Garzón confirmó  que entre las preguntas que pueden realizar fiscales, querellantes y defensores podría figurar si los potenciales jurados han sido víctimas de violencia de género.
Para las 9hs de este viernes estaba previsto el sorteo de los potenciales jurados que intervendrán en el juicio por jurados por el homicidio de Fátima Acevedo; luego, los sorteados serán notificados para la audiencia de selección, de los cuales quedarán 16 (mitad mujeres y mitad varones) ya que serán 12 titulares y cuatro suplentes los que intervendrán en el juicio.

“La primera instancia fue el sorteo que se realizó en el IAFAS el 17 de junio del año pasado, de acuerdo a las últimas tres cifras de terminación del DNI; posteriormente se efectuó una depuración respecto a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas para los que no pueden ser jurados y luego de confeccionarse el padrón definitivo, hoy se realizó el sorteo informático para establecer quiénes serán los potenciales jurados para intervenir en este juicio”, explicó el Coordinador del juicio por jurados del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Elvio Garzón.
El magistrado explicó que “el listado para los juicios de este año y el próximo ya fue confeccionado; y a medida que intervienen, esos jurados se excluyen y se sortea el resto”.

En relación a los requisitos para ser jurado mencionó el “tener entre 18 a 75 años, saber leer y escribir y no estar inmersos en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley, como, por ejemplo, quienes tienen conocimiento jurídico como jueces, abogados, contadores, martilleros y matriculados; como así también los condenados que no hayan pasado diez años del vencimiento de la pena”.

“Los integrantes de juicio por jurados dan un veredicto de culpabilidad o no, y es el juez el que en otra audiencia aplica la pena al imputado”, indicó al comentar que el año pasado en Entre Ríos se debatieron tres casos a través de juicio por jurados: “un femicidio ocurrido en La Paz y dos homicidios, uno en Paraná y otro en Concordia”.
Consultado a Garzón si fiscales, querellantes y defensores pueden llegar a mantener relación con los jurados, éste aclaró que “al contacto lo tendrán en la audiencia de selección de jurado”. “Previamente, podrá ser mediante la presentación de preguntas en un formulario, que se remitan a los potenciales jurados para que los contesten”, aclaró al respecto.

Garzón confirmó que entre las preguntas que pueden realizar las partes podría figurar si los potenciales jurados han sido víctimas de violencia de género.

De acuerdo a lo que recalcó, los jurados “serán individualizados por número, no por nombre, para que cuando se llegue a la audiencia de selección, las partes puedan conocer el perfil de cada jurado y después decidir cuáles sacarán de esa lista”.

Punto aparte refirió que en Entre Ríos, los imputados no podrán renunciar al juicio por jurados, como ocurrió en el caso de los imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, registrado en la localidad bonaerense de Villa Gesell, “porque nuestra ley provincial establece la obligatoriedad por jurado”.

El caso

Fátima Florencia Acevedo desapareció el 1 de marzo de 2020, tras salir de la Casa de la Mujer de Paraná, donde estaba alojada con su pequeño hijo (fruto de su relación con Jorge Nicolás Martínez), luego de haber denunciado a su ex pareja por violencia de género.

El 8 de marzo, hallaron su cadáver en el interior de un pozo de 18 metros de profundidad, en una zona descampada y cerca del domicilio que ocupaba Martínez, el único detenido por el tremendo crimen.

Fuente: Elonce

«La familia considera que existe material probatorio suficiente, que no fue analizado por la Justicia correctamente para rever la responsabilidad de Pavón como coautor en la violación y el femicidio de Micaela», dice un comunicado.
La presentación se dio en el marco del proceso penal que determinó el grado de responsabilidad de Sebastián Wagner y Néstor Pavón, frente a la violación y el femicidio ocurrido en abril de 2017.

Ante el máximo tribunal de justicia nacional, el cuerpo de abogados para víctimas de violencia de género de la Nación, señaló que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se negó a recurrir a esa última instancia.

“La familia considera que existe material probatorio suficiente, que no fue analizado por la Justicia correctamente para rever la responsabilidad de Pavón como coautor en la violación y el femicidio de Micaela”, dice un comunicado emitido este jueves desde la fundación que lleva el nombre de la joven entrerriana.

