La Justicia suspendió el primero de los tres juicios que debe enfrentar este año el exgobernador Sergio Urribarri. Se trata de la denominada «Causa de la vaca», que iba a sentar en el banquillo al exmandatario a partir del próximo 27 de abril con audiencias que se habían programado hasta el 27 de mayo. Es el tercer aplazamiento de ese juicio.
La postergación se dispuso en el marco de la emergencia sanitaria y de aislamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus y ante «la responsabilidad social e institucional de resguardar la salud pública, evitando exponer a quienes deben asistir al contradictorio -jueces, partes y testigos- a una situación de riesgo sanitario», según la resolución de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).
El juicio debió comenzar el 20 de noviembre último, pero diez días antes se suspendió a pedido de un grupo de abogados defensores por cuanto las audiencias se iban a superponer con las audiencias de las causas Narcomunicipio y Nacoavioneta que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná. La resolución, firmada por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión en base a la petición hecha por los abogados defensores de los imputados, quienes argumentaron que la denominada «causa de la vaca», que investiga el pago de retornos en la distribución de contrataciones publicitarias en vía pública, supone una recarga de trabajo porque su realización coincide con el juicio por la causa narco que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF), en la que están imputados, entre otros, Daniel «Tavi» Celis y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, de la que participan los mismos defensores, recordó Entre Ríos Ahora.
Fue el segundo aplazamiento. En realidad, el juicio tenía fecha de inicio para el 29 de julio, pero la petición de dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que argumentaron problemas de salud, derivó en la primera suspensión.
No bien se conoció la primera postergación, la Procuración urgió la fijación de fecha con el argumento de que una falta de definición “podría atentar contra el derecho de los acusados que no han generado las suspensiones a un proceso sin dilaciones indebidas”.
La investigación penal es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.
El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.
La causa está caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
En la causa, están los abogados Raúl Barrandeguy, que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel; y Gastón Rosenberg, defensor de Jesús Bustamante.
Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función públiva, peculado y fraude a la Administración Pública.
Urribarri ya tiene programados otros dos juicios para este año.
En la causa denominada “Sueño Entrerriano”, en la que se lo acusa de haber utilizado fondos públicos para financiar su fallida campaña presidencial de 2015.
La agenda de audiencia está prevista para agosto. Será los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 y 1°, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de septiembre.
En tanto, en febrero último, la Justicia puso fecha a un nuevo juicio, el tercero, que deberá enfrentar este año el exgobernador y designado embajador en Israel Sergio Urribarri: los días 26, 28, 28 y 30 de octubre de 2020 serán los debates en la causa en la que está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública en la que también están involucrados el exministro de Cultura y Comunicación y exlegislador provincial Pedro Ángel Báez, y el empresario pizzero Germán Buffa.
En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.
Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente , un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. Todo fue extraño, a decir verdad: la orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.
