Los abogados defensores del cura Juan Diego Escobar Gaviria acudieron con un recurso ante la Cámara de Casación Penal para poner en crisis el fallo dictado el 27 de noviembre de 2020 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay que le impuso 11 de cárcel por el delito de promoción a la corrupción de menores. Escobar Gaviria ya había sido condenado a 25 años de cárcel en 2017 por 4 casos de abuso y corrupción de menores; en 2020 fue juzgado por un quinto caso.

Pero los defensores Milton Urrutia y María Alejandra Pérez recusaron a todos los integrantes de la Cámara de Casación Penal de Paraná, Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti. El planteo recusatorio deberá ser resuelto por otro tribunal, y será la Cámara de Casación Penal de Concordia, que integran Gustavo Perroud, Silvina Gallo y Aníbal Lafourcade. La recusación a la “composición originaria y natural de la Cámara de Casación Penal con asiento en la ciudad de Paraná (es) por haber intervenido en anterior legajo contra el mismo condenado habiendo sentado su postura”.

Efectivamente, en 2019 la Cámara de Casación Penal de Paraná intervino en el caso Escobar Gaviria. Fue en el primer juicio y para confirmar la condena a 25 años de cárcel.
El segundo juicio al cura Escobar Gaviria se sustanció durante dos días, miércoles 18 y jueves 19 de noviembre de 2020, en Gualeguay, y en su transcurso se trató el caso del joven Santiago Tavares, hoy de 20 años, pero que llegó con 14 para desempeñarse como monaguillo en la parroquia San Lucas Evangelista, de Lucas González, su pueblo.

«Yo llegué como monaguillo porque me gustaba. Al principio, iba todo bien. Pero con el pasar de los meses ahí adentro empezaron a cambiar las cosas. Ya no era el Juan Diego que yo conocí. Tenía actitudes que eran diferentes. No era la persona seria que yo había conocido. Un día yo estaba jugando junto a otros chicos en el comedor y me llama Juan Diego. Me pide que lo acompañe a la pieza. Cuando entro, cierra la puerta con llave y me empieza a hablar. En la pieza tenía una computadora donde preparaba la predicación de la misa de la tarde, así que nosotros íbamos y jugábamos en esa computadora. Pero ese día me empezó a tocar. No me gustó. Me levanté y me fui. Fui a la otra computadora, y no dije nada. No le conté a nadie. Fui como si nada. Después me empezó a hablar, a explicar con chamuyos lo que había pasado. Entonces, vinieron hechos más graves», contó aquel infierno.

Para juzgar por segunda vez al cura Escobar Gaviria se conformó un tribunal integrado por los jueces de la jurisdicción de Gualeguay, Alejandro Calleja y Alejandra María Cristina Gómez. Y un magistrado de la jurisdicción Gualeguaychú, Mauricio Daniel Derudi.

Precisamente la conformación del tribunal que debía juzgar a Escobar Gaviria fue lo que generó la primera postergación de la fecha de inicio del juicio, que debió realizarse entre el 12 y el 13 de noviembre de 2018.

Originariamente , el tribunal que debió juzgar al sacerdote quedó conformado por los jueces Calleja, Gómez e Ignacio Boris Telenta, pero este último magistrado concursó y ganó el cargo de juez de Garantías de Gualeguaychú, y por tanto dejó su puesto de juez de Garantías en Gualeguay. Los otros magistrados de Gualeguay quedaron afuera por cuanto ya habían actuado en el primer juicio: María Angélica Pibas, Darío Crespo y Javier Cadenas. Tampoco pudo ser incluido Dardo Tortul porque si bien ahora es juez de juicio, actuó en el debate contra Escobar Gaviria en representación del Ministerio Público Fiscal y llevó adelante la acusación.

Las audiencias de debate habían sido fijadas para una nueva fecha, los días 23 y 24 de mayo de 2019, pero el querellante Mariano Navarro pidió aplazar el trámite en función de la imposibilidad del denunciante, Santiago Tavares., un muchacho de 19 años, de asistir al tribunal.

La tercera programación del juicio se fijó para los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2019. Pero hubo una tercera suspensión.

Finalmente el juicio se sustanció en 2020

Primera condena

El cura fue condenado el 6 de septiembre de 2017 por haber abusado a cuatro menores. En tres casos se lo acusó de promoción de la corrupción de menores reiterada, agravada por su condición de guardador; y en uno por abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto.

El fallo, que se conoció de forma íntegra el jueves 14 de septiembre de 2017, contiene 304 páginas, en las que se encuentran todas las actuaciones del caso. Desde las primeras testimoniales tomadas a los menores cuando denunciaron los abusos, hasta las declaraciones de testigos –familiares, amigos, colaboradores de la parroquia-, y otros elementos que le permitieron al Tribunal llegar a la conclusión de que Escobar Gaviria cometió abusos, condenándolo a una pena proporcional a la gravedad de los delitos: 25 años de prisión efectiva.

La condena a Escobar Gaviria fue confirmada en Casación, pero cuando el caso se debatió en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el alto cuerpo anuló una parte de la sentencia y ordenó al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay computar de nuevo la pena. Fue sentenciado por tres casos de corrupción de menores y uno de abuso sexual simple. Este último caso por el que fue condenado encontró una anulación en el STJ.

Fuente: Entre Ríos Ahora

 

La diputada provincial Paola Rubattino (Frente Creer) presentó un proyecto de ley de “sentencias claras”. Esto es, propone incorporar dos párrafos en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la provincia, donde se especifica sobre el contenido de las sentencias, para que las mismas sean redactadas “en un lenguaje claro y sencillo, que permita su comprensión por la mayor cantidad de personas posibles”.

Seguidamente, agrega: “En casos de suma complejidad, se procederá a elaborar por la Oficina de Gestión de Audiencias u/o el Organismo que el Poder Judicial en uso de sus facultades organizativas designe, una sencilla explicación de los fundamentos de la misma, a los solos fines explicativos”.

Al fundamentar la iniciativa, la legisladora sostiene sobre la sentencia – “portador de un mensaje, el cuál va declarar o no un derecho, y que si dudas, va a modificar o consolidar conductas y posiblemente modificará también la vida de sus destinatarios”- , que “no solo debe tratar de ser acogido tal mensaje por tales destinatarios, sino que a su vez, debe ser comprendido, por la mayor cantidad de personas”.

“En síntesis, si el lenguaje de una Sentencia Judicial, no resulta claro y comprensible, para el ciudadano no abogado, para aquel que no posee otros conocimientos jurídicos más allá del conocimiento vulgar, respecto de quien también va destinada la norma, la reafirmación de esta última, está destinada a fracasar con una sentencia no comprensible, esto es que la ciudadanía no puede entender por cuestiones eminentemente técnicas”, sostuvo. Aunque enfatizó: “No decimos que haya que relegar la calidad del mensaje jurídico, ni que no se efectúen citas o remisiones. Para nada. La capacitación del operador judicial, es una cuestión innegociable. Sino que de lo que se trata es de mejorar el mensaje, de extenderlo hacia la ciudadanía toda. No se trata de lenguajes simples o vulgares, se trata de mensajes comprensibles”.

