En su primer día en funciones, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, decidió avanzar ayer a toda velocidad para poner en marcha un programa de créditos productivos no bancarios, tal como anunció el Presidente ante la Asamblea Legislativa. Lo hará de la mano de los movimientos sociales, que tendrán una fuerte presencia en el organigrama del ministerio.

La iniciativa se pondrá en funcionamiento desde la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), un organismo que se creó en 2007, por impulso del propio Arroyo, y que quedó casi inactivo en los últimos años. La idea es otorgar préstamos a organizaciones y personas, para financiar bienes de capital o para desendeudar a las familias.

La tasa de los créditos no superará el 3 por ciento anual, muy por debajo del costo de los préstamos en el sistema bancario. En la actualidad, esos créditos son en promedio de unos 15.000 pesos y, según el presupuesto de este año, totalizan 140 millones de pesos. Arroyo planea ampliar el monto promedio y multiplicar el presupuesto total, para que lleguen potencialmente al 40 por ciento de la población.

Los préstamos tienen como antecedente el plan Manos a la Obra, instrumentado en 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se sostendrán con fondos públicos y llegarán a los beneficiarios por medio de cooperativas, mutuales y entidades de la sociedad civil. Tendrán como destinatarios a personas y organizaciones. El objetivo del programa es volcar recursos para financiar microemprendimientos productivos. En la cartera conducida por Arroyo todavía no saben cuál será el monto total de la inversión en el programa.

El ministro conversó ayer del tema con el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico. El líder del Movimiento Evita tendrá como subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local a Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie, una de las agrupaciones que integran el llamado triunvirato piquetero. El ministerio tendrá otras cuatro secretarías: Inclusión Social, a cargo de Laura Valeria Alonso, dirigente de La Cámpora; Articulación de la Política Social, de Gonzalo Calvo; Abordaje Integral, a cargo de Alicia Soraire; de Coordinación Administrativa, de Cecilia Lavot, y de Niñez, Adolescencia y Familia, de Gabriel Lerner.

«El programa de microcréditos existe, pero está muy deprimido. La intención es dotarlo de más poder. La estructura ya está», explicaron voceros del ministerio, y detallaron que la idea es agilizar los procesos para que los primeros préstamos puedan otorgarse en unos 60 días. Ponen como ejemplo el emprendimiento de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), de Mendoza, que le vende tomates en conserva al chef argentino Mauro Colagreco, elegido el mejor chef del mundo, por el restaurante francés Mirazur.

«Los créditos pueden ser para comprar una máquina, para herramientas o para poner en marcha un emprendimiento», explicaron. «También, para que las familias endeudadas puedan pagar lo que deben y adquirir créditos más baratos», detallaron.

Antes de reunirse con Pérsico, Arroyo recorrió las instalaciones del ministerio, ubicado en el edificio de 9 de Julio y Belgrano, y conversó con los empleados de distintos sectores. «Quedó muy impactado por el malestar que había acumulado la gestión anterior en muchas áreas. Hubo gente que lo recibió llorando», contaron a LA NACION en su entorno. El ordenamiento de las cuestiones internas le consumió al ministro buena parte del día.

Contra el hambre
En la agenda del funcionario figura la primera convocatoria del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, aunque todavía no se definió si será el lunes o el martes de la semana que viene. Antes de encabezar esa primera reunión, Arroyo visitará un comedor comunitario situado en un municipio del conurbano bonaerense. La emergencia alimentaria, medida que el Gobierno pretende prorrogar, prevé para el año próximo fondos por 40.000 millones de pesos.

Fuente: La Nación

El economista será el nuevo titular del Banco Central de la República Argentina, según adelantaron desde el entorno de Alberto Fernández. Fue vicepresidente de la entidad y tiene una larga experiencia en la gestión pública.

Miguel Ángel Pesce será el nuevo titular del Banco Central de la República Argentina, según adelantó una alta fuente del entorno de Alberto Fernández.

Se trata de un economista, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con una larga experiencia en la gestión pública. Particularmente en materia financiera ya que se desempeñó como vicepresidente de la más alta autoridad monetaria durante más de una década e inclusive llegó a presidir interinamente el BCRA.

El diario Ámbito Financiero resalta que quienes conocen a Pesce señalan que se trata de un profesional con pensamiento heterodoxo. Reflexivo, se lo considera un hombre con buenos vínculos tanto con la banca como con las finanzas internacionales.

No son pocos los desafíos que enfrentará el futuro conductor de la política monetaria. El presidente electo Alberto Fernández ha señalado que es necesario bajar la tasa de interés para poner en funcionamiento la economía. En tal sentido, se anticipa que Pesce cuenta con la capacidad técnica para compatibilizar este objetivo con la regulación monetaria.

Todo indica que con la implementación del cepo -que seguramente continuará- el Banco Central llevará adelante una política de expansión monetaria. Por otra parte, el gobierno saliente también allanó el camino al firmar una autorización para que el BCRA financie al Tesoro por 400 mil millones de pesos.

No obstante, la concentración de vencimientos de la deuda externa, la limitada disposición de reservas y la ausencia de crédito internacional imponen un contexto difícil para las nuevas autoridades. A modo de referencia, en los próximos meses los vencimientos en divisas suman 15.000 millones de dólares, es decir una cifra superior a las reservas de libre disponibilidad.
Antecedentes
Políticamente vinculado a la Unión Cívica Radical, dentro del grupo denominado radicales K, es decir quienes apoyan al kirchnerismo, Pesce asumió la vicepresidencia del Banco Central el 24 de septiembre de 2004, cargo que mantuvo hasta el 12 de diciembre de 2015, es decir hasta el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. De esta forma, acompañó a cuatro presidentes de la entidad, sucesivamente: Martín Redrado, Mercedes Marcó del Pont, Juan Carlos Fábrega y Alejandro Vanoli.

