de menores; en 2020 fue juzgado por un quinto caso.

Pero los defensores Milton Urrutia y María Alejandra Pérez recusaron a todos los integrantes de la Cámara de Casación Penal de Paraná, Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti. El planteo recusatorio deberá ser resuelto por otro tribunal, y será la Cámara de Casación Penal de Concordia, que integran Gustavo Perroud, Silvina Gallo y Aníbal Lafourcade. La recusación a la “composición originaria y natural de la Cámara de Casación Penal con asiento en la ciudad de Paraná (es) por haber intervenido en anterior legajo contra el mismo condenado habiendo sentado su postura”.

Efectivamente, en 2019 la Cámara de Casación Penal de Paraná intervino en el caso Escobar Gaviria. Fue en el primer juicio y para confirmar la condena a 25 años de cárcel.
El segundo juicio al cura Escobar Gaviria se sustanció durante dos días, miércoles 18 y jueves 19 de noviembre de 2020, en Gualeguay, y en su transcurso se trató el caso del joven Santiago Tavares, hoy de 20 años, pero que llegó con 14 para desempeñarse como monaguillo en la parroquia San Lucas Evangelista, de Lucas González, su pueblo.

«Yo llegué como monaguillo porque me gustaba. Al principio, iba todo bien. Pero con el pasar de los meses ahí adentro empezaron a cambiar las cosas. Ya no era el Juan Diego que yo conocí. Tenía actitudes que eran diferentes. No era la persona seria que yo había conocido. Un día yo estaba jugando junto a otros chicos en el comedor y me llama Juan Diego. Me pide que lo acompañe a la pieza. Cuando entro, cierra la puerta con llave y me empieza a hablar. En la pieza tenía una computadora donde preparaba la predicación de la misa de la tarde, así que nosotros íbamos y jugábamos en esa computadora. Pero ese día me empezó a tocar. No me gustó. Me levanté y me fui. Fui a la otra computadora, y no dije nada. No le conté a nadie. Fui como si nada. Después me empezó a hablar, a explicar con chamuyos lo que había pasado. Entonces, vinieron hechos más graves», contó aquel infierno.

Para juzgar por segunda vez al cura Escobar Gaviria se conformó un tribunal integrado por los jueces de la jurisdicción de Gualeguay, Alejandro Calleja y Alejandra María Cristina Gómez. Y un magistrado de la jurisdicción Gualeguaychú, Mauricio Daniel Derudi.

Precisamente la conformación del tribunal que debía juzgar a Escobar Gaviria fue lo que generó la primera postergación de la fecha de inicio del juicio, que debió realizarse entre el 12 y el 13 de noviembre de 2018.

Originariamente , el tribunal que debió juzgar al sacerdote quedó conformado por los jueces Calleja, Gómez e Ignacio Boris Telenta, pero este último magistrado concursó y ganó el cargo de juez de Garantías de Gualeguaychú, y por tanto dejó su puesto de juez de Garantías en Gualeguay. Los otros magistrados de Gualeguay quedaron afuera por cuanto ya habían actuado en el primer juicio: María Angélica Pibas, Darío Crespo y Javier Cadenas. Tampoco pudo ser incluido Dardo Tortul porque si bien ahora es juez de juicio, actuó en el debate contra Escobar Gaviria en representación del Ministerio Público Fiscal y llevó adelante la acusación.

Las audiencias de debate habían sido fijadas para una nueva fecha, los días 23 y 24 de mayo de 2019, pero el querellante Mariano Navarro pidió aplazar el trámite en función de la imposibilidad del denunciante, Santiago Tavares., un muchacho de 19 años, de asistir al tribunal.

La tercera programación del juicio se fijó para los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2019. Pero hubo una tercera suspensión.

Finalmente el juicio se sustanció en 2020

Primera condena

El cura fue condenado el 6 de septiembre de 2017 por haber abusado a cuatro menores. En tres casos se lo acusó de promoción de la corrupción de menores reiterada, agravada por su condición de guardador; y en uno por abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto.

El fallo, que se conoció de forma íntegra el jueves 14 de septiembre de 2017, contiene 304 páginas, en las que se encuentran todas las actuaciones del caso. Desde las primeras testimoniales tomadas a los menores cuando denunciaron los abusos, hasta las declaraciones de testigos –familiares, amigos, colaboradores de la parroquia-, y otros elementos que le permitieron al Tribunal llegar a la conclusión de que Escobar Gaviria cometió abusos, condenándolo a una pena proporcional a la gravedad de los delitos: 25 años de prisión efectiva.

La condena a Escobar Gaviria fue confirmada en Casación, pero cuando el caso se debatió en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el alto cuerpo anuló una parte de la sentencia y ordenó al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay computar de nuevo la pena. Fue sentenciado por tres casos de corrupción de menores y uno de abuso sexual simple. Este último caso por el que fue condenado encontró una anulación en el STJ.

Fuente: Entre Ríos Ahora

 

La diputada provincial Paola Rubattino (Frente Creer) presentó un proyecto de ley de “sentencias claras”. Esto es, propone incorporar dos párrafos en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la provincia, donde se especifica sobre el contenido de las sentencias, para que las mismas sean redactadas “en un lenguaje claro y sencillo, que permita su comprensión por la mayor cantidad de personas posibles”.