“Por ello consideramos que, sobre todo en materia penal, donde están en juego ni más ni menos, que aspectos relacionados con conductas sumamente graves que vulneran las normas a través de la afectación de bienes jurídicos considerados como valiosos y, donde la consecuencia es la pérdida de derechos tan importantes como la libertad, el patrimonio, de un empleo o de un cargo público a través de la pena, entonces con mayor razón, sea para discutirla o ponerla en entredicho el imputado, sea para que la sociedad comprenda en qué términos y fundamentos se ha dado culminación a cierto conflicto, lo cierto es que la claridad de vocabulario en una sentencia de este fuero se impone”, subrayó.

Y cerró: “Sin embargo, conscientes de situaciones de alta complejidad, que impliquen el uso de ineludible de un lenguaje técnico, a los fines de su comprensión por el público, se ha convenido en que se elabore una explicación que no constituye la sentencia en si misma, pero que ayuda a comprender el alcance y fundamentos de la misma, es decir a los fines meramente publicitarios”.

Las petroleras suscribieron en las últimas semanas contratos de comercialización del crudo con un precio congelado por hasta tres meses, a cambio de que se establezca hasta mayo un sendero de aumentos en los precios al público de los combustibles.

El incremento acumulado sería de entre 13% y 15% y su aplicación dependerá de la voluntad política y la habilitación del Gobierno, publicó El Cronista.

El presidente, Alberto Fernández, dijo este lunes en C5N que está «viendo de modificar el sistema de aumento de combustibles para que no haya un goteo permanente que influya todos los meses».

Por lo pronto, este viernes 12 se actualizarán los impuestos internos, en un orden de casi $ 2 por litro para las naftas y $ 1,25 para el gasoil, que presionará para un alza de entre 2 y 3 puntos porcentuales, según el producto refinado.

Desde la industria recuerdan que todos los aumentos aplicados en lo que va de 2021, fueron por ajustes en los biocombustibles o por los impuestos y no para recuperar márgenes de ganancia en la refinación.

El acuerdo, de carácter informal y privado, tuvo la participación de productoras no integradas como Vista Oil & Gas, Pluspetrol, Tecpetrol y Sinopec y refinadoras como Raízen y Trafigura -que venden combustibles y lubricantes con las marcas Shell y Puma Energy-, con la intención en todo momento de que el Gobierno no se involucrara.

YPF y Axion participaron en forma secundaria, ya que la petrolera estatal produce alrededor del 65% del crudo que refina, y la empresa de Pan American Energy (PAE) corre en su planta de Campana el petróleo Escalante, que extrae en Chubut.

El cumplimiento de los aumentos escalonados de precios es condición para que no se tense la relación comercial entre las dos partes de la cadena (upstream y downstream).

Las productoras no integradas advierten que, de otra forma, el único negocio rentable sería la exportación, aunque las refinadoras podrían bloquear esa operación (técnicamente llamado «cruzar el barco») hasta satisfacer al 100% sus necesidades de petróleo para sus plantas.

Raízen y Trafigura, al no producir localmente los combustibles, deben acudir a importar productos refinados como el gasoil grado 3 (premium), la variedad en donde más sienten la necesidad de subir sus precios, ya que destinan dólares para su compra y el peso se sigue depreciando, consignó El Cronista.

La directora nacional de Migraciones, María Florencia Carignano, aseguró que en la lista de espiados por la AFI durante el gobierno anterior figuran «intendentes, exintendentes, miembros del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos».
Más de 58 mil personas figuraban con nombre y apellido en una lista que era controlada por la Dirección de Migraciones. Entre ellos, se encuentran periodistas, políticos, empresarios, artistas y deportistas, incluso de Entre Ríos, según aseguró Carignano.

Este sistema de alertas no contaba con ningún requerimiento judicial, por lo que su detección por parte del Gobierno de Alberto Fernández derivó en otra denuncia de espionaje ilegal que afrontan los integrantes de la gestión de Mauricio Macri.

En entrevista con Canal Nueve Litoral, María Florencia Carignano explicó que el gobierno anterior, “armó un aparato de espionaje». «Habían generado un sistema donde determinadas personas, que tenían interés en seguir, eran incorporadas en un sistema informático llamado Halcón que había sido creado legalmente para que los oficios que la Justicia quería que se investiguen sean cargados, sean alertas silenciosas para que la persona no se enterara que lo estaban investigando», explicó.

Asimismo, se explayó: «Cuando nos hicimos cargo de Migraciones nos dimos cuenta de que entre los 58 mil registros que había, la mayoría no tenía ningún oficio judicial detrás, sino que había un interés particular para saber quién entraba, quién salía, como así también claves que se usan en Migraciones para trabajar».

Respecto de las personas que integran la lista, sostuvo: «Se usaron esas claves para espiar y fijarse los movimientos migratorios de muchos políticos, artistas, deportistas y en el caso de Entre Ríos, de muchos políticos y miembros de la Justicia de Entre Ríos que también tenemos constancia de que ha sucedido».

Carignano prefirió no dar nombres, pero sí confirmó que había «intendentes, exintendentes, miembros del Superior Tribunal de Justicia». «Todo esto está a disposición de la Justicia. No queremos dar nombres porque no queremos entorpecer la causa judicial, pero todo ha sido denunciado cuando esto se encontró», indicó.

Consultada por el signo político de estas personas, aseguró que formaban parte de la oposición al gobierno de Macri. «Son intendentes del Frente de Todos. Lo llamativo es que la mayoría de las búsquedas fueron en 2019, entre agosto y octubre, con las elecciones», respondió.
Fuente: Canal Nueve Litoral

«Del mismo modo que construimos memoria, verdad y justicia para los genocidas» lo hagamos para «poner fin a la desigualdad en cuestión de género» y a «los femicidios y la violencia contra la mujer», manifestó Alberto Fernández en un acto en la Casa Rosada.

El presidente, Alberto Fernández, expresó hoy su deseo de que «este día (por el Internacional de la Mujer) sea un día de respuestas» y pidió que, «del mismo modo que construimos memoria, verdad y justicia para los genocidas» lo hagamos para «poner fin a la desigualdad en cuestión de género» y a «los femicidios y la violencia contra la mujer» con «políticas de Estado» que trasciendan los Gobiernos.

Además, recordó a las mujeres que perdieron la vida víctimas de la violencia de género, como Micaela García en 2017, que dio lugar a una ley específica de capacitación en materia de género para los tres poderes del Estado.

