Escándalo en Santa Cruz: un intendente se aplicó la vacuna Sputnik V junto a su esposa y su chofer

El jefe comunal de Comandante Luis Piedrabuena, Federico Bodlovic, recibió críticas por inmunizarse antes que el personal de salud prioritario.

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La decisión de un intendente de aplicarse la vacuna de Sputnik V desató una ola de críticas en la provincia de Santa Cruz. Es que, además de no constituir personal de salud prioritario, el jefe comunal se inmunizó junto a su esposa y el chofer del municipio.

El escándalo ocurrió en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, un distrito pequeño ubicado a 240 kilómetros de Río Gallegos y donde se sienten los faltantes de dosis. El intendente, Federico Bodlovic, quedó en la mira del personal de salud por incumplir los criterios del plan de vacunación.

En el Hospital Distrital “Armando Zamudio” se vacunaron 75 personas, del total de 200 integrantes del personal del hospital. Las dosis no iban a alcanzar. La controversia se disparó cuando el propio director del hospital, Mario Tripputi, confirmó a sus colegas que Bodlovic; su esposa, la jueza de Paz, Bernardita Manucci y los miembros del Comité de Emergencia local se habían aplicado la vacuna rusa contra el coronavirus.

La información tomó estado público porque salieron a la luz tres audios de esa conversación en el hospital distrital. En ese momento, los trabajadores del centro de salud estaban reunidos en asamblea por considerar que no habían sido tenidos en cuenta para la vacunación, a pesar de ser un área de riesgo permanente.

Además del intendente, su esposa y su chofer -junto a otros funcionarios municipales, en Luis Piedrabuena se inmunizaron con Sputnik V adultos mayores del geriátrico municipal de Gobernador Gregores. El grupo tampoco estaba contemplado para la primera etapa de vacunación, según se desprende del protocolo santacrueño.

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“Tomé la decisión de vacunar a los viejos porque lamentablemente el hogar de ancianos no es de unos ni de otros”, sostuvo el director Triputti en uno de los audios, en el que detalló también que en el centro de ancianos “hay personal de Salud, también de Desarrollo Social y del Municipio, sin los cuales no podría estar funcionando”.

A raíz de las irregularidades, el ministerio de Salud del gobierno de Santa Cruz inició una investigación y no descartan sanciones. Es que son varios los municipios y localidades bajo sospecha de incumplimiento de los criterios de vacunación.
“Todos sabemos cómo se utilizaba la vacuna, le informamos lo mismo a cada director de cada localidad, a cada responsable de la vacuna local y a la autoridad ejecutiva”, sostuvo la subsecretaria de Acceso y Equidad en Salud, Laura Beveraggi, en diálogo con FM Tiempo. La funcionaria de la gobernadora Alicia Kirchner advirtió: “Si después que uno se va de la localidad hacen esta revisión de datos para implementar la vacuna de otra manera, serán responsables. La forma de aplicar la vacuna es una. Había un instructivo y sabían que era así”.

“Ellos saben que es un recurso que viene escalonado, tienen una responsabilidad. Saben que es un recurso que viene racionalizado, que tanto trabajó la Argentina para la compra, por eso me parece totalmente desacertado manipular ese insumo con un criterio de epidemiológica local”, fustigó Laura Beveraggi. “No lo vamos a dejar pasar”, completó.

Santa Cruz tiene en su plan de vacunación a unas 124 mil personas. Se tienen que aplicar 248 mil dosis, de las cuales se implementaron 5 mil hacia el personal de Salud. En la llegaron 3 mil dosis más y durante el próximo fin de semana arribarán otras 4.600.

El 11 de enero pasado, el intendente de Piedrabuena resaltaba el desembarco de las dosis de la vacuna rusa para implementar la inmunización contra la COVID-19. “Llegó a la localidad la Vacuna Sputnik V para personal de Salud”, sostuvo Bodlovic desde sus cuentas de redes sociales. Finalmente, la estrategia de inmunización tuvo otro matiz.

Jubilaciones y AUH: ¿De cuánto sería la primera suba del año?

El primer aumento de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales del año, regirá a partir de marzo. Será el primero con la nueva fórmula, aprobada en diciembre y comprende a 18 millones de personas. Cómo quedarían.
El primer aumento de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales del año, que regirá a partir de marzo, rondará entre el 8 y 8,2%. Será el primer aumento en base a la nueva fórmula aprobada en diciembre y comprende a 18 millones de personas.

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Fuentes del Gobierno informaron que el aumento ronda esos porcentajes e indicaron que si hubiese continuado la fórmula del Gobierno anterior, el incremento sería del 7,16%. El anuncio oficial se conocerá la semana próxima.

El incremento que se otorgará en marzo y que se mantiene sin cambios hasta mayo sería inferior a la inflación esperada para el primer trimestre de este año, que superaría el 11%.

Como la fórmula de movilidad no tiene una garantía o un “piso” que indique que la suba jubilatoria no puede ser menor a la inflación del trimestre anterior (+ 11,4%) con el aumento de marzo habrá una caída en el ingreso real de las 18 millones de personas incluidas en el régimen.JubiladosEn consecuencia, el haber mínimo, que cobra poco más de la mitad de los jubilados y pensionados del régimen general, pasaría de $19.035 a $20.577 (un aumento de $ 1.542). Y la que cobran los padres de 4,3 millones de chicos y adolescentes, subiría de $3.717 a $ 4.018: + 301 pesos.

En tanto, las 1.400.000 pensiones no contributivas (70% del haber mínimo) pasarían a $ 14.404 y las 170.000 PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor ( 80% del haber mínimo) a $ 16.462.VariablesEl porcentaje de aumento de los haberes fue calculado por el especialista en Seguridad Social Guillermo Jáuregui, de acuerdo a las cifras de variación de los salarios que informó el INDEC y de la recaudación tributaria que va a la Seguridad Social, según AFIP.

Esas dos variables se suman por mitades y arrojan el aumento de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales, como Asignaciones familiares o AUH, que debe aplicarse a partir del 1ª de marzo hasta el 31 de mayo.

Aún no se difundió la evolución del padrón de los beneficiarios del sistema, otra variable de la fórmula, pero se estima que su impacto en la fórmula es marginal. En síntesis, los números del 95% o más de la fórmula ya son conocidos.

Las cifras oficiales marcan que de los dos índices salariales que integran la fórmula de movilidad el Índice trimestral de Salarios del INDEC (9,4%) arrojó un porcentaje superior al del RIPTE de Seguridad Social (8%) y de ambos la fórmula indica que se elige el mayor.

Como se toma por mitades, el primer componente de la fórmula da 4,7%.RecaudaciónLa otra mitad de la fórmula se compone de la recaudación impositiva que va a la Seguridad, básicamente el 100% del impuesto a los débitos y créditos, el 70% de la parte impositiva del Monotributo y el del IVA.

