La declaración de un senador «arrepentido» ha complicado la situación judicial del ex mandatario en la causa por corrupción en Petrobras
El juez Sergio Moro, de Curitiba, Brasil, quiere saber si Lula da Silva, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, ha ocultado parte de su patrimonio y ha lavado dinero proveniente de la red de corrupción montada en la petrolera estatal Petrobras.
Una veintena de poderosos empresarios y medio centenar de políticos de primera línea están acusados de montar una estructura para desviar unos 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2010, provenientes de sobornos para la adjudicación de contratos.
Lula siempre ha proclamado su inocencia. En un comunicado difundido el 3 de marzo pasado, el Instituto Lula ha dicho en su nombre que el ex mandatario «jamás participó, directa o indirectamente, de cualquier ilegalidad,bien sea en los hechos investigados por la Operación ‘Lava Jato’ o en cualquier otro, antes, durante o después de su Gobierno». «Lava Jato» es el nombre en portugués que la Justicia ha dado a la investigación en Petrobras.
En las últimas semanas, Lula ha divulgado varias notas para defenderse de las acusaciones de que fue beneficiado por empresas que participaron en la red. Esas empresas, según la acusación judicial, habrían pagado reformas en propiedades que se le atribuyen al ex presidente.
La atención se ha puesto sobre todo sobre un apartamento en el litoral de San Pablo y una casa de campo en la misma zona que Lula habría recibido como favor de algunas constructoras implicadas en la red de sobornos.
Pero la situación de Lula se ha complicado en las últimas horas tras la declaración de Delcidio Amaral, ex jefe del bloque oficialista en el Senado y acusado en el escándalo. Amaral ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía de Brasil para delatar a otros responsables a cambio de una reducción de pena. La revista Istoé ha publicado supuestos extractos de la declaración del legislador, pese al secreto de sumario.
Según la revista, el senador dijo a los fiscales que Lula le «pidió expresamente» que intentara sobornar al ex director de Petrobras, Nestor Cerveró, uno de los principales implicados en el escándalo y también delator, para convencerlo de suspender su colaboración con la Justicia.
El senador también habría acusado a la actual presidenta y sucesora de Lula, Dilma Rousseff, de intervenir directamente en el nombramiento de algunos miembros del Supremo Tribunal de Justicia a fin de favorecer «la liberación» de empresarios detenidos por el caso.
El Gobierno ha dicho que cualquier declaración de Amaral «no tiene ninguna credibilidad».
Fuente: Infobae