Así lo hizo al hablar durante un acto con mandatarios provinciales en el que fue suscripto el acta compromiso «Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género».
Fernández aseguró que más allá de si la palabra «femicidio» existe o no existe «en word», «lo que existen son los femicidios», que son «hechos que existían y estaban ocultos», como parte de «la cultura patriarcal que generó un sinfín de injusticias y destratos, y se ha llevado vidas y lastimado la salud de las mujeres».

También remarcó que «la reacción estatal frente a los femicidios es lenta o no existe», asumió que «es difícil trabajar desde la Nación», porque se hace «en soledad» y con sentido «voluntarista», y «las violencias y femicidios siguen creciendo».
En el documento, gobernadores, gorbernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad se comprometieron a «integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios; a adherir al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE) y al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), y a jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y municipales».

Además, se explicó, se buscará «promover una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género en el Poder Judicial de cada provincia; y fortalecer los espacios de formación y capacitación en perspectiva de género para las fuerzas policiales y generar mecanismos que faciliten la realización de denuncias en casos que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad».

También se comprometen a «garantizar que los establecimientos de salud cuenten con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos de violencia por motivos de género».

Para eso, los distritos trabajarán de manera coordinada y conjunta con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, articulando recursos, políticas y acciones en el marco del Plan Nacional de Acción contra la violencia por motivos de género 2020-2022.
El año pasado, el Gobierno del Frente de Todos elaboró el primer presupuesto con perspectiva de género para mitigar las desigualdades entre mujeres y varones.

De esa forma, el proyecto de Presupuesto 2021 contempló partidas por un monto total de 1,3 billón para distintas áreas de gobierno que llevan adelante políticas de género a través de programas destinados a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+, junto con acciones orientadas a disminuir las brechas de desigualdad.

El presupuesto contempló gastos por un monto estimado en $8 billones y las partidas destinadas a políticas de género representan el 15,2% del total, por un monto equivalente al 3,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

Los fondos están destinados a políticas de género y se encuentran diferenciadas a través de la categoría «Igualdad de Géneros» que visibiliza aquellos programas destinados a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+.

Los docentes entrerrianos inician este lunes un nuevo paro en las escuelas en el marco del conflicto con el Gobierno por el reclamo de recomposición salarial. Las 72 horas iniciales de huelga en el arranque del ciclo lectivo 2021, entre lunes 1° y miércoles 3, tuvieron una altísima adhesión, según el análisis gremial.

Este lunes, en coincidencia con el Paro Internacional de Mujeres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) concreta el cuarto día de paro, que tendrá continuidad el jueves 11 y viernes 12. Luego, Agmer convocará a un congreso provincial para definir de qué modo sigue el conflicto.

Aunque de momento seguirá con la carpa blanca que instaló en Plaza Mansilla –frente a la Casa Gris- el martes 2 del actual. “La carpa, como símbolo de resistencia y de lucha, es un símbolo muy caro para todos los trabajadores de la educación, y que nosotros, en este contexto, donde no tenemos propuesta salarial, donde nos clausuraron el diálogo en el marco de la paritaria, que es el ámbito natural donde los trabajadores discutimos con las patronales, vamos a sostener”, expresó Marcelo Pagani, secretario general de Agmer.

Y agregó: “La carpa tiene por objetivo visibilizar nuestra lucha, hacer visibles nuestros planteos, nuestros reclamos, y por supuesto, aspiramos a ser convocados para recibir una propuesta que contenga nuestras demandas”.

El viernes 19 de febrero se realizó la tercera audiencia paritaria: entonces el Gobierno ofreció un 15 por ciento de aumento salarial más el blanqueo de las sumas en negro que paga desde octubre, que para el cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, supuso una suba de un 36 por ciento, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

Pero esa propuesta no satisfizo las aspiraciones docentes, que reclaman la “recuperación” de lo perdido frente a la inflación en 2020, 36,1 por ciento, más una pauta para 2021. No hubo entendimiento posible, aunque el Ejecutivo decidió pagar igual la mejora.

-¿Qué tan lejos está la propuesta que hizo el Gobierno de lo que reclama el gremio?

-Estamos lejos. La propuesta es bianual. Estamos hablando de un 15 por ciento, más un 20 por ciento bianual de blanqueo del bono, cuando la Nación en forma bianual aumentó el salario mínimo el 70 por ciento; Córdoba, de (el gobernador Juan) Schiaretti aumentó un 50 por ciento; Tucumán aumentó 56 por ciento; Capital dio el 25 por ciento el año pasado. Y en Entre Ríos tenemos un bono, que ahora es blanqueado, y una propuesta bianual de 20 puntos. Por eso la preocupación. Por eso el plan de acción. Por eso el estado de alerta y movilización permanente que tenemos los trabajadores de la educación.

-¿Qué chances hay de seguir discutiendo en paritaria?

-La paritaria está cerrada en su parte administrativa. Si hay voluntad y decisión política, se busca la forma. Eso no es problema. La ley de Paritaria es muy sabia y se puede claramente saldar esa cuestión. Lo más importante es la voluntad política de convocar a los trabajadores, pero no para vaciar el diálogo. Dialogar no solo significa sentarse a una mesa. Dialogar significa hacer esfuerzos para ponerse de acuerdo, buscar consenso, acercar partes, si no el diálogo es vacío, es para una foto. y lo que nosotros queremos es dialogar para construir una propuesta. El sindicato, por supuesto, está dispuesto a dialogar.

-El lunes hay otro paro. ¿Cómo viene el acatamiento?

-Las primeras 72 horas fueron increíbles, con una altísima adhesión como hacía muchísimos años, más del 90% en la provincia y departamentos con 95%, 96% y 97%. Y muchísimas escuelas al 100 por ciento. Entendemos que el del lunes también va a ser un paro muy contundente, porque además se enmarca en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y luego 48 horas, jueves y viernes, y un congreso que deberá sesionar a fines de la semana que viene. Ese es el esquema, y seguimos en la carpa, y a la expectativa de retomar ese diálogo, pero diálogo con contenido.

-¿Hay alguna señal que permita tener optimismo?

-La única señal es lo que uno escucha en la prensa, expresiones de funcionarios, que hablan de que en el marco del dialogo pueden acercar una propuesta. Pero más de eso, no tenemos nada.

-¿La carpa se va a mantener acá?