En este caso de la recaudación se detraen los reintegros a las exportaciones y el saldo se distribuye: 11% a ANSES, que a su vez se distribuye: 6,27%: a las Provincias cuyas cajas previsionales no fueron transferidas a la Nación y 93,73% a ANSES.

Jáuregui calculó que, para el trimestre, esa recaudación fue el 7% %. La mitad es 3,5 %.

En consecuencia, y como aún falta el dato de la evolución del número de beneficiarios, el aumento previsional se ubicaría entre el 8 y el 8,2%.

O sea, 4,7% de salarios más 3,5% de la recaudación tributaria que va a la ANSeS.

Este aumento no incluye a los jubilados y pensionados de regímenes especiales, como docentes, docentes universitarios, Luz y Fuerza, Poder Judicial, que disponen de índices propios.
Fuente: Clarín

La autopsia determinó que Úrsula murió asesinada de al menos 15 puñaladas

El informe preliminar de la autopsia reveló que Úrsula Bahillo fue asesinada de al menos 15 puñaladas en la espalda, el torso y el cuello. A su vez, la Justicia de Garantías convalidó la imputación por femicidio con los agravantes de «alevosía y ensañamiento» para Matías Ezequiel Martínez, expareja de la víctima, quien permanece detenido.

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De acuerdo al informe elaborado por el personal médico del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte, Úrsula murió por el corte que Martínez le produjo en el cuello con un cuchillo, lo cual le generó un «shock hipovolémico con escasa agonía», sumado a las lesiones punzocortantes observadas en región abdominal y dorsal.

El documento a cargo del fiscal Sergio Manuel Terrón también señala que Martínez se encuentra detenido en el Hospital General de Agudos San José de Pergamino con «lesiones que se produjo a sí mismo con arma blanca».

Al efectivo policial de 25 años le secuestraron su teléfono celular, el auto en el que circulaba y «un cuchillo tipo carnicero de mango blanco», con el que se presume que habría cometido el femicidio.

El imputado será indagado entre este jueves y el viernes por el fiscal de la causa, quien aguarda a que le den el alta médica para realizar la audiencia.

El cuerpo de la joven fue entregado a la familia para su inhumación, en la ciudad de Rojas.

Un femicidio anunciado

Úrsula Bahillo fue encontrada el lunes, alrededor de las 20.30, asesinada entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de la ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires en donde residía.

Los investigadores pudieron determinar que la pareja llegó hasta allí en el Peugeot 307 del policía y ahora intentan determinar si Martínez logró que Úrsula subiera a su auto con algún tipo de engaño o amenazada, publicó Página/12.

Úrsula había denunciado en varias oportunidades a Martínez por amenazas y violencia de género. Inclusive el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.

El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del propio imputado, quien denunció que creía que su sobrino había matado a una joven porque éste le confesó en un llamado que «se había mandado una cagada».

Al llegar al paraje, la Policía encontró a la chica asesinada y al agresor malherido dentro de su auto.

Hubo incidentes en la marcha en Rojas para pedir justicia por Úrsula Bahillo

Este martes hubo una nueva marcha de vecinos en Rojas en reclamo de justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada a puñaladas en un campo ubicado en el paraje rural Guido Spano, de localidad bonaerense. La convocatoria de esta jornada culminó con incidentes entre algunos de los asistentes.

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Cuando la movilización de esta jornada parecía concluía de manera pacífica, minutos después de las 20 un grupo de vecinos que se habían reunido para pedir justicia por el femicidio empezó a perseguir y golpear a dos hombres que habían increpado a los manifestantes.

Por el momento se desconoce los motivos que generaron los disturbios. Los dos hombres se acercaron hasta la convocatoria y comenzaron un entredicho con las personas que todavía permanecían en la marcha que inició a las 17. El diálogo fue elevándose de tono y hubo insultos cruzados. La situación luego fue creciendo hasta que empezaron los piedrazos.
Decenas de manifestantes corrieron a los dos hombres y tras unos 300 metros alcanzaron a uno de ellos. Allí lo golpearon y mantuvieron acorralado. Todo sucedió a cuatro cuadras de la comisaría local, supo Infobae. En medio de ánimos caldeados, uno de los manifestantes intercedió para pedir calma.

Este martes, al igual que el lunes por la noche, allegados a Úrsula y vecinos de la localidad volvieron a movilizarse para pedir justicia por el femicidio. La convocatoria se realizó por las redes sociales y con el hashtag #JusticiaPorUrsula. Comenzó desde las 17 frente a la Plaza San Martín y continuó en las puertas de la comisaría local. Allí mismo se produjeron disturbios en la noche del lunes y las primeras horas de hoy.

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Manifestantes y efectivos policiales se enfrentaron a piedrazos y balas de goma. En medio de ello, una camioneta policial Toyota Hilux que estaba estacionada frente a un colegio fue incendiada y empujada contra el edificio policial. También hubo marchas y protestas frente a los domicilios de dos fiscales y de un juez de paz.

En total, cinco adultos y cuatro menores de edad fueron aprehendidos por los disturbios y resistencia a la autoridad. A todos los liberaron horas mas tarde.

Parte de los incidentes quedaron registrados en videos que se viralizaron en las redes sociales. En uno de ellos se ve cómo una amiga Úrsula, llamada Nerina, recibió un balazo de goma en el rostro mientras protestaba frente a los agentes que estaban custodiando la dependencia policial.

“Me pegaron el tiro y después me trasladaron a urgencia. Tuve suerte. La saqué barata, cinco centímetros más y me sacaban el ojo”, contó esta tarde a TN y aseguró que se encuentra en buen estado de salud.

Durante esta tarde, también, en la ciudad de Rojas estuvo presente el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien viajó hasta allí para reunirse con los familiares de la víctima. El funcionario fue recibido por la madre de Úrsula, Patricia Nassutti. “Ella quería hablar conmigo y era mi obligación venir para compartir algunos cuestionamientos y aclarar sus dudas. Todo lo que se habló es en términos privados. El resto de los acontecimientos son públicos”, indicó Berni.

Por el femicidio de Úrsula está detenido el oficial de policía Matías Ezequiel Martínez (25), acusado de “homicidio calificado por violencia de género” (femicidio), delito que prevé prisión perpetua. La causa quedó a cargo del fiscal Sergio Terrón, titular de la UFI 5 del Departamento Judicial de Junín.

Las modificaciones al Impuesto de las Ganancias se tratarán antes de marzo en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que el proyecto de ley que sube a $150.000 el piso del Impuesto a las Ganancias tiene “el respaldo del conjunto del Parlamento” y afirmó que el objetivo sería que se aplique a partir de marzo, más allá de que pueda ser aprobado antes o después de ese mes.

