El presidente de Enersa, Ignacio Bergallo, explicó que “la inclusión de las tasas municipales en las facturas es una obligación legal impuesta por la normativa provincial”. Y sumó que hay “una contradicción” entre la normativa nacional y provincial.
La distribuidora de energía Enersa fue una de las 95 empresas de servicios públicos imputadas por la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, debido a la inclusión de tasas y cargos ajenos a los contratos originales entre proveedores y consumidores. La imputación llegó tras una revisión de las facturas emitidas por las empresas, en las que se detectaron tasas no permitidas. Enersa, que opera en la provincia de Entre Ríos, tiene cinco días hábiles para presentar su descargo. De no hacerlo de manera satisfactoria, la empresa podría enfrentar sanciones que llegarían hasta los $2130 millones.
Desde la entidad, aclararon que el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica es de jurisdicción provincial. Enersa es uno de los concesionarios del servicio de suministro de energía eléctrica en la provincia de Entre Ríos y, por lo tanto, es un sujeto regulado por la Autoridad de Control, que es el Ente Provincial Regulador de la Energía (E.P.R.E.) y la Autoridad de Aplicación, que es la Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos. Ambas entidades son quienes fijan las condiciones para la prestación de dicho servicio.
El presidente de Enersa, Ignacio Bergallo, ante Elonce defendió la postura de la empresa al explicar que “la inclusión de las tasas municipales en las facturas es una obligación legal impuesta por la normativa provincial”. Según Bergallo, la empresa está obligada por el marco regulatorio de la provincia de Entre Ríos a incluir estas tasas en las facturas, y no hacerlo sería un incumplimiento de la ley. «Nosotros no tenemos otra opción que cumplir con la normativa provincial, que exige la inclusión de estas tasas. Si no las incluyéramos, estaríamos vulnerando la ley y podríamos ser sancionados», afirmó Bergallo.
En este sentido, Bergallo, explicó que “hay una contradicción entre lo que la Nación entiende que debería estar incluido en la factura y lo que la provincia estableció en su marco regulatorio a nivel legislativo, este marco este conflicto de intereses entre las dos o normas debería resolverse de alguna manera”.
“Los distribuidores estamos obligados a cumplir con la normativa provincial ya que la provincia es la que concede la concesión para prestar el servicio”.
Asimismo, aseguró que la empresa responderá a la notificación dentro del plazo establecido y aclarará por qué las tasas municipales son incluidas en las facturas. «Vamos a presentar nuestra explicación y pediremos instrucciones a la autoridad reguladora provincial sobre cómo proceder en esta situación. Queremos que se entienda que estamos cumpliendo con lo que la normativa provincial nos exige», dijo Bergallo.
La empresa también está trabajando en coordinación con otras distribuidoras de la provincia y con la Fiscalía de Estado para ofrecer una respuesta conjunta y explicar la situación ante las autoridades nacionales. «Nuestro objetivo es que se comprenda que no estamos actuando de manera arbitraria, sino que estamos cumpliendo con las leyes provinciales», agregó.
Al finalizar, Bergallo señaló que que Enersa no desea incurrir en incumplimientos, ya que las sanciones podrían ser severas. «La sanción máxima en este tipo de situaciones podría ser la pérdida de la concesión, y esa es una de nuestras principales preocupaciones. Queremos aclarar que estamos dentro de los plazos establecidos para presentar nuestro descargo y que nuestra intención es cumplir con todas las normativas», concluyó.
Fuente: elonce
