El exlegislador y exintendente Raúl Riganti y el actual intendente de Larroque, Leonardo Martín Hassell, entre otros, serán sentados en el banquillo de los acusados el año próximo por el presunto delito de fraude a la Administración Pública.
La causa es por supuesta sobrefacturación en una obra de pavimentación 14 cuadras, ejecutada en 2015, cuando el primero era intendente y el segundo secretario de Gobierno del municipio del departamento Gualeguaychú, ubicado a 256 kilómetros de Paraná.
La Oficina de Gestión de Audiencias de Tribunales fijó que el juicio se desarrollé desde el martes 11 de abril hasta el miércoles 24 de mayo, según se confirmó a Entre Ríos Ahora. El debate oral y público será extenso: las partes discutirán sobre la prueba en 24 audiencias ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú integrado por los jueces Arturo Exequiel Dumón, Alicia Cristina Vivian y Mauricio Daniel Derudi.
El fiscal que llevará adelante la acusación es Lisandro Beherán. En tanto, los abogados defensores son Daniel Otarán, Sergio Garbino y Miguel Ángel Cullen.
Además de Riganti, están imputados Juan Carlos Rochelle (exsecretario de Obras Públicas del municipio), Leonardo Martín Hassell (exsecretario de Gobierno y actual intendente) y Norberto Miguel Marchesini (exsecretario de Hacienda). En el banquillo de acusados no estará el empresario Néstor Hereñú (directivo de Organización Industrial Construcciones OIC SA) ya accedió a una suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation.
La causa se inició en 2016, por una denuncia formulada por Darío Benedetti, de Cambiemos, quien al asumir en la intendencia en 2015 decidió devolver $13 millones a Nación luego de sostener que la obra –según una auditoría propia- fue sobrefacturada.
La investigación penal preparatoria estuvo en una primera instancia a cargo del fiscal Sergio Rondoni Caffa (hoy juez de Garantías de Federación), que imputó a Riganti por los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público. La misma imputación recayó también sobre el exsecretario de Obras Públicas; el exsecretario de Hacienda; el exsecretario de Gobierno y el directivo de la constructora.
Historia del caso
En el expediente, se señala que en mayo de 2015 Riganti celebró un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación General para la construcción de 14 cuadras de pavimento por un monto de 21,6 millones de pesos. Los recursos eran provenientes del plan nacional “Más Cerca”, a cargo del mencionado ministerio.
Sin embargo, el Municipio alcanzó a pagar $8 millones, ya que la nueva administración municipal a cargo de Darío Benedetti (Cambiemos) dispuso una auditoría ni bien asumió, la cual determinó que la obra costaba en realidad unos $5 millones. Respecto al primer monto que figura en el contrato, se dijo que hubo un sobreprecio de $15.602.351,25.
En rigor, según los registros contables, el Municipio le pagó a la firma la suma de $8.582.543,14. Es decir, si se sigue el contrato original, quedó adeudando $12.466.760,90. Para reclamar esa deuda, la empresa constructora inició una causa civil contra el municipio.
En 2019, Hassel, uno de los acusados, accedió a la intendencia e impulsó el cierre de la causa civil que inició la empresa. Fue así que la mayoría oficialista del Concejo Deliberante de Larroque–el Frente de Todos- aprobó un convenio entre el municipio y la empresa OICSA que consistió un acuerdo transaccional con varios puntos, entre los cuales el municipio reconoce deberle a la empresa la suma de $7.798.830,80 por la obra. Es decir, el monto está por debajo de los poco más de $12 millones que reclamaba la constructora.
A pesar de este acuerdo en el fuero civil, la causa penal continuó avanzando y en 2020 el juez de Garantías de Gualeguaychú, Tobías Podestá, elevó la causa a juicio.
La defensa de Riganti
En los años que duró el proceso de investigación, Riganti dio diferentes entrevistas en las que se defendió de las acusaciones. En una de ellas, realizadas en 2018 por Entre Ríos Ahora, sostuvo:“Era necesario utilizar mi nombre y la situación por la que pasé para descalificarme».
“A mí me denuncian porque supuestamente la obra costaba $5 millones, yo pagué $8 millones, que es la verdad, y el perito dice que costó $16 millones. Encima, no recibí la obra. Y ellos –por la gestión de Benedetti- recibieron los $13 millones que faltaban pagar y se los mandaron a Buenos Aires, en vez de ponerlo en el juzgado para que el juzgado disponga de esa plata”, planteó entonces.