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“La recuperación del bolsillo es parte de la recuperación de la Argentina”, resaltó el dirigente del Frente Renovador durante una entrevista en la que explicó que la aprobación de esa iniciativa presentada ayer dependerá de los tiempos del tratamietno parlamentario, publicó Página12.

Los pasos serán los siguientes: la encargada de convocar al debate será la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja y los primeros en desfilar por las audiencias de consulta serán los representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con quienes Massa diseñó el proyecto.

Luego se convocará a los gremios de los sectores en que tendrá impacto en la elevación del mínimo no imponible, así como también los jubilados y pensionados. “Entre los 1.267.000 trabajadores que dejan de pagarlo hay industriales, docentes, de servicios financieros y demás. Así que inexorablemente (los gremios) van a tener una participación en la discusión”, afirmó Massa.

“Seguramente este proceso de dictamen se inicie en el período de sesiones extraordinarias y vamos a ver si llegamos a sancionarlo antes del 1 de marzo o si el presidente Alberto Fernández abre (el período ordinario) y posteriormente tenemos el pleno para el tratamiento”, explicó a Radio La Red.

Luego, la entrada en vigencia de esa variación va a depender de cuándo sea la sanción y la reglamentación. “Si lo sancionamos en los últimos días de febrero o de los primeros días de marzo, a partir del sueldo de marzo deja de pagar”, calculó

Lo cierto es que “varios legisladores ya han firmado el proyecto, con lo cual el respaldo del conjunto del Parlamento está garantizado”, remarcó aunque no precisó qué bloques acompañarían la iniciativa y si entre el los se encuentra el de Juntos por el Cambio.

La iniciativa establece que solo paguen ganancias aquellos que perciben una remuneración bruta superior a los 150 mil pesos mensuales, sin contar el aguinaldo; y los jubilados que cobre un equivalente a ocho haberes mínimos (152.282,32 pesos). De ser aprobado, el beneficio impactará en 1.267.000 trabajadores y jubilados, es decir el 63,4 por ciento de los contribuyentes alcanzados por ese impuesto.

Hasta ahora, quienes lo pagan son los empleados solteros sin hijos menores con un sueldo neto mensual de 74.810 pesos; los casados con dos hijos menores que cobran desde 98.963 pesos; y los jubilados y pensionados que perciben un equivalente a seis haberes mínimos (114.210 pesos).

Uno de los objetivos de esta modificación es que el sector que pagaba ese impuesto vuelva a ser el 10 por ciento de los que cobran los sueldos más altos del país. “En 2015 lo pagaba el 11,9 por ciento y en 2019 terminaron pagando el 24 por ciento”, comparó el titular de Diputados para ejemplificar el modo en que el gobierno de Mauricio Macri acrecentó la cantidad de contribuyentes afectados.

Massa explicó también que la AFIP prevé un mecanismo para morigerar el impacto en las escalas superiores a los 150 mil pesos. “Para que no se produzca un salto brusco en las escalas, habrá un esquema de delegación a la AFIP para que reglamente” un sistema “progresivo y proporcional hasta los 220 mil pesos”, de modo tal que los trabajadores que ganan más de 150 mil paguen porcentajes según los criterios que rigen en la actualidad.

El diputado del Frente de Todos anticipó que también habrá medidas para que los trabajadores autónomos se vean beneficiados con la suba del mínimo no imponible. “Estamos trabajando una alternativa que acompaña a ese régimen, pero en una ley aparte porque (el régimen de autónomos) tiene características aparte”, aseveró.

Massa reconoció su “alegría, satisfacción y tranquilidad de que el Gobierno tenga la decisión de llevar adelante esta medida”. De hecho, el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, se expresó al respecto esta mañana.

El funcionario recalcó que el proyecto oficial de reforma Ganancias contribuirá a la «reactivación de la economía» y afirmó que con la iniciativa se está «reparando el desastre ocasionado» por el expresidente Mauricio Macri, «con su estafa al electorado».

«Macri prometió en campaña que iba a eliminarlo. Cuando se fue, alcanzaba al doble de la gente que cuando asumió: pasaron de pagarlo 1.200.000 personas a 2.400.000 a fines de 2019. Otra vez, estamos reparando el desastre ocasionado con su estafa al electorado», escribió en Twitter.

Ahora, con la modificación del piso de ese impuesto, se generarán “recursos que van al bolsillo de la gente, se vuelcan al mercado interno y por lo tanto, contribuyen a la reactivación de la economía», explicó.

El Gobierno envía un nuevo avión a Rusia en busca de más vacunas

El vuelo de Aerolíneas Argentinas traería al país 400.000 primeras dosis, pero la cantidad aún no fue confirmada.
El gobierno nacional enviará este miércoles un nuevo avión a Rusia para buscar más dosis de la vacuna Sputnik V. El último vuelo llegó al país el 27 de enero con 220.000 dosis. De esta forma se retomará el envío de vacunas por parte del Fondo de inversión ruso, que se había cortado debido a una demora en la producción en escala.

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En principio, el vuelo de Aerolíneas Argentinastraería al país 400.000 primeras dosis, pero la cantidad aún no fue confirmada al Gobierno. Alberto Fernández monitorea en forma permanente las tratativas y lo único que quiere es que lleguen la mayor cantidad de dosis posibles para darle volumen al plan de vacunación.

El máximo de dosis que puede traer un avión de la aerolínea de bandera en la bodega son 600 mil dosis. Sin embargo, no hay garantías desde Rusia de que cada envío puedan cargar el total del espacio disponible.

En el Gobierno insisten, cada vez que sale un avión hacia Rusia, en que la programación de los vuelos puede modificarse de acuerdo a la confirmación de los rusos respecto a la cantidad de vacunas que envíen. En esta oportunidad, el vuelo está confirmado para mañana. A lo sumo, podría posponerse para el jueves por una demora en la logística.

A fines de enero Kirill Dmitriev, CEO del fondo que produce la vacuna de fabricación rusa, asumió que había demoras en el proceso de producción y que esa tardanza iba a generar problemas en la entrega de vacunas a la Argentina.

“Realmente entendemos todos los problemas de producción de vacunas, y estamos seguros de que se resolverán; creo que el mundo solo necesita entender que lo que estamos emprendiendo ahora nunca antes lo habíamos hecho”, explicó en una entrevista con el canal de noticias estadounidense CNBC.

Argentina recibió hasta el momento 820 mil dosis. Fueron 300 mil en diciembre, con las que se comenzó el plan de vacunación y 520 mil en enero. Luego el envío se frenó y los viajes a Rusia se pusieron en pausa.

El acuerdo que tiene firmado Argentina con Rusia es por 20 millones de dosis.Pero el ministerio de Salud, que conduce Ginés González García, ya decidió hacer uso de la opción para ampliar la compra a 10 millones de dosis más. En total serán 30 millones, producidas por el centro Gamaleya, las que lleguen al país en los próximos seis meses.