Cabe recordar que la Cámara de Casación solicitó la apertura de un nuevo juicio para determinar la responsabilidad de Pavón, en concordancia con el pedido de la familia y la fiscalía para que el caso no se cierre.

Dos vecinos cayeron en una estafa telefónica al transferir, en un caso, más de $200.000 por falso premio; y el otro, solicitó un préstamo por una suma que no pudo confirmar. También llamaron a jubilados por el cambio de dólares.
Los delitos de engaño económico no cesan, pero sí se transforman su argumento, con lo cual van cosechando nuevas víctimas. Lo propio ocurrió en la localidad de General Ramírez, donde a principios de esta semana se concretaron dos denuncias por el supuesto delitos de Estafa.

Los damnificados fueron coincidentes en la modalidad en que se les presentó el significativo perjuicio. Según supo FM Estación Plus Crespo, los vecinos recibieron en su teléfono celular un mensaje, supuestamente proveniente de una cadena de supermercados de la zona, mediante el cual les informaban que habían resultado beneficiarios de una orden de compras por $20.000.

Al demostrar interés las potenciales víctimas, fueron contactadas mediante un llamado telefónico, en el que les comunicaban que para acceder al premio debían concurrir al cajero automático de su banco de confianza, y realizar allí los movimientos que les indicarían.
Transferencias y solicitudes de préstamos por hasta $200.000

Los llamantes -que podría ser la misma persona-, guiaron a los damnificados en operatorias desde sus respectivas cuentas bancarias. Así transfirieron los fondos que éstos tenían. Estación Plus Crespo pudo confirmar que uno de ellos lo hizo por un monto total de 200.000 pesos, mientras que, en el otro caso, tomaron un crédito instantáneo seguido de transferencia, por un monto que está siendo definido por la persona damnificada.

La comisión del delito se circunscribe a la voluntad y confianza entre las partes, por lo que la única medida de prevención efectiva es el adoptar recaudos extremos para evitar ser la próxima víctima.

Los casos ocurridos en General Ramírez están siendo investigados por la Fiscalía de Diamante, la cual arbitrará los mecanismos para investigar los hechos mencionados, pudiendo eventualmente darle intervención a los efectivos especializados de la fuerza de seguridad.
El cuento del cambio de dólares
En tanto, Elonce pudo saber que desconocidos llamaron a jubilados de la localidad de Aranguren con la excusa del cambio de dólares. El embaucador simuló ser el nieto de sus víctimas y les dijo que se encontraba con otro de sus allegados en la puerta del banco para realizar la operatoria.
Los abuelos cayeron en la trampa atento a que, a través del engaño de los estafadores, llegaron a dar los nombres de sus nietos; esa fue la forma en la que confiaron en quien se encontraba del otro lado del teléfono.

“Abuela, ¿`tenés dólares?”, habría sido la pregunta que alertó a los jubilados. Hasta que finalmente, y afortunadamente, se percataron del intento de estafa y colgaron la llamada.
Recomendaciones para estar alertas
Fuentes policiales recomendaron descreer de llamados provenientes de cadenas de supermercados, programas de televisión, o entidades bancarias. En ningún caso brindar datos personales ni de cuentas bancarias y bajo ningún concepto llevar adelante operatorias que le son indicadas por terceros desconocidos. Ante cualquier duda, concurrir a la comisaría más cercana, llamar al 101.

En ese municipio establecieron multas que van desde los $500.000 hasta los $3.000.000. Está supeditado a la decisión del juez que en este caso determinó ese monto. En la fiesta clandestina, había aproximadamente 20 personas.

La justicia local aplicó una multa de un millón de pesos a los organizadores de una fiesta clandestina, con aproximadamente 20 personas, en la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche, informaron fuentes oficiales.
“Fue una fiesta clandestina en Villa Llanquihue a la cual acudimos por una denuncia que se le hizo a la policía. Llegamos al lugar, constatamos que se encontraban realizando una fiesta, se labró la infracción y se elevó al juzgado de faltas número 1 para que determine la multa; fue el 17 de enero a las 2.40”, relató a Télam el director general de Comercio e Industria de Bariloche, Sebastián Hernández.

