Hace dos semanas la conexión física había quedado totalmente a oscuras por el robo de cientos de metros de cables de energía eléctrica. Desde entonces, comenzaron los trabajos de planificación para la reposición parcial de lo robado. De la provisión de luz dependía el balizamiento del Paraná, por lo que las tareas se aceleraron y ya el martes pasado se restituyó una fase.

De esta forma quedaron activas el 60 por ciento de las luminarias y la totalidad de las balizas náuticas imprescindibles para la navegación de buques de gran calado.

“Hoy este tema está cubierto y se sigue trabajando para la restauración total, pero no será de un día para el otro”, aclaró Bradanini y agregó que reponer todo el daño causado por la sustracción del cableado tiene un costo aproximado de 90 millones de pesos.

“La idea es reponerlo a mediano plazo, pero no es sencillo. En algunos lugares hay cables a 8 metros de altura, hay una nueva etapa de planificación con vistas a solucionar el problema. Son cables difíciles de conseguir, hubo que usar partes de otras estructuras”, consideró y advirtió que el robo fue “complicado, difícil de hacer, lo que podría haber producido un desastre”.

Destacó que el dinero aportado para esta reposición parcial “salió del concesionario” y recordó que la explotación comercial del puente tiene fecha de vencimiento.

Definición
Por su parte, el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, aseguró que “no se le va a renovar el contrato a Caminos del Río Uruguay” y destacó que “en principio, el puente estaría quedando en manos de Corredores Viales. Sería una transición hasta que se defina cuál será el destino de esta traza.

Tenemos el dato que esta resolución está a la firma (del Organismo de Control de Concesiones Viales, Vialidad Nacional y el Ministerio de Obras Públicas). Pero lo que está definido es que no se dará una nueva concesión a la actual firma. Termina en octubre y entrega el tramo.

Una vez que se llegue a esta instancia, habrá que definir en qué sector del Estado queda su control (podría quedar en la órbita del Distrito Entre Ríos de Vialidad) o bien se podría definir si se llama a una nueva licitación (hasta el momento el Estado no cobra peaje, por lo que podría hacerlo un privado bajo la supervisión de este organismo)”.

La definición está atravesada por una serie de factores. En marzo, la empresa se declaró en concurso preventivo de acreedores.

Koch también ya había señalado que “se registran visibles falencias en materia de señalización, corte de pasto y banquinas deterioradas”.

Según trascendió en publicaciones periodísticas, desde 2006 Crusa tuvo más de 40 pedidos de readecuación tarifaria por diferentes rutas a su cargo y desde 2019 a la fecha, con una inflación por encima del 300 por ciento, solo recibió el aval para aplicar un 37 por ciento de aumento. Restaba definir unos tramos pendientes de mayo y el mes en curso.

Pero también la relación entre el privado y el Estado está atravesada por reclamos cruzados. Vialidad le exige en concepto de multas por incumplimientos de obras no hechas más de 2.800 millones de pesos. Y Crusa contrataca manifestando que no se ejecutaron por culpa del Estado, al no respetar el contrato. Y argumenta que destinó más de 2.600 millones a las áreas viales a su cargo. Es más, se denuncia un falta de inversión estatal en el orden de los casi 70 mil millones de pesos.

Crusa tiene a su cargo las rutas 12 y 14, lo que incluye el puente Zárate Brazo Largo, y desde 2015 le fue otorgada la concesión de la 174. que incluye el puente Rosario-Victoria.

Fuente: La Capital – LT 39