Desde el centro Gamaleya le habían anticipado al Gobierno que la demora en el envío iba a ser entre dos y tres semanas. Y que luego retomarían el envío de dosis, aunque no podían confirmar la cantidad. En la cartera de Salud manejaban como opción la posibilidad de que las vacunas lleguen al final de esta semana para poder reactivar el plan de vacunación la próxima semana.

En la Casa Rosada también esperan el envío de 1.200.000 dosis de Astrazeneca antes de que culmine febrero. Ese es el compromiso que asumió el laboratorio con el Gobierno. Se trata de un cargamento que está por fuera del paquete de 20 millones de dosis ya acordadas en el contrato y que se estipulan que lleguen entre marzo y julio.

Además, apuestan a contar con 1 millón de dosis de la vacuna china desarrollada por el laboratorio Sinopharm en las próximas tres semanas. Si la proyección que hacen se termina concretando, entonces el programa de vacunación tomará mayor volumen y el Gobierno podrá avanzar con su idea de vacunar a 14.500.000 de personas que están en los grupos de riesgo antes de que llegue el invierno, publicó Infobae.

El Gobierno autorizó el uso de emergencia de una vacuna india

Anmat aprobó la vacuna fabricada por el Serum Institute de la India
El Gobierno nacional autorizó el uso de emergencia de una vacuna fabricada en la India, luego de haber sido aprobada en las últimas horas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

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A través de la Resolución 627/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Salud, Ginés González García, se autorizó con carácter de emergencia la vacuna contra el coronavirus producida por el Serum Institute de la India.

«Autorízase con carácter de emergencia la vacuna Covishield/ ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus Vaccine – Recombinant producida por el Serum Institute de la India en virtud de lo establecido por los artículos 8° y 9° de la Ley N° 27.573 y de conformidad con las recomendaciones de la ANMAT», se destaca en el Boletín Oficial.

El gobierno busca que paguen Ganancias sólo los que cobren más de $150.000

A través del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el oficialismo presentó un proyecto de ley para modificar el Impuesto a las Ganancias y establecer un nuevo piso: solo pagarían quienes perciben salarios brutos mayores a $150.000 mensuales y las jubilaciones que superen los 8 haberes mínimos garantizados (actualmente en $152.280). De esta forma, el tributo sólo alcanzaría al sector de mayores ingresos y beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país.

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Fuentes oficiales aseguraron que la iniciativa, que ingresó el viernes pasado con la firma de Massa, busca beneficiar a una mayor cantidad de contribuyentes a nivel nacional y a la vez potenciar el mercado interno, dado que los principales beneficiarios de la medida serían trabajadores y jubilados, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo.

Hasta fines de 2020, el Impuesto a las Ganancias afectaba a unas 2,3 millones de personas, el 25,6% del total de los contribuyentes en relación de dependencia. Con la actualización anual del impuesto, de acuerdo a la ley vigente a partir de enero de este año, 300 mil trabajadores dejaron de ser alcanzados por el tributo, ya que el piso para los solteros pasó a ser de $74.810 y de $98.963 en el caso de los casados con dos hijos, publicó Infobae.

Con la propuesta del líder de Frente Renovador, la cantidad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el impuesto se incrementaría a más de 1.267.000. En consecuencia, si fuera aprobado, permitiría consolidar un esquema progresivo, en el que el Impuesto a las Ganancias solo lo pagaría el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio.

«La recuperación del ingreso es clave para el crecimiento de la economía este año. Sacarle el Impuesto a las Ganancias a más de 1.250.000 personas significa mejorarles la capacidad de compra y recuperar el ingreso», aseguró Massa ante la consulta de Infobae.

Y agregó: «Debemos tener un sistema tributario más progresivo. Hoy paga más en proporción a su ingreso de Ganancias una enfermera o un barrendero que una empresa minera o un bingo».

El texto incluye, además, un aumento en las deducciones para quienes perciban entre $150.000 y $173.000, lo que les permitirá pagar menos de Ganancias.

Alrededor de 730 mil trabajadores que perciben más de $173.000 continuarán pagando el impuesto sin cambios.

El proyecto oficialista está orientado a proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados de todo el país, siendo una medida que logrará que más de 486 mil personas del sector de la administración pública, defensa y seguridad social, entre los que se encuentran los docentes, médicos y fuerzas de seguridad, entre otros, dejen de pagar.

Según cada sector, la cantidad de trabajadores a lo largo del país que dejarían de pagar serían: 178 mil (58%) de la industria manufacturera; 133 mil (65%) del transporte, logística y almacenamiento; casi 106 mil (74%) de comercio mayorista y minorista; 48 mil (46%) del sector financiero y casi 27 mil (54%) del rubro de la construcción.

Al desmenuzar los alcances del proyecto por región, en la provincia de Buenos Aires dejarían de apagar 569.000 empleados y jubilados; 157.000 en CABA, 103.000 en Córdoba, 98.000 en Santa Fe y 32.000 en Entre Ríos.

“El presente proyecto tiene como objetivo aliviar el peso fiscal de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas en el marco de una política permanente de este Gobierno de instrumentar medidas contracíclicas que resulten conducentes al fortalecimiento del poder adquisitivo de los y las contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”, plantea en sus fundamentos el texto del proyecto al que accedió este medio.

«De manera complementaria, 102.741 trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas con remuneraciones entre $150.000 y $173.000 gozarán de un incremento adicional de sus deducciones para evitar saltos bruscos en la escala del impuesto. Adicionalmente, este promedio razonable de empleados y empleadas, jubilados y jubiladas que quedaría pagando el impuesto respeta el concepto de progresividad”, se especificó.

Formosa: acuden a la CIDH por violaciones a derechos humanos de comunidades originarias

“Entiéndase bien Sres. Jueces, lo que ocurre es equivalente a que mañana aparezcan personas hablando en Persa (asumo que ninguno de los juzgante habla ese idioma) en nuestro domicilio, vestidos con sus atuendos típicos y se lleven a un familiar nuestro. Así de trágica, caótica y desesperante es la situación por la cual se encuentran atravesando estas personas a la fecha”. Con esta apelación directa a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los abogados Daniel Suizer y Francisco Oneto describieron “los atropellos a los que están siendo sometidos los pueblos originarios de la provincia de Formosa a manos de sus autoridades” en el marco de las medidas extremas dispuestas por el Gobierno provincial por la pandemia. Los letrados ya intervinieron ante la Justicia en varios casos de varados en la frontera a los que el Ejecutivo formoseño les impedía ingresar a la provincia para blindar el territorio ante potenciales contagios.

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Suizer y Oneto describieron crudamente ante los integrantes de la CIDH la situación que están viviendo las comunidades originarias Wichi, Pilagá y Qom de Formosa. “Cuando personas pertenecientes a pueblos originarios son llevadas a los centros de aislamiento, sus familiares ignoran a dónde los llevan. Esto se debe en gran medida a que el Estado no hace ni siquiera un esfuerzo mínimo para poder comunicar a estas personas, en clara situación de vulnerabilidad, lo que está ocurriendo en su lengua originaria. De esa manera se configura una clara desaparición forzada, pues por un motivo u otro los originarios no saben a donde están sus familiares».