-Nosotros entendemos que de la Plaza Mansilla nos vamos a ir en el momento en que podamos aprobar una propuesta con el conjunto de compañeras y compañeros en un congreso, que es el máximo órgano de gobierno. Estamos acá, dispuestos a resistir hasta conseguir una propuesta que nos contenga.
En una escuela de San José de Feliciano se suspendió el dictado de clases presenciales desde este lunes y por un lapso de 14 días luego de detectarse cinco casos de Covid-19 en el plantel docente.
Suspenden las clases en una escuela
Las autoridades de la Escuela Agrotécnica N° 52 “Manuel Bernard”, de San José de Feliciano, decidieron suspender el dictado de clases presenciales desde este lunes 8 y por un lapso de 14 días luego de detectarse cinco casos de Covid-19 en el personal del establecimiento educativo.

Por protocolo de Educación, tras la confirmación de los casos, se ordena la suspensión de las clases por 14 días, aunque las autoridades de la Escuela Agrotécnica difundieron un primer comunicado en el que se anunció que la suspensión sería por una semana, del lunes 8 al viernes 12.

El comunicado que dio a conocer la institución señala que la decisión de suspender el dictado de clases presenciales durante una semana está fundada en el hecho “de tener contagios de Covid 19, por parte del personal de la escuela. Por otro lado, personal de salud ya está interiorizado de esta situación y está analizando caso por caso, tomando las correspondientes medidas de control. Gracias”.

Pero, desde el Consejo de Educación se informó que no habrá clases presenciales por dos semanas. “Ante los reiterados casos de Covid-19 presentados en integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica N° 52 Manuel Bernard se comunica la suspensión de las clases presenciales por 14 días, a partir del 08/03/21. Esta medida responde a sugerencia del COES (Comité de Organización de la Emergencia Sanitaria) local en pos de prevenir mayores contagios y cuidarnos entre todos”, informó Silvia Ayala, supervisora de Nivel Secundario de la Dirección Departamental de Educación de Feliciano, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

Eduardo Rodríguez, titular de Agmer Feliciano, confirmó al portal Entre Ríos Ahora que “son cinco casos y otros que se están por hisopar». Y que el contagio “no fue en la escuela, fue en un ámbito social, en una reunión”.

Conocida la decisión de suspender las clases, desde la seccional Feliciano de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) cuestionaron la decisión del Consejo General de Educación (CGE) de disponer la vuelta a la presencialidad en el ciclo lectivo 2021.
El comunicado de las autoridades de Salud.
“Desde Agmer siempre sostuvimos que era irresponsable la vuelta a clases presenciales, sin condiciones ni insumos necesarios. Siempre sostuvimos que era muy arriesgado regresar, improvisando acciones y protocolos desde el organismo central de educación. Hoy por hoy, la realidad estalla en las escuelas; la realidad es que el virus sigue circulando en nuestras comunidades; la realidad es que las escuelas no están en condiciones para cumplir protocolos elaborados en oficinas que desconocen los ámbitos donde serán aplicados”, señaló el sindicato.

Y señaló que “ante las irresponsabilidades de un Estado ausente, Agmer se hace presente para resguardar a los trabajadores de la educación, estudiantes y familias que conforman la comunidad; nos reuniremos con las autoridades pertinentes, a fin de que se cumplan las acciones previstas para estos casos”.

La resolución N° 2.722 del Consejo de Educación establece que ante la aparición de casos confirmados en el ámbito escolar “se suspenderán las clases en el establecimiento escolar por un día para realizar desinfección exhaustiva, previa consulta al centro de salud de referencia”. Y agrega que ante la aparición de un caso sospechoso de Covid-19 en el ámbito escolar, “todo el grupo (docentes y estudiantes) en el que se presenta el caso, deberá abstenerse de asistir al establecimiento hasta que se confirme o descarte la infección”.

Si se descarta, agrega, “todo el grupo se reintegrará a clase según la organización preestablecida. El resto de los cursos/grupos/secciones y la totalidad de los docentes y no docentes seguirán con las tareas establecidas. La limpieza y desinfección del establecimiento escolar deberá ser la estipulada en el protocolo y de hacerla no se requerirá ninguna limpieza o desinfección adicional. Las autoridades educativas en estos casos brindarán información respecto de la sintomatología asociada a la definición e identificación del caso sospechoso”.

Pero, ante la confirmación del caso, “todo el grupo de contacto deberá respetar el aislamiento de 14 días a partir de la última exposición con el caso confirmado”.

El gobierno provincial intensificará el curso de la campaña de inmunización con la llegada entre este sábado y domingo de otras 25 mil dosis de la vacuna china Sinopharm y la rusa Sputnik V.

Según se informó desde el Ministerio de Salud, este domingo ingresaron a la cámara de frío 12.500 dosis más de la vacuna Sputnik V, las que se suman a las 12.500 Sinopharm que entraron este sábado en el marco del avance del Plan Rector de Vacunación Covid-19.

Al respecto, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, sostuvo que “en las próximas semanas se intensificará el curso de la campaña de inmunización y se irá dando respuesta a la población a medida que la organización lo permita”.

“Esta es una campaña muy distintiva que requiere de una dinámica, organización y planificación muy exhaustiva, y estamos preparados para cumplimentarla. Contamos con la experticia y la profesionalidad”, aseguró poco antes de advertir que actualmente “conviven muchos universos de población objetivo en forma simultánea”, como así también “tres características de vacunas diferentes, con conservaciones y características distintas”, precisó.

En los últimos días finalizó el dispositivo de vacunación a adultos institucionalizados, y comenzó la inmunización a mayores de 70 años en todos los departamentos de la provincia. También el personal policial y docentes de escuelas especiales comenzaron a ser incorporados al plan rector.

En ese marco, Velázquez hizo saber que “se convive con tres características de vacunas diferentes, con conservaciones y características distintas, por lo tanto, la hace muy distintiva a esta campaña. Tenemos la experticia y la profesionalidad de nuestros más de mil vacunadores de la campaña y se irá dando respuesta a toda la población a medida que la organización lo permita”, remarcó.

Los datos de los presupuestos de las provincias son cada vez menos transparentes y registraron una desmejora en 2020 según el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), elaborado por CIPPEC, que evalúa la cantidad, nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales.

Es que en 2020 el promedio de las 24 provincias disminuyó de 7,8 en 2019 a 7,2, la puntuación más baja desde 2017. Esto se debe a que doce provincias retrocedieron en su puntaje.

Esta disminución estuvo asociada a la menor publicación de documentos clave, como presupuestos plurianuales, ejecuciones de gastos, cuentas de inversión y apertura de tributos recaudados, y a un mayor rezago en la publicación de datos de ejecución presupuestaria, recaudación impositiva, endeudamiento y transferencia a municipios.

No obstante, por segundo año consecutivo Entre Ríos se posicionó primera en el ranking con un puntaje de 10 al igual que Santa Fe. La siguen Córdoba con 9.90, Neuquén con 9.50 y la ciudad de Buenos Aires con 9.40.