Ocupó interinamente la presidencia del Banco Central entre el 29 de enero y el 3 de febrero de 2010, tras la destitución de Redrado, a raíz del conflicto suscitado por la implementación del Fondo del Bicentenario. En aquel momento Redrado se enfrentó con la presidente Fernández de Kirchner cuando este economista se opuso a la utilización de las reservas de la entidad para pagar la deuda externa. Posteriormente, Pesce fue procesado junto con Cristina y otros funcionarios por la causa de la venta de dólar futuro.

Además de su paso por el BCRA, Pesce fue Síndico General de la Nación, secretario de Hacienda y Finanzas de las Ciudad de Buenos Aires y actualmente preside el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

China habilitó a 18 establecimientos apícolas argentinos a exportar miel a ese país, entre los que se encuentran cinco empresas entrerrianas. Argentina es el segundo país exportador del mundo y la mayoría de las colmenas están asentadas en Entre Ríos, Buenos Aries, Santa Fe y Córdoba.

El sector apícola de Argentina cuenta con más de 11.000 productores, siendo el país el segundo exportador con más de 70.000 toneladas por un valor total de 175 millones de dólares durante 2018.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que la Administración General de Aduanas de la República Popular China habilitó 18 establecimientos apícolas argentinos a exportar miel a este destino, entre los cuales se encuentran cinco empresas entrerrianas.

Los establecimientos entrerrianos habilitados son Grúas San Blas S.A., Naiman S.A., Apícola Danangie; Cooperativa Apícola Villa Elisa LTDA., Cooperativa Apícola Del Paraná LTDA.

Al respecto, el secretario de Producción, Álvaro Gabás, comentó que “en marzo pasado nos informaban que China evaluaba abrir su mercado a la importación de miel desde la Argentina y es allí donde una delegación del organismo sanitario de ese país verificó los sistemas de control y certificación de embarques de miel implementados por el Senasa y visitó establecimientos procesadores de ese producto en Entre Ríos. En ese momento comenzó la expectativa que hoy se hace tangible en la posibilidad de que cinco establecimientos de la provincia puedan iniciar negociaciones para exportar a dicho país”.

Mencionó que luego de eso se firmó un protocolo entre Argentina y China por el cual comenzaría así el estudio por parte de los importadores chinos de las empresas que tuvieran sus plantas en condiciones exigidas, para llegar a afirmar hoy que cinco empresas entrerrianas están habilitadas.
Por último, el funcionario expreso que “el mercado internacional requiere de los productos de Argentina y el sector apícola se destaca en la producción de miel de calidad y variedades que son solicitadas. Además nosotros desde el organismo acompañamos los proyectos, escuchamos a los productores, y estamos trabajando desde todos los sectores que componemos el gobierno de Gustavo Bordet para que nuestra producción sea cada vez más fructífera, fomentando el trabajo mancomunado, y de acompañamiento de los sectores públicos y privados. Producción está siempre cerca y presente, apuntalando y apoyando a cada localidad en cada rincón del territorio provincial”, finalizo Gabás.

Asimismo, se adelantó desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que otros interesados en ser registrados están trabajando con Senasa en preparar los documentos correspondientes para cumplir con los requisitos de habilitación establecidos por el país asiático.

Referencias del sector

Durante 2018 se abrieron seis nuevos mercados para el sector: Brasil, para miel y abejas reinas; Bolivia, para colmenas y abejas; Ecuador y Paraguay, para miel; Túnez y Uruguay, para abejas.

Argentina posee un nuevo sistema de trazabilidad de la miel destinado a simplificar trámites y optimizar la cadena apícola.

En la actualidad Argentina es el 2º exportador, detrás de China, y el 3º productor mundial. Exportó más de 70.000 toneladas por un valor total 175 millones de dólares durante 2018 a 30 destinos: Estados Unidos (48,37%) nuestro principal comprador, luego de Alemania (25.4%) y Japón (6.3%).

El sector apícola de Argentina cuenta con más de 11.000 productores registrados en el Registro Nacional de Productores Apícolas que administra la cartera agropecuaria nacional con unas 2.400.000 colmenas ubicadas en 29.000 apiarios georeferenciados.

Las provincias de Buenos Aries, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba tienen asentadas la mayoría de las colmenas. Asimismo, cabe destacar la producción de miel no tradicional como Miel de las Islas del Paraná, Monte Nativo, Miel de limón, Eucaliptus, entre otras, permiten diferenciarlas por su origen botánico.

El comienzo de un proceso de evaluación y armonización
Representantes de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China (AQSIQ), verificaron los sistemas de control y certificación de embarques de miel implementados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y visitaron establecimientos procesadores de ese producto en el país.

La visita de la delegación del país asiático, realizada entre el 25 de marzo y el 1 de abril, tuvo por objetivo la evaluación del Sistema productivo y de comercialización de miel desde Argentina y los controles higiénico sanitarios que realiza Senasa y su interrelación con los demás organismos del Estado nacional y provincial.

La visita marcó el comienzo de un proceso de evaluación y armonización de requisitos para la apertura del mercado chino a la exportación de miel desde la Argentina

(Prensa Secretaría de Producción)

La reactivación del puerto de Concepción del Uruguay suma iniciativas innovadoras. Ahora se incorporará a los contenedores como otra modalidad de transporte para exportar mercadería entrerriana hacia nuevos mercados internacionales.

Mientras se aguarda la llegada de otro ultramarino para embarcar una nueva carga de madera de pino a granel, desde la empresa TPCU, administradora del Depósito Fiscal que tiene el puerto uruguayense, se ultiman los detalles para la realización de una operación de exportación de colza con destino a los Estados Unidos y Holanda.

En este caso se trata de una oleaginosa que tiene su origen en productores de la zona de Basavilbaso y que tiene previsto una carga de 186 contenedores para totalizar unas 4 mil toneladas.