Los abogados acudieron al máximo organismo internacional en el continente en temas de derechos humanos por considerar que se está frente a una violación por parte del estado formoseño de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que define a esta figura como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”, publicó Infobae.

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Según relataron en la cautelar, debido a estas prácticas por parte de las autoridades de Formosa, muchos de los integrantes de estas comunidades originarias optaron por irse a vivir al monte, situación que los equipara -según los abogados- en “desplazados internos”, tal como lo entiende la Convención Americana de Derechos Humanos. “Los originarios huyen al monte buscando evitar ser víctimas de desaparición forzosa, en un contexto donde el estado no hace el mínimo esfuerzo por comunicarles en un lenguaje claro y entendible lo que está ocurriendo. La CIDH considera que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o bien de sus integrantes, los puede colocar en una situación de especial vulnerabilidad, que por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural, genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico, de los pueblos indígenas”, argumentaron.

En la presentación detallaron cómo funciona la política sanitaria formoseña, caracterizada por un confinamiento extremo, falta de información y decisiones discrecionales. “En las comunidades originarias, policías y personal de salud les realizan hisopados, y en caso de que uno de ellos tenga resultado de hisopado positivo para COVID-19, es sacado de su comunidad, y trasladado a un centro de cuarentena del gobierno. Dichos centros son escuelas, y se encuentran en la localidad de Ingeniero Juárez, distante a unos 100 kilómetros de sus comunidades en algunos casos. Allí son encerrados por 14 días y en caso que el hisopado realizado ya bajo el encierro, nuevamente resulte positivo, se quedan por otros 14 días encerrados, sin conexión con sus familiares. Sin embargo, están apareciendo quejas de que aún los dejan encerrados cuando el hisopado da negativo”, explicaron sobre el rígido sistema sanitario establecido en Formosa que ya fue denunciado por la oposición y la organización Amnistía Internacional como violatorio de los derechos humanos.
Pese a las críticas crecientes sobre esta política “autoritaria” y “violatoria de los derechos humanos” por las condiciones de hacinamiento e “infrahumanas” de los centros de aislamiento, el gobierno descalificó las acusaciones, a través del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

“La mayoría de los miembros de comunidades originarias no hablan idioma español, solo su idioma nativo, por ende no existe comunicación con las personas que se llevan a sus hijos, a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, y del estado no existe un mínimo esfuerzo para poder hablar su lengua. De ese modo, a los originarios no les informan a donde se llevan a sus familiares, configurándose así los tres requisitos para que exista una desaparición forzada, 1) privación de libertad 2) participación de agentes estatales, 3) omitir informar a los familiares del detenido a donde lo llevan”, sostuvieron Suizer y Oneto en su presentación ante la CIDH, a la que accedió Infobae.

En cuanto a los lugares en donde se los alojan, los abogados alertaron que “carecen de las comodidades mínimas, están hacinados, no tienen agua potable, ni tampoco atención médica y psicológica permanente para que los contengan”, y solo están “cuidados por una guardia policial”. Esto derivó, por ejemplo, en el caso de Normanda Agüero, quien debió permanecer 14 días encerrada esas condiciones, lejos de su familia, de sus hijos, de sus padres. Tras iniciar una huelga de hambre, el 19 de octubre pasado sufrió una descompensación, y al no haber médicos en el lugar, “otras originarias oraban en su lengua implorando a Dios la recuperación”, según relataron los letrados en la presentación.

“Es necesario decir que es el Estado de la provincia de Formosa el que ordena estos encierros en estas condiciones, ninguno de los originarios es llevado a esos lugares por su propia voluntad”, abundaron Suizer y Oneto.

“Acciones como las descriptas vienen siendo práctica común en la provincia de Formosa con las comunidades originarias, muy lejos de cumplirse lo establecido por la CIDH en su Resolución No. 01/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, las acciones del gobierno de Formosa, actualmente y conforme pruebas gráficas y documentales que se adjuntan, resultan totalmente desproporcionadas, irrazonables y violatorias de los derechos humanos de las comunidades originarias”, señalaron. La presentación fue acompañada de más de una docena de videos, audios, testimonios y fotos de caciques, dirigentes originarios, pastores religiosos, madres originarias, personas originarias privadas de su libertad y puestas en cuarentena lejos de sus familias y sus tierras.

“Esto genera un temor abrumador, que hace que muchos originarios huyan a vivir en los montes. Ante la falta de comunicación, sólo tienen la vivencia de que unos desconocidos llevan a sus familiares, sin saber el motivo ni el lugar donde son trasladados», buscaron hacerle entender a los integrantes de la CIDH cómo viven los aborígenes las irrupciones de los efectivos policiales sin las debidas explicaciones.

“Madres originarias, que detectaron a sus familiares, fueron a buscar una respuesta a la situación y solicitar mejores condiciones de alojamiento, pero lejos de otorgarle una respuesta, el estado de la provincia de Formosa, a través de la fuerza policial, las detiene y las encarcela”, alertaron los abogados, quienes agregaron que “su derecho de peticionar a las autoridades se viene violentando sistemáticamente”, agregaron.

Sin medios de supervivencia

Suizer y Oneto recordaron en el escrito enviado a los siete integrantes de la CIDH que, por las rígidas restricciones de circulación establecidas por el Gobierno provincial, los pueblos originarios no pudieron continuar con sus actividades de supervivencia, como la caza, la pesca y la venta de artesanías, “quedando sin la posibilidad de moverse para conseguir comida”. Y señalaron que tampoco les fue permitido trasladarse hacia alguna ciudad cercana, donde exista un cajero automático para retirar dinero.

«Se observa entonces que la limitación del Estado, deja a los originarios sin posibilidad de conseguir dinero y sin posibilidad de conseguir alimentos. Muchos de ellos, que trabajaban en la cosecha en la provincia de Salta quedaron sin trabajo, y decidieron volver a sus comunidades, pero, a modo de aislamiento, el estado provincial los aísla en carpas, en el monte, sin luz, sin agua, sin sanitarios y en pequeñas carpas de lona para dos personas. Situación violatoria de los derechos humanos”.

Este cuadro fue planteado a la Justicia de Formosa mediante un habeas corpus presentado por Suizer, pero el juez Rubén Antonio Spessot no le hizo lugar. “Actualmente, la situación en vez de mejorar, ha empeorado, claramente con la complicidad de la justicia, que viendo situaciones extremas en la que colocan a los originarios, nada ha hecho siquiera por mejorar”, reclamaron los letrados en el escrito ante la CIDH.