Las provincias que obtuvieron los puntajes más bajos fueron Corrientes (1,60), San Luis (3,85), Chubut (4), Santiago del Estero (4,15) y Buenos Aires (5,85)

En cuatro provincias la disminución es marcada: Corrientes, Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco. En la provincia de Buenos Aires reside alrededor del 40% de los habitantes del país y, sumado a Corrientes y Santiago del Estero, se acercan a la mitad de la población total, por lo cual esta disminución en los niveles de transparencia activa afecta a una gran porción de la ciudadanía. En el extremo opuesto, Jujuy y La Rioja fueron las que más mejoraron su puntaje, detalló el informe publicado por APF.

El estudio atribuye este descenso en el índice a dos particularidades: en 2019 varias jurisdicciones cambiaron de gobierno (de partido o de dirigentes) y 2020 pudo haber sido un año de adaptación para gobiernos que habían comenzado su administración pocos días antes del inicio del año. Según el informe, siete de las 11 provincias que cambiaron sus gobernaciones tuvieron una caída en el desempeño de su puntuación (64%). Mientras tanto, cinco de las 13 provincias que mantuvieron sus gobernaciones (38%) tuvieron un menor puntaje que en 2019. “Esto pone de manifiesto la importancia de contar con una burocracia profesional y estabilidad en los mandos medios en los distintos gobiernos, incluso ante cambios de gestión”, dice Juan Pablo Niño.

Por otro lado, la pandemia cambió las prioridades de política pública y los recursos con que los gobiernos cuentan para gestionar. “Sería razonable suponer que la calidad de la gestión estatal provincial se viese afectada por la pandemia, pero no alcanza para ser una razón válida para disminuir la rendición de cuentas de los gobiernos. De hecho, la situación excepcional requiere incluso mayores niveles de rendición de cuentas”, señala Santiago Lacroix Eussler.

Desde el Cippec, destacaron que el presupuesto público es una herramienta fundamental para definir y ejecutar los planes de gobierno.

Desde 2013, de forma ininterrumpida, el ITPP evalúa la cantidad, nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales.

Su elaboración replica el ejercicio que haría un ciudadano o una ciudadana que deseara acceder a las publicaciones presupuestarias que realizan los gobiernos provinciales en internet, y queda reflejado en un puntaje de 0 a 10.

Desde 2014, el índice mostró una continua tendencia de mejora en la transparencia fiscal provincial, junto con un sostenido descenso en la dispersión de los resultados provinciales.

Según un índice elaborado por CIPPEC, el promedio de apertura en la información de las 24 provincias disminuyó de 7,8 a 7,2, la puntuación más baja desde 2017

Los datos de los presupuestos de las provincias son cada vez menos transparentes y registraron una desmejora en 2020 según el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), elaborado por CIPPEC, que evalúa la cantidad, nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales.

En 2020 el promedio de las 24 provincias disminuyó de 7,8 en 2019 a 7,2 en 2020, la puntuación más baja desde 2017. Doce provincias retrocedieron en su puntaje. Esta disminución estuvo asociada a la menor publicación de documentos clave, como presupuestos plurianuales, ejecuciones de gastos, cuentas de inversión y apertura de tributos recaudados, y a un mayor rezago en la publicación de datos de ejecución presupuestaria, recaudación impositiva, endeudamiento y transferencia a municipios. Estos datos surgen de la edición 2020 del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial, elaborado por CIPPEC, elaborado por Juan Pablo Niño y Santiago Lacroix Eussler.
Las provincias que obtuvieron los puntajes más bajos fueron Corrientes (1,60), San Luis (3,85), Chubut (4), Santiago del Estero (4,15) y Buenos Aires (5,85). En tanto, Santa Fe y Entre Ríos lograron los 10 puntos totales del índice. En el top cinco se ubicaron también Córdoba (con 9,90 puntos), Neuquén (9,50) y la ciudad de Buenos Aires (9,40).

En cuatro provincias la disminución es marcada: Corrientes, Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco. En la provincia de Buenos Aires reside alrededor del 40% de los habitantes del país y, sumado a Corrientes y Santiago del Estero, se acercan a la mitad de la población total, por lo cual esta disminución en los niveles de transparencia activa afecta a una gran porción de la ciudadanía. En el extremo opuesto, Jujuy y La Rioja fueron las que más mejoraron su puntaje.

Puntaje del ITPP por provincia (2020 y 2019)

El estudio atribuye este descenso en el índice a dos particularidades: en 2019 varias jurisdicciones cambiaron de gobierno (de partido o de dirigentes) y 2020 pudo haber sido un año de adaptación para gobiernos que habían comenzado su administración pocos días antes del inicio del año. Según el informe, siete de las 11 provincias que cambiaron sus gobernaciones tuvieron una caída en el desempeño de su puntuación (64%). Mientras tanto, cinco de las 13 provincias que mantuvieron sus gobernaciones (38%) tuvieron un menor puntaje que en 2019. “Esto pone de manifiesto la importancia de contar con una burocracia profesional y estabilidad en los mandos medios en los distintos gobiernos, incluso ante cambios de gestión”, dice Juan Pablo Niño.

Por otro lado, la pandemia cambió las prioridades de política pública y los recursos con que los gobiernos cuentan para gestionar. “Sería razonable suponer que la calidad de la gestión estatal provincial se viese afectada por la pandemia, pero no alcanza para ser una razón válida para disminuir la rendición de cuentas de los gobiernos. De hecho, la situación excepcional requiere incluso mayores niveles de rendición de cuentas”, señala Santiago Lacroix Eussler.

Desde el CIPPEC, destacaron que el presupuesto público es una herramienta fundamental para definir y ejecutar los planes de gobierno. Desde 2013, de forma ininterrumpida, el ITPP evalúa la cantidad, nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales. Su elaboración replica el ejercicio que haría un ciudadano o una ciudadana que deseara acceder a las publicaciones presupuestarias que realizan los gobiernos provinciales en internet, y queda reflejado en un puntaje de 0 a 10. Desde 2014, el índice mostró una continua tendencia de mejora en la transparencia fiscal provincial, junto con un sostenido descenso en la dispersión de los resultados provinciales.

 

«Quería hacer este videíto no para hacerme la instagramer ni mucho menos, sino para responder a algunos mensajitos que recibí por parte de amigos, conocidos y por algunas cosas que se dijeron en los medios comunicación de Gualeguaychú. Yo estaba inscripta por ser personal de Salud ya que la vacuna es prioritaria para el personal de Salud».