Fuentes del municipio de la ciudad andina agregaron que la fiesta tuvo lugar el día 17 de enero pasado “en un domicilio particular; fecha en que fuera labrada el acta de infracción (N3650) por inspectores de la Secretaría de Fiscalización”.
“Cabe remarcar que el Art. 274 de la Ordenanza 3207-CM-2021, aplicable al caso, establece una sanción de multa que va desde los $500.000 hasta los $3.000.000” según el comunicado publicado por la Dirección General de Comunicaciones de la Municipalidad de Bariloche.

“Es entendimiento del magistrado a cargo del Tribunal de Faltas N, para merituar la multa, la valoración de la conducta desplegada por los imputados al momento de constatarse el hecho y la desaprensión (entendida ésta como desprecio de los derechos de los demás), al realizar este tipo de eventos; haciendo caso omiso de estas restricciones, pese a la prohibición y estado de pandemia, generando así un riesgo para sí y para terceros”, agrega.
El comunicado añade: “vale mencionar que la aplicación del mínimo legal debe reservarse para actuaciones similares en las que el infractor pueda acreditar, por cualquier medio de prueba, algún atenuante en su accionar. Como así también la aproximación al máximo de la multa, deberá aplicarse en aquellos casos en que se verifique un fin de lucro u organización publicitando el evento y concentrando gran cantidad de personas; entre otros elementos a valorar”.

Y concluye resaltando: “de no cumplimentarse el depósito del importe de la multa dentro del plazo de los diez (10) días de notificada la resolución, se hará pasible de lo previsto en los Art. 55 («Las sentencias serán ejecutadas de oficio por el Juez que las hubiere dictado») y Art 56 («Las sentencias que condenan al pago de multas se ejecutarán de acuerdo al procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro») del Código de Faltas.

Según la información municipal, la aplicación del mínimo legal (500.000 pesos) “debe reservarse para actuaciones similares en las que el infractor pueda acreditar, por cualquier medio de prueba, algún atenuante en su accionar” y el máximo se aplicaría para los casos “en que se verifique un fin de lucro u organización publicitando el evento y concentrando gran cantidad de personas; entre otros elementos a valorar”.

Los sancionados deben pagar en un plazo de 10 días desde el momento de ser notificados.
La fiesta del barrio Villa Llanquihue fue la primera detectada en el municipio tras la aprobación de las nuevas multas por la organización de este tipo de eventos que está prohibido por la pandemia del coronavirus. También se registraron eventos en el barrio El Frutillar y en Melipal.

Directivos del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y la Federación Médica (Femer) pospondrán hasta el 5 de febrero a las 10, el encuentro previsto para este jueves, con “agenda abierta y con franca vocación e interés de zanjar diferencias”. El presidente de la entidad que nuclea a los médicos en la provincia, Rodolfo Nery, declaró ayer que el viernes sí podrán asistir a este cónclave, que busca poner punto final al conflicto.

El encuentro busca saldar diferencias y “reanudar las instancias de diálogo, con una agenda abierta y con franca vocación e interés de zanjar diferencias que hoy no nos permiten resolver el conflicto, poniendo todo nuestro esfuerzo en lograr los consensos necesarios para destrabar la situación”, afirmó el presidente del Directorio Obrero de Iosper, Fernando Cañete.

Tras las declaraciones del presidente de Femer en un medio radial de Gualeguaychú, en el que reconoció el ingreso de la nota de Iosper, convocando a una reunión para el jueves 4, y señaló que no era factible asistir, aunque sí el viernes por la mañana, Cañete destacó: “Pospusimos el encuentro para el 5 de febrero, a las 10. Nos interesa zanjar diferencias y evitar el conflicto”, publicó El Entre Ríos.

El funcionario señaló: “Nuestra Obra Social ha venido cumpliendo con los prestadores a medida que recibe recursos, buscando siempre sostener el sistema solidario de salud, para que nuestros afiliados reciban la mejor atención y las prestaciones sean cada vez de mayor calidad». También se mostró optimista en arribar a un acuerdo con Femer, que sea beneficioso para las dos partes.

A través de la resolución del Ministerio de Desarrollo Social, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se estableció que las madres con un hijo menor de 6 años que cobraban 4 mil pesos, ahora percibirán 6 mil pesos por mes.
El Ministerio de Desarrollo Social oficializó hoy un aumento del 50% en los montos de la Tarjeta Alimentar, que están vigentes a partir de este mes.

