En el marco de las acciones definidas por la mesa interjurisdiccional para proteger los humedales en el Delta del Paraná, se avanzó con la empresa concesionaria del puente Rosario-Victoria para fortalecer los controles en esa traza de la ruta nacional N°174.

Además, se iniciará una campaña de prevención y difusión de las normativas vigentes en Entre Ríos.

A través de una reunión online llevada adelante este miércoles, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, junto a los legisladores, Gracia Jaroslavsky y Gastón Bagnat; el presidente municipal de Victoria, Domingo Maiocco; el jefe zonal del distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch y los representantes de la empresa Caminos del Río Uruguay, Arturo Novillo y Edgardo Tullio, definieron acciones para fortalecer los controles a la vera de la ruta, mejorar la seguridad y proteger los humedales en el Delta entrerriano.

“Nos reunimos con representantes de la empresa porque nos preocupa mucho la actividad que se desarrolla a la vera de la ruta que une Rosario y Victoria. La reunión tuvo como propósito fijar medidas entre todos para fortalecer los controles que ya se vienen llevando adelante en la Ruta Nacional”, explicó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.
En este sentido, la Ministra adelantó: “desde la Provincia estamos gestionando la compra de torres para cámaras de videovigilancia que pondremos en funcionamiento en las tres comisarías que tienen las islas, a esto se sumarán también drones que nos permitirán monitorear la zona. Venimos haciendo una labor de control junto con la Municipalidad y Vialidad, pero necesitamos el compromiso especial de la empresa”.

El intendente de la ciudad de Victoria, Domingo Maiocco, explicó que las tareas delineadas con la empresa “van a permitir coordinar las acciones a futuro sobre lo que tanto nos preocupa que es la seguridad y la protección de los humedales”. Asimismo, agregó: “El trabajo que viene realizando la Policía de Entre Ríos es importante, pero sería importante contar con más apoyo de Gendarmería Nacional”.

“Nos comprometimos en hacer un relevamiento de cartelería y señalamiento. Asimismo, coincidimos en la necesidad de entregar algún volante en las cabeceras del peaje para advertir a la gente que transita sobre las normas vigentes. Los vehículos que se encuentren detenidos a la vera de la ruta van a ser levantados por una grúa y depositados donde la municipalidad de Victoria lo determine, bajo el código de faltas de dicho Municipio”, detalló el jefe zonal del distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch.

Por su parte, la diputada Gracia Jaroslavsky, subrayó: “Lo importante es involucrar a la empresa lo suficiente para que cumpla las obligaciones contractuales que tiene. La concesionaria es responsable de que los vehículos que transitan por la ruta no se detengan en ningún momento, salvo aquellas personas que tengan autorizado usar las bajadas con algún fin vinculado a su actividad productiva, no para el turismo, ni para ninguna otra actividad. De manera que coordinar junto a ellos todas las acciones va a ser posible que se eviten los serios inconvenientes que ha habido hasta la fecha”.

«El poder de Policía lo tiene Gendarmería ya que es tránsito federal, sin embargo, puede la Policía de la Provincia, colaborar haciendo actas de tránsito. El concesionario es quien tiene que monitorear todo lo que tiene que ver con Seguridad Vial y esto implica no bajar, no cortar alambrados y dar aviso a Gendarmería. Creo que la prevención es lo fundamental, por lo que sería importante que gendarmería refuerce el puesto caminero con un vehículo que esté patrullando permanentemente la zona”, explicó al respecto el senador por el departamento Victoria, Gastón Bagnat.

Por su parte, el jefe de Conexión Rosario- Victoria de Caminos del Río Uruguay, Edgardo Tullio, agradeció la posibilidad de participar en la reunión y explicó que desde la empresa “vamos a reforzar una vez más este tema con nuestro personal a través de capacitaciones. Además, vamos a imprimir y distribuir la folletería”.

En este sentido, agregó: “Continuaremos proveyendo la movilidad que estamos ofreciendo a tiempo completo para el personal de Pesca y Fiscalización de la Municipalidad de Victoria, que los fines de semana están permanentemente recorriendo el predio e identificando usuario que hacen prácticas incompatibles con los usos del suelo en la zona de la concesión”.

 

La jueza de juicio de Concepción del Uruguay María Evangelina Bruzzo rechazó por «improcedente» el amparo que había presentado la abogada Nadia Vanina Telis por el que pidió que se obligue a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) a dejar sin efecto los paros virtuales resueltos en demanda de aumento salarial y se la imponga la obligación de garantizar el dictado normal de clases virtuales hasta el fin del ciclo lectivo 2020.

La magistrada dijo «no advertir en el comportamiento endilgado a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) consistente en la adopción de medidas de reclamo bajo la modalidad de ´desconexión virtual´ y/o ´apagón´ los días 11, 12 y 13, y 19, 20 y 21 de agosto de 2.020; un accionar ilegítimo o arbitrario». Bruzzoni dijo en su fallo que la abogada Telis procuró «la suspensión del ejercicio de un derecho constitucional de naturaleza social como el de huelga».

 

Telis accionó en la Justicia en representación de su hija, que asiste al Colegio Histórico Justo José de Urquiza, y pidió vía amparo y una medida cautelar que «se le ordene garantizar el servicio de educación hasta la finalización del ciclo lectivo 2020, disponiéndose la adopción de medidas de reclamo que no vulneren o restrinjan el derecho a la educación de los alumnos, especialmente de mi hija, quien es estudiante del Colegio Superior Justo José de Urquiza» al gremio Agmer.

El planteo apunta directamente a lo resuelto en el último plenario de secretarios generales de Agmer, del viernes 7 del actual, cuando el gremio dispuso seis días de «desconexión virtual» en reclamo de paritaria salarial y contra la Ley de Emergencia Solidaria. En ese marco, Telis pidió a la Justicia uruguayense una medida cautelar y que se ordene al gremio «que se revoque» la medida sindical y «se ordene suspender la huelga declarada para los días 11,12 y 13 y 19, 20 y 21 de agosto 2020, bajo la modalidad de ´desconexión virtual´ y/o ´apagón´, por vulnerar el derecho a aprender y poner en riesgo el ciclo lectivo 2020».

