Pretende la “prohibición de las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles” de cualquier índole, para lo cual el Estado deberá proceder “al bloqueo y/o inhibición de toda señal de celulares”.
Mediante un proyecto de Ley presentado esta semana en la Cámara Baja de Entre Ríos, el diputado Nicolás Mattiauda (PRO-Juntos por el Cambio) propone una nueva regulación de las comunicaciones telefónicas de los internos en las cárceles, mediante la aplicación de inhibidores de señal para el uso de dispositivos móviles ingresados ilegalmente a las unidades penitenciarias de la provincia.
Para el legislador de Gualeguaychú, la iniciativa tiene como objetivo lograr que el Estado brinde respuestas concretas a las diferentes modalidades delictivas que se llevan adelante mediante la utilización de celulares ingresados ilícitamente en las cárceles.
El proyecto dispone la “prohibición de las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles” de cualquier índole, para lo cual el Estado deberá proceder “al bloqueo y/o inhibición de toda señal de celulares dentro de los establecimientos penitenciarios a fin de impedir u obstaculizar el uso de dichos dispositivos de acuerdo a lo que disponga la reglamentación”.
Además de determinar la cantidad de llamadas que podrá hacer cada interno semanalmente, la duración de las mismas y la franja horaria en la que deberán realizarse, la iniciativa propone que las comunicaciones con el exterior se realicen a través de telefonía fija conectada a un conmutador.
De esta manera, la unidad penitenciaria podrá tener un control respecto a quién realizó la llamada y duración de la misma, número y relación con la persona destinataria y si la comunicación se realizó bajo el sistema de cobro revertido, entre otros aspectos.
La iniciativa de Mattiauda propone que “será obligación de la operadora llevar registro de la información suministrada por el interno” y que “en todas las comunicaciones telefónicas procedentes de instituciones carcelarias dependientes del sistema penitenciario provincial, la operadora deberá comunicar al receptor que se trata de una llamada proveniente de la misma, debiendo indicar el nombre del interno respectivo y el número de teléfono gratuito habilitado para efectuar denuncias ante la eventual comisión de delito”.
Y agrega que en caso de existir sospecha fundada de la posible comisión de un ilícito realizado mediante comunicaciones telefónicas desde una cárcel, “la Autoridad Penitenciaria deberá formular denuncia por ante la Autoridad Judicial correspondiente y simultáneamente iniciará sumario disciplinario conforme a las pautas establecidas en la normativa legal vigente, debiéndose suspender en forma preventiva cualquier comunicación telefónica pretendida por el interno, medida que en ningún caso podrá tener una duración superior a tres meses y deberá ser comunicada al Juez de Ejecución o Juez competente”.
El proyecto de Ley establece que se designará como autoridad de aplicación de la medida al Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, y que se autorizará al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias pertinentes a los efectos de la adquisición de los equipamientos que permitan el cumplimiento de la norma.
En los fundamentos de la iniciativa, el legislador del Pro integrante del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, mencionó diversos hechos irregulares acontecidos por el uso de celulares en las cárceles de la provincia. Entre ellos, el más reciente es el que se conoció a principio de mes cuando en la unidad penal de la ciudad de Victoria, penitenciarios descubrieron un pozo de un metro de profundidad donde los internos escondían dispositivos móviles que utilizaban, entre otras cosas, para realizar video llamadas.
Mattiauda argumentó además que “se han constatado a nivel nacional, diferentes modalidades delictivas que son llevadas a cabo mediante celulares ingresados ilícitamente en los establecimientos penitenciarios. Algunas de estas modalidades son los secuestros virtuales, las extorsiones a comercios y hogares, balaceras con distintos objetivos”.
Y agregó: “En función de estas circunstancias, es necesario controlar y bloquear las señales de telefonía celular e internet desde los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de evitar la organización de ilícitos desde los establecimientos penitenciarios, siempre sin afectar el derecho a la comunicación del que deben gozar las personas privadas de su libertad”.
Como comparación con otros países que han dispuesto la utilización de inhibidores de señal de celular en cárceles para evitar la organización de delitos desde ese lugar, el diputado provincial mencionó a modo de ejemplo a México, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y España.
“Es absolutamente necesario reglamentar el derecho de los internos a las comunicaciones telefónicas como mecanismo para poner freno a la recurrente ola de delitos que padece la sociedad, buscando permanentemente la reinserción social de quienes se encuentran en establecimientos carcelarios”, puntualizó Mattiauda en sus fundamentos.