Seguidamente, agrega: “En casos de suma complejidad, se procederá a elaborar por la Oficina de Gestión de Audiencias u/o el Organismo que el Poder Judicial en uso de sus facultades organizativas designe, una sencilla explicación de los fundamentos de la misma, a los solos fines explicativos”.

Al fundamentar la iniciativa, la legisladora sostiene sobre la sentencia – “portador de un mensaje, el cuál va declarar o no un derecho, y que si dudas, va a modificar o consolidar conductas y posiblemente modificará también la vida de sus destinatarios”- , que “no solo debe tratar de ser acogido tal mensaje por tales destinatarios, sino que a su vez, debe ser comprendido, por la mayor cantidad de personas”.

“En síntesis, si el lenguaje de una Sentencia Judicial, no resulta claro y comprensible, para el ciudadano no abogado, para aquel que no posee otros conocimientos jurídicos más allá del conocimiento vulgar, respecto de quien también va destinada la norma, la reafirmación de esta última, está destinada a fracasar con una sentencia no comprensible, esto es que la ciudadanía no puede entender por cuestiones eminentemente técnicas”, sostuvo. Aunque enfatizó: “No decimos que haya que relegar la calidad del mensaje jurídico, ni que no se efectúen citas o remisiones. Para nada. La capacitación del operador judicial, es una cuestión innegociable. Sino que de lo que se trata es de mejorar el mensaje, de extenderlo hacia la ciudadanía toda. No se trata de lenguajes simples o vulgares, se trata de mensajes comprensibles”.

“Por ello consideramos que, sobre todo en materia penal, donde están en juego ni más ni menos, que aspectos relacionados con conductas sumamente graves que vulneran las normas a través de la afectación de bienes jurídicos considerados como valiosos y, donde la consecuencia es la pérdida de derechos tan importantes como la libertad, el patrimonio, de un empleo o de un cargo público a través de la pena, entonces con mayor razón, sea para discutirla o ponerla en entredicho el imputado, sea para que la sociedad comprenda en qué términos y fundamentos se ha dado culminación a cierto conflicto, lo cierto es que la claridad de vocabulario en una sentencia de este fuero se impone”, subrayó.

Y cerró: “Sin embargo, conscientes de situaciones de alta complejidad, que impliquen el uso de ineludible de un lenguaje técnico, a los fines de su comprensión por el público, se ha convenido en que se elabore una explicación que no constituye la sentencia en si misma, pero que ayuda a comprender el alcance y fundamentos de la misma, es decir a los fines meramente publicitarios”.

Las petroleras suscribieron en las últimas semanas contratos de comercialización del crudo con un precio congelado por hasta tres meses, a cambio de que se establezca hasta mayo un sendero de aumentos en los precios al público de los combustibles.

El incremento acumulado sería de entre 13% y 15% y su aplicación dependerá de la voluntad política y la habilitación del Gobierno, publicó El Cronista.

El presidente, Alberto Fernández, dijo este lunes en C5N que está «viendo de modificar el sistema de aumento de combustibles para que no haya un goteo permanente que influya todos los meses».

Por lo pronto, este viernes 12 se actualizarán los impuestos internos, en un orden de casi $ 2 por litro para las naftas y $ 1,25 para el gasoil, que presionará para un alza de entre 2 y 3 puntos porcentuales, según el producto refinado.

Desde la industria recuerdan que todos los aumentos aplicados en lo que va de 2021, fueron por ajustes en los biocombustibles o por los impuestos y no para recuperar márgenes de ganancia en la refinación.

El acuerdo, de carácter informal y privado, tuvo la participación de productoras no integradas como Vista Oil & Gas, Pluspetrol, Tecpetrol y Sinopec y refinadoras como Raízen y Trafigura -que venden combustibles y lubricantes con las marcas Shell y Puma Energy-, con la intención en todo momento de que el Gobierno no se involucrara.

YPF y Axion participaron en forma secundaria, ya que la petrolera estatal produce alrededor del 65% del crudo que refina, y la empresa de Pan American Energy (PAE) corre en su planta de Campana el petróleo Escalante, que extrae en Chubut.

El cumplimiento de los aumentos escalonados de precios es condición para que no se tense la relación comercial entre las dos partes de la cadena (upstream y downstream).

Las productoras no integradas advierten que, de otra forma, el único negocio rentable sería la exportación, aunque las refinadoras podrían bloquear esa operación (técnicamente llamado «cruzar el barco») hasta satisfacer al 100% sus necesidades de petróleo para sus plantas.

Raízen y Trafigura, al no producir localmente los combustibles, deben acudir a importar productos refinados como el gasoil grado 3 (premium), la variedad en donde más sienten la necesidad de subir sus precios, ya que destinan dólares para su compra y el peso se sigue depreciando, consignó El Cronista.

