El Superior Tribunal de Justicia revocó por unanimidad la sentencia de primera instancia, y por lo tanto dejó legítimo y válido el decreto provincial que regula la aplicación de agrotóxicos en cercanías a escuelas rurales.
Al respecto, desde el Foro Ecologista de Paraná se adelantó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el decreto provincial que regula las fumigaciones.
“Este fue un resultado muy desafortunado para quienes estamos detrás de estas cuestiones y para quienes ejercemos la profesión también porque habíamos tenido cinco sentencias favorables que habían marcado una tendencia jurisprudencial única que estaba siendo vista en todo el país y analizada hasta en territorios del exterior y lamentablemente esto marca un retroceso en lo que hace a materia ambiental y la jurisprudencia local”, apuntó la representante legal de la entidad, Aldana Sasia, en relación a la resolución del STJ que se conoció este lunes.
“Este fallo fundando solo en cuestiones formales, que se aparta de la evidencia científica que está en el expediente, deja mucho que desear en cuanto a la ponderación de derechos por parte de nuestro Tribunal”, sostuvo Sasia, consignó el portal Elonce TV.
“El fallo del Superior Tribunal es un retroceso, pero no es tan inesperado porque en junio hubo una reforma exprés de la ley de Procedimientos Constitucionales, por la cual se reguló la figura del amparo y lo que se modificó por un proyecto del Poder Ejecutivo, fue la composición del Alto Cuerpo al momento de emitir resoluciones en estas cuestiones de amparo ambiental”, explicó la abogada.
Y continuó: “Anteriormente, las resoluciones eran dictadas por la Sala de Procedimientos Constitucionales, y ahora se apartó esa justicia natural, y la resolución es por parte de cinco miembros que devienen de un sorteo de todo el Tribunal”.
Sasia detalló que, “a través de una serie de excusaciones, la Sala que se venía pronunciando en oportunidades anteriores, no lo hizo porque fueron excusados y recusados, entonces resolvió un Tribunal totalmente diferente, del que ya sabíamos que podía ser este el resultado porque claramente había sido intención del Ejecutivo el reformar la Ley de Procedimientos”.
Para la abogada del Foro Ecologista de Paraná, son “lamentables” este tipo de resoluciones “porque se constituye un Tribunal que desconoce en absoluto lo que eran los antecedentes de estos procesos y porque el análisis que se hace en la sentencia se aparta absolutamente del contenido, y solo se resuelve en cuestiones procesales que ya habían sido tratadas en amparos anteriores”.
Acudirán a la Corte Suprema
“Es un desaliento que nos motiva para que esto reaccione en estamentos de máxima formación, como la Corte Suprema de Justicia que ya viene dando antecedentes en Entre Ríos como el caso Amarras que mandó a nuestro Superior Tribunal a reformar la sentencia”, aseguró a a Elonce TV la representante legal de la entidad ambientalista.
Y en ese sentido, argumentó: “Hablamos de la salud de niños de escuelas rurales y en el expediente se pudo demostrar el daño genético que tienen muchos de esos chicos que acuden a esas escuelas; ocho de cada diez tienen daño genético reversible si son apartados de estos ambientes”.
“Este fallo fundando solo en cuestiones formales, que se aparta de la evidencia científica que está en el expediente, deja mucho que desear en cuanto a la ponderación de derechos por parte de nuestro Tribunal”, sentenció.
“Quedamos preocupados, pero nos da la posibilidad a que sea resuelto por instancias superiores”, indicó.
Respecto de las distancias para las fumigaciones en cercanías a escuelas rurales, la abogada recalcó que “en la sentencia primigenia basada en un estudio del Conicet, una bióloga genetista solicitaba que la distancia no sea menor a 1.095 metros, pero el decreto del gobernador, sin el aval de la ministra de Salud, fijó una distancia de reducción de 100 y 500 metros”.
“Es un retroceso muy grande en lo que hace a la ponderación y el resguardo de la salud que era el objetivo fundamental de esta acción”, subrayó Sasia.
A continuación, la abogada lamentó que “se dejó pasar” lo que hubiese sido “un momento emblemático para fijar una pauta de producción en esas hectáreas, el habilitar otro modo de producir”.
“Creemos que es fundamental que ingresen dólares a nuestro país, pero también hay otros modelos que no es solo a través del modelo actual agroindustrial”, apuntó al respecto.
Consultada sobre el tiempo que demandaría una resolución en la Corte Suprema, la abogada del Foro Ecologista reconoció que “puede llevar un tiempo bastante largo” y lamentó que “mientras tanto se seguirá fumigando sin ninguna política de reducción”.
Mencionó, además, “el contrasentido de esta resolución que condena a plantar una barrera arbórea como prevención, siendo que puede tardar hasta diez años en crecer y esos niños que estamos tratando de proteger ya no estarán más en las escuelas”.
“La celeridad que pedimos es en base a esa protección y necesidad”, justificó.
Política
Punto aparte, sugirió que se desconocen “cuáles serán los métodos de control (de las fumigaciones) porque el Estado ya había demostrado que era inviable e imposible controlarlas, porque la secretaria de Producción cuenta con dos camionetas y dos ingenieros agrónomos para toda la provincia. Quién puede llegar a controlar 250 mil hectáreas”, se preguntó.
Para finalizar, adelantó que “muchísimas organizaciones de Derechos Humanos, ambientales, políticas y sociales piensan presentarse ante la Corte, en calidad de amicus curiae porque la sentencia (que fue rechazada por el STJ) era esperanzadora e implicaba un punto inicial para que el país empiece a producir de otra manera y a mirar políticas a largo plazo que ponderen la protección de la salud de nuestros niños, de todos los que habitamos el territorio y de futuras generaciones”.