En su escrito, la letrada planteó que «la nueva medida de fuerza es una huelga adaptada al aislamiento y/o distanciamiento social que vivimos como consecuencia de la emergencia sanitaria y se lleva a cabo mediante la desconexión de los docentes –afiliados- con sus alumnos.- En el caso de mi hija, debo destacar que desde el inicio del aislamiento y hasta la fecha no se le han dictado clases virtuales, como tampoco se han tomado exámenes y no ha recibido devoluciones de las escasas actividades asignadas por los docentes mediante la aplicación ´Clasroom´. Si bien se entiende que en un contexto de pandemia la transmisión de conocimientos y su evaluación se ven acotados y condicionados a sistemas tecnológicos que debieron implementarse con urgencia, no puedo dejar de resaltar que las actividades, por mínimas que sean, resultan de vital importancia para mantener el hábito de estudio de nuestros hijos y no agravar el estado de incertidumbre y desmotivación que los cambios han generado en muchos de ellos, dentro de los cuales se encuentra mi hija».

La jueza Bruzzo primero rechazó la cautelar que pidió Telis. Si bien la magistrada acogió en un primer momento la acción de amparo, no hizo lugar a la medida cautelar, por cuanto «dar trámite a lo solicitado implicaría expedirse sobre el propio fondo de la cuestión ventilada. En efecto, la propia acción de amparo, en función del trámite y resolución inmediata del mismo, en términos perentorios, implica la suficiente garantía de cobertura inmediata de lo solicitado, en caso de ser ello procedente».

Telis presentó el amparo contra Agmer «y/ o quien resulte responsable, con domicilio en calle Almafuerte N° 729 de ciudad, a fin de que se le ordene garantizar el servicio de educación hasta la finalización del ciclo lectivo 2020, disponiéndose la adopción de medidas de reclamo que no vulneren o restrinjan el derecho a la educación de los alumnos, especialmente de mi hija, quien es estudiante del Colegio Superior Justo José de Urquiza». Pero también solicitó una cautelar «a fin de que se revoque el acto y/o decisión y/o resolución sindical y se ordene suspender la huelga declarada para los días 11,12 y 13 y 19, 20 y 21 de agosto 2020, bajo la modalidad de ´desconexión virtual´ y/o ´apagón´, por vulnerar el derecho a aprender y poner en riesgo el ciclo lectivo 2020».

Tras haber rechazado en primera instancia la cautelar, ahora la jueza Bruzzo tampoco hizo lugar al amparo de Telis por considerar que la vía resulta «improcedente».

Fuente: Entre Ríos Ahora.

 

 

El insólito hecho ocurrió en la localidad de Alta Gracia, Córdoba. Son siete vecinos de la ciudad que fueron sorprendidos cuando desayunaban en un bar, minutos después de haberse realizado el test para detectar el Covid 19.

Siete vecinos de la ciudad de Alta Gracia fueron imputados por la Fiscalía de Córdoba, tras ser descubiertos mientras desayunaban en un bar, minutos después de hisoparse para saber si habían contraído o no coronavirus.

El grupo de personas había ido temprano al Hospital local Arturo Illia para realizarse los testeos correspondientes por ser contactos estrechos de un caso positivo de Covid-19.

En el centro de salud se les indicó el cumplimiento estricto del aislamiento hasta conocerse el resultado de los hisopados, pero poco tiempo después estuvieron en un bar de barrio Carlos Pellegrini, informó Mi Valle.

En el bar se llevó adelante un importante operativo policial. Luego de confirmarse, el COE Regional dio participación a la Fiscalía de la ciudad, donde se tomó la decisión de imputarlos por incumplimiento del aislamiento social obligatorio. Además deberán pagar una multa.

«Se les dijo claramente que debían cumplir cuarentena estricta. Es una falta de responsabilidad no solo para su bienestar sino para el resto de las personas que estaban en el lugar y para los dueños de ese comercio, que desconocían la situación», dijo la coordinadora del COE 8, Mariana Garay, al portal Mi Valle.

En Alta Gracia había 44 casos confirmados de coronavirus (nueve de este día), y cuenta con cien vecinos guardando aislamiento estricto luego de ser hisopados. (La Voz)

 

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, advirtió que «si sigue en aumento la circulación comunitaria» del coronavirus «volveremos a fase 1» y «los primeros que cerrarán serán los últimos que abrieron» sus actividades.

«Nosotros tenemos que saber que si sigue en aumento la circulación comunitaria, si seguimos con el nivel de casos, vamos a tener que ir retrocediendo», dijo el mandatario al inaugurar hoy la ampliación de un hospital en la localidad santafesina de Villa Constitución.

Se trata de una obra que demandó una inversión provincial de 64 millones de pesos, que sumó 24 camas críticas, fundamentales para la atención de personas con Covid-19 en la región.

Durante el acto, Perotti dijo: «Hemos resignado algunas libertades, pero hemos disfrutado un nivel de movimiento que conseguimos con conducta y tenemos que mantener con conducta».

Respecto de la evolución de la pandemia, señaló: «Estamos en los momentos más álgidos, más críticos y tenemos que estar en alerta, pero mucho más en la actitud individual de cada uno».

La provincia de Santa Fe registró hasta el último reporte oficial, difundido anoche, 3.429 casos de coronavirus.

Pero 15 días antes, el 2 de agosto, había registrado 1.368 contagios, lo que muestra una aceleración en la curva de casos.

«Vamos a seguir priorizando el cumplimiento de los protocolos en los lugares de trabajo. Si vemos que no podemos mantenernos, volveremos a la fase 1, y los primeros que cerrarán serán los últimos que abrieron», advirtió hoy Perotti.

