El exgobernador y actual embajador en Israel, Sergio Daniel Urribarri, buscó, a través de sus abogados defensores, conseguir que prospere su pedido de sobreseimiento en una causa por supuestos sobreprecios y pago de coimas durante los trámites de contratación de la empresa Relevamientos Catastrales SA, del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, concretados a lo largo de sus dos gestiones al frente del Ejecutivo provincial.
El juez de Garantías Mauricio Mayer había rechazado, el 23 de febrero último, el camino del sobreseimiento, pero tras esa decisión acogió favorablemente la apelación que formularon los defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez. Entonces, el caso llegó para su tratamiento al despacho del juez de juicio Elvio Osir Garzón. Pero Garzón devolvió las actuaciones a Mayer con un tirón de orejas a su colega: el sobreseimiento no es una medida apelable, según dijeron fuentes judiciales a Entre Ríos Ahora.
“A Urribarri le denegaron el pedido de sobreseimiento. La resolución de Garzón dice que está mal concedido el recurso por parte de Mayer, porque el rechazo de un pedido de sobreseimiento no es apelable”, contó una fuente.
El último 23 de febrero, en una audiencia ante el juez de Garantías Mauricio Mayer, Urribarri ejerció su defensa y rechazó la imputación fiscal. “Lo sabía: no me iban a perdonar que hayamos logrado semejante transformación en la provincia. Una provincia que dimos vuelta como una media”, dijo entonces vía web desde Israel.
Urribarri sostuvo que las investigaciones penales iniciadas en su contra tienen como objetivo “atacar para borrar de la historia toda nuestra obra”, y aseguró que tras dejar la titularidad del Poder Ejecutivo, en 2015, han sobrevenido para él y su familia “años muy duros”, por “ataques indecibles”. Aseguró ser víctima de un “asedio”.
El actual embajador en Israel se presentó como “un dirigente político que me he desempeñado siempre con mucho esfuerzo personal y familiar y he llevado adelante con responsabilidad los cargos con los que la ciudadanía entrerriana me ha honrado a través del voto”. Y aseguró que en todo el proceso de la causa “siempre he estado a derecho”.
Urribarri negó los hechos que se le imputan y cuestionó la imputación en su contra. “Me pregunto con qué pruebas los señores fiscales pueden sostener que fui yo quien ordenó el inicio de actuaciones administrativas para la contratación de la firma Relevamientos Catastrales”, apuntó. “Los señores fiscales no han podido determinar de qué manera se habrían determinado esos sobreprecios. Ningún organismo de control pudo establecer los sobreprecios. No hay especificación concreta qué acción desplegué para saber de qué defenderme. Se utilizan verbos, o se califican determinadas supuestas conductas, describiendo tipos penales sin relacionar con las pruebas”, cuestionó el exembajador.
Y añadió: “Jamás he actuado de la manera que lo sostienen los fiscales”. Además, dijo que la imputación se hace sobre un período, enero a octubre de 2007, cuando él había pedido licencia como ministro de Gobierno para abocarse a la campaña que lo pondría en la Gobernación al año siguiente. Pero fue enfático en un punto: “Todas las contrataciones fueron absolutamente legales”.
El juez Mayer, sin embargo, rechazó el pedido de sobreseimiento que formularon los defensores de Urribarri, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, y atendió la formulaciónde cargos por parte de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo badano. Entonces, y tras oír a las partes, el juez Mayer rechazó el pedido de sobreseimiento y lo fundamentó en que se está ante una causa de una “trascendencia social extraordinaria” porque involucra a un funcionario público.
En ese sentido, se remitió al compromiso que tiene el país al haber adherido a la Convención Interamericana Contra la Corrupción y a la Ley de Ética Pública que rige nacionalmente. “Nuestro país se ha comprometido internacionalmente ha abordar el fenómeno de la corrupción, que es un fenómeno que no es visibles para todos. Son hechos de difícil investigación, más difícil comprobación, pero que no resultan imposibles de investigar. Hay un mandato legal de investigarlos y sancionarlos”, sostuvo.
Luego manifestó que en la audiencia “no he llegado al grado de certeza de que los hechos no ocurrieron o que el imputado no tenga vinculación con los mismos o que no exista prueba que alcance para vincularlo”.
Enseguida, planteó que “no se puede permitir que se levante un manto de sospecha sobre el desenvolvimiento del proceso” y entendió que los fiscales respondieron a todos los puntos cuestionados por los defensores.
Uno de los puntos que refirió Urribarri en su alocución fue que entre enero y diciembre de 2007 no fue funcionario público porque había tomado licencia como ministro de Gobierno de Jorge Busti. Al respecto, el juez Mayer sostuvo: “Le asiste razón a la Fiscalía en la medida en que la calidad jurídica de una licencia para nada desnaturaliza el papel principal que tenía Sergio Urribarri. Era ministro de Gobierno, tomó licencia y no dejó de ser ministro de Gobierno”.
Asimismo, entendió que “no existe virtualidad de certeza apodíctica para pronunciarme en el sentido de que el hecho no existió. Por el contrario, todos los indicios, cuanto menos, van a alimentar una duda”.