A través de la Resolución 63/2021, publicada este jueves en el Boletín Oficial, se estableció que las madres con un hijo menor de 6 años que cobraban 4 mil pesos, ahora percibirán 6 mil pesos por mes.
En tanto, el monto para quienes tienen dos o más hijos pasó de 6 mil a 9 mil pesos mensuales.
La cartera conducida por Daniel Arroyo justificó este incremento al señalar que «en atención a la situación por la que atraviesa el país, alcanzando extremos niveles de pobreza, agravada por la situación de emergencia sanitaria durante la pandemia por COVID-19, resulta imperioso instrumentar las medidas necesarias y adecuadas para fortalecer los instrumentos que se vienen implementando».
La Tarjeta Alimentar está dirigida a madres o padres con hijos de hasta 6 años de edad que reciben la AUH, también a embarazadas a partir de los tres meses que cobran la asignación por embarazo y personas con discapacidad que perciben la AUH.

La iniciativa forma parte del Plan «Argentina contra el Hambre», que lanzó el Gobierno en los primeros días de su gestión, con el objetivo de «garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social».
Para el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el aumento del 50% permitirá «sostener el poder de compra de las familias y avanzar con un esquema de buena nutrición».

El ministro de Educación, debió aislarse tras haber estado en contacto este lunes, con la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, que tiene coronavirus. El funcionario nacional espera el resultado del hisopado.
En las últimas horas del miércoles, se conoció que la ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe, Adriana Cantero había dado positivo por coronavirus en el último examen realizado. Además de ella, se contagió la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani.

En las 48 horas previas a su resultado positivo, Cantero mantuvo varias reuniones con el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, quien visitó la ciudad en el marco del retorno a la presencialidad en las escuelas.
Al ser contacto estrecho con un caso positivo, el ministro debió aislarse, y someterse a un hisopado para determinar su condición.
La comunicación la hizo a través de su cuenta de Twitter donde publicó: «Me realicé el hisopado de rutina y permaneceré aislado por contacto estrecho hasta que las autoridades sanitarias me lo indiquen según el protocolo».
Cabe recordar que el ministro Trotta, estuvo en Entre Ríos, tras participar de las reuniones con autoridades santafesinas.

La Policía rescató a una nena de 12 años que era intensamente buscada desde hacía una semana en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Había sido secuestrada por un hombre que la habría sometido a un abuso sexual agravado.
Ana Mottino, secretaria de Justicia y Seguridad de General Rodríguez, dijo a Télam que la niña estaba encerrada en una de las dos casas de un lote en la esquina de Balbín y Pueyrredón, en el barrio Villa Vengochea. Allí vive un empleado de una pollería, que en el momento del rescate estaba trabajando.

Ya en libertad la niña reveló que cuando el hombre se iba a trabajar la dejaba «encerrada» en la casa. «Más allá de eso o no, lo cierto es que se trata de una menor de 12 años», aclaró Mottino.

El hombre, que tiene 22 años, quedó detenido casi enseguida de que rescataran a la niña y está a disposición de la fiscal Gabriela Urrutia.

Según Mottino, el acusado fue indagado este miércoles por el delito de «abuso sexual agravado por su comisión con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada y sustracción de menores en la modalidad de inducción a la fuga, todo en concurso real».

«Es una persona conocida del barrio que vivía allí hacía unos cuatro años y que tenía esta asiduidad de llevar chicas a su casa, aunque no tan menores», añadió la abogada de la Secretaria de Justicia y Seguridad de General Rodríguez.

«Con un adulto influenciando a una niña está clara la opresión que lleva eso, hay una relación de diferencia en cuanto al poder que convierte rápidamente la conducta en sumisión», añadió Mottino.

La abogada valoró la «campaña de visibilización que se llevó adelante y en la que cada hogar sabía que estaban buscando a una niña que estaba perdida» porque «al verla por un instante nada más, despertó la duda un vecino y de una vecina que pudieron llamar a la Policía».

Se dio inicio a 10 proyectos presentados en distintas localidades en el marco del Programa Sembrar Soberanía. Lo hicieron la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, junto al secretario de Economía Social, Luis Precerutti, y autoridades de la cartera Social de Nación.