En la cautelar se precisa que en Formosa habitan diversas comunidades de pueblos originarios, entre ellos las etnias Toba Qom, Pilagá y Wichí, que conforman el 7,2% de la población, convirtiéndola en la provincia de mayor población aborigen. Estas tres etnias – ubicadas en las localidades de Las Lomitas, Ramón Lista e Ingeniero Juárez – mantienen sus tradiciones y continúan hablando sus lenguas. Pero advirtieron que las comunidades aborígenes “tienen altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, se encuentran en zonas periféricas rurales, con una marcada desigualdad social y menor cantidad de oportunidades”.

Detenciones violentas

El 19 de enero pasado, más de 30 policías golpearon y detuvieron a varios miembros de las comunidades de San Miguel, en El Potrillo, que estaban realizando una protesta en una ruta cercana, reclamando un banco móvil para poder cobrar los planes sociales que les permitieran comprar mercadería. También pedían que les informen el paradero de los familiares que habían sido llevados a Formosa capital, distante a 500 kilómetros, para aislarlos por el COVID-19. Por ese reclamo, 15 de ellos y un menor de edad fueron detenidos por la Policia provincial, varios de ellos golpeados, y trasladados hasta Las Lomitas, distante a unos 200 kilómetros de su comunidad, donde quedaron detenidos en la comisaría.

Los letrados sostuvieron en el escrito que “la detención con extrema violencia de los originarios por haber hecho una protesta porque no tenían para comer ni para subsistir” es violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

“Entendemos que la situación de los pueblos originarios es insostenible, viéndose cercenados sus derechos humanos más básicos, motivo por el cual nos dispusimos a tomar cartas en el asunto”, concluyeron.
Las comunidades aborígenes huyen a los montes cuando llega la Policía para evitar ser llevados a centros de aislamientos por la pandemia.

Los abogados -Suizer es formoseño y Oneto reside en la Ciudad de Buenos Aires- también sostuvieron que Gildo Insfrán viola el artículo 30 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dispone que “los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos”.

No es la única norma internacional que el gobierno formoseño estaría violando, según Suizer y Oneto. La Convención Americana sobre Derecho de los Pueblos indígenas dispone que “los estados reconocen y respetan el derecho de los pueblos indígenas a usar sus propias lenguas e idiomas”; y que los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, realizarán esfuerzos para que dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en sus propias lenguas en procesos administrativos, políticos y judiciales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.

Cautelar de Juntos por el Cambio

Esta nueva cautelar se suma a la ya presentada por los presidentes de los bloques legislativos de la UCR, el senador Luis Naidenoff y el diputado Mario Negri también ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se frenen los “aislamientos compulsivos” en los centros especiales ubicados para los casos sospechosos y confirmados de coronavirus.

La solicitud de intervención de los dirigentes de Juntos por el Cambio al tribunal internacional se produjo luego de que se agravara la detención de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, quienes habían denunciado al gobernador Gildo Insfrán por las «condiciones inhumanas» en los centro de aislamiento de Formosa, entre ellos el estado Cincuentenario de la capital provincial.

En esa presentación de carácter colectivo, los legisladores del radicalismo plantearon que se revierta la situación de las personas que permanecen aisladas en la provincia de Formosa e indicaron que la población afectada por esas medidas sanitarias puedan realizar la cuarentena en sus domicilios personales.

Según describieron, en sintonía con los testimonios de abusos de formoseños afectados, los centros de aislamiento “no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y confort, además de no realizar un efectivo aislamiento entre pacientes contagiados y contactos estrechos que podrían no estar contagiados, lo que facilita el contagio de esta enfermedad potencialmente mortal”.

Desde febrero, el reporte epidemiológico de Covid-19 se emitirá una vez por semana

El Ministerio de Salud de la Nación informó que a partir de febrero el reporte epidemiológico Covid-19 (REC) se emitirá una vez por semana, los martes a las 11.30 desde la Sala de Situación de esa cartera.

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El cambio, según se indicó en un comunicado oficial, “favorecerá el análisis que se construye semanalmente sobre la situación epidemiológica nacional”.

El reporte también contará con el avance de la campaña de vacunación y las dosis aplicadas en todo el territorio nacional.

“Cada reporte lo podrán encontrar en las redes sociales del Ministerio. Usuario: msalnacion en Youtube, Facebook, Instagram y Twitter”, se aclaró.

Murió Abigail, la nena a quien su papá cargó en brazos para entrar a Santiago del Estero

Abigail Jiménez, la nena de 12 años enferma de cáncer a quien le negaron el ingreso vehicular a la provincia de Santiago del Estero a fines de noviembre, sufrió una recaída y murió este domingo 31 de enero de 2021 en su vivienda en la ciudad de Termas de Río Hondo. El deceso se produjo cerca de las 20 horas. Así lo confirmó a Infobae Elena Jiménez, tía de la niña.

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Durante los últimos días de diciembre, la niña había tenido una leve mejoría. “Abigail ya no necesita del respirador de oxígeno, guarda reposo en la cama de su propia casa bajo estricto seguimiento médico y con el tratamiento correspondiente”, contó Elena acerca de la salud de su sobrina que, en ese momento, era supervisada por tres enfermeras y una doctora, todos profesionales de la salud de Las Termas de Río Hondo.

“Está lúcida y nos conversa, se ríe, juega con el celular. Tenemos fe de que vamos a pasar Navidad y Año Nuevo en paz y con Abigail feliz. Fue tanto lo que oramos, que hoy es un milagro de Dios que Abigail esté bien y junto a su familia”, agregó la mujer en declaraciones a medios locales.

El caso de Abigail tomó notoriedad el 16 de noviembre de 2020, cuando su padre, Diego Jiménez, la cargó en brazos para cruzar la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero. Ese día, la familia Jiménez viajó al Hospital de niños de Tucumán para que su hija de 12 años, paciente oncológica desde los 7, pudiera realizarse su tratamiento. Durante el viaje de ida no tuvieron inconvenientes pero, de regreso, los retuvieron dos horas en la frontera bajo el rayo del sol y entre las moscas.

La situación quedó registrada en un video que luego se hizo viral. En la secuencia de casi tres minutos se ve al papá con la niña en brazos (que llora sin parar) frente a un efectivo del puesto de control limítrofe. De acuerdo con el relato que hicieron sus padres al medio El Termeño, cuando salieron de Santiago de Estero, los dejaron pasar sin problema. Cuando quisieron volver, en cambio, les impidieron ingresar a su provincia.

La explicación que recibieron los Jiménez fue que, para ingresar en auto a la provincia, necesitaban una autorización previa del Comité de Emergencia (COE) de Santiago del Estero. Diego, el padre de la niña, dijo en declaraciones al Diario Última Hora que aunque tenía la autorización del intendente, le argumentaron que no tenía el permiso de emergencia.

