El hecho ocurrió en Villa Griselda, de la ciudad de La Banda (Santiago del Estero). La médica que la atendió, reportó que la pequeña llevaba un período de gestación un mes y medio más avanzado que el real.
Autoridades médicas de la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3 de Villa Griselda, La Banda, en Santiago del Estero le negaron la interrupción legal del embarazo (ILE) a una nena de 12 años que fue violada y quedó embarazada.
María es cartonera y, tal como consta en su legajo del sistema de protección de niñez, su vida está atravesada por la violencia sexual desde pequeña: figuran denuncias desde los 3 años, en 2011, y luego en 2013 y 2017, y la mayor parte de su vida la pasó en instituciones alejada de su familia.
Vive junto a su mamá, la pareja de ella, y dos hermanitos de 8 y 6 años en condiciones de hacinamiento en una habitación que alquilan en un barrio humilde en las afueras de La Banda.
En Santiago del Estero no se aplica un protocolo de atención de los casos de aborto permitidos en el Código Penal desde 1921 y lo que ocurre en muchos casos es que profesionales de la salud que trabajan en el sector público operan para impedir las ILE, mienten sobre el tiempo de embarazo de las niñas y postergan la notificación del caso a las autoridades sanitarias de la provincia, para que la gestación sea cada vez más avanzada, y no quede alternativa que continuarla. Así ocurrió en el caso de María.
El 2 de abril la niña fue a atenderse con dolores abdominales a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3, de Villa Griselda, de La Banda acompañada por su mamá.
La revisaron y la mandaron a hacerse una ecografía a otro UPA, ya que ahí no tenían equipamiento. Finalmente, se la hicieron el 6 de abril en el del barrio Misky Mayu.
La ecografía dio una edad gestacional de 20 semanas. La menor y su madre regresaron a la UPA de Villa Griselda y tal como pudo reconstruir la referente en Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos ni le dieron información adecuada y conforme a su autonomía progresiva contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3 y 5) y el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 26), publicó Clarín.
La médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3, de Villa Griselda demoró casi tres semanas en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo de María que, dado que tiene menos de 13 años, se considera siempre que es producto de violencia sexual.
El informe de Pereyra está fechado el 26 de abril pero llegó al Ministerio de Salud de la provincia dos días después. Allí detalla que a la menor se le constató una gestación de 26 semanas. Es decir, informó una edad gestacional distinta, agregándole seis semanas. Además, dice que la niña «refiere haber estado de novia con un joven, y ahora ya no, negando la identidad del mismo».
más adelante, detalla: «Con antecedente de transgresión alimentaria, se indica dieta y seguimiento, programándose control obstétrico». Es decir, se la trata como una mujer embarazada más. Aunque se aclara que «ante la irregular situación de una menor embarazada, se dispone parte a la comisaría del menor y la mujer N° 2».
Cuando el informe ingresó al Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la información notificada por la médica Pereyra, se presumió que la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación, lo cual dificultaba la posibilidad de ILE.
A partir de esto, intervino el área de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y se decidió derivarla a un hospital de mayor complejidad, el Centro Integral de La Banda para que la atendiera un equipo especializado.
El 7 de mayo fue con su madre a atenderse y quedó internada por un día para realizarle los estudios necesarios y, con sorpresa, se descubre y constata que, en realidad, cursaba la semana 24 de gestación, distinto a lo que había informado oficialmente la médica que la atendió. Al día siguiente, la mamá dijo que tenía que regresar a su casa, donde había dejado a sus hijos pequeños, firmó el alta voluntaria y se fueron.
El miércoles 13, una semana atrás, se convocó a un tocoginecólogo especializado de la provincia que dio garantías, siguiendo el protocolo de ILE de Nación, de que se estaba a tiempo para ofrecer la práctica a la niña. Pero un alto funcionario de Maternidad e Infancia, se echó atrás: alegó que en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, le dijeron que no era apropiada la práctica.
En los últimos diez años en Argentina hay un promedio de un femicidio cada 30 horas. Según estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, sólo en 2018 fueron 278. La mayoría de los asesinatos ocurren en las casas de las víctimas y son cometidos por parejas o ex.