Esta línea impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se lleva adelante en articulación con los gobiernos locales de Federación, Puerto Yeruá, San José, Concepción del Uruguay, San Gustavo, Cerrito, Santa Anita y Villaguay, como así también con la cooperativa Melibea de Gualeguaychú y la cooperadora de la Escuela Agrotécnica Las Delicias. Se trata de 10 proyectos que permiten la adquisición de herramientas, equipamiento e insumos para la ampliación y diversificación productiva, que implica una inversión cercana a los 20 millones de pesos.

“Sembrar Soberanía nos da la posibilidad de fortalecer otras líneas y ejes, a largo plazo, vinculadas a la generación de trabajo. Además, esta política se relaciona con otras que impulsamos en materia de economía social, que busca el desarrollo social y humano en las comunidades, como nos pide el gobernador Gustavo Bordet», señaló Paira.

La ministra además sostuvo: “El presidente Alberto Fernández, junto al ministro Daniel Arroyo, han puesto énfasis no solo en la asistencia alimentaria, sino también en la producción de alimentos de calidad que puedan ser comercializados en las comunidades. Y este programa propone acortar las brechas en la producción de alimentos, que consideren la cuestión ambiental, que sean saludables, y que tengan circulación comunitaria”.

Por su parte, Precerutti manifestó: “A través de este programa Nación recoge un trabajo intenso que se viene desarrollando en cada uno de los territorios. Hay una decisión concreta, tanto del gobierno nacional como provincial, de fortalecer los procesos productivos de alimentos de la agroecología y la soberanía alimentaria”.

Asimismo, el funcionario expresó: “Queremos agradecer el trabajo realizado entre nación, provincia, municipios y organismos. En ese sentido hubo una articulación para la elaboración y formulación de los proyectos que ha sido muy importante en este tiempo de pandemia”.

Soberanía alimentaria en la provincia

La directora nacional de Seguridad Alimentaria, Karina Yarochevski, valoró: “Para nosotros esta línea es fundamental porque trabajar con soberanía alimentaria, con todo lo que implica la producción de alimentos, no es solamente la gestión de alimentos, sino también la comercialización que genera ingresos genuinos”.

A su turno, la directora de Proyectos Especiales del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Virginia Salazar, aseguró: “Estamos orgullosas de cómo construimos este proceso, porque en menos de tres meses se pudo plasmar. Fue un año difícil, pero se ejecutó y se pudo llevar adelante en el territorio de manera mancomunada. Son 10 propuestas que representan perfectamente lo que pensamos”.

Desde Villaguay, la intendenta Claudia Monjo, añadió: “Este programa es necesario para que podamos seguir consolidando en las comunidades los mercados populares, y que estas experiencias permitan la réplica en otras localidades de la provincia».

Participaron además los intendentes de Puerto Yeruá, Daniel Benítez; de San José, Gustavo Bastian; de Concepción del Uruguay, Martín Oliva; y de Santa Anita, Juan José Amavet, entre otros representantes municipales. Por la cartera social también acompañó el director de Fortalecimiento de la Economía Social, Enrique Baffico, y parte del equipo técnico

En un descampado del barrio Anacleto Medina encontraron el cuerpo calcinado de Marcelo Cabeza, que estaba dentro del auto de su hermana. Lo habrían asesinado de un tiro en la cabeza, le cortaron las manos, que fueron halladas en el Volcadero y prendieron fuego al vehículo con el cadáver en su interior. La Policía investiga el homicidio del hombre, chofer del Ministerio de Salud de la provincia, con la posibilidad de que se trate de un crimen con ribetes mafiosos, por su forma de ejecución.

La fiscal auxiliar de Paraná, Melisa Saint Paul, informó este martes por la noche que el resultado de la autopsia realizada al cuerpo hallado calcinado, en el interior de un vehículo quemado, determinó la identidad de la víctima. Se trata de Silvio Marcelo Cabeza, de 49 años y se está frente a un homicidio, señaló un comunicado del área de prensa de Tribunales.

