La cifra incluye no solo las prácticas legales según el protocolo de ILE sino que contabiliza también aquellos abortos que están en curso y llegan al hospital.
Cada año, nacen en Entre Ríos un promedio de 21 mil bebés, según cifras de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. A esa estadística se sumó, en 2018, un primer dato que ayuda a entender la dimensión de una cuestión de salud pública que ahora está en debate con el ingreso al Congreso Nacional, y por octava vez, del proyecto de legalización del aborto en Argentina: el año último ocurrieron en Entre Ríos unos 500 abortos registrados por el sistema sanitario público.
Lucy Grimalt, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Entre Ríos y referente en la provincia desde 2005 de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, no se atreve a analizar el dato. “Son los primeros registros con que contamos. Es lo que nos informan los hospitales, e incluyen no sólo las prácticas legales que contempla el Código Penal desde 1921, sino también lo que se denomina como abortos en curso que llegan. Este año recién vamos a tener datos más limpios, que nos permitirá conocer cuántos de esos abortos son consecuencia de la interrupción voluntaria del embarazo, y cuántos abortos en curso que llegan para atención en los hospitales”, explica.
Lo que dice la ley
Desde 1921, el Código Penal permite el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer, y cuando el embarazo es producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente” (artículo 86 incisos 1 y 2 del Código).
En marzo de 2012, en el caso “F. A.L. s/ medida autosatisfactiva”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible, sin importar su capacidad intelectual, sin requerirse autorización judicial previa para acceder a la práctica y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal del delito sino que basta con completar una declaración jurada en la que la mujer víctima de una violación manifieste que el embarazo es producto de ese delito.
En el mismo fallo, la Corte exhortó al Estado Nacional y a las jurisdicciones provinciales a que sancionen protocolos hospitalarios que garanticen el acceso de las mujeres a abortos no punibles (ANP) y a los poderes judiciales a que no obstruyan el acceso a los servicios.
El 3 de mayo de 2012, el entonces ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, dictó la resolución Nº 974 que puso en vigencia un protocolo restrictivo de acceso al aborto no punible. Pero distintas organizaciones, como Amnistía Internacional, lo consideraron restrictivo y en colisión con lo que había dispuesto la Corte.
Pero el texto dictado por la Provincia mereció críticas de distintos sectores.
Esa situación quedó superada a partir del 29 de agosto de 2017, cuando la actual ministra de Salud, Sonia Velázquez, dictó la resolución N° 2.883 por la cual revocó la norma dictada por Cettour y, a la vez, dispuso la adhesión de Entre Ríos al marco normativo que rige en la Nación. De ese modo, cobró vigencia en la provincia el Protocolo para la Atención de Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Ahora se busca que el Congreso de la Nación de en forma definitiva un marco legal más actual para la práctica y legalice el aborto. Por octava vez, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará un anteproyecto de ley este martes en el Congreso. “El proyecto propone la interrupción voluntaria hasta la semana 14. Desde 1921 el aborto es legal cuando un embarazo ponga en riesgo la salud de la madre o cuando sea producto de una violación. Ahora, lo que se propone es pasar a lo que se denomina ´sistema mixto´. Hasta la 14 semana, el aborto es legal cuando se lo decide en forma voluntaria, y que no dependa ningún tipo de causal, como es hoy”, señala Grimalt.
La despenalización, según la nueva norma, sería para el personal de salud que realiza la práctica y para la mujer que decide en forma voluntaria interrumpir el embarazo hasta la semana 14.
Qué pasa en Entre Ríos
Desde el vamos, se sabe que los cambios serán paulatinos: que nada sucederá de forma sorpresiva ni de prisa.
Desde 2017 en Entre Ríos está vigente el protocolo de actuación en casos de aborto no punible –contemplados en el ordenamiento legal desde 1921- pero su apropiación por parte de los sistemas de salud es lentísimo. Y por eso el Ministerio de Salud de Entre Ríos viene trabajando en forma coordinada con la Nación para que “se cumpla la parte de la ley que dice que el aborto es legal en determinadas causales. Hay que trabajar muchísimo en despejar dudas, y en cuestiones que han sido distorsionadas. Y por eso es que no se está cumpliendo en un 100% con la ley”, asevera Grimalt.
“Es un proceso que iniciamos cuando la ministra promulgó en 2017 una resolución para adherir al protocolo nacional, de manera que haya una guía bien clara y precisa para los efectores de salud en relación a la interrupción del embarazo –explica-. Ese trabajo lo venimos haciendo, con capacitación a los equipos de salud y además con la provisión de medicación para primer nivel de salud”.
Enseguida admite que la tarea es compleja y paso a paso. “No en todos los lugares se está aplicando el protocolo. Hay mucha resistencia en muchos integrantes de los equipos de salud. Frente a esto, hay dos caminos: uno sería la aplicación de una sanción a quien no cumpla con la ley; pero elegimos el otro camino, que es el que se viene trabajando en todo el país, que es ir a cada uno de los equipos de salud, trabajar en concientización y en formación legal. Llevamos la tranquilidad a los profesionales respecto a que están cumpliendo con la ley, y que al contrario, no cumplir con la ley, puede tener algún tipo de penalidad”, aseveró.
El procedimiento que más se efectúa es el que se apoya en la medicación, el misoprostol: para eso se distribuyen las partidas que envió la Nación.
“El proceso es lento –señala Grimalt-. De los 318 efectores de salud que tenemos en la provincia, apenas estamos en un 5% donde se garantiza la práctica del aborto no punible. Yo personalmente creo que este es el camino que hay que seguir:, trabajar con los efectores, sacar los miedos, convencer de que es una práctica segura, generar conciencia de que no es una práctica ilegal, que hay que cumplir con los derechos”.
