Luego de la visita de campaña del presidente Mauricio Macri, este jueves en el sur de la provincia, la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (Redasa), repudió sus declaraciones apoyando la flexibilización del límite para fumigar alrededor de escuelas rurales. En esa recorrida de apoyo a la fórmula de Atilio Benedetti y Gustavo Hein, Macri atacó la decisión judicial en contra del decreto de Gustavo Bordet. Es que para la Justicia entrerriana, el límite de fumigaciones terrestres debe ser de 1.000 metros alrededor de escuelas y el límite para rociamientos aéreos debe ser de 3.000 metros en torno a las escuelas. Sin embargo, el gobierno achica esa perimetral en 300 y 500 metros respectivamente. Por eso exigieron al mandatario “que se retracte públicamente de sus dichos”, a la vez que alertaron “la profunda ignorancia del Sr. Presidente en la materia”, y la “violación a la división de poderes”.

La Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (Redasa), repudió enérgicamente las declaraciones del presidente Mauricio Macri que, en su visita a Gualeguaychú este jueves, descalificó el fallo de la justicia provincial que prohibió las fumigaciones con agrotóxicos en cercanía de escuelas rurales, y defendió la postura de los productores sojeros representados por su candidato a gobernador, Atilio Benedetti , y exigió al mandatario “que se retracte públicamente de sus dichos y que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos establecidas en nuestra Constitución Nacional”.

En un comunicado que reprodujo Noticia Uno, la REDASA (organización constituida para fortalecer el trabajo en red de abogadas y abogados que contribuyen con sus aportes legales a la lucha de los pueblos de América Latina por la soberanía alimentaria), destacó “la profunda ignorancia del Sr. Presidente en la materia, puesto que lo que la sentencia judicial por él aludida restringe es el uso de los agrotoxicos, no de los fertilizantes”.

En efecto -dice el comunicado-, la sentencia de los tribunales de la provincia “limita las fumigaciones en cercanías de las 1023 escuelas porque de lo que se intenta proteger a nuestros gurises es de las moléculas químicas de los venenos que se utilizan en las aplicaciones aéreas o terrestres en las producciones agrícolas cercanas a dichas escuelas”.

“Estas moléculas, bien silenciosas -y quizás por eso no percibidas por el Sr. Presidente- ingresan a los cuerpos de nuestros pequeños que son los más vulnerables por estar aún sus metabolismos en desarrollo y porque están en contacto con el suelo, con la tierra, con el agua y con los juegos al aire libre. Y, al ingresar a sus cuerpos, los terminan enfermando y muchas veces matando”, agrega.

En otro lapidario párrafo, los profesionales señalan: “Nuestros gurises penosamente no pueden ni podrán hacer huerta orgánica, porque al lado de su escuela alguien aplica venenos – suerte que sí tiene la pequeña Antonia, ya que en la residencia de Olivos pueden cultivar verduras libres de venenos junto a su madre”.

La REDASA alertó asimismo la “intromisión indebida e ilegal en las atribuciones constitucionales de otros poderes del Estado, violando así la división de poderes y la forma republicana de gobierno que exige nuestra Constitución Nacional”.

“La sentencia que el Sr. Presidente descalificó públicamente es la que puso fin al proceso de amparo que iniciaran organizaciones socioambientales y el sindicato de docentes Agmer en defensa de la salud, la vida y el ambiente sano de los gurises que acuden a las escuelas rurales de la provincia”, agrega el parte de prensa.

“Exhortamos por tanto al Sr. Presidente a ejercer sus facultades dentro de los límites delineados por el artículo 109 de la Constitución Nacional”.

Por último, invitaron a Macri “a informarse” sobre “los innumerables estudios científicos –tanto nacionales como internacionales -que dan cuenta de los daños a la salud y vida de nuestros gurises, y que sirven de robusto respaldo a la sentencia” ejemplar dictada por los jueces de Entre Ríos.

Piden que se les pague con el producto de lo vendido en los remates judiciales, y que se aclare el robo de una maquinaria valuada en 6 millones de pesos ocurrido en enero pasado.

De las 37 personas que se quedaron sin trabajo en octubre del año pasado tras la quiebra de la Cooperativa Tambera Gualeguaychú (Cotagú), sólo cuatro pudieron reinsertarse en el mercado laboral. Ninguno recibió el telegrama de despido del y luego de larga gestiones recién ahora comenzaron a cobrar un fondo de desempleo.

Pero el reclamo ahora es puntual: piden que se les abone lo adeudado con lo que se vendió en los dos remates judiciales que se efectuaron en las instalaciones de la planta y que se aclare el robo, ocurrido en enero de 2019, de una maquinaria valuada en unos 6 millones de pesos.

«La situación es desesperante para quienes trabajamos buena parte de nuestra vida en la tambera. Si bien éramos conscientes de que los días de la cooperativa estaban contados, pensábamos en armar una nueva cooperativa y seguir adelante. Lamentablemente, esto no fue posible y la Justicia decretó la quiebra. Pero la promesa de que los trabajadores iban a percibir determinados montos de dinero luego de los remates judiciales, no se concretó», se quejaron Néstor Chichizola, Mauricio Llorens, Germán Molina y Marcelo Scrney, ex empleados de Cotagú, en diálogo con ElDía.