De todos modos, el gobernador llevó tranquilidad en cuanto a las capacidades del sistema sanitario local.

«Hoy crecimos en el ciento por ciento de camas críticas», afirmó durante la inauguración de la ampliación de un hospital en Villa Constitución.

Agregó que «en los últimos cinco años en la provincia colapsaron siempre con todas las enfermedades habituales del invierno, eso marcaba claramente una deficiencia».

«Y si estábamos mal ?abundó- cómo íbamos a estar con la Covid-19 de por medio, y esa fue la mayor preocupación: buscar respiradores, terminar la infraestructura y capacitar a los profesionales».

«Hoy estamos al borde de las mil camas críticas entre los sectores público y privado, se duplicó la cantidad de camas en el sector público, es decir que culminada la pandemia vamos a poder enfrentar los inviernos muchos más tranquilos que en los últimos cinco años donde había que buscar camas para derivar pacientes», concluyó Perotti.

 

El área de Vigilancia Epidemiológica, confirmó que este miércoles en Entre Ríos se registraron 46 nuevos casos de coronavirus.

Los primeros 34 fueron detectados en el Departamento Paraná, de los cuales 32 corresponden a la ciudad capital, 12 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente (1 detectado por clínica y epidemiología), y de los 20 restantes, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.

Asimismo en la localidad de San Benito se confirmó un nuevo caso, el cual se está investigando su nexo. El restante es de la localidad de Colonia Avellaneda, el cual tuvo contacto estrecho con caso Covid-19 positivo.

Otros cuatro casos se detectaron en la ciudad de Gualeguaychú, uno es contacto estrecho de paciente positivo de Covid-19 – confirmado por clínica y epidemiología- y de otros tres pacientes sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación.

En el Departamento Uruguay se confirmaron dos casos, ambos pertenecen a la ciudad de Basalvilbaso y sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.

Asimismo, en el Departamento Federación se detectaron dos casos, uno perteneciente a la ciudad de Chajarí y su nexo se encuentra en investigación y el restante a la localidad de Villa del Rosario el cual tuvo contacto estrecho con un paciente con Covid-19.

En el Departamento Victoria se confirmaron dos casos los cuales son contactos estrechos de pacientes confirmados previamente.

Otro caso se detectó en la ciudad de Colón el cual proviene de provincia con circulación comunitaria- Buenos Aires.

Finalmente, un paciente se confirmó en la ciudad de Diamante y su nexo se encuentra en investigación.

Por otro lado, se informa que dos casos de la ciudad de Concordia se reclasificaron a la provincia de Buenos Aires, por lo tanto se restan a dicho departamento.

De ese modo, en la provincia son 1.764 los casos confirmados.

Decesos

Asimismo, el Ministerio de Salud informa un nuevo fallecimiento asociado a Covid-19.

Se trata de un hombre de 71 años oriundo de Gualeguaychú, que tenía una enfermedad respiratoria preexistente que complicó su estado de salud. El mismo se encontraba internado en el Hospital Centenario.

De esta manera, en Entre Ríos son 25 los fallecidos con Covid-19.

(Subsecretaría de Prensa y Políticas de Comunicación del Ministerio de Salud)

 

Tras registrar nuevos casos de coronavirus durante el fin de semana, la Municipalidad decidió suspender actividades. De los últimos tres contagios, dos se produjeron en un gimnasio.

La Municipalidad de Larroque decidió suspender actividades «para evitar un brote incontenible y volver a fases iniciales«. La decisión se tomó luego de que este fin de semana se registraran tres contagios de coronavirus en la ciudad, dos de los cuales se produjeron en un gimnasio.

 

De acuerdo al Decreto Nº 257/2020, hasta el 23 de agosto inclusive quedaron suspendidas las siguientes actividades: «paddle, tenis, gimnasios, academias privadas (idiomas, danzas, etc), actividades recreativas y culturales, centros de estéticas (manicuría, pedicuría, similares), peluquerías, barberías y librerías». Asimismo, indicaron que «bares y comedores sólo funcionarán en modalidad delivery».

La norma lleva la firma del presidente Municipal, Leonardo Hassell, y de los integrantes del gabinete.

 

El diputado provincial Juan Pablo Cosso (Frente Creer) denunció en la Justicia una campaña de acoso y difamación hacia su familia, que empezó con el reparto de «papelitos» en distintos puntos de su ciudad, Villaguay, con mensajes en los que se endilgaba delitos de corrupción de menores por parte de su padre, pero que después saltaron a las redes sociales con supuestos pedidos de servicios sexuales para realizar tríos. Algunos, incluso, que involucran a su madre, ya fallecida.

Las publicaciones, según el legislador, datan de unos siete meses atrás, y desde entonces junto a la Justicia y la Policía están en la tarea de desentrañar el origen, quién las publica y las motivaciones, aunque como no han llegado a determinar el responsable, la denuncia en los Tribunales se hizo contra autores anónimos.

Juan Pablo Cosso es, además de legislador provincial, abogado, y en ese rol fue querellante en la causa en la que resultó condenado en 2019 el cura Marcelino Moya a 17 años de prisión por los delitos de abuso y corrupción de menores.

La investigación está en manos del fiscal Mauro Quirolo, de la Unidad Fiscal de Villaguay, aunque por tratarse de un delito contra el honor, es la persona afectada la que tiene que aportar la mayor cantidad de prueba a la causa.