Si bien aún no se ha definido la modalidad de transporte, se están haciendo las negociaciones para que la mercadería entrerriana salga a través del puerto uruguayense por medio de un buque portacontenedores que ya hizo su presentación ante los exportadores entrerrianos hace pocas semanas.

Silvina Ramírez, de la empresa Servicios Integrales de Comercio Exterior, es una de las responsables que lleva adelante la negociación con los armadores de la exportación tratando de encontrar la mejor alternativa para la salida de la colza desde Concepción del Uruguay.

“La reactivación portuaria que viven los puertos entrerrianos abre nuevas oportunidades para los productores de toda la región, y nosotros desde el Depósito Fiscal que administra la empresa TPCU estamos en constante búsqueda de nuevos mercados para la producción entrerriana, la colza es uno de estos productos, ahora tenemos que encontrar la forma en que saldrá al exterior, podría ser por medio de un buque portacontenedores con el que ya se han firmado convenios, sin embargo nuevas disposiciones fiscales sobre los contendores imponen una negociación que no estaba en los planes y estamos negociando las tarifas”, señaló.

La exportación estaba programada a través del buque portacontenedores “Independendiente” de bandera paraguaya, que llegaría el día 25 de noviembre con los primeros contenedores vacíos para consolidarlos en Concepción del Uruguay. En total está previsto una carga de 186 contenedores.

La colza es una planta que se cultiva por todo el mundo para producir forraje, aceite vegetal para consumo humano y biodiésel. Es la tercera fuente de aceite vegetal tras la soja, y la palma, además de la segunda fuente mundial de comida proteínica.

Hay casi 400.000 empresas, sobre todo pymes, al borde de la desaparición por su volumen de deudas ante la AFIP. Incluirá perdón de pasivos más un importante plan de pagos.

El próximo gobierno enviará al Congreso un ambicioso proyecto de ley de moratoria impositiva y previsional, que incluirá una quita de la deuda que se mantenga con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y un importante plan de pagos.
La nueva norma formará parte de la iniciativa del Pacto Social que lanzará Alberto Fernández de manera oficial el mismo día de asumir; y se buscará que el Congreso apruebe el proyecto dentro de las sesiones extraordinarias que el próximo presidente convocará una vez que asuma.

Según los asesores albertistas se trataría de una de las moratorias de mayor alcance en décadas, y obedecería a un reclamo tanto de la industria, especialmente las pequeñas y medianas empresas, y los sindicatos.

La iniciativa formaría parte del paquete que se discute para que ambos sectores aceleren las negociaciones para firmar lo más rápido posible el acuerdo social, como primer elemento para comenzar con la reducción de la inflación y la reactivación económica, según la confianza que se tiene dentro de los equipos económicos del próximo presidente.

Este paquete se complementa, tal como adelantó Ámbito, con la apertura, por primera vez en décadas, de las negociaciones para la firma de nuevas convenciones colectivas de trabajo en rubros y sectores que vayan negociando acuerdos puntuales entre empresarios y trabajadores.

En el caso de la moratoria impositiva, desde el albertismo justifican la medida con un dato demoledor: según la información que manejan en los equipos económicos del próximo jefe de Estado, habría aproximadamente 400.000 empresas (la mayoría pymes) con serios incumplimientos tributarios ante el organismo recaudador; las que, en muchos casos, están al borde de las inhibiciones bancarias en cuanto la AFIP levante la suspensión que rige hasta diciembre.

Además, según los asesores de Alberto Fernández, la mayoría de esas empresas, estaría en condiciones económicas y comerciales de crisis terminal, con lo que tampoco tendrían la posibilidad de poder cumplir con la deuda acumulada ante el fisco.

Los datos del próximo oficialismo hablan de una situación que se salió de eje durante el último año y medio, a partir de la crisis financiera y cambiaria desatada desde abril de 2018. Se critica la actitud de la conducción impositiva de Leandro Cuccioli; quien, según la visión de la oposición, en lugar de asistir a las empresas en crisis, presionó aún más a los contribuyentes morosos para que estos desistieran de financiarse con el no pago de impuestos, ante el incremento acelerado de las tasas de interés bancarias, al ritmo de la evolución de las Leliq.

Luego, con la desaparición del crédito desde septiembre del 2018, situación profundizada desde abril de este año, según la visión del albertismo la cantidad de contribuyentes que comenzaron a mostrar problemas de continuidad, se fue multiplicando hasta llegar al número preliminar que se maneja hoy dentro de la propia AFIP.

La propuesta que se elabora es la de proponerles a los contribuyentes que estén en plena morosidad y que puedan mostrar los problemas de complimiento que sufrieron desde la crisis del 2018; que puedan acceder a una quita en el volumen del pasivo y un plan de pagos de “largo plazo y con tasas razonables”.

“La mayoría son pequeños y medianos contribuyentes que se cayeron con la crisis, y que no tienen ninguna posibilidad de acceso al crédito ni de pagar sus deudas”, aseguran desde el albertismo para justificar la medida.

En el caso de la moratoria previsional, se trata de un pedido hecho específicamente de parte de la CGT, como condición para sumarse al acuerdo social que propone el próximo gobierno de Alberto Fernández.

La intención es presentar un proyecto de ley que incluya un amplio llamado al blanqueo de empleados no registrados, al menos desde el estallido de la crisis; sumado, en el caso de las pymes, a una rebaja en las contribuciones patronales y aportes durante un período determinado de tiempo.
Alcances

También se buscará redactar artículos de reducción de la litigiosidad, a pedido de la Unión Industrial Argentina (UIA) y con el aval de la CGT. Según el albertismo desde la crisis del 2018, la evolución del trabajo en negro se fue acelerando hasta superar hoy un récord de 40%, porcentaje que no se veía desde la crisis del 2001.