La explicación es de Claudia Soledad Centurión, 27 años, empleada de la Municipalidad de Gualeguaychú. La chica es pareja de Matías Piaggio, hermano del secretario de Desarrollo Social, Salud y Ambiente del Municipio, Roberto Martín Piaggio, a su vez primo del intendente Martín Piaggio (PJ). El video que posteó en las redes contando por qué recibió una dosis de la vacuna contra el coronavirus generó repercusión inmediata.
La iniciativa fue llamativa, sobre todo considerando el descargo que el titular del organismo donde desempeña sus funciones, y también cuñado de Centurión, Martín Roberto Piaggio, había publicado en la red social Facebook ubicando a la oposición local como la promotora de lo que definió como agresiones a las personas que llevan adelante el proyecto sanitario local.

a iniciativa fue llamativa, sobre todo considerando el descargo que el titular del organismo donde desempeña sus funciones, y también cuñado de Centurión, Martín Roberto Piaggio, había publicado en la red social Facebook ubicando a la oposición local como la promotora de lo que definió como agresiones a las personas que llevan adelante el proyecto sanitario local. Pero totalmente descolgado de cualquier lógica comunicacional que busque apaciguar el malestar en la población ante la demanda de un recurso tan escaso, el video se viralizó en las redes y trepó hasta los medios nacionales que se hicieron eco de la explicación de la joven de 27 años.
Pero totalmente descolgado de cualquier lógica comunicacional que busque apaciguar el malestar en la población ante la demanda de un recurso tan escaso, el video se viralizó en las redes y trepó hasta los medios nacionales que se hicieron eco de la explicación de la joven de 27 años, según publica el sitio Reporte 2820.

«Quería hacer este videíto no para hacerme la instagramer ni mucho menos, sino para responder a algunos mensajitos que recibí por parte de amigos, conocidos y por algunas cosas que se dijeron en los medios comunicación de Gualeguaychú. Yo estaba inscripta por ser personal de Salud ya que la vacuna es prioritaria para el personal de Salud», dijo la joven que además es pareja de Matías Piaggio, hermano del titular del organismo donde se desempeña como empleada administrativa.

En otro tramo de la publicación, Centurión da por hecho que el personal de salud que está en contacto con pacientes que pueden ser casos positivos de COVID ya fueron vacunados. Esto no es así, aún quedan pendientes de recibir la primera dosis de la vacuna trabajadores y profesionales de la Salud que se desempeñan en los CAPS municipales.

Centurión cuenta que se encuentra bien de Salud y recomienda que «quienes tengan la posibilidad de colocarse la vacuna después» lo hagan. Se manifiesta como «creyente» de los resultados.

Dentro de los argumentos que esgrime para explicar por qué fue inoculada, explicó que como empleada administrativa «está en contacto con muchos papeles» y con «muchas personas», a la vez que aseguró que no dejó de trabajar en ningún momento durante la pandemia.

Mientras tanto, integrantes de las fuerzas de seguridad esperan que durante la próxima semana se comience a vacunar a los efectivos que integran la población de riesgo y a quienes se encuentran más expuestos al virus, los dicentes reclaman el acceso a la vacuna para volver a las aulas en mejores condiciones y recién este martes llegaron las primeras 800 dosis destinadas para vacunar a los adultos mayores de 70 años.

Fuente: Entre Ríos Ahora

Néstor «Yuyo» García, papá de Micaela García, la chica víctima de un brutal femicidio en abril de 2017 en Gualeguay, y cuyo caso dio origen a un andamiaje legal aprobado por el Congreso Nacional, la Ley Micaela, que obliga a los tres poderes del Estado a capacitarse en género, cargó duro contra el Poder Judicial, y en especial contra la Justicia de Entre Ríos, que juzgó y absolvió a un magistrado. Se trata de Carlos Alfredo Rossi, juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, que firmó la resolución que había otorgado salidas transitorias a Sebastián Wagner, que purgaba una condena por violación. Wagner fue el femicida de Micaela García.

El papá de la chica recordó palabras dichas por el actual ministro del Interior de la Nación, Eduardo «Wado» de Pedro, que afirmó: «El Poder Judicial tiene que escuchar. O se transforman o se van de un poder que busca igualdad y justicia». Al respecto, señaló que «esas palabras aparecen como un haz de luz frente a la tristeza, la desesperanza y la impotencia que nos da cada nuevo femicidio; porque recordamos que detrás de una denuncia o expediente cajoneado en un juzgado, ha estado la vida de una nuestras hijas».
«Siempre contamos los detalles del femicidio de Micaela, no porque queramos recordarla así, sino porque consideramos pedagógico explicar cómo el sistema de justicia fue factor clave para que Sebastián Warner, con libertad condicional a pesar de su condena por dos violaciones y los informes psicológicos que desaconsejaban este beneficio, secuestrara, violara, matara y desapareciera a Mica», subrayó. «La Ley Micaela lleva el nombre de nuestra Negra, y refiere a la obligatoriedad en la capacitación en perspectiva de género para los agentes de los 3 poderes del Estado en todas sus jerarquías ¿Está la justicia federal y las provinciales capacitándose? ¿Se está citando a los agentes judiciales a capacitarse? ¿Se está sancionando a las personas que se niegan a capacitar? ¿Se sancionarán a aquellas personas de la Justicia o del Estado que no proceden acorde a la perspectiva de género y que, por ello, no evitan femicidios y otros delitos graves?», recordó.

Luego, apuntó: «Algunos medios de comunicación insisten que modificar en lo más mínimo al Poder Judicial (que ha demostrado ser indiferente frente al riesgo de vida de las mujeres violentadas) es atacar su independencia y tiene un sentido político partidario. Déjenme decirle que el Poder Judicial no fue independiente cuando en vez de juzgar el mal desempeño del juez co-responsable del femicidio de Mica, lo protegió. El Poder Judicial tiene intereses corporativos que no son ni los del pueblo, ni el reclamo de justicia de las familia».

El 30 de julio de 2017, el Jurado de Enjuiciamiento absolvió por mayoría de los cargos de falta de idoneidad y mal desempeño que pesaban sobre el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, quien estaba suspendido en su cargo desde el 7 de diciembre de 2017. Al día siguiente, Rossi reasumió su cargo.
Rossi quedó en el ojo de la tormenta luego del femicidio, el 1° de abril de 2017, de la estudiante uruguayense Micaela García, cuyo cuerpo fue hallado en un descampado de Gualeguay una semana después, el 8 de abril. El magistrado fue acusado por mal desempeño y falta de idoneidad por haber resuelto, el 1° de julio de 2016, la liberación del reo Sebastián Wagner, con dos condenas por abuso sexual. Wagner fue, precisamente, quien mató a Micaela García, crimen por el cual fue condenado a prisión perpetua.

Rossi tenía ocho acusaciones en su contra. Ninguna prosperó.

La familia de Micaela García no quedó conforme con el fallo de la Justicia en torno al femicidio y a sus responsables.