“No se apiadaron del dolor que estaba sufriendo mi hija”, lamentó el hombre que, en un acto de desesperación, decidió cargar a su hija en brazos e ingresar caminando, pasando por delante de los policías. Cuando llegó la autorización del COE, explicaron, un familiar los fue a recoger a la ruta y los alcanzó hasta su domicilio.

Hace algunas semanas, Abigail debió ser internada en el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) “Eva Perón” de Santiago del Estero. Tras agravarse su cuadro, volvió a su casa ubicada en el barrio San Martín, en Las Termas de Río Hondo. Su mamá había explicado que el retorno a su hogar fue “decisión de la familia y deseo de Abigail”.

“Los médicos nos dijeron que nos preparáramos para lo peor, lamentablemente. Ella está lúcida, no está dormida, nosotros no queremos que la duerman”, contó la mujer.

Cuando Abigail ingresó al Cepsi los médicos debieron realizarle un hisopado para detectar si tenía coronavirus. Desde el centro médico también detallaron que fue recibida por el Departamento Materno Infantil “con la participación activa de los Servicios de Pediatría, Oncología Infantil, Ortopedia Oncológica y Cuidados Integrales”.

Según el relato que hicieron sus papás, Abigail tenía un tumor en la pierna izquierda con el que luchaba desde hace cinco años. En 2016, la nena fue trasplantada y, en 2019, tuvo una recaída. “A partir de ese momento tuvo que hacer quimioterapia hasta el 17 de enero de 2020. Después siguió con tratamiento paliativo, porque las quimio le hacían muy mal″, contó la mamá entre lágrimas.

Con la tercera partida de Sputnik V, reanudan el plan de vacunación

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizó el jueves en Ezeiza con su carga de 240 mil dosis, 20 mil de las cuales fueron derivadas a Bolivia. El resto se repartirán en las provincias.
El Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19 se reiniciará este lunes con la distribución en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires de la partida de 220 mil vacunas Sputnik V que llegaron este jueves al país desde Rusia.

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Un vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizó el jueves en Ezeiza con su carga de 240 mil dosis, 20 mil de las cuales fueron derivadas a Bolivia. El resto se repartirán según el mismo cociente de distribución que se utilizó con las dos partidas anteriores traídas desde Moscú.

Se trata de un criterio proporcional en el que se asignan más o menos vacunas según la cantidad de médicos y centros de salud habilitados en cada jurisdicción.

Para Aerolíneas Argentinas, en tanto, el tercer operativo de traslado de vacunas abre un nuevo campo de actividades.

“Se dio esta experiencia y Aerolíneas Argentinas va a estar disponible para poder hacer operaciones de este tipo. Esa es la ventaja de tener una línea de bandera y contar con la experiencia que hemos ganado, como por ejemplo con los servicios que hicimos a China para traer insumos. Esto hace que podamos ofrecer este servicio a los países que lo necesiten”, aseguró Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas luego de recibir el vuelo el jueves último en Ezeiza.

Hasta el momento, fueron vacunadas 278.451 con las primera dosis y 65.583 con la segunda, según datos oficiales recabados hasta el 29 de enero.

Fuentes del Gobierno nacional se mostraron «muy optimistas» en relación a la provisión de vacunas que llegarán en febrero y que serán aportadas por distintos proveedores, en el contexto de disputa que se desarrolla a nivel mundial ante la necesidad de asegurarse medicamentos contra el coronavirus.

Si bien Ceriani advirtió que «aún” no tienen “fecha para otras operaciones”, adelantó que están “trabajando permanentemente con la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), para poder optimizar y eficientizar la operación del avión y poder traer la mayor cantidad de vacunas posible” desde Rusia.

“Estamos trabajando todos los días para que este suministro de vacunas no se detenga. Trabajando codo a codo con todas las áreas de Gobierno que están involucradas en esta carrera que estamos viviendo y contentos también porque este flujo de vacunas no se detiene y la cadena logística está funcionando muy bien”, aseguró el titular de la Aerolínea de bandera.

Las dosis para Bolivia

En relación a las dosis transportadas a Bolivia, Ceriani destacó que “fue también una satisfacción poder traer una partida para el país hermano”, y destacó “el trabajo conjunto para hacer frente a la pandemia”.

Las vacunas destinadas a Bolivia llegaron en cuatro pallets, embaladas con las mismas condiciones que las destinadas a Argentina y, tras ser descargadas del avión de Aerolíneas, fueron trasladadas en un contenedor frigorífico de la empresa Intercargo, hacia la aeronave de Boliviana de Aviación (BOA) que partió rumbo a la Ciudad de La Paz desde la Terminal de Cargas de Ezeiza.

Según informaron autoridades bolivianas, el cronograma de inmunización prevé la distribución inmediata de las dosis y el comienzo de la aplicación con el personal médico de Santa Cruz de la Sierra, una de las ciudades con cifras más altas de contagiados.

El embarque de vacunas llegó al aeropuerto de El Alto, vecina a La Paz, el mismo jueves poco después de las 17 (hora local) donde fue recibido por el presidente Luis Arce y las vacunas empezaron a ser trasladadas en caravana hasta la sede del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para que puedan ser distribuidas en todo el territorio.

Bolivia enfrenta una situación compleja en número de contagios y muertos, con cuadros especialmente graves en La Paz y Santa Cruz y el país del Altiplano ya superó los 200.000 contagiados y los 10.000 muertos por la Covid-19, lo que llevó a que esta semana se endurecieran algunas restricciones.

Analizan re-implementar el IFE y el ATP si se demora la llegada de vacunas

El equipo económico del gobierno nacional analiza re-implementar el Ingreso Familiar de Emergencias (IFE)para los hogares más afectados que aún no pudieron retomar sus actividades plenamente y obtener un ingreso y a los que caerán en caso de que se profundice la cuarentena ante una suba de casos. Sería acotado, a un 20% de los casi 9 millones de familias que lo recibieron. También se piensa retomar el Programa de Asistencia al Trabajo (ATP) para los sectores más afectados, como hotelería y turismo. En este caso se discute el alcance del programa pero también las condiciones en que se entregarán, dado que se descubrieron incumplimientos de empresas que recibieron el aporte y lo fugaron en dólares.

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La pandemia parece dispuesta a tensar el delgado hilo sobre el que se equilibran las variables a alinear este año. Desde el Gobierno reconocen que, de no cumplirse con los plazos de vacunación previstos y ante la inminencia de un rebrote de casos de coronavirus, habrá que salir a contener la situación social y a las pequeñas y medianas empresas. «De todos modos, no va a ser nunca el nivel de actividad de marzo y abril del año pasado», coinciden las fuentes oficiales consultadas por este medio. Ya las empresas y los comercios tienen protocolos que, por lo extraordinaria de la situación, hubo que improvisar desde cero. De todos modos, hay muchas actividades y trabajadores y trabajadoras del sector informal que ante cualquier baja en la circulación volverán a ver paralizada su situación económica.