“Uno de cada tres trabajadores no tienen cobertura médica, ni hacen aportes para su jubilación, lo que potencialmente se trata de una bomba social”, aseguran desde la oposición. El proyecto incluiría condonaciones de las deudas de aportes y contribuciones; extinción de acción penal, multas, exención de capital e intereses adeudados en materia de seguridad social y la baja en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

Este jueves finaliza el congelamiento de precios y habilitaría a las empresas a aplicar nuevos incrementos. Estiman un atraso del 15%. El fin de semana podría haber novedades.

Este jueves llega a su fin el congelamiento de precios de combustibles decretado por Mauricio Macri el 16 de agosto. Es por eso que desde el sector esperan que a partir del fin de semana se dé un primer aumento en las naftas en torno del 5%.
Según aclararon, el Gobierno y las petroleras mantienen reuniones para que el impacto en el bolsillo de los consumidores no sea tan fuerte: estiman que el precio quedó atrasado un 15%, por lo que en los primeros días de diciembre -previo al 10-D, día de la asunción de Alberto Fernández- podría haber otro incremento que generará más presión sobre la inflación.

Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), analizó el escenario actual y lo que podría ocurrir desde el jueves. “El Gobierno está negociando con las petroleras para definir los pasos a seguir luego del congelamiento. Podría haber una actualización del 5% al 6%. Las petroleras están informando que tienen un atraso del 15%, luego de que les hayan permitido -dentro del congelamiento- dos aumentos del 5%. Todavía no hay nada oficial”, sostuvo.

En esta línea, según publica Ámbito, Bornoroni remarcó: “Es una negociación que es positiva, que el Gobierno y las petroleras se sienten para ver cómo seguir, para que de esta forma afecte de la menor manera posible a los ciudadanos”. El gesto que destaca el representante de las estaciones de servicio tiene que ver con que, en efecto, desde el jueves las petroleras no necesitarán de la autorización del Ejecutivo para aplicar aumentos.

En el sector sostienen que lo que defina YPF marcará, de alguna manera, el camino del resto de las petroleras, ya que cuenta con el 60% del mercado. Y Daniel González, su CEO, declaró días atrás cuando le consultaron al respecto: “Seremos muy responsables en la forma en que aumentamos los precios. Nos importan nuestros clientes, así que lo que haremos será lo necesario”.

El decreto firmado por Macri en agosto (luego de las PASO) establecía que por noventa días corridos, el precio de la nafta se determinara aplicando un tipo de cambio de referencia de $45,19 por dólar y un precio de referencia Brent de u$s 59 por barril. Pero la devaluación obligó a que, en medio del congelamiento, se permitieran dos subas: una fue a mediados de septiembre y la otra el 1° de noviembre (después de las elecciones) que buscaban, además, hacer frente al desabastecimiento que afectaba a diferentes estaciones de las denominadas sin bandera.

Según los datos que difundió la Secretaría de Energía a fines de octubre, el congelamiento de los precios de combustibles contribuyó a frenar la caída en las ventas: en septiembre, el despacho creció un 4,9% frente al mismo mes de 2018. “El congelamiento aplicado desde mediados de agosto, si bien no incentivó un mayor consumo, al menos estaría contribuyendo a frenar la caída que sucedía mes a mes previo al DNU”, destacaron desde CECHA, que reúne a más de 4.800 estaciones de servicio de todo el país, publicó Ámbito.

Las petroleras están a la espera de que finalice la medida del Gobierno nacional para aplicar un nuevo incremento en los valores. Estiman que pueden aumentar un 5%.

El jueves finaliza el congelamiento de combustibles que el Gobierno había dispuesto por 90 días tras la última devaluación, lo cual podría derivar en otro incremento del 5% en los surtidores, al que se le podría sumar otro 5% en diciembre, según esperan en el mercado petrolero.
Fuentes del sector puntualizaron ante la consulta de BAE Negocios que la expectativa está puesta en lo que realice YPF, la principal operadora que por su peso tiene la capacidad de marcar la cancha al resto de las jugadoras.

La petrolera manejada por el estado podría aplicar subas graduales una vez que venza el congelamiento de los combustibles. En ese sentido, se habla de un 5% para este jueves y otro 5% que podría aplicarse en diciembre, más allá de lo que defina el Gobierno en relación a un ajuste pendiente del 12% en el impuesto a los combustibles, que podría ser paulatino.

Lo cierto es que el 14 de noviembre termina el plazo de 90 días dispuesto en el decreto 566 que fijó un precio del dólar y por ende del barril de petróleo inferior al de mercado para evitar un mayor traslado a precios de la devaluación que siguió a las PASO. La norma generó un duro golpe en la actividad y el Gobierno apuntó a incrementos en tramos: primero un 4% en septiembre y luego otro 5% el 1 de noviembre.

Para las petroleras, a comienzos de mes existía un atraso del 20% que para los funcionarios en rigor estaba en torno al 15%. Por lo que con el alza del 5% de hace diez días, el 5% que se espera para el jueves y el otro 5% que se presume será en diciembre, las empresas ya habrán recuperado la mayor parte de la rentabilidad perdida en los últimos 90 días.

Así, el litro de nafta súper de YPF que hoy cuesta $47,75 en la Capital cotizaría arriba de los $52. Pero el resto de las petroleras deberá esperar a ver qué política toma la principal jugadora del mercado para no quedar en off side y tener que retrotraer los valores en los surtidores si la empresa estatal no lleva los mayores costos automáticamente a los precios el día del descongelamiento.

Lo cierto es que junto con los aumentos en alimentos, entre los que se encuentran la carne y la harina, y las prepagas en diciembre, los nuevos valores para las naftas y gasoil le ponen un piso del 4% a la inflación de noviembre y otro tanto para el último mes del año, e incluso algunas consultoras privadas estiran la suba de precios al 7% mensual para el actual bimestre.