La Procuración General de la Provincia acudió con un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que intervenga en el caso del femicidio de Micaela García, ante la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), de rechazar la vía federal y confirmar la pena por encubrimiento a Néstor Pavón, más la perpetua a Sebastián Wagner. Con esa calificación penal, en agosto de 2020, y tras el pago de una fianza, Pavón quedó en libertad.
El planteo de queja se presentó el lunes 1° de febrero de 2021. Al pedido ante el máximo tribunal nacional se sumó la familia de Micaela García. Así lo dio a conocer su papá, Néstor «Yuyo» García. La presentación de la familia se hizo con el patrocinio del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género de la Subsecretaria de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La presentación se da en el marco del proceso penal que determinó el grado de responsabilidad de Sebastián Wagner y Néstor Pavón, frente a la violación y el femicidio que sufrió Micaela.

En septiembre de 2020, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso extraordinario federal ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que antes había fallado a favor de Néstor Pavón, acusado por el delito de encubrimiento del femicidio de Micaela García, a quien dejó en libertad. Con esa presentación, se buscó la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La resolución del STJ, fechada el 31 de julio, anuló parcialmente un fallo de la Cámara de Casación Penal que en 2019 confirmó la condena a prisión perpetua impuesta a Sebastián Wagner por el femicidio de Micaela , ocurrido el 1° de abril de 2017 en Gualeguay, y anuló la pena impuesta a Pavón, 5 años de cárcel por el delito de encubrimiento, y ordenó realizar un nuevo juicio.

Fuente: Entre Ríos Ahora

 
Sucedió en la madrugada del miércoles a la altura del kilómetro 126. Iban a bordo del vehículo un hombre y una mujer, y ambos quedaron internado en el Hospital Centenario. El animal, lamentablemente, quedó muerto en la calzada.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Ceibas informaron que casi a las 5 de la mañana recibieron un llamado de emergencia que los alertaba sobre un accidente ocurrido en el kilómetro 126 de la Ruta 12, sentido Entre Ríos / Buenos Aires.
Al arribar las dos dotaciones que se dirigieron al lugar, los voluntarios notaron que un auto –un Nissan Versa– había despistado y volcado. ¿El motivo? Un ciervo se les había cruzado en la cinta asfáltica y no lograron esquivarlo. El animal, lamentablemente, quedó muerto a un costado del camino.

Al llegar los bomberos, el conductor del auto –un hombre de Paraná de 49 años– ya había sido trasladado al Hospital Centenario por parte de los servicios del centro de salud Brazo Largo.
En cambio, la acompañante, de 52 años, primero fue asistida por el personal de la caminera y los bomberos voluntarios hasta la llegada de la ambulancia del hospital Eva Duarte de Ceibas, que luego la llevó al hospital de Gualeguaychú.

El personal de casas particulares percibe a partir de febrero de 2021 un incremento del 8% en sus salarios. Se trata del segundo tramo de aumento acordado en la paritaria del sector firmada en diciembre pasado.
El personal de casas particulares percibe a partir de febrero de 2021 un incremento del 8% en sus salarios. Se trata del segundo tramo de aumento acordado en la paritaria del sector firmada en diciembre pasado. Las subas se harán efectivas en todas las categorías en relación al cobro por hora y por mes.

Desde la Unión Personal de Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), explicaron que los sueldos de las empleadas domésticas tendrán los siguientes incrementos, dependiendo la categoría del empleado y la modalidad de trabajo, con o sin retiro.

Escala salarial de las empleadas domésticas febrero 2021

Empleada doméstica / Supervisor/a

Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Hora con retiro: $206
Hora sin retiro: $225,50
Mensual con retiro: $25.746
Mensual sin retiro: $28.678,50

Empleada doméstica / Personal para tareas específicas

Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Hora con retiro: $195
Hora sin retiro: $214
Mensual con retiro: $23.919,50
Mensual sin retiro: $26.626,50

Empleada doméstica / Caseros

Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $183,50
Mensual: $23.337

Empleada doméstica / Asistencia y cuidado de personas

Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Hora con retiro: $183,50
Hora sin retiro: $206
Mensual con retiro: $23.337
Mensual sin retiro: $26.007

Empleada doméstica / Personal para tareas generales

Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Hora con retiro: $171
Hora sin retiro: $183,50
Mensual con retiro: $20.987
Mensual sin retiro: $23.337

Upacp informó, además, que se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al 25% sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires. (iProfesional)

La Justicia suspendió el inicio de un nuevo juicio oral y público contra el exintendente de Gualeguay, Luis Erro (PJ), acusado de fraude a la Administración Pública en una causa en la que se investigó la compra de espuma para los carnavales de 2013.

El debate estaba fijado comenzar hoy  miércoles, a las 9, en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, ante los jueces Darío Crespo, Javier Cadenas y Alejandro Calleja.

Sin embargo, el juicio deberá esperar debido a que el defensor del dirigente, el abogado Miguel Ángel Cullen, pidió al Tribunal la acumulación de dicha causa con otras dos que hay contra Erro, pero que aún no fueron elevadas a juicio. En uno de los legajos se investigó la compra irregular de luminarias y, en la otra, una supuesta irregularidad con unos cheques.

Según supo Entre Ríos Ahora, el fiscal de la causa, Jorge Gamal Taleb, se opuso a la suspensión del juicio, pero aceptó la acumulación de las tres causas ya que se está ante hechos independientes que se pueden juzgar en un solo proceso.

Pero para resolver la acumulación de las tres causas habrá que aguardar a que la jueza de Garantías Alejandra Gómez resuelva los pedido de elevación a juicio formulado por Fiscalía de esas otras dos causas: una que aguarda definición de la magistrada desde 2019, y otra, de diciembre de 2020.

Causa de la espuma

Además de Erro, en el banquillo de acusados también se sentarán el exsecretario de Turismo, Cultura y Deporte, Mariano Dunat; al secretario de Gobierno, Mariano Iturbe; el exsecretario de Hacienda, Pablo Figueroa y a Carolina Camino, una comerciante que ganó la licitación para proveer de espuma a los carnavales de 2013.

La ganadora de la licitación es una profesora de kick boxing, con nula experiencia en el rubro comercial. Para la Fiscalía, durante el proceso de licitación se aplicaron trabas para que ningún competidor pudiera presentarse y así quedarse con el negocio.

La causa está caratulada “Caminos Carolina y otros. Apelación. S/Defraudación a la Administración Pública” y en ella se cuestiona la contratación directa de espuma marca Nashville por una suma de $10 mil pesos de ese entonces.

El juicio, que iba a comenzar este miércoles, iba a realizarse ante los jueces Darío Crespo, Javier Cadenas y Alejandro Calleja. El fiscal a cargo de presentar los cargos es Jorge Gamal Taleb, coordinador de la jurisdicción Gualeguay/Victoria/Nogoyá.