Cabeza tenía 49 años y era empleado público.
Por otra parte, hizo saber que las manos encontradas en la zona del volcadero de la capital entrerriana, de acuerdo a las huellas dactilares, pertenecen a Cabeza. Saint Paul, dijo que el resultado final de la autopsia se conocerá este jueves 04 de febrero.

Sobre la investigación de los hechos afirmó que se trabaja intensamente en forma conjunta con la División Homicidios y de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, para esclarecer el homicidio. Son diversas las hipótesis que se manejan en torno al caso.

Investigan un crimen con características mafiosas
El cuerpo calcinado de Marcelo Cabeza fue hallado dentro del auto de su hermana, en un descampado del barrio Anacleto Medina. Lo habrían asesinado de un tiro en la cabeza, le cortaron las manos con una amoladora y prendieron fuego al vehículo, con el cadáver en su interior. La Policía investiga el homicidio del chofer de Salud, que tendría posibles características mafiosas.

Los restos de un hombre calcinado dentro de un Renault Clío fueron encontrados en la madrugada de este martes 02 de febrero en el barrio Anacleto Medina.

El misterioso hallazgo está vinculado a la aparición de dos manos en el Volcadero de Paraná, horas más tarde. Todo indicaba que el cuerpo correspondía al empleado público Marcelo Cabeza, quien fue visto por última vez el lunes 1 de febrero.

Los vecinos dieron aviso a la policía, este mismo martes alrededor de las 2:30 am, cuando divisaron un Renault Clío que se encontraba en llamas. El vehículo fue visto en un descampado ubicado en calle Virrey Vertiz a metros del Club Ciclón del Sur.

En el interior del vehículo la policía halló el cuerpo de un hombre en posición fetal ubicado en la parte trasera del rodado. Sus brazos se encontraban hacía atrás, presumiendo que pudieron haber sido atados y ambas manos amputadas del cuerpo.

Al lugar concurrió la Fiscal de turno Melisa Saint Paul, quien ordenó inmediatamente la intervención de las Divisiones de Homicidio y Criminalística de la Policía.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde, donde anoche se realizaba la autopsia correspondiente.

Otro dato que hacía presumir la identidad es que el rodado donde se encontró el cuerpo, pertenece a la hermana de Cabeza. El empleado provincial fue visto por última vez el 1ero de febrero, luego de que se hermana le prestara su automóvil.

Distintos medios señalaron que el cuerpo tendría un disparo en la cabeza, aparentemente sus manos habrían sido cortadas con una amoladora luego de ser asesinado. Sin embargo, el deplorable estado del cuerpo calcinado complica la obtención de precisiones.

Hallazgo de manos

Este martes por la mañana vecinos del Volcadero dieron aviso a la policía luego de hallar un par de manos en una bolsa de residuos. Todo parecía indicar que corresponderían a las extremidades faltantes del cuerpo encontrado en el Renault Clío.

El hecho siembra un tendal de dudas en relación al mensaje enviado por los presuntos autores. ¿Qué significa la amputación de las manos en el ambiente criminal?

Distintos trascendidos hablaron alrededor de vinculaciones con el narcotráfico, una abultada deuda no cobrada o bien un hecho de otro tipo. Según fuentes policiales habrían sido necesarias por lo menos dos personas para realizar el macabro acto.

La presunta víctima tendría deudas con dos entidades Bancarias y un negocio de electrodoméstico, según señalaron diferentes medios.

Asimismo, se hicieron sentir en redes sociales la despedida por parte de militantes y funcionarios quienes se solidarizaron con familiares de la víctima y reclamaron justicia.

Comenzó la recorrida del lugar para evaluar la posibilidad de que aparezcan los restos que indican los testimonios de los pobladores. Hicieron una inspección ocular por zonas de Villa Paranacito.

El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, y la fiscal Josefina Minatta, encabezaron una inspección ocular y recorrida por zonas de Villa Paranacito, en el marco de la causa por vuelos de la muerte en el delta entrerriano.
La fiscal publicó en su cuenta personal de Facebook, que participaron además la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en Entre Ríos, Lucía Tejera, la Defensora General, integrantes del Equipo Argentino de Anttropología Forense, el Registro Único de la Verdad de la provincia, el titular de Derechos Humanos de Gualeguaychú, Matías Ayastuy, y efectivos de Prefectura Naval y Policía de Entre Ríos.

