A una semana de que entre en vigor la norma, matarifes y frigoríficos pidieron a las autoridades suspender el troceo. Argumentan que no están dadas las condiciones para su implementación.
En una reunión mantenida días atrás, los empresarios industriales de la carne, matarifes, consignatarios, productores y cámaras representantes de la cadena de ganados y carnes, fueron convocados por la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, CAMYA, al efecto de analizar la medida anunciada por las autoridades referidas a la obligación de comercializar la carne vacuna en cortes de un peso inferior a los 32 kg.
En la misma, estuvieron presentes la mayor parte de los empresarios relacionados con el consumo interno de carnes, tanto del conurbano como del interior del país, como así también representantes de las Cámaras Frigoríficas, y de entidades de productores y consignatarios, tales como FIFRA, CICCRA, UNICA, CADIF, CIFA, CAFRISA, Federación Gremial de La Carne, Centro de Consignatarios, CAF, autoridades del MAG, FAA y CONINAGRO.
Por consenso, concluyeron que la medida resulta «totalmente inviable». Además, solicitaron a las autoridades nacionales que suspenda la aplicación de la medida, «permitiendo descargar medias reses con medios mecánicos, y se convoque a los sectores afectados al efecto de encontrar soluciones viables y sustentables en el tiempo que permitan por la vía del consenso, y sobre bases técnicas sólidas, avanzar en forma efectiva en la modernización del consumo, integrando a todos los actores de la cadena de valor, y muy especialmente a los trabajadores, su salud, y sus fuentes de trabajo».
Así lo manifestó Sergio Pedace, vicepresidente de la entidad, al sostener que la reunión fue muy positiva, con mucha concurrencia, pero aclaró que «la industria del consumo interno no está en condiciones de lograr este objetivo, los matarifes lo venimos diciendo: necesitamos más tiempo, más reuniones, para poder llegar a lo óptimo, sin descuidar a los trabajadores de la industria, sobre todo quienes llevamos las carne a las carnicerías».
Finalmente, adelantó que van a mandar una nota al ministro de Economía para la suspenda hasta tanto podamos adaptar los frigoríficos y los camiones. No llegaron los créditos a las industrias para poder hacerlo».
Tres décadas sin que estén dadas las condiciones
La normativa que en teoría comienza el lunes obliga a comercializar la carne bovina en trozos de hasta 32 kilos, en consonancia con disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, ya no volveríamos a ver a esos trabajadores de blanco de pies a cabeza cargando medias reses sobre sus hombros desde los camiones hasta las carnicerías. A partir de que se implemente, se estima que la carne se repartirá a las carnicerías en tres partes: el cuarto delantero, el cuarto trasero y el «parrillero» (asado, vacío, matambre, entraña y tapa de asado).
En realidad, todos los eslabones de la cadena bovina coinciden en que el hombreo de medias reses no puede seguir, tanto por la salud de los trabajadores, como por la sanidad de la carne. Pero, aunque a todos les parece bien, la mayoría dice que no es el momento de hacerlo. A la vez, es cierto que esto viene ocurriendo desde hace al menos tres décadas, cuando Felipe Solá, entonces secretario de Agricultura de Carlos Menem, lanzó el programa Corte por lo Sano, que nunca se logró implementar.
Sucede que las medias reses pesan en promedio 110 kilos, por lo tanto, para cumplir el tope de 32 kilos de carga, hay que trocearlas en tres o cuatro partes. Pero, para cortarlas y que no se destrocen, deben haber tenido al menos 24 horas de frío. Y eso requiere grandes y costosas cámaras frigoríficas, como las que obligatoriamente ya tienen los frigoríficos exportadores pero muchos mataderos dedicados al consumo interno no.
«La verdad es que hay empresas que ya hacen las cosas bien, empresas que quieren hacer las cosas bien, y empresas que no quieren», dice un antiguo empresario del sector. «Siempre se dice que no es el momento de hacer el cambio, por la crisis… Es una crisis crónica». No obstante, es cierto que esta normativa no fue acompañada de consensos, planes, créditos blandos o campañas para reducir la informalidad, para darles a las eventuales inversiones un apoyo y una perspectiva de largo plazo.