«Con profunda tristeza y bronca me veo en la obligación de realizar este comunicado, con el fin de hacer público que desde hace aproximadamente siete meses quien les escribe y su familia estamos siendo hostigados con la proliferación de mensajes anónimos en la vía pública, los cuales consisten en pequeños papeles/cartones que son esparcidos en distintos puntos de la ciudad (Capilla de Lourdes, Zona de termas, Club y Escuela Sarmiento, etc.) generalmente en el radio que rodea al centro de la ciudad, en los cuales se detalla la canallada que se puede leer en la imagen que acompaño, un delito de corrupción de menores, siendo firmados dichos mensajes con el domicilio, teléfono y comercio de mi padre y su pareja, haciendo una alusión directa y totalmente deliberada hacia ellos, razón por la que hemos radicado denuncia que tramita bajo el Legajo N°17.333 en la Unidad Fiscal local (aclaro contra persona incierta por desconocer el/los real/es autor/es)», publicó Cosso este martes a través de Facebook.

Aquella primera distribución de mensajes a través de «papeles» o «cartones» siguió después en redes sociales. Según el legislador, se han publicado avisos «en portales de clasificados de internet (Doplim.com.ar), solicitando intercambio de parejas, en los que publican nuevamente domicilio y teléfono, pero rubricados los mismos con el nombre de mi madre fallecida (Anita), con el único fin de lograr que los que lo vean (y se interesen de ello) llamen a la casa, los atienda mi padre y le pregunten, ni más ni menos, por intercambiar pareja con su difunta esposa (mi vieja), difícil de digerir ¿no?».

Luego, relató: «Hace tiempo que la Unidad Fiscal, la Jefatura Departamental y quien suscribe estamos abocados a la investigación de los hechos para dar con el autor/a y/ o autores materiales e intelectuales de este aberrante hecho, máxime cuando es de público conocimiento no solo mi rol en la política sino también de mi compromiso (desde lo político y profesional) para con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por eso acudo a este medio, corriendo con el riesgo de entorpecer (en parte) la investigación, pero con el cansancio y el agobio de ver cómo se intenta gratuitamente ensuciar alguien con un simple papel que describe el más aberrante de los delitos, sumado a la dirección y teléfono de nuestra casa de toda la vida, con el cansancio de que cada día que pasa y alguna persona denuncia en las redes sociales o reconoce la dirección y nos avisa, tenemos que dar explicaciones, ampliar denuncia, acompañar prueba, etc. (sin entrar en el tremendo daño espiritual que han logrado), y mientras tanto el ser despreciable, que no dudó en este momento debe disfrutar leer que ha logrado su cometido, está riéndose tranquilo/a en su casa, revolcándose en su propia basura».

El legislador sostuvo que siempre entendió que «cualquier diferencia, sea personal, ideológica, etc. tiene su ámbito para debatirse, o manifestarse, pero esto no es más que un cóctel de odio, ensañamiento y por supuesto cobardía. Por esto, acudo a este medio, porque he tenido la suerte de que esos malditos mensajes han caído en manos de gente buena, que los ha entregado a la Justicia como corresponde, y algunos me los han entregado para continuar la tarea investigativa. Seguiremos trabajando hasta el cansancio para dar con el/ los/ la/ las/cobarde/s y que paguen por este daño tanto ante la Justicia como ante la sociedad. Les pido a todos aquellos que encuentren mensajes de la misma índole, y/o que sepan de alguien que los encontró o vean publicaciones de este tipo de algún vecino manifestando que los encontró, o pueden aportar información precisa sobre el autor de éstos hechos, háganlo saber a Fiscalía o a Jefatura a los fines de llegar a la verdad, que aunque tarda en llegar, siempre gana.- Reiterando mi compromiso, y el de mi familia, para con los más vulnerables, reiterando nuestro enérgico repudio a cualquier tipo de violencia, maltrato o abuso de niños, niñas y adolescentes, los saludo con afecto».

Fuente: Entre Ríos Ahora

 

Intensas tareas de bomberos de cuatro localidades entrerrianas, para sofocar las llamas de un camión incendiado; ocurrió esta madrugada en la ruta nacional 14, en la zona de Ceibas.

Un camión con un semi remolque se incendió en los primeros minutos de este martes cuando transitaba por la ruta nacional 14, autopista Mesopotámica, a la altura del kilómetro 2, en la ciudad de Ceibas.

El transporte tenía una carga de pasta de celulosa y viajaba en sentido Entre Ríos a Buenos Aires, donde se montó un importante operativo por Bomberos.

En una primera instancia trabajaron en el sitio, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ceibas, pero la demanda de agua no fue suficiente y se debió pedir el abastecimiento de camiones cisternas de los cuerpos activos de Gualeguaychú, Gualeguay y Villa Paranacito.

Las tareas se extendieron durante más de cuatro horas hasta que se logró controlar las llamas sobre la carga del semi remolque.

Ya en horas de la madrugada se reabrió el tránsito en el carril rápido de la autopista según informaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ceibas.

 

El área de Vigilancia Epidemiológica, confirmó que este martes en Entre Ríos se registraron 62 nuevos casos de coronavirus.

Los primeros 39 fueron detectados en el Departamento Paraná, de los cuales 36 corresponden a la ciudad capital, nueve tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente -uno confirmado por clínica y nexo-, y de los 27 restantes, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.

Asimismo, en la localidad de San Benito se confirmó un nuevo caso, al igual que en la ciudad de Cerrito, ambos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación. El restante es de la localidad de Viale, el cual tuvo contacto estrecho con caso Covid-19 positivo.

Finalmente, en la ciudad de Gualeguaychú se detectaron 23 nuevos casos, de los cuales 15 fueron contacto estrecho de confirmados previamente de Coronavirus -cuatro por clínica y nexo- y de otros ocho pacientes sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación.
De ese modo, en la provincia son 1.720 los casos confirmados.

Deceso

Asimismo, el Ministerio de Salud confirmó un nuevo fallecimiento asociado a Covid-19.

Se trata de un hombre de 65 años oriundo de Paraná, con múltiples comorbilidades . El mismo se encontraba internado en el Hospital San Martín de la ciudad capital.

De esta manera, en Entre Ríos son 24 los fallecidos con Covid-19.

