Por más de nueve horas hubo ponencias de empresas distribuidoras y de las entidades que defienden a los usuarios. Estas se opusieron al aumento y reclamaron que no sea aplicado este año.
El pedido de un 23% de aumento en la tarifa eléctrica para el quinquenio 2016-2021 solicitado por la Empresa de Energía SA (Enersa) marcó el termómetro de la audiencia pública convocada ayer por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) que tuvo lugar ayer en Villaguay. La compañía que concentra más del 70% del mercado distribuidor en la provincia contrató a una consultora para defender los argumentos por los cuales considera necesaria la revisión del cuadro tarifario. Al fundamentar las razones de su solicitud la firma sostuvo que el ingreso que se obtiene por el pago de la factura se traduce en inversiones y en la mejora de la calidad del servicio, entre otros ítems, por lo tanto se pronunció a favor de modificar el valor tarifario. La audiencia que comenzó a las 10.30 en el cine Berisso contó con la participación de 21 expositores, siendo presidida por el nuevo interventor del EPRE, José Carlos Halle, aunque no fue menos llamativa la presencia de Marcos Rodríguez Allende (actual director jurídico), quien se alejó recientemente del cargo.
La que abrió la ronda de oradores fue la Cooperativa Eléctrica de Concordia: la entidad reclamó un aumento del 25%, una cifra que está en consonancia con lo requerido por Enersa. Los representantes de las cooperativas, unas 18 en la provincia, explicaron que se encuentran padeciendo un proceso de desfinanciamiento y el avance mayoritario en la captación de usuarios por parte de Enersa. El titular de la cooperativa concordiense aseguró en comunicación con UNO que la petición de ese porcentaje tiene una razón técnica. «Se basa en estudios de técnicos especializados de Buenos Aires», afirmó César Gottfried. El empresario sostuvo: «El aumento otorgado a principios de año no nos alcanzó, sino que apenas mejoró el nivel por debajo del costo».
«Esa es la realidad de hasta donde podemos llegar. Con eso no podemos invertir y no podemos pagar deudas. Hay que seguir invirtiendo para prestar un mejor servicio», evaluó. Por la cantidad de hogares a los que abastece energía eléctrica -se calcula en 55.000 consumidores- la de Concordia es la distribuidora más importante de la costa del Uruguay, seguida por la Cooperativa de Gualeguaychú y en tercer lugar, por la de La Paz. Gottfried también remarcó que el costo del peaje que se le paga a Enersa representa «un viejo problema». Sobre este aspecto, indicó que se realizó un planteo administrativo a nivel nacional «para pagar menos» ya que en la actualidad se destinan 4 millones de pesos a este servicio. «Se dictó una medida de no innovar», aclaró. Consultado acerca de lo que puede dictaminar el EPRE, arriesgó: «Se va a aprobar el aumento y no se va a poner en práctica por razones de tipo social. Quizás apliquen un pequeño porcentaje. No creo que pongan un aumento importante».
Quieren que la suba sea desde 2017
En representación de los usuarios disertaron diferentes oradores, quienes más allá de desarrollar diversas líneas argumentativas coincidieron en que tiene que darse una reformulación en el método de determinar el precio de la tarifa. La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia designó para exponer al procurador Fernán Poidomani. Solicitó que el aumento no sea aplicado a partir de este año y que en caso de aprobarse sea en forma progresiva. «Las subas deben programarse año a año, nunca se deben autorizar incrementos por encima de los acuerdos salariales. No se debe afectar el poder adquisitivo del consumidor», expresó el técnico.
Poidomani señaló la necesidad de brindar información clara ante los aumentos anunciados para que se puedan programar los consumos. «Hasta ahora los aumentos han sido suficientes, no se los puede pagar», enfatizó. También en su alocución exhortó a que los aumentos autorizados vayan en la línea con el proceso inflacionario. Poidomani, en su ponencia, se detuvo en un concepto que figura en la tarifa eléctrica: se trata de las contribuciones municipales, e hizo notar que ese concepto se encuentra gravado con el IVA. «La tarifa de Entre Ríos tiene valores actualizados».
Por su parte, el titular de la Defensoría del Pueblo de Paraná, Luis Garay, mencionó que junto al contador de la organización, analizaron los balances de la empresa Enersa y encontraron «contradicciones». Al especificar en este aspecto, dijo que vieron que la compañía engrosó la planta de personal y que tiene contrataciones de terceros.
En diálogo con UNO manifestó que la Defensoría se opone al aumento y que por este año no se toque el cuadro tarifario. «Si eventualmente se aumenta tiene que ser progresivo y pagarse en cuotas».
Lo que establece el marco regulatorio
De acuerdo a su esquema de funcionamiento interno, el EPRE tendrá entre 30 y 60 días para determinar en cuanto a los pedidos formulados por cada una de las partes.
Según establece el artículo 32 del Marco Regulatorio Provincial, inciso Tarifa, «los contratos de concesión a distribuidores incluirán un cuadro tarifario inicial que será válido por un período de cinco (5) años y se ajustará a los siguientes principios: a) establecerá las tarifas iniciales que correspondan a cada tipo de servicio ofrecido, y se calcularán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la presente ley. b) Las tarifas subsiguientes establecerán el precio máximo que se fije para cada clase de servicios. c) El precio máximo será determinado por el Ente Provincial Regulador de la Energía de acuerdo con los indicadores de mercado que reflejen los cambios de valor de bienes y/o servicios. Dichos indicadores serán a su vez ajustados, en más o en menos, por un factor destinado a estimular la eficiencia y, al mismo tiempo, las inversiones en construcción, operación y mantenimiento de instalaciones. d) Las tarifas estarán sujetas a ajustes que permitan reflejar cualquier cambio en los costos del concesionario, que éste no pueda controlar».