“Recorrimos nuestro delta tratando de ubicar datos, lugares y restos para el avance de la investigación, cómo parte del proceso de verdad, memoria y justicia”, manifestó la fiscal Minatta.
La investigación se inició por los testimonios aportados por el director periodístico de Radio Máxima, Fabián Magnotta, en su libro El lugar perfecto, que incluyó numerosos testigos sobre los vuelos ocurridos en el delta entrerriano.
El periodista fue citado por el juez Seró en diciembre pasado y aportó datos que surgieron posteriormente a la publicación del libro. Asimismo, la fiscal Minatta citó a otros testigos y el juez Seró resolvió avanzar en la causa.
Fuente: RadioMáxima

Este martes al mediodía, en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno, el rector Andrés Sabella se reunió con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Estuvieron presentes sus pares de otras universidades y el presidente del Consejo General de Educación, Martín Muller.

Sabella le hizo saber al ministro «lo que pasó el 2020, donde la Universidad Nacional de Entre Ríos tomó decisiones a partir de 3 ejes: cuidar la salud de los trabajadores docentes y no docentes; respetar los derechos de estos trabajadores en un marco de equilibrio con el derecho de los estudiantes y mantener la calidad educativa».

«Hubo un gran nivel de adaptación y de esfuerzo de todo el sistema, de trabajadores, estudiantes y graduados», continuó. Asimismo, «hubo actividades que por sus características no pudieron llevarse adelante porque requerían presencialidad. Por eso, en 2021 hay un alto compromiso para recuperar lo que no se pudo concretar y eso es una prioridad en el calendario académico».

En este sentido, el rector contó: «El ministro destacó la necesidad de ir retomando las actividades presenciales en los distintos niveles educativos. Obviamente eso deberá ser monitoreado de manera permanente, atendiendo a la realidad de cada jurisdicción».

Desde la UNER, «en 2021 se garantiza el dictado de clases con un sistema bimodal que permita ir retomando de manera gradual, según la situación sanitaria lo permita, las actividades presenciales».

«Ese pase de lo virtual a lo presencial requiere de la agilidad, flexibilidad y solidaridad de todos los actores, lo que pone en evidencia la necesidad de mantener el diálogo permanente con los trabajadores que son los que están haciendo posible que esto se desarrolle a partir de su esfuerzo y compromiso», afirmó.

Al respecto, Sabella solicitó «tener mayor descentralización para ir tomando decisiones en el marco de una autonomía universitaria responsable, que respete los protocolos que han sido oportunamente establecidos y atendiendo a la realidad de cada jurisdicción. En esa línea manifesté la necesidad de tener equipos de trabajo especializados revisando esos protocolos, debido a los conocimientos que diariamente van a apareciendo respecto a la situación sanitaria».

«El uso de las herramientas propias de la educación virtual vinieron para quedarse en el sistema universitario», sostuvo, por lo que se necesita «pasar de la virtualidad a la presencialidad y viceversa de manera ágil», resumió.

Por otro lado, el rector resaltó que «a partir de la pandemia quedó en evidencia que el sistema universitario no solamente comprende propuestas académicas sino también que la Investigación y la Extensión son pilares básicos. La UNER no sólo adaptó las propuestas pedagógicas a la virtualidad sino que continúo desarrollando importantísimas actividades que le requirió no solo el estado nacional, provincial, y algunos municipios sino también el sector privado».

De ese modo, restableció la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar sus condiciones de comercialización, es decir eliminar el tope de aumento de tarifas.

La Justicia hizo lugar a una medida cautelar y suspendió el DNU del Gobierno nacional que declaró a las telecomunicaciones como servicio esencialy restableció la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar sus condiciones de comercialización, es decir eliminar el tope de aumento de tarifas. Además, ordenó al Ejecutivo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) “abstenerse de emitir y llevar a cabo” alguna decisión al respecto, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

Mediante el decreto 690, emitido el 11 de agosto, el Gobierno nacional declaró “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga. La medida además dispuso el congelamiento de los precios hasta el 31 de diciembre y luego autorizó sólo un 5% de incremento y dispuso que las empresas del sector deben contar con autorización del Estado para cualquier modificación tarifaria.