(Subsecretaría de Prensa y Políticas de Comunicación del Ministerio de Salud)

 

Once jubilados docentes de Paraná se presentaron en la Justicia para que se declare inconstitucional un artículo la Ley de Emergencia Solidaria que impulsó el gobernador Gustavo Bordet y que fue aprobada por la Legislatura en tiempo récord a principios de julio.

Se trata de una demanda contencioso administrativa contra el Gobierno de Entre Ríos y la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Los jubilados son representados por el abogado Ramiro Pereira.

Los demandantes, que se desempeñaron como docentes de escuelas agrotécnicas, son: Susana Graciela Vercelli, Estela Mary Andino, Adriana María Breton, Gloria Estela Cassani, Silvia Beatriz Cattaneo, Pedro Guillermo Daolio, Víctor Hugo Lllana, Graciela Marta Orlando, Laura Isabel Sosa, betina Beatriz Tonelli, y Ángela Cristina Zof.

En el escrito interpuesto en la Cámara Contencioso Administrativo, el letrado pidió que se declare la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley N° 10.806 y “todos los actos que se hayan dictado en su consecuencia, ordenando la restitución de los descuentos efectuados sobre los haberes jubilatorios de mis patrocinados con sus correspondientes intereses desde que fueron efectuados los descuentos y hasta su efectivo pago”.

En los fundamentos, sostuvo que “que el legislador carece de poder jurídico” para realizar alteraciones de derechos previsionales adquiridos.

El artículo cuestionado de la Ley estableció los porcentajes de los aportes “solidarios extraordinarios” para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Los mismos serán calculados en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos: quienes tengan un salario desde $75.001 a $100 mil aportarán un 4%; desde $100.001 a $200 mil un 6%; desde $200.001 a $300 mil un 8% y desde $300.001 en adelante aportarán un 10%.

Qué dice la demanda

En la introducción de la demanda, el abogado Pereira señaló que la Ley fue aprobada por la Legislatura con el fin de asegurar “el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado Provincial y la normal prestación de los servicios públicos y en su virtud se declaró el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos”.

En otro pasaje, se recuerda que el Poder Ejecutivo en los fundamentos del proyecto explicó que “sin la adopción de las medidas previstas en el proyecto que se acompaña [las funciones inherentes al Estado Provincial y la normal prestación de los servicios públicos] corren el riesgo de resentirse notoriamente”.

No obstante, el abogado remarcó que “si bien el marco predominante de la ley en cuestión es la depresión económica ocasionada por la pandemia y su impacto en los ingresos fiscales provinciales, existe otro motivo autónomo, que es la situación deficitaria del sistema previsional de la Provincia”.

Este punto es clave en el planteo contra el artículo 6 de la Ley de Emergencia. Al respecto, el representante de los demandantes planteó que  sus clientes se desempeñaron como docentes en escuelas agrotécnicas “quienes por virtud del artículo 6 de la ley en cuestión deberán aportar entre el cuatro (4%) y el seis (6%) por ciento del total nominal liquidado de sus haberes con destino a cubrir el déficit previsional”.

Enseguida, enumeró todos los artículos que garantizan el derecho de propiedad: “la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 17 y la Constitución Provincial en su artículo 23, derecho que también es reconocido por la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 17) y por la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 21 incisos 1 y 2, tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22 Constitución Nacional). En igual sentido lo dispuesto en el artículo 23 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobado por Ley N° 27.360”.

En ese marco, la pregunta que formuló el abogado de los jubilados fue que “la cuestión a elucidar en el presente caso es pues si el poder reglamentario ejercido por la Provincia de Entre Ríos mediante el artículo 6 de la Ley N° 10.806 que afecta al derecho de propiedad de mis patrocinados resulta razonable, o sí, por el contrario, implica la transgresión del límite impuesto por el constituyente”.

Remarcó que “debe definirse si el aporte compulsivo establecido en el dispositivo legal cuya declaración de inconstitucionalidad esta parte pretende consiste en una afectación de tal intensidad a la que cabe calificar de alteración del derecho, debiéndose para ello considerarse especialmente en qué medida la medida dispuesta resulta indispensable”.

Más adelante, puntualizó que sus patrocinados hicieron los correspondientes aportes para obtener sus beneficios jubilatorios que le fueron “detraídos de sus haberes en el desempeño de una tarea ardua y fatigosa”, y que actualmente este derecho adquirido “se ve hoy ‘alterado’ por la norma tachada de inconstitucional, puesto que implica una reducción de los haberes que no tiene ningún efecto patrimonial benéfico sobre mis pupilos procesales”.

Entre otros fundamentos, el letrado recordó lo expresado por el diputado radical Gustavo Cusinato cuando se trató el proyecto el 1° de julio. Entonces, el legislador afirmó que las medidas previstas en la ley tienen “una expectativa de recaudación de 2.200 millones de pesos, cuando se estima que el déficit de la Caja de Jubilaciones va a ser alrededor de 16.000 millones de pesos; por eso creo que es nada más que un parche que no resuelve el problema de fondo”.

Con ese razonamiento, concluyó: “Esta irrelevancia de la retención impuesta por el artículo 6 descalifica a la norma como razonable, toda vez que la grave afectación (alteración y desnaturalización) del derecho no comporta un beneficio proporcionado”.

Y enseguida aseveró que “el medio escogido por el legislador no es idóneo al fin declarado, y si bien la rama judicial del Estado no puede juzgar sobre las políticas públicas a seguir para conjurar la emergencia, sí puede -y debe- a petición de parte, declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando ésta no solamente altera de modo manifiesto un derecho sino que, conforme surgirá de la prueba a producirse, tiene escasa incidencia en orden a la consecución del objetivo declamado en el texto de la ley y sus antecedentes”.