La directora nacional de Migraciones, María Florencia Carignano, aseguró que en la lista de espiados por la AFI durante el gobierno anterior figuran «intendentes, exintendentes, miembros del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos».
Más de 58 mil personas figuraban con nombre y apellido en una lista que era controlada por la Dirección de Migraciones. Entre ellos, se encuentran periodistas, políticos, empresarios, artistas y deportistas, incluso de Entre Ríos, según aseguró Carignano.

Este sistema de alertas no contaba con ningún requerimiento judicial, por lo que su detección por parte del Gobierno de Alberto Fernández derivó en otra denuncia de espionaje ilegal que afrontan los integrantes de la gestión de Mauricio Macri.

En entrevista con Canal Nueve Litoral, María Florencia Carignano explicó que el gobierno anterior, “armó un aparato de espionaje». «Habían generado un sistema donde determinadas personas, que tenían interés en seguir, eran incorporadas en un sistema informático llamado Halcón que había sido creado legalmente para que los oficios que la Justicia quería que se investiguen sean cargados, sean alertas silenciosas para que la persona no se enterara que lo estaban investigando», explicó.

Asimismo, se explayó: «Cuando nos hicimos cargo de Migraciones nos dimos cuenta de que entre los 58 mil registros que había, la mayoría no tenía ningún oficio judicial detrás, sino que había un interés particular para saber quién entraba, quién salía, como así también claves que se usan en Migraciones para trabajar».

Respecto de las personas que integran la lista, sostuvo: «Se usaron esas claves para espiar y fijarse los movimientos migratorios de muchos políticos, artistas, deportistas y en el caso de Entre Ríos, de muchos políticos y miembros de la Justicia de Entre Ríos que también tenemos constancia de que ha sucedido».

Carignano prefirió no dar nombres, pero sí confirmó que había «intendentes, exintendentes, miembros del Superior Tribunal de Justicia». «Todo esto está a disposición de la Justicia. No queremos dar nombres porque no queremos entorpecer la causa judicial, pero todo ha sido denunciado cuando esto se encontró», indicó.

Consultada por el signo político de estas personas, aseguró que formaban parte de la oposición al gobierno de Macri. «Son intendentes del Frente de Todos. Lo llamativo es que la mayoría de las búsquedas fueron en 2019, entre agosto y octubre, con las elecciones», respondió.
Fuente: Canal Nueve Litoral

«Del mismo modo que construimos memoria, verdad y justicia para los genocidas» lo hagamos para «poner fin a la desigualdad en cuestión de género» y a «los femicidios y la violencia contra la mujer», manifestó Alberto Fernández en un acto en la Casa Rosada.

El presidente, Alberto Fernández, expresó hoy su deseo de que «este día (por el Internacional de la Mujer) sea un día de respuestas» y pidió que, «del mismo modo que construimos memoria, verdad y justicia para los genocidas» lo hagamos para «poner fin a la desigualdad en cuestión de género» y a «los femicidios y la violencia contra la mujer» con «políticas de Estado» que trasciendan los Gobiernos.

Además, recordó a las mujeres que perdieron la vida víctimas de la violencia de género, como Micaela García en 2017, que dio lugar a una ley específica de capacitación en materia de género para los tres poderes del Estado.

Así lo hizo al hablar durante un acto con mandatarios provinciales en el que fue suscripto el acta compromiso «Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género».
Fernández aseguró que más allá de si la palabra «femicidio» existe o no existe «en word», «lo que existen son los femicidios», que son «hechos que existían y estaban ocultos», como parte de «la cultura patriarcal que generó un sinfín de injusticias y destratos, y se ha llevado vidas y lastimado la salud de las mujeres».

También remarcó que «la reacción estatal frente a los femicidios es lenta o no existe», asumió que «es difícil trabajar desde la Nación», porque se hace «en soledad» y con sentido «voluntarista», y «las violencias y femicidios siguen creciendo».
En el documento, gobernadores, gorbernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad se comprometieron a «integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios; a adherir al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE) y al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), y a jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y municipales».

Además, se explicó, se buscará «promover una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género en el Poder Judicial de cada provincia; y fortalecer los espacios de formación y capacitación en perspectiva de género para las fuerzas policiales y generar mecanismos que faciliten la realización de denuncias en casos que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad».

También se comprometen a «garantizar que los establecimientos de salud cuenten con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos de violencia por motivos de género».

Para eso, los distritos trabajarán de manera coordinada y conjunta con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, articulando recursos, políticas y acciones en el marco del Plan Nacional de Acción contra la violencia por motivos de género 2020-2022.
El año pasado, el Gobierno del Frente de Todos elaboró el primer presupuesto con perspectiva de género para mitigar las desigualdades entre mujeres y varones.

De esa forma, el proyecto de Presupuesto 2021 contempló partidas por un monto total de 1,3 billón para distintas áreas de gobierno que llevan adelante políticas de género a través de programas destinados a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+, junto con acciones orientadas a disminuir las brechas de desigualdad.

El presupuesto contempló gastos por un monto estimado en $8 billones y las partidas destinadas a políticas de género representan el 15,2% del total, por un monto equivalente al 3,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

Los fondos están destinados a políticas de género y se encuentran diferenciadas a través de la categoría «Igualdad de Géneros» que visibiliza aquellos programas destinados a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+.