En ese sentido, el Indec dará a conocer esta semana el IPC de octubre, que también se ubicaría cerca del 4%, publicó Bae Negocios.

La nueva escala regirá desde el 1 de enero de 2020. Igual quedará por debajo de la inflación, por lo cual aumenta la presión impositiva
Tal como estipula la Ley de Monotributo, en los próximos dias la AFIP deberá difundir los nuevos valores que regirán para el Monotributo a lo largo de 2020 con un incremento del 51,1%.
Ese porcentaje corresponde a la movilidad de jubilaciones y prestaciones socialesde este año que se aplica también para actualizar las categorías de los monotributistascon los ingresos brutos anuales, los alquileres devengados anuales y el importe a pagar mensualmente tanto por la parte impositiva como por el aporte previsional y de salud.

La ley de movilidad ajusta cada tres meses un 70% por inflación y 30% por el RIPTE (salarios formales) con una desfase o retraso de 6 meses. El indice de diciembre aún no fue oficializado (la Resolución se publicará antes de fin de mes ) pero desde fines de agosto pasado se sabe que arroja un 8,74%, lo que eleva el ajuste anual al 51,1%.

De esta manera, al igual que las jubilaciones y demás prestaciones sociales,el ajuste del Monotributo será inferior a la inflación que se estima podría rondar este año el 55,6%, según el relevamiento del BCRA.

En consecuencia los topes para permanecer en el régimen del Monotributo pasarán de $1.151.066 a $1.739.261 para el caso de quienes presten servicios y de $1.726.599 a $2.608.892 para quienes realicen ventas de mercaderías o cosas muebles.

En tanto, la cuota mínima sube de $ 1.294.- a $ 1.955.- para los monotributisas puros tanto de servicios como de venta de mercaderías. Y la máxima de $ 6.254.- a $ 9.450.- para los locadores y prestadores de servicios (categoría H) y de $ 9.738.- a $ 14.174.- para quienes tengan actividad de comercio (categoría K)

Se estima que hay 1,6 millones de monotributistas “puros” – pagan la cuota completa con los tres componentes, según los datos del Ministerio de Producción y Trabajo,y otro millón que simultáneamente se desempeña en relación de dependencia, quienes pagan solo la parte impositiva.

En el caso de las cuotas, hay dos variantes. Si el Monotributista trabaja al mismo tiempo en relación de dependencia ( variante 1) solo abona el impuesto, ya que está eximido de aportar la cuota de jubilación y de obra social que ya la abona como empleado dependiente. Si es Monotributista “puro” (variante 2) abona el impuesto y las cuotas de jubilación y de obra social.

El aporte previsional varía según las categorías,mientras el aporte a la obra social será una cuota de $ 1.041,07 similar para todas las categorías.

Así quien en 2020 estará en la categoría A abonará una cuota mensual de $ 168,95 en la variante 1 – ya sea si factura servicios o mercadería- o de $ 1.955,41 si estará en la variante 2.,

A partir de la categoría C, los valores ya no son similares para servicios o venta de cosas muebles. Por ejemplo, en la categoría E si es monotributista variante 1 su cuota será $ 1.349,15 si vende mercadería o $ 1.739,26 si presta servicios.

Si es variante 2, abonará $ 3.481,56 si vende mercadería o $ 3.871,67 si presta servicios.

Con estos nuevos valores, «en enero próximo, los contribuyentes adheridos al régimen deberán proceder a realizar la recategorización considerando los nuevos importes», aclaró el tributarista Marcelo D. Rodriguez, de MR Consultores. Y agregó: «En consecuencia, el contribuyente podría tener que modificar -en más o menos su categoría o, eventualmente, mantener la misma categoría que detente en diciembre de 2019. En este último supuesto, no tendrá que realizar ningún trámite», publica Clarín.

Los empleados de Entre Ríos también se beneficiarán del aumento dispuesto por el máximo tribunal de Justicia de la Nación
La suba comenzará a regir «a partir del primero de noviembre del 2019». Aplicará para los trabajadores de Entre Ríos, por «enganche» con la disposición nacional.

Según el texto, se trata un incremento «remunerativo y bonificable, para todas las categorías del escalafón del Poder».

Argumentan que la acordada firmada persigue el «propósito de mantener el poder adquisitivo de los sueldos de todas las categorías del escalafón» frente a la inflación.

La asignación no tendrá carácter remunerativo y «se compensará en próximas revisiones salariales». Quedó decretado que se «abonará en el mes de octubre o en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes».

El Gobierno detalló las características que tendrá el pago de los 5.000 pesos para trabajadores del sector privado, medida que fue acordada con empresarios y representantes de la CGT.

La decisión fue oficializada mediante el decreto 665/2019, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Mauricio Macri y la totalidad de su Gabinete.

Se determinó que la asignación no tendrá carácter remunerativo y se abonará en cuotas que serán establecidas por los distintos sectores de manera individual. Así, el decreto permite que los sectores más complicados puedan negociar con sus respectivos sindicatos la forma de pago.
«Establécese una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá a la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), la cual se abonará en el mes de octubre de 2019 o en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo en ejercicio de su autonomía colectiva», señala textualmente el artículo 2.

El artículo 2º del decreto establece que si la jornada laboral es reducida, la compensación salarial será proporcional a esa cantidad de horas trabajadas. El 3º, en tanto, plantea que la suma de $5.000 se compensará en las próximas revisiones salariales y que los empleadores que hubieran otorgado unilateralmente un bono luego del 12 de agosto (es decir, a raíz del impacto devaluatorio) podrán ser compensados.

