Las manifestaciones que ya llevan una semana comenzaron con el rechazo ciudadano a un ambicioso proyecto de reforma fiscal pero continuaron aún después de que fuera cancelado por el presidente Iván Duque. Cifras oficiales señalan que, entre la represión y los disturbios, al menos 24 personas murieron y más de 800 quedaron lesionadas.
Miles de personas volvieron a las calles de Colombia este miércoles para protestar contra el gobierno del presidente Iván Duque, al fin de una semana de manifestaciones que se tornaron violentas y dejaron ya al menos 24 muertos, la mayoría por disparos.
Bajo la lupa de la comunidad internacional -que denunció excesos de la fuerza pública-, estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores salieron a las calles de la capital Bogotá, así como de Medellín en el noroeste y Cali en el suroeste.
El disparador fue el rechazo a la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque. Pero el abanico del descontento era más amplio, por eso no amainó luego de que el presidente anunciara que retiraba el proyecto impositivo y que estaba dispuesto a negociar uno nuevo con la oposición y otros actores políticos. Los reclamos son variopintos: mejores condiciones en salud, educación, seguridad en las regiones, cese del abuso policial contra las manifestaciones, entre otras.
Las movilizaciones han sido en su mayoría pacíficas, pero en algunas ciudades se tornaron violentas. De acuerdo a cifras oficiale, hasta este martes al menos 24 personas murieron (18 baleados), más de 800 quedaron lesionadas y 89 están desaparecidas. Onegés denuncian que la policía ha disparado contra manifestantes y que las víctimas fatales superan las 30 personas. Las autoridades también registran tres policías heridos de bala.
Así, lo que había empezado como una manifestación pacífica el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal ya retirada se transformó en la protesta más grande contra el gobierno conservador desde que llegó al poder en 2018.
Condena internacional
La presión en las calles no cede, ante la vigilancia de la comunidad internacional que denunció ataques de policías contra civiles. La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch llamaron a la calma y le exigieron garantías al gobierno en medio de las protestas. Según Reporteros sin Fronteras hubo además 76 agresiones contra periodistas, diez de ellos lesionados por la fuerza pública.
Bogotá vivió una noche de tensión el martes. Treinta ciudadanos y 16 policías resultaron heridos tras los choques con uniformados que dejaron 25 puestos policiales afectados, según la alcaldía local. La violencia estalló también en Cali el lunes dejando cinco muertos y una treintena de lesionados.
Según la Fiscalía, detrás de los desmanes están disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016; el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas narcotraficantes.
“La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública”, dijo el presidente Duque este miércoles.
Por su parte, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno dijo a Infobae este miércoles que el servicio de Inteligencia de Ecuador “ha detectado una injerencia política y económica por parte de Maduro en Colombia”.
“Creo que es importante que todo el mundo le diga en este momento a Maduro que saque sus sangrientas y abusivas manos de Colombia. Colombia es un país maravilloso, en el cual sin duda alguna debe tener problemas, sin duda alguna debe haber personas que estén reclamando por aquella decisión del presidente Duque. Pero hay que reconocer la violencia. Y yo nunca quisiera interpretar violencia como que es protesta social. La violencia no debe estar dentro de la política internacional”, declaró Lenín Moreno en un reportaje durante el foro “Defensa de la democracia en Las Américas”.
Duque pide “diálogo”
A las movilizaciones y los disturbios se suman bloqueos en vías. Algunas ciudades como Cali registran desabastecimiento de gasolina y preocupación por el paso de camiones con insumos médicos en plena pandemia del coronavirus.
Duque aseguró que abrirá “espacios de diálogo” para escuchar a los ciudadanos. El gobierno prevé once reuniones que comenzarían este martes con las cortes, el Congreso, organismos de control y la fiscalía, sin incluir todavía a los líderes de las protestas.
El llamado Comité del Paro, que reúne a los sectores inconformes, se dijo abierto a una negociación directa sin intermediarios.
El ministerio de Defensa desplegó 47.500 uniformados en todo el país durante las manifestaciones. Solo en Cali hay 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios (Esmad), 1.800 policías y dos helicópteros adicionales. Desde el fin de semana los militares también patrullan la capital.
Con la popularidad en picada (33%), el presidente ha enfrentado protestas masivas desde 2019, asediado por un descontento avivado por la pandemia en un país que sufre más de medio siglo de conflicto armado.
El lunes pasado, el presidente Duque retiró la iniciativa de reforma tributaria presentada el 15 de abril y el ministro de Hacienda renunció.
Pero el malestar posconflicto pareció instalarse en uno de los países más desiguales del continente, con un desempleo del 16,8% y una pobreza que alcanza al 42,5% de la población, según cifras oficiales.
Con la frustrada reforma fiscal el Gobierno de Duque aspiraba a recaudar 23,4 billones de pesos (unos 6.302 millones de dólares) destinados a mejorar las finanzas púbicas y dar continuidad a los programas sociales para los más pobres.
El actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ya indicó que el nuevo proyecto de reforma será menos ambicioso, del orden de los 14 billones de pesos (unos 3.656 millones de dólares), y a diferencia del anterior, no propondrá el aumento del IVA (del 19 %) para bienes y servicios para no afectar a “sectores sensibles” como las clases media y baja, ni se ampliará la base tributaria con los que menos ganan.
Colombia tiene un problema con las reformas fiscales y es que suelen ser diseñadas con una visión de corto plazo, para atacar problemas coyunturales, como los efectos de la pandemia, y la que tiene incendiado al país es la número 15 desde 1991, lo que significa que cada dos años hay una discusión de este tipo.
La economía colombiana goza de la confianza de los mercados financieros, cimentada en su manejo ortodoxo de las finanzas, pero las manifestaciones recientes han sacado a la luz una cara poco conocida del país, la de millones de personas que a diario hacen maniobras para sobrevivir, situación agravada por la pandemia de coronavirus.
