La Justicia suspendió el inicio de un nuevo juicio oral y público contra el exintendente de Gualeguay, Luis Erro (PJ), acusado de fraude a la Administración Pública en una causa en la que se investigó la compra de espuma para los carnavales de 2013.
El debate estaba fijado comenzar hoy miércoles, a las 9, en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, ante los jueces Darío Crespo, Javier Cadenas y Alejandro Calleja.
Sin embargo, el juicio deberá esperar debido a que el defensor del dirigente, el abogado Miguel Ángel Cullen, pidió al Tribunal la acumulación de dicha causa con otras dos que hay contra Erro, pero que aún no fueron elevadas a juicio. En uno de los legajos se investigó la compra irregular de luminarias y, en la otra, una supuesta irregularidad con unos cheques.
Según supo Entre Ríos Ahora, el fiscal de la causa, Jorge Gamal Taleb, se opuso a la suspensión del juicio, pero aceptó la acumulación de las tres causas ya que se está ante hechos independientes que se pueden juzgar en un solo proceso.
Pero para resolver la acumulación de las tres causas habrá que aguardar a que la jueza de Garantías Alejandra Gómez resuelva los pedido de elevación a juicio formulado por Fiscalía de esas otras dos causas: una que aguarda definición de la magistrada desde 2019, y otra, de diciembre de 2020.
Causa de la espuma
Además de Erro, en el banquillo de acusados también se sentarán el exsecretario de Turismo, Cultura y Deporte, Mariano Dunat; al secretario de Gobierno, Mariano Iturbe; el exsecretario de Hacienda, Pablo Figueroa y a Carolina Camino, una comerciante que ganó la licitación para proveer de espuma a los carnavales de 2013.
La ganadora de la licitación es una profesora de kick boxing, con nula experiencia en el rubro comercial. Para la Fiscalía, durante el proceso de licitación se aplicaron trabas para que ningún competidor pudiera presentarse y así quedarse con el negocio.
La causa está caratulada “Caminos Carolina y otros. Apelación. S/Defraudación a la Administración Pública” y en ella se cuestiona la contratación directa de espuma marca Nashville por una suma de $10 mil pesos de ese entonces.
El juicio, que iba a comenzar este miércoles, iba a realizarse ante los jueces Darío Crespo, Javier Cadenas y Alejandro Calleja. El fiscal a cargo de presentar los cargos es Jorge Gamal Taleb, coordinador de la jurisdicción Gualeguay/Victoria/Nogoyá.
La investigación penal se abrió a partir de una denuncia formulada en febrero de 2013 por el exintendente local Héctor Jaime, que fue funcionario de Cambiemos de Gualeguay de Anses hasta diciembre de 2019.
Causa de las luminarias
Esta causa se inició a instancias de una denuncia formulada por el fallecido intendente de Gualeguay, Federico Bogdan (UCR-Juntos por el Cambio). El dirigente denunció irregularidades en la obra de mejoramiento del alumbrado público. La empresa que fue beneficiada con la contratación fue la firma Radio Lux.
La causa avanzó, y se imputó los supuestos delitos de falsificación de documentos públicos y defraudación al Estado en los procesos administrativos de la obra, que fue financiada por el programa nacional Más Cerca, en 2014. Entonces, el municipio recibió $1,4 millones para la iluminación de los bulevares Arturo Illia y San Juan. Según la acusación, parte del dinero fue utilizado para otros proyectos, desviando los fondos que tenían un destino exclusivo.
La audiencia de elevación a juicio se realizó el 1º de diciembre de 2020, ante la jueza de Garantías de Gualeguay, Alejandra María Cristina Gómez. La magistrada aún no dio a conocer su resolución.
Causa de los cheques
Esta causa tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de Entre Ríos, porque es anterior a 2014, cuando se actualizó el mismo. Se trata de una investigación por el presunto delito de peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La causa se originó por una denuncia del propio tesorero municipal, Rodolfo Estapé, sobre la existencia de cuatro cheques de $2.500 cada uno que fueron recibidos por el Ejecutivo en diciembre de 2009, en el marco de los carnavales 2010, de los cuales solo recibió fotocopias. El dinero de los cheques fue repuesto por el Ejecutivo luego de la denuncia del tesorero, quien fue removido del cargo.
Historial
El exintendente Erro tiene otros expedientes en Tribunales. En algunos fue sobreseído, en otros absueltos y en otros quedó en una situación que podría llevarlo a juicio.
El 21 de marzo de 2019, la Cámara de Casación Penal confirmó la absolución dictada el 24 de febrero de 2017 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay por la supuesta contratación irregular del sonido para los carnavales de esa ciudad.
Luego, el 9 de abril, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) revocó la condena en la causa del medidor de luz del año 2016 y absolvió a Erro y a todos los involucrados. Pero la historia no concluyó ahí.
El proceso se dio así: el 11 de marzo de de 2019, la Sala Penal del STJ absolvió al dirigente y a su exsecretario de Obras Públicas, Alfredo Dellagiustina, al revocar el fallo condenatorio de 2016 que los halló culpables del supuesto delito de peculado.
Contra esa resolución, la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, presentó un recurso extraordinario federal con el fin de que el fallo sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el máximo tribunal del país.
En una resolución firmada el 23 de octubre de 2019, la Sala Penal del STJ le denegó el recurso, señalando que no cumple con los requisitos básicos para llegar a esa instancia. El fallo fue firmado por los tres vocales que la integran: Miguel Ángel Giorgio, Claudio Mizawak y Daniel Omar Carubia.
Pero la Procuración fue en queja a la Corte, donde ahora se deberá resolver el asunto.
Más tarde, Erro fue sobreseído en la causa por el supuesto desvío de fondos públicos para la refacción del edificio del exCorreo Argentino, sin la autorización del Concejo Deliberante.
Y luego se le anuló el sobreseimiento en el expediente por supuesta malversación de caudales públicos en la irregularidad del pago de “cachets” a comparsas que participaron del carnaval de la ciudad de 2009.
También logró zafar de una causa que tramitaba en el juzgado del juez federal Claudio Bonadio y que tenía a 92 intendentes del país procesados por supuestas irregularidades en el manejo de los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRRSU).
Fuente: Entre Ríos Ahora
