La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo que declara el estado de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos hasta el 31 de diciembre de 2024.
El objetivo es “garantizar la atención básica de la alimentación a través de la provisión de alimentos de calidad y la nutrición adecuada, priorizando la atención de la población en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de subsistencia, mediante la habilitación de procedimientos administrativos expeditivos para la adquisición oportuna de alimentos, insumos de uso alimentario y enseres necesarios para su elaboración”.
El diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos) fue el encargado de defender la iniciativa impulsada por el Gobierno de Rogelio Frigerio: “La alimentación es un derecho fundamental para el desarrollo de la vida y de la dignidad humana”.
Hizo referencia “al impacto negativo que la inflación tiene sobre la posibilidad de alimentarse” y aseguró que en este contexto “creció notablemente la demanda de alimentos al Gobierno y para responder de manera eficiente necesitamos esta ley”.
Por su parte, la diputada Laura Stratta (PJ) consideró que “es urgente” la declaración de la emergencia teniendo en cuenta “la aplicación de la motosierra y de la licuadora” sobre todos, pero que afecta mucho más a los sectores más vulnerables: “Alimentarse no es un privilegio, sino que es un derecho y el Estado debe garantizarlo”.
Recordó que su bloque había presentado un proyecto “integral de emergencia alimentaria, que es mucho más amplio que “agilizar los procesos del Estado para dinamizar las compras” y enseguida destacó que algunos puntos de esa iniciativa fueron incorporados al proyecto del oficialismo: la conformación de una Mesa de Diálogo Social y la ampliación de partidas presupuestarias son dos de los artículos incluidos.
El bloque Fe y Libertad, la Libertad Avanza y el Partido Conservador Popular acompañaron la iniciativa
El proyecto que este jueves recibió sanción definitiva había sido aprobada el 17 de abril por la Cámara de Senadores.