Antecedentes

A mediado del último mes, Élida Beatriz Rombola, una jubilada docente de 71 años, firmó el primer amparo en la Justicia frenar la aplicación de la Ley de Emergencia Solidaria, impulsada por el gobernador Gustavo Bordet. Con el patrocinio del abogado Mariano Hoffman, la mujer presentó un amparo contra el Gobierno de Entre Ríos y la Caja de Jubilaciones y Pensiones en la que se exige que se abstengan de manera inmediata “de efectuar todo tipo de  retención en concepto de ‘aporte solidario extraordinario’ sobre los haberes previsionales, que fuera dispuesto por el artículo 6 de la Ley N° 10.806”.

En un fallo escaso de fundamentación, el juez de Transición Gustavo Maldonado rechazó esa presentación. Maldonado consideró «inadmisible» la vía del amparo y por esa razón no fue al fondo de la cuestión, el pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia.

El fallo fue apelado y debe resolver el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Luego, hubo dos medias cautelares contra la Ley que no prosperaron. En el marco de la causa «Cook Carlos y otros c/Superior Gobierno de Entre Ríos y Otra. Acción de Amparo», que tramita ante la Cámara Segunda de Paraná – Sala Primera el juez ad hoc Emanuel Capatto resolvió: «Respecto de la medida cautelar de prohibición de no innovar, no ha lugar, ya que la acción de amparo por ser expedita y rápida, y con mayor razón las acciones de ejecución y prohibición, tienen previsto en la reglamentación respectiva (Ley 8369 y modificatorias), un trámite sumarísimo que hacen innecesario – como principio- recurrir a la medida cautelar prevista en su art. 13º. Atento a la naturaleza de estas actuaciones, practíquense las notificaciones de conformidad con lo dispuesto en los art. 1 y 5 del Reglamento de Notificaciones Electrónicas, Acuerdo General 15/18 STJ».

Mientras, el pronunciamiento de la juez ad hoc de Gualeguay Eliana María Guerscovich en el marco de la causa «Pabón Ezpeleta Carlos Alberto y otros c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otra. s/Acción de Amparo», que tramita en el Juzgado Civil y Comercial de Gualeguay, adoptó idéntica resolución. No hizo lugar a la cautelar, al sostener que «dada la urgencia y expeditividad que caracterizan al trámite mismo de la acción deducida, no resulta procedente hacer lugar a la medida cautelar que se peticiona».

Fuente: Entre Ríos Ahora

 

Los primeros 43 casos se detectaron en el Departamento Paraná. Asimismo, hubo 6 nuevos casos en el Departamento Gualeguaychú, uno en el Departamento Concordia y otro en el Departamento Gualeguay.

En virtud de los datos reportados al 17 de Agosto de 2020 por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en Entre Ríos se han sumado 51 nuevos casos de Coronavirus.

Los primeros 43 fueron detectados en el Departamento Paraná, de los cuales 41 corresponden a la ciudad capital. 19 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente y 21, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. El restante registra antecedente de viaje a provincia con circulación comunitaria- Buenos Aires.

Asimismo se registró 1 caso en San Benito, su nexo se encuentra en estudio y 1 caso en Colonia Avellaneda el cual es contacto estrecho de otro paciente confirmado días anteriores.

Además en el departamento Gualeguaychú se sumaron 6 nuevos casos de los cuales 3 son de la ciudad homónima, 1 es contacto estrecho de paciente con Covid-19 positivo y los otros 2 se están investigando sus nexos epidemiológicos. Los restantes 3 fueron detectados en la localidad de Larroque siendo contactos estrechos de casos confirmados con anterioridad.

En la ciudad de Concordia se sumó 1 nuevo caso y su nexo se encuentra en estudio.

Finalmente 1 paciente fue detectado en la ciudad de Gualeguay y es contacto estrecho de otra persona con Coronavirus.

De ese modo, en la provincia son 1.658 los casos confirmados. Asimismo, el Ministerio de Salud confirmó tres nuevos fallecimientos asociados a Covid-19.

El primero se trata de un hombre de 32 años oriundo de Paraná, con múltiples comorbilidades (diabetes- obesidad). Él mismo se encontraba internado en el Hospital De la Baxada. En tanto que el segundo caso corresponde a un hombre de 69 años oriundo de Gualeguaychú, el cual fallece a consecuencia de una insuficiencia respiratoria por neumonía por Sars-Cov 2. El paciente arribó el jueves desde Buenos Aires y fue atendido en un sanatorio privado de dicha ciudad. Finalmente el último deceso corresponde a una mujer de 73 años, oriunda de la ciudad de Concordia, la misma era una paciente con enfermedad renal preexistente, que se realizaba diálisis en un efector privado de la ciudad.

De esta manera, en Entre Ríos son 23 los fallecidos con Covid-19.

 

Diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI presentaron un proyecto de ley para que pacientes críticos afectados de coronavirus puedan ser acompañados por familiares en la internación y, eventualmente, puedan despedirse de ellos.

La iniciativa, que está firmada por la legisladora por Córdoba Leonor Martínez Villada, busca «avanzar en la humanización y permitir realizar el último adiós a sus seres queridos afectados por la pandemia», expresó un comunicado del bloque de la CC, que integra la coalición opositora Juntos por el Cambio.

El proyecto fue elaborado en base al que ya fue presentado en la Legislatura porteña por el diputado de la CC ARI Facundo Del Gaiso, y también en el «Programa de Contención por Covid-19: Acompañamiento y contención psicológica y espiritual al paciente y su familia», confeccionado por el Sanatorio privado «Mater Dei».

Se indicó, además, que la iniciativa «tiene por objeto regular el protocolo dirigido a personas ingresadas por Covid-19, que podrán tener la posibilidad de ser acompañadas por un familiar o pariente durante el momento de su internación».

En ese sentido, remarcaron que «es importante avanzar en la humanización de la asistencia en el entorno hospitalario».