Esto implica que el escenario variará dependiendo del sector y de la situación de la empresa en particular.
El decreto
Decreto 665/2019
DNU-2019-665-APN-PTE – Asignación.
Ciudad de Buenos Aires, 25/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-86742054- -APN-DGD#MPYT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 23.546 (t.o. 2004), 24.013, sus modificaciones, 25.212, sus modificatorias y 27.345, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Régimen de Convenciones Colectivas de Trabajo del Sector Privado, regulado por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y según el procedimiento establecido por la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), se llevaron adelante las negociaciones colectivas correspondientes al año en curso.

Que en dicho marco normativo se realizaron las negociaciones salariales entre los representantes de los trabajadores y de los empleadores de cada actividad, sector o empresa, arribándose a las distintas fórmulas de aumento salarial, plasmadas en los respectivos instrumentos de efectividad convencional.

Que sobre los citados convenios y acuerdos se practicaron los controles de legalidad y de no vulneración del interés general.

Que son de público conocimiento los recientes acontecimientos económico-financieros desencadenados y la incertidumbre generada en el marco del proceso eleccionario en curso.

Que las recientes mediciones efectuadas por el organismo estatal competente han arrojado una variación coyuntural del nivel general del índice de inflación de precios al consumidor.

Que ante el impacto socio-económico producido por dicho fenómeno, resulta urgente y necesario adoptar las medidas pertinentes para que, con la celeridad del caso, se mantengan los estándares adquisitivos de las remuneraciones que han sido considerados por las partes colectivas al momento de celebrar los citados acuerdos.

Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente establecer una asignación no remunerativa para los trabajadores del sector privado, dejándose constancia que ello no implica una afectación del derecho constitucional de negociación colectiva, el cual mantiene plena vigencia con los niveles y alcances que determinen las partes en cada caso.

Que el Servicio Jurídico de Asesoramiento Permanente del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ha tomado la intervención que le compete.

Que la situación expuesta configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la formación y sanción de las leyes.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Establécese una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá a la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), la cual se abonará en el mes de octubre de 2019 o en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo en ejercicio de su autonomía colectiva.

ARTÍCULO 2°.- Cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores percibirán la asignación en forma proporcional, de acuerdo a los mecanismos de liquidación previstos en el convenio colectivo aplicable o, supletoriamente, según las reglas generales contenidas en la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- La suma referida en el artículo 1° del presente se compensará en las próximas revisiones salariales. Los empleadores que hubiesen otorgado, unilateralmente o por acuerdo de manera extraordinaria, otros incrementos sobre los ingresos de los trabajadores a partir del 12 de agosto de 2019, podrán compensarlos hasta su concurrencia con la suma total de la asignación establecida en el artículo 1° del presente.

ARTÍCULO 4°.- Quedan excluidos de los alcances del presente decreto los trabajadores del sector público nacional, provincial, municipal y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, cualquiera sea su modalidad de vinculación y/o el régimen laboral aplicable. También se encuentran excluidos del presente decreto los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario, regulado por la Ley N° 26.727, y del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, regulado por la Ley N° 26.844, sin perjuicio de lo que puedan establecer los órganos competentes.

ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6°.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI – Marcos Peña – Rogelio Frigerio – Jorge Roberto Hernán Lacunza – Guillermo Javier Dietrich – Carolina Stanley – Dante Sica – Jorge Marcelo Faurie – Germán Carlos Garavano – Patricia Bullrich – Luis Miguel Etchevehere – Alejandro Finocchiaro – Oscar Raúl Aguad

e. 26/09/2019 N° 73269/19 v. 26/09/2019

Fecha de publicación 26/09/2019

En la reunión técnica de este se redactó el decreto, que sería publicado en los próximos días. El bono se pagaría en los plazos y las condiciones que se acuerden entre empresarios y trabajadores
El bono o plus salarial de 5.000 pesos para los trabajadores del sector privado que acordaron pagar los empleadores será abonado en octubre «en los plazos y las condiciones que se acuerden entre empresarios y trabajadores signatarios de cada convenio colectivo de trabajo», según explicaron fuentes presentes en el encuentro para la redacción del decreto, que se espera salga publicado esta semana en el Boletín Oficial, una vez que el presidente Mauricio Macri lo firme a su regreso de Nueva York.

«En la reunión de esta mañana -por ayer- con los representantes técnicos del sector sindical y empresario se avanzó en la implementación de la recomposición salarial obligatoria y no remunerativa de $5.000 acordada ayer para los trabajadores del sector privado», precisó una fuente.

Durante el encuentro se estableció que la suma se compensará con los aumentos que se otorguen en las próximas revisiones salariales, «se pagará durante el mes de octubre o en los plazos y las condiciones que se acuerden entre empresarios y trabajadores signatarios de cada convenio colectivo de trabajo».

Cabe recordar que la reunión en la que se confirmó el pago del bono se realizó el último lunes y fue encabezada por el ministro de la Producción y el Trabajo, Dante Sica. «Alcanzará a todos los trabajadores bajo convenio colectivo de trabajo», señaló por su parte Daniel Funes de Rioja, directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), en el almuerzo del Consejo Iberoamericano de Comercio y Producción (Cicyp), entidad que preside y donde disertó como invitado el candidato a presidente de Uruguay, Daniel Martínez Villamil.

Funes de Rioja también refirió que deberá ser cada sindicato el que acuerde con el sector empresario la forma del pago de los $5.000 de recomposición. «Cada sector tendrá su forma de pago» y «no es un bono, sino que es una compensación de futuros aumentos», dijo. Las fuentes consultadas por la agencia Télam coincidieron que el pago será en octubre, en plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes según convenio colectivo.

También precisaron que será proporcional a la jornada laboral convencional y que será un compensatorio de las próximas revisiones salariales, con fechas distintas según cada sector productivo. Agregaron que quedan excluidos los trabajadores del régimen de trabajo agrario y personal doméstico.

Los empresarios que participaron del Cicyp se mostraron satisfechos con el acuerdo alcanzado respecto del pago de los $5.000 en cuotas, de acuerdo a las posibilidades y negociaciones que alcance cada sector.