El texto del DNU 690/2020 establece cambios a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Incorpora un artículo en el que se otorga el “carácter de servicio público en competencia” para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios. Además determinó que la autoridad de aplicación, es decir el Enacom, “garantizará su efectiva disponibilidad”.

Estableció también que los precios de estos servicios públicos “esenciales y estratégicos” y “los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados” por el ENACOM. El texto determinó que el organismo establecerá en la reglamentación “la prestación básica universal obligatoriaque deberá ser brindada en condiciones de igualdad”.

Fuente: TN

Con estos datos, el número de víctimas fatales es de 48.426, mientras que el total de infectados desde que comenzó la pandemia ascendió a 1.943.548. En tanto, las personas que superaron el virus son 1.738.768.

Al cumplirse 336 días desde el primer caso positivo de coronavirus Covid-19 en el país, las autoridades nacionales informaron que se confirmaron 9695 contagios en las últimas 24 horas, lo que elevó el número global de afectados por el virus SARS-CoV-2 a 1.943.548. Los que ya superaron el virus pandémico son 1.738.768.
En tanto, los centros de salud de todo el país ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 177 muertos y el total de fallecidos llegó a 48.426.
Según el reporte 511 que difundió esta tarde el Ministerio de Salud de la Nación, las provincias que sumaron nuevos casos en la jornada fueron:
-Buenos Aires 4243
-Ciudad de Buenos Aires 1270
-Catamarca 135
-Chaco 161
-Chubut 327
-Corrientes 175
-Córdoba 571
-Entre Ríos 284
-Formosa 4
-Jujuy 22
-La Pampa 88
-La Rioja 6
-Mendoza 146
-Misiones 284
-Neuquén 499
-Río Negro 294
-Salta 57
-San Juan 83
-San Luis 63
-Santa Cruz 158
-Santa Fe 515
-Santiago del Estero 69
-Tierra del Fuego 58
-Tucumán 183

Las provincias que reportaron muertos en la jornada fueron:
-Buenos Aires 43
-Ciudad de Buenos Aires 14
-Chaco 2
-Chubut 21
-Córdoba 5
-Entre Ríos 12
-La Pampa 11
-Mendoza 3
-Misiones 3
-Neuquén 2
-Río Negro 4
-San Juan 1
-San Luis 2
-Santa Cruz 2
-Santa Fe 48
-Santiago del Estero 2
-Tierra del Fuego 2

En tanto, esta tarde eran 3586 las personas que cursaban la enfermedad en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). La ocupación de camas UTI, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 54,4%.

El Directorio Obrero recordó que, a pesar de la medida que la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná, que falló en diciembre a favor de la Obra Social y ordenó a la entidad que nuclea a los médicos en Entre Ríos a abstenerse de aplicar corte de servicios a los afiliados, la Femer ratificó el corte de los servicios.

El Directorio se preguntó si Femer desea continuar como representante de los médicos ante Iosper, ya que, desde hace varios meses, “solamente adopta medidas que agravan y complican la mesa de dialogo, con propuestas extremas e intentando modificar las relaciones, clausulas y condiciones que desde hace décadas se vienen aplicando en los convenios”.

Correr el arco

“Primero fue la ofensa, después el arancel y ahora las condiciones contractuales. Buscan correr el arco en forma continua y constante, lo que va en detrimento de los esfuerzos y la voluntad de dialogo que el Iosper intenta cuando convoca a conversar antes de llegar a la aplicación de medidas extremas, en un contexto de pandemia”, publicó Apf Digital.

El Directorio recordó que “los esfuerzos del Iosper por llevar los pagos casi al día, y otorgar un 10 % de aumento a sus prestadores -anticipando las paritarias entre el Gobierno y sus trabajadores- no son suficientes para la entidad galena para sostener una relación sin cortes de servicios y observar cómo se desarrollan las negociaciones de los empleados estatales. ¿Tiene Femer voluntad de llegar a un acuerdo?”.

A la justicia

El Directorio Obrero ratificó que si Femer persiste con su interés de romper con la Obra Social, acudirá a la Justicia porque no se está respetando la cautelar que los obliga a abstenerse de aplicar corte de servicios a los afiliados. “No nos queda otro camino, porque en vez de aportar al diálogo, Femer eligió la confrontación”.