Entre los fundamentos del proyecto, el bloque de la CC destaca que «es necesario que se establezca, a través de los organismos pertinentes y con los protocolos necesarios, un permiso a familiares, parientes y/o allegados para realizar el último adiós a sus seres queridos fallecidos durante en la emergencia en la cual nos encontramos».

Y dispone que «todos los efectores de salud, públicos y privados, deben crear un protocolo a los efectos de garantizar el derecho a visitas de los pacientes infectados por Covid-19″.

En esa línea, la iniciativa tipifica los casos en los que se debe garantizar las visitas a pacientes críticos: personas en situación de final de vida o fallecimiento inminente; menores de edad; personas en situación de dependencia; personas con discapacidad psíquica; u otros supuestos en los que de forma excepcional y justificada se autorice».

El proyecto fue acompañado por el diputado nacional y titular de la CC, Maximiliano Ferraro, y sus colegas Paula Oliveto Lago, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Rubén Manzi, Juan Manuel López y Mariana Stilman.

Fuente: Télam

 

En juicio abreviado, la Justicia condenó por el delito de peculado a una docente de Gualeguay por haber desviado fondos que tenía asignado para gastos menores en su escuela. El hecho ocurrió entre 2014 y 2015 y fue denunciado a finales de 2019: el Estado le había asignado $95.000 para gastos de la institución escolar a su cargo -personal único- pero omitió rendir en qué gastó una suma de $19.613,34.

El 25 de junio último fue condenada a la pena de 2 años y 2 meses de prisión condicional por el delito de peculado.

Mirta Beatriz Rodriguez, directora de la Escuela N° 29 La Cabaña del Tío Tom, del Octavo Distrito Punta del Monte, departamento Gualeguay, fue condenada a la pena de dos años y dos meses de prisión condicional más la inhabilitación absoluta, “dejando a salvo el derecho de la imputada a percibir su jubilación, más las siguientes reglas de conducta por el mismo plazo de la condena: no mudar su domicilio sin previo aviso a este Organismo y no cometer nuevos hechos delictivos, ello por idéntico termino al de la condena”.

La decisión fue rubricada por la jueza de Garantías de Gualeguay, María Alejandra Gómez, tras un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal Jorge Gutiérrez, y el abogado defensor de la docente, Javier Ahibe.

Marta Beatriz Rodriguez, docente de una escuela de personal único, fue denunciada en octubre de 2019 por el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller por la sustracción de fondos públicos. Según la imputación, entre los años 2014 y 2015, “en razón de su carácter de directora docente, personal único del establecimiento N° 29 denominado La Cabaña del Tío Tom, ubicada en 8vo. Distrito Punta del Monte, recibió la suma de $95000, la cual tuvo bajo su esfera de disposición a través de una tarjeta de débito denominada Tarjeta Ticket Nación, asociada a una cuenta del Banco de la Nación Argentina; la cual contemplaba la posibilidad de hacer compras directas mediante débito o directamente hacer extracciones de dinero en efectivo desde los cajeros automáticos dispuestos a tal fin en la entidad financiera”.

La docente “realizó las extracciones en aquella época (2014-2015), pero omitió realizar las rendiciones que respalden en qué gastó el dinero extraído”, y aclara que esos fondos tenían “un fin previamente determinado y que alcanza la suma de $19.613,34”.

“La materialidad del hecho y la autoría y participación por parte de la imputada Rodriguez, en relación a los mismos, se encuentra debidamente acreditada en este estado, todo ello a partir de la evidencia colectada durante el trámite de la Investigación Penal Preparatoria”, planteó la jueza Gómez en su resolución. Y agregó que para llegar a la conclusión condenatoria tuvo en cuenta la denuncia presentada por el presidente del Consejo de Educación el 10 de octubre de 2019; la declaración de la docente imputada, y su “confesión” respecto a “su autoría culpable del ilícito imputado, contenida en el presente acuerdo y solicitud de juicio  abreviado”.

El 25 de junio último, la jueza Gómez homologó el acuerdo de juicio abreviado aplicó pena condicional a la docente y libró oficio al CGE para que “actualice el monto sustraído de $ 19.613,34, dado que el delito fue cometido en el período 2014-2015, haciéndole saber que el monto que resulte, será abonado por la imputada en cuotas mensuales de $ 2.000”.

Fuente:  Entre Ríos Ahora

 

Entre Ríos sumó 101 nuevos casos de Covid 19 en un día. Un total de 69 casos fueron detectados en Departamento Paraná, de los cuales 63 se produjeron en la capital provincial. Conozca el detalle de las localidades afectadas en la jornada.

En el Departamento Paraná se registraron 69 nuevos casos, de los cuales 63 corresponden a la ciudad capital. Un total de 22 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente y 41, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.

Asimismo, se confirmaron 2 casos en la ciudad de Colonia Avellaneda, y 1 en la localidad de Hernandarias, sus nexos epidemiológicos están en investigación. Por otra parte se detectaron 2 casos en Oro Verde, y 1 en la localidad de Viale, todos son contactos estrechos con pacientes confirmados.

Además en la ciudad de Gualeguaychú se sumaron 14 nuevos casos de los cuales 4 son contactos estrechos y 10 no presentan nexo aún.

Otros 11 pacientes fueron detectados en la ciudad de Concordia, siendo 9 contactos estrechos, y de los otros 2 sus nexos epidemiológicos se encuentran en investigación.

En el departamento Nogoyá se detectaron 3 nuevos casos: 2 pertenecientes a la ciudad cabecera, 1 es contacto estrecho y el otro se encuentra en investigación. El restante es de la localidad de Lucas González, contacto estrecho de un paciente previamente confirmado de Covid-19.

Otro caso se confirmó en la localidad de Libertador San Martín- Departamento Diamante- es contacto estrecho de un caso positivo de Coronavirus.

Los siguientes 2 confirmados pertenecen a la localidad de Chajarí -Departamento Federación- y sus nexos epidemiológicos se están investigando.