El aumento de los combustibles impactó más fuerte en el interior del país, donde la nafta súper ya cuesta más de 50 pesos por litro, mientras que las premium superan los 56 pesos.

 

El 4 por ciento de aumento en los combustibles que autorizó el gobierno se siente más fuerte en el interior del país, donde el costo de los combustibles son más altos que en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
En Paraná, la nafta súper pasó a 50,09 pesos, la Infinia a 56,24, el Infinia diesel a 54,79 y el Diesel 500 cuesta 45,94 pesos.

En Misiones, en otro caso, el promedio de la nafta súper es de 52 pesos por litro, llegando a 57 las premium.

En tanto, en la provincia de Córdoba en las estaciones de servicio YPF la nafta súper se consigue 50,39 pesos por litro, mientras que la infinia a $56,24 y el gasoil pasó a $44,38.

Mientras esto sucede en el interior, en Capital Federal, YPF pasó a vender el litro de nafta súper a $45,49; la Infinia, $52,49; el gasoil común, 42,59 y el «premium», $48,84.

En el caso de Shell, los precios serán los siguientes: $45,91 para la nafta súper; $52,97 para la premium; $43,96 para el diésel y $49,92 para el diésel premium.

Axion venderá a $45,64 el litro de nafta súper; 52,92 la premium; $43,82 el diésel y $50,66 la versión premium.

En el Gran Buenos Aires las naftas, en todas sus categorías, se consiguen unos centavos más caros por los impuestos municipales.

Las nuevas autorizaciones se suman a los 7 establecimientos de carne aviar aprobados la semana pasada, en el marco del mecanismo de aprobación simplificado que ambos países han acordado en abril de este año.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que la Aduana de la República Popular China autorizó el registro de ocho nuevos establecimientos de carne bovina.

En este sentido, la Aduana del país asiático informó que, si bien el proceso de autorización para la publicación está en curso, las plantas podrán comenzar a exportar productos cárnicos elaborados a partir del pasado 12 de septiembre.

Por su parte, el titular de la cartera agropecuaria nacional, Luis Miguel Etchevehere, destacó que «estamos trabajando para que muy pronto se sume un número mayor de plantas cárnicas, lo cual significa potenciar la mano de obra y el trabajo de los argentinos. Los logros que venimos obteniendo con China dan cuenta de que la cooperación en agroindustria tiene un papel clave en esta alianza entre ambos países.».

De esta manera, las nuevas autorizaciones se suman a los 7 establecimientos de carne aviar admitidos la semana pasada, en el marco del mecanismo de aprobación simplificado que ambos países han acordado en abril de este año.

Este mes, también se anunció el acuerdo con el país asiático de la apertura del mercado de la harina de soja, el producto de mayor exportación de Argentina. Estos logros se basan en la confianza mutua, el respeto y las elevadas garantías sanitarias que brinda la Argentina en su producción y exportación de alimentos.

Los nuevos establecimientos habilitados son:

Frigorífico HV S.A

Amancay SAICAFI

Frigorífico General Pico SA

Runfo SA

Frimsa SA

Frigorífico Visom SA

SA Importadora y exportadora de la Patagonia

Azul Natural Beef SA

En 2018 las exportaciones a China de carne bovina aumentaron un 118% en comparación al 2017, alcanzando un total de USD862 millones. De esta manera, China se ha convertido en el principal país de destino para nuestra carne vacuna.

En los primeros 7 meses de 2019 Argentina ya ha exportado 868 millones de USD de carne bovina a ese país.

El diputado nacional Atilio Benedetti (Juntos por el Cambio), que integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, estuvo en la presentación del proyecto de Presupuesto 2020 que realizó este lunes el ministro Hernán Lacunza.

El legislador entrerriano destacó la solidez con la que el funcionario presentó la Ley de Leyes y coincidió en la necesidad de construir consensos respecto de la política económica.

El proyecto ingresó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y será debatido formalmente con la nueva conformación de la Cámara, después de las elecciones generales del 27 de octubre.

Tras la presentación del presupuesto, Benedetti afirmó que se trata de un proyecto «acorde al momento por el que está atravesando el país y que tiene en cuenta las últimas dificultades de la economía argentina».

«Es un presupuesto modesto en lo que respecta a la estimación del crecimiento (del 1 por ciento) y cuidadoso en lo que refiere a gastos con el objetivo de poder mantener la necesidad de un superávit fiscal», dijo, al tiempo que destacó “contempla incrementos fundamentalmente en las partidas destinadas a prestaciones sociales (43 por ciento), que tienen un determinado mecanismo de actualización y que le ganarán visiblemente a la inflación prevista” (de 34 por ciento).

Tras resaltar que se prevé una suba de ingresos tributarios del 45,7 por ciento (mayor al porcentaje de inflación), Benedetti se refirió a la política fiscal destacando que «la convergencia hacia el equilibrio fiscal es uno de los objetivos centrales de la política económica de este Gobierno, reduciendo la necesidad de endeudamiento y de emisión para financiar el déficit».

Algunos números

Entre las principales variables, el Presupuesto para el año 2020 que presentó el Poder Ejecutivo proyecta un crecimiento del PBI del orden del 1 por ciento, liderado por un crecimiento de 7 por ciento en las exportaciones, un crecimiento de 1,4 por ciento en el consumo privado y una caída de 4,9 por ciento en la inversión.

En cuanto a la inflación, proyecta una desaceleración de la inflación hasta 34,2 por ciento interanual en diciembre de 2020, luego de una inflación proyectada para diciembre de 2019 de 52,8 por ciento. Según la iniciativa presentada por Lacunza, esta proyección asume un tipo de cambio real multilateral con una leve apreciación punta contra punta, de alrededor del 2 por ciento interanual, y estima un dólar a 67,11 pesos para 2020.