La investigación penal se abrió a partir de una denuncia formulada en febrero de 2013 por el exintendente local Héctor Jaime, que fue funcionario de Cambiemos de Gualeguay de Anses hasta diciembre de 2019.

Causa de las luminarias

Esta causa se inició a instancias de una denuncia formulada por el fallecido intendente de Gualeguay, Federico Bogdan (UCR-Juntos por el Cambio). El dirigente denunció irregularidades en la obra de mejoramiento del alumbrado público. La empresa que fue beneficiada con la contratación fue la firma Radio Lux.

La causa avanzó, y se imputó los supuestos delitos de falsificación de documentos públicos y defraudación al Estado en los procesos administrativos de la obra, que fue financiada por el programa nacional Más Cerca, en 2014. Entonces, el municipio recibió $1,4 millones para la iluminación de los bulevares Arturo Illia y San Juan. Según la acusación, parte del dinero fue utilizado para otros proyectos, desviando los fondos que tenían un destino exclusivo.

La audiencia de elevación a juicio se realizó el 1º de diciembre de 2020, ante la jueza de Garantías de Gualeguay, Alejandra María Cristina Gómez. La magistrada aún no dio a conocer su resolución.

Causa de los cheques

Esta causa tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de Entre Ríos, porque es anterior a 2014, cuando se actualizó el mismo. Se trata de una investigación por el presunto delito de peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La causa se originó por una denuncia del propio tesorero municipal, Rodolfo Estapé, sobre la existencia de cuatro cheques de $2.500 cada uno que fueron recibidos por el Ejecutivo en diciembre de 2009, en el marco de los carnavales 2010, de los cuales solo recibió fotocopias. El dinero de los cheques fue repuesto por el Ejecutivo luego de la denuncia del tesorero, quien fue removido del cargo.

Historial

El exintendente Erro tiene otros expedientes en Tribunales. En algunos fue sobreseído, en otros absueltos y en otros quedó en una situación que podría llevarlo a juicio.

El 21 de marzo de 2019, la Cámara de Casación Penal confirmó la absolución dictada el 24 de febrero de 2017 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay por la supuesta contratación irregular del sonido para los carnavales de esa ciudad.

Luego, el 9 de abril, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) revocó la condena en la causa del medidor de luz del año 2016 y absolvió a Erro y a todos los involucrados. Pero la historia no concluyó ahí.

El proceso se dio así: el 11 de marzo de de 2019, la Sala Penal del STJ absolvió al dirigente y a su exsecretario de Obras Públicas, Alfredo Dellagiustina, al revocar el fallo condenatorio de 2016 que los halló culpables del supuesto delito de peculado.

Contra esa resolución, la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, presentó un recurso extraordinario federal con el fin de que el fallo sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el máximo tribunal del país.

En una resolución firmada el 23 de octubre de 2019, la Sala Penal del STJ le denegó el recurso, señalando que no cumple con los requisitos básicos para llegar a esa instancia. El fallo fue firmado por los tres vocales que la integran: Miguel Ángel Giorgio, Claudio Mizawak y Daniel Omar Carubia.

Pero la Procuración fue en queja a la Corte, donde ahora se deberá resolver el asunto.

Más tarde, Erro fue sobreseído en la causa por el supuesto desvío de fondos públicos para la refacción del edificio del exCorreo Argentino, sin la autorización del Concejo Deliberante.

Y luego se le anuló el sobreseimiento en el expediente por supuesta malversación de caudales públicos en la irregularidad del pago de “cachets” a comparsas que participaron del carnaval de la ciudad de 2009.

También logró zafar de una causa que tramitaba en el juzgado del juez federal Claudio Bonadio y que tenía a 92 intendentes del país procesados por supuestas irregularidades en el manejo de los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRRSU).
Fuente: Entre Ríos Ahora

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, se manifestó optimista de alcanzar, en el corto plazo, un acuerdo con los docentes que permita superar el escenario de conflicto que caracteriza el inicio del ciclo lectivo 2021.

El punto de fricción es salarial. El Gobierno propuso una pauta de incremento del 15% más el blanqueo de la suma fija de $4.000, lo que lleva el salario de bolsillo del cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, a $32.960. De ese modo, el Ejecutivo habló de un incremento del 36%, aunque la mejora no es pareja: conforme se avanza en el escalafón, ese índice de aumento de salarios desciende.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que este miércoles concluye 72 horas de huelga, reclama «recuperar» la pérdida del salario frente a la inflación en 2020, del 36,1%, y acordar una pauta de incremento para 2021. Y hasta que el Gobierno no presente una propuesta de incremento que contenga esos parámetros dejará instalada en Plaza Mansilla una carpa, que se montó este lunes, y que le recordará al Ejecutivo que hay un conflicto sin resolver.
Los maetros volverán al paro el lunes 8, y las medidas de fuerza seguirán el jueves 11 y viernes 12, según lo resuelto en el último congreso de Agmer. El otro gremio fuerte del sector, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) se plegó a la medida, y también lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Aunque el presidente del Consejo de Educación relativizó el impacto de la huelga de los docentes. «Uno pudo ver muchas escuelas funcionando, que empezaron a trabajar. Se vio que las clases comenzaron, aunque resentidas por las medidas de fuerza. Nosotros respetamos eso, y seguimos dialogando, respetando las medidas de los gremios, pero con los chicos en el aulla», aseguró Müller en declaraciones al programa En el dos mil también, de FM Litoral.

Y ponderó los protocolos sanitarios aplicados en las escuelas para evitar el contagio de coronavirus. «Lo dijimos al momento de anunciar que el 1° de maro empezaban las clases: no íbamos a poner en riesgo la salud de nadie. Si había una escuela que no estuviera en condiciones, no lo íbamos a hacer. Pero entendemos que es un porcentaje mínimo de escuelas que están en obra actualmente. De 1.419 edificios que tenemos, que haya desperfectos en algunas, es lo esperable», sostuvo.

Respecto del nudo que impide un acuerdo con los docentes, la discusión salarial, el presidente del CGE aseguró: «Creemos que estamos cerca (de un acuerdo). No vamos a romper el diálogo. Confiamos en la prudencia del Ejecutivo en presentar una propuesta que sea sustentable. Entiendo que estamos acerca de un acuerdo. Y va a ser en el corto plazo», subrayó.

Desde el frente sindical, han dicho que un eventual acuerdo está muy condicionado. «Hemos resuelto instalar una carpa que tiene historia, que tiene memoria, que es simbólica de todas nuestras luchas. Esta carpa se instala en esta Plaza Mansilla y no se mueve hasta no recibir una propuesta salarial que dé cuenta de nuestras demandas», anunció Marcelo Pagani, secretario general de Agmer durante el acto que se realizó en la explanada de Casa de Gobierno.
Fuente: Entre Róis Ahora