El último caso confirmado es de la localidad de Santa Elena – Departamento La Paz- , y su antecedente epidemiológico se encuentra en investigación.

De ese modo, en la provincia son 1.524 los casos confirmados.

Finalmente, el ministerio de Salud precisó por otro lado, que el resultado post mortem del paciente fallecido el miércoles por la tarde en Gualeguaychú determinó positivo para Covid-19.

De esta manera, en Entre Ríos son 19 los fallecidos con Covid-19.

Tras la firma del convenio de cooperación entre el INTA, INTI y el Ministerio de Salud de la provincia, quedó habilitado el laboratorio para realizar pruebas de Covid-19 en Concepción del Uruguay. Funcionará en las instalaciones de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA.

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, firmó, junto a los presidentes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Rubén Geneyro y Susana Mirassou respectivamente, el convenio de cooperación interinstitucional por el cual quedó autorizado el funcionamiento del Laboratorio de Sanidad Aviar de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Concepción del Uruguay para realizar las pruebas diagnósticas de SARS Cov-2.

Allí se realizarán las determinaciones de Covid-19, por técnicas de biología molecular, a las muestras provenientes de efectores de salud de la región. En principio el laboratorio procesará las muestras remitidas desde los departamentos Uruguay, Tala y Colón (que conforman la Región Sanitaria III), y posteriormente se añadirán las correspondientes a los departamentos Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy (los cuales integran la Región Sanitaria IV).

Tras rubricar el convenio, la ministra Velázquez destacó: “Esta es una instancia muy importante, que tiene por objeto el funcionamiento del Laboratorio de Sanidad Aviar de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Concepción del Uruguay, para que desde allí se lleven adelante los estudios necesarios para el diagnóstico de SARS Cov-2 en la región. Se trata del segundo laboratorio de la provincia que desarrollará esta técnica, y que será incorporado a la red de virología del país”.

Por su parte la presidenta del INTA, Susana Mirassou, expresó: «Para nosotros es un gran orgullo que estemos poniendo todas las capacidades a nivel Nación y a nivel provincia para poder ampliar la red de diagnóstico”; y agregó: “sabemos que en estas situaciones aparecen imponderables, así que a quienes van a estar al frente de esto les pedimos que no duden en hacernos llegar cualquier alerta o necesidad que encuentren sobre la marcha, porque nosotros vamos a estar a disposición, facilitando los acuerdos necesarios para que puedan trabajar tranquilos en el día a día».

En tanto que el presidente del INTI, Rubén Geneyro, manifestó: «Queremos agradecerle a la ministra la posibilidad del trabajo articulado con nuestros equipos; sostenemos la importancia del esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores, sobre todo los que están vinculados a la salud”. Tras lo cual destacó que, además de aspirar a tener cooperación exitosa, desde INTA e INTI, -que tienen la posibilidad de tener presencia nacional y vienen desarrollando acciones de complementación-, seguirán buscando promover más instancias interinstitucionales que permitan federalizar los instrumentos disponibles en materia de ciencia y tecnología.

Acerca del convenio

El laboratorio habilitado a partir de este convenio es el segundo en el ámbito público en la provincia que realiza determinaciones de Covid 19, y el primero en la costa del Uruguay.

El espacio designado posee el equipamiento necesario para realizar el procesamiento de muestras de Coronavirus en cumplimiento de todas las recomendaciones de bioseguridad de OPS/OMS, y funcionará en las instalaciones del INTA en Concepción del Uruguay donde ya se realizaban pruebas de PCR en aves.

El documento suscrito estipula los requerimientos para cada una de las partes. De este modo, el INTA debe asegurar las condiciones edilicias y de equipamiento correspondientes a los niveles de bioseguridad 2. Cabe citar que la EEA ya cuenta con un instrumento de PCR en tiempo real, cabina de seguridad biológica tipo II certificada y el equipamiento accesorio necesario para desarrollar este tipo estudios; como también recurso humano entrenado en estos procedimientos.

Por su parte, el INTI se comprometió a poner a disposición los medios técnicos específicos en caso de ser necesario (un equipo de PCR en tiempo real, un espectrofotómetro de microvolúmenes, una microcentrífuga, un baño seco digital y equipamiento accesorio) para los estudios necesarios para el diagnóstico de SARS Cov-2. Asimismo, aporta personal calificado para la verificación de los instrumentos y asesoramiento para la elaboración de protocolos de validación.

En tanto, que el Ministerio de Salud suministrará los elementos necesarios para la realización de las actividades (kits de RT-PCR, provisión de los reactivos, Elementos de Protección Personal -cofias, máscaras faciales o lentes, guantes, batas y barbijos-; como así también otros materiales e insumos de laboratorio necesarios). También asumirá la responsabilidad del transporte de las muestras hasta la EEA; del manejo y disposición de los residuos patológicos generados por esta actividad.

Cabe citar que, el hospital Justo José de Urquiza tendrá las funciones de coordinación y responsabilidad de la ejecución técnica y administrativa de las actividades en representación de la cartera sanitaria, y aportará bioquímicos y técnicos del nosocomio para trabajar en el procesamiento de las muestras.

El director del hospital Urquiza, Pablo Lombardi, señaló que a medida que avanzaba la iniciativa, los equipos técnicos de las tres instituciones presentes en la ciudad (INTA, INTI y personal del hospital) comenzaron a trabajar coordinadamente y fueron desarrollando pruebas, cotejadas por el Laboratorio de Epidemiología de Paraná, con resultados exitosos. A partir de ahora, con el convenio ya habilitado, cuentan con el marco institucional para prestar el servicio.

Finalmente, Lombardi destacó: “En el contexto actual, en que los números de casos han aumentado y por lo tanto también la cantidad de testeos, la posibilidad de contar con un laboratorio referente en la costa del Uruguay no sólo nos va a permitir obtener resultados con mayor celeridad, sino que también va a descongestionar la demanda de procesamiento en la capital entrerriana”.