En el sector externo, proyecta un superávit de cuenta corriente de 1.896 millones de dólares que se compara con un déficit de 3.946 millones proyectado para 2019.

El BCRA interviene en el mercado de cambios. Vendió USD 30 millones para contener la suba del tipo de cambio mayorista. Advierten que otra empresa no pudo honrar una deuda en dólares
El control de capitales es un maquillaje para mantener artificialmente estable al dólar.

El caso más concreto es el monto de negocios del primer día de la semana en la plaza mayorista, donde pese a operar por apenas USD 359 millones, el Banco Central tuvo que salir a vender USD 30 millones para evitar que el precio en el mercado mayorista se dispare y pudiera cerrar en $56,28, trece centavos más caro que el viernes.

La divisa en este mercado sube hasta donde se lo permiten, pero los operadores no quieren saber nada de pesos y buscan transformarlos en dólares por distintos caminos.

La suba reprimida del dólar mayorista se convirtió en un alza de 33 centavos a $ 58,77 en bancos y casas de cambio y de 50 centavos en el Banco Nación donde el dólar se vendió a $58. Lo positivo fue que el dólar contado con liquidación retrocedió $3,20, a $66,94 debido a que el Gobierno confirmó que va a pagar el 21 de setiembre, a su vencimiento, la tercera cuota de las cuatro del Bopomo, un título que está prácticamente en manos de un fondo de inversión del exterior y que devenga la tasa de política monetaria que ahora está en 84% anual. Hay emitidos Bopomo en dólares por USD 420 millones y en pesos por 25.000 millones.

Además de acá a fin de año hay que hacer pagos por alrededor de USD 7. 000 millones. De hecho, como saben que los privados no le suscribirán ningún bono después de la «reperfiliación» de la deuda, emitirán una Letra del Tesoro den dólares por USD 275 millones y otra en pesos por 35.000 millones. En la resolución dicen que solo serán suscriptas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que heredaron cuando Néstor Kirchner expropió las AFJP. En otras palabras, el sistema jubilatorio comenzará a levantar las deudas de la Argentina de acá a fin de año. Otra grieta del maquillaje y tal vez la más grave de todas.

El dólar MEP, el que surge de vender en dólares los bonos en dólares que se compraron en pesos, en tanto, cerró en $66,22. Tuvo una baja de más de 4% siguiendo los pasos del contado con liquidación. La paradoja es que los dólares marginales bajaron, mientras los controlados por el Gobierno, subieron.

Por supuesto que la contrapartida de esta demanda de dólares, es que se acentuó la salida de dólares de las cuentas bancarias para refugiarse en el colchón. La caída de estos saldos fueron de USD 185 millones el miércoles de la semana pasada. Cien millones sobre lo que se había perdido el día anterior. Y en los últimos días, a pesar de no contar con información oficial, a partir de episodio de entorpecer el pago de la deuda en dólares de IRSA a los residentes en el exterior, esta salida se acentuó.

Como si esa dificultad no fuera menor, se trabó el pago de otro bono de una empresa de energía. Como estaba emitido bajo el sistema «covent» (con garantía de una acción) al caer en demasía el precio de la acción gatilló una cláusula de pago anticipado que la empresa no pudo cumplir porque el Gobierno no se lo permitió. Los acreedores le están reclamando urgente el pago. Fuentes del Central habían anticipado que emitirán una comunicación aclaratoria para destrabar esos giros, pero aún no se informó.
Caída de la posición de divisas en el Banco Central

Las reservas del Banco Central, a todo esto, cayeron el lunes USD 117 millones a USD 49.868 millones a pesar de que el oro subió 0,43%. Se quebró la barrera de los USD 50.000 millones, el menor registro desde el 17 de diciembre de 2018, hasta que llegó un refuerzo del canje de monedas con China. Por eso las están cuidando como el agua en el desierto. Hoy los encajes bancarios por los depósitos en dólares representan USD 7.500 millones de las reservas, es decir que fueron decisivas para motorizar la baja.

Los bonos no la pasaron bien. La caída de más de 7% del Bonar 2020 y de 4,5% del Bonar 2024, hizo que el riesgo país subiera a 2233 puntos básicos, a pesar de la fuerte baja de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos ante la crisis petrolera. Ahora los bonos norteamericanos, tras su caída, rinden 1,84% anual.

En la Bolsa, sigue el rally de alzas, pero con escasos negocios. Esta vez se operaron $711 millones y el S&P Merval de las acciones líderes aumentó 1,41%, después de tocar al mediodía un techo de alza de casi 5%. Pampa, 5,69% fue uno de los papeles más destacados junto a Transportadora Gas del Sur, 4,68 por ciento.

Los ADR’s argentinos -certificados de tenencia de acciones que cotizan en Wall Street- tuvieron alzas generalizadas porque se utilizan al igual que los bonos de la deuda como instrumentos para sacar dólares del país. Pampa energía 9,5%, Transportadora Gas del Sur 7,37% y Grupo Financiero Galicia 6,29%, sobresalieron en la rueda.

El mercado quedó más golpeado por el impago de bonos privados y está complicando a inversores chilenos, entre otros extranjeros, que apostaron a las empresas argentinas. De Todas maneras, saben que las de primera línea, aunque tengan que hacerlo a través del «contado con liquidación» que es más caro, cumplirán con sus obligaciones para no perder categoría en la calificación de riesgo.

El Gobierno está llevando a la economía a una dolarización absoluta, mientras el mercado de capitales está perdiendo el control. Los dólares se encarecen porque buscan otras salidas. Y como el único dólar que existe es el que se puede palpar y negociar sin restricciones, su precio es el que rige el valor de los alimentos y artículos de consumo. Que a nadie les extrañe a los niveles que puede llegar la inflación de setiembre, ni hablar de octubre, con un dólar que llega en el mercado de contado con liquidación a casi 70 pesos.