Por el otro lado, se negocia con el Fondo Monetario un programa para reestructurar la mochila de 44.000 millones de dólares que le prestó el organismo al país y que desapareció en forma de fuga de capitales. El límite para ampliar el gasto en un año en que se pretenderá mostrar una reducción sustentable del déficit condicionará el alcance de la ayuda estatal. No hacerlo será peor. Si no se estimula el consumo y se sostiene a las pymes la caída por recaudación será el equivalente, del lado de los ingresos, a mantener un rojo presupuestario por aumento del gasto. La diferencia es que en el primer caso las familias y las empresas pueden sobrevivir.

El gobierno reglamentó la ley de aporte extraordinario aplicado a las grandes fortunas

El Gobierno reglamentó la ley de Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia (ley 27605/2020) -conocida también como aporte de las grandes fortunas- y sus detalles se conocieron al publicarse la edición del Boletín Oficial correspondiente al viernes 29 de enero.

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Lo de «Extraordinario» puede interpretarse de dos maneras. Literalmente, porque se trata de un pago que se hará por única vez; pero también simbólicamente, ya que establece un esquema progresivo en el sistema de recaudación nacional.

La reglamentación se concretó a través del decreto 42/2021, tiene 12 artículos y lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán, publicó Página12.

La ley 27605, que se sancionó en el Congreso el 4 de diciembre último y se promulgó el 18 del mismo mes, establece un aporte por única vez de una tasa del 2% al 3,5% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a las Bienes Personales más de 200 millones de pesos.

La norma establece que la tasa a cobrar se irá elevando según el rango de fortuna que se haya declarado: será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones, del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones, y del 2,75%, para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones.

El aporte subirá hasta el 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones.

Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5%.

De esta manera, estarían obligados a pagar sólo unos 12.000 contribuyentes.

Según la AFIP, el 42 por ciento de los bienes declarados por los contribuyentes potencialmente alcanzados son activos y bienes dolarizados. Y el 92 por ciento de éstos están declarados en el exterior. Difícil que se pueda estar afectando alguna actividad productiva, como trató de argumentar la oposición y todos los medios ligados al establishment, al señalar que es un “impuesto a la inversión” y que afecta a las PyMEs. En realidad, es un aporte por única vez y recae en las personas físicas más acaudaladas, no en las empresas.

Además, la ley 27605 determina específicamente el destino de los fondos recaudados, que serán distribuidos, a saber: en un 25% a exploración, desarrollo y producción de gas natural; otro 20% a adquirir equipamientos de salud para enfrentar la pandemia; un 20% a apoyar a empresas Pymes; un 20% para financiar el relanzamiento de las becas Progresar creadas para apoyar a jóvenes estudiantes, mientras que el 15% restante se utilizará para la urbanización de barrios populares mediante cooperativas organizadas por los vecinos de cada barrio.

La ley de Aporte Solidario y Extraordinario fue pensada para que el fisco sume una contribución adicional de las personas físicas con mayor capacidad económica en un contexto de emergencia, como la pandemia global de Covid-19.

La iniciativa surgió de una serie de ideas y propuestas que se fueron ajustando y que sobre todo fueron impulsadas por el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Carlos Heller (FdT-CABA), y el jefe del bloque del FdT en Diputados, Máximo Kirchner, quienes se convirtieron en las caras públicas del proyecto.

La reglamentación que se conoció con la publicación en el Boletín Oficial, a las 0 horas de este viernes 29 de enero, fija precisiones para calcular el rango de fortuna de aquellas personas que poseen acciones o participaciones en empresas, permitiéndoles, por ejemplo, descontar deudas o pasivos de las empresas a la fecha del 18 de diciembre de 2020.

Otro de los puntos de la reglamentación está referido a la excepción para las llamadas «actividades operativas» ligadas a lo productivo y no a la valorización de activos financieros: el decreto precisa que las actividades cuyos ingresos no provengan en un porcentaje superior al 50% de rentas pasivas no podrán definirse como «activos financieros».

El decreto 42/2021 faculta por otro lado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que se encargue de «instrumentar los regímenes de información a los fines de recabar datos» y evitar así las operaciones de evasión impositiva.

En ese sentido, al sancionarse y promulgarse la norma, algunos empresarios con grandes patrimonios que quedarán en la base imponible de esta aporte por única vez amenazaron con iniciar una rebelión fiscal contra una ley que a pesar de despertar mucha aprobación en las encuestas fue al mismo tiempo muy atacada desde muchos medios de comunicación.

Un cirujano y un anestesista discutieron en plena operación y terminaron a los golpes

Ocurrió en el Hospital Interzonal Abraham Piñeyro de la localidad bonaerense de Junín. La causa quedó caratulada como «lesiones graves»
Un médico cirujano y un anestesista protagonizaron un violento e insólito episodio en el Hospital Interzonal Abraham Piñeyro de la localidad bonaerense de Junín: discutieron durante una operación y luego se pelearon en un vestuario. Además, uno de ellos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para que le extirparan el bazo, dada la gravedad de las lesiones que sufrió.

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Todo comenzó el lunes pasado cuando ambos participaban de la operación -una laparoscopía- de una joven menor de edad. Según las primeras versiones, el anestesista habría apurado al cirujano -un joven peruano que está haciendo su residencia- para que terminara más rápido e incluso lo agravió al preguntarle si “tenía parkinson”.

La discusión fue ganando en intensidad y una vez concluida la cirugía continuó en el vestuario del hospital, donde se desató una violenta pelea a golpes de puño. A raíz de una trompada, el anestesista terminó con una costilla rota que le perforó el bazo. Su estado empeoró rápidamente y tuvo que ser intervenido para que le extirparan el órgano.

Ante esta situación el propio cirujano se dirigió a un destacamento policial para denunciar al anestesista por su hostigamiento y alegar que actuó en defensa propia. También alegó que el hombre que terminó internado le había roto el celular durante la discusión. El fiscal Javier Ochoaizpuro se enteró de que el anestesista se encontraba internado en una clínica privada cuando intentó contactarlo para tomarle declaración.

El representante del Ministerio Público señaló a los medios de comunicación locales que algunos testigos que presenciaron la discusión previa ya fueron llamados a declarar. Sin embargo, no había personas presentes al momento de la brutal golpiza. Hasta el momento, la causa quedó caratulada como “lesiones graves”.

“Estamos en plena etapa de instrucción para determinar cómo se sucedieron los hechos”, dijo el fiscal.

Según reportó el medio local El Vediense el director del hospital, Sebastián Meneses, aseguró que solicitó la suspensión del profesional “considerado supuesto agresor, hasta tanto la Justicia se expida”.

“Repudiamos todo hecho de violencia tanto para con el personal del hospital como hacia las personas que habitualmente concurren al establecimiento”, dijo.