«El 23 de octubre nos quedamos sin empleo, y desde entonces no hemos cobrado un solo peso en concepto de indemnización. Ese día, la Justicia se hizo cargo de la quiebra y nombró al contador Horacio Larrivey como síndico, pero hace cinco meses que no cobramos», reclamaron.

«Para cobrar el magro fondo de desempleo tuvimos que llevar una copia del edicto publicado en el boletín oficial a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para que el organismo nos reconozca como desocupados», explicaron. El fondo de desempleo que perciben es de $4.600 en algunos casos y de $3.900 en otros. «Lo que nos pagan es una burla. Trabajamos toda una vida, hicimos nuestros aportes y nos dan una limosna», reclamaron.

La otra queja de los ex empleados tiene ribetes policiales: en enero pasado se produjo el robo de unas maquinarias en donde estaba la planta. Las mismas están valuadas en unos 6 millones de pesos, pero por ahora el hecho sigue impune y no hay una sola pista sobre los autores del robo.

«El hecho seguramente lo cometió alguien que conoce del tema, porque sacaron las máquinas y los tableros que correspondían a las mismas. Cuando se presentó la quiebra entregamos todas las llaves de acceso y las internas a la sindicatura, pero no se dispuso de personal de seguridad para custodiar los bienes, porque el síndico consideró que era algo costoso. Resultado de esto se llevaron maquinaria muy valiosa y que solo puede ser utilizada en establecimientos lácteos», denunciaron.

Los remates judiciales

«Se efectuaron dos en las instalaciones de la fábrica», remarcando los ex trabajadores de Cotagú. «Según lo informado por nuestros abogados, tenemos privilegios especiales y generales para el cobro de lo recaudado en los remates deduciendo los gastos que demandan los mismos, como el pago de la comisión al martillero».

La primera de las subastas fue el 21 de diciembre y la segunda el 21 de marzo. En dichos remates, se vendieron vehículos, mobiliario, heladeras, mostradores, balanzas y tanques cisternas, entre otros elementos.

«Según nuestras cuentas, se recaudó una cifra cercana a los 4 millones de pesos, pero nunca nos informaron lo recaudado. Igualmente, estuvimos presentes en los dos remates para seguir todo de cerca», argumentaron.

«Desde la sindicatura nos prometieron que iban a pagarnos en marzo, pero todavía no hemos percibido nada», lamentaron.

Fuentes oficiales confirmaron que el «Rey de la carne» salió del país el 24 de marzo, antes de que la justicia solicitara que quede preso.
Luego de que durante la tarde del miércoles el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 ordenara la detención de Alberto Samid, comenzaron a correr diversas especulaciones en cuanto a su permanencia en el país o su posible salida del territorio argentino de manera extraoficial.

En las últimas horas, se difundieron unas supuestas fotos del empresario de la carne en el aeropuerto de Panamá con destino a Belice. Sin embargo, él declaró todo lo contrario. «Estoy en la Argentina, no sé de qué me hablan», dijo en diálogo con Polémica en el Bar.

Las fuerzas de seguridad allanaron ayer su vivienda en la localidad bonaerense de Ramos Mejía y no fue encontrado. Durante ayer y esta mañana hubo reuniones para coordinar la búsqueda, pero las sospechas más fuertes indican que el «Rey de la Carne» ya no está en Argentina.

Luego de que se viralizaran las imágenes, el empresario fue consultado acerca de su posible paradero en Belice y su retorno al país. «¿Cómo voy a volver a la Argentina si yo estoy en la Argentina? Que se yo lo que circula, yo estoy en la Argentina», sostuvo el empresario de 71 años.

«No me voy a entregar con estos tipos, prefiero ser un fugado político que un preso político», dijo ayer Samid en diálogo con diversos medios.

Previo a la consulta acerca de su supuesta presencia en el aeropuerto panameño, Samid declaró: «Primero tenemos que hacer un aporte muy importante. Es decirle a este gobierno que los muchachos que están en el penal de Ezeiza están tomando agua podrida. Que manden a hacer un pozo de 100 metros y saquen agua buena. Ese pozo no solo le va a servir a esos muchachos, sino a estos que en 6 meses van a ir presos también», indicó Samid.

Ayer había declarado: «Estos tipos me quieren ir a hacer tomar agua podrida en Ezeiza, como están haciendo los muchachos. A los 71 años no voy a ir a tomar agua podrida. Si me agarran, mala suerte».

Un hombre de 37 años murió a raíz de las gravísimas heridas recibidas al despistar el auto en el que viajaba y chocar contra un puente en la ruta 20 en la zona de Aldea San Juan, Departamento Gualeguaychú. Según se supo, iba como acompañante en el vehículo que conducía su madre, con quien volvía desde Villa Libertador San Martín. El muchacho fue atendido en el hospital de Urdinarrain y luego derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde fue intervenido quirúrgicamente pero falleció poco después. La mujer permanece internada en observación en el nosocomio de Urdinarrain.

Pablo Andrés Álvarez, de 37 años, viajaba junto a su madre, quien conducía el automóvil en el que sufrieron un violentísimo accidente el miércoles por la tarde en la ruta 20, en el departamento Gualeguaychú.

El muchacho regresaba de Villa Libertador San Martín adonde había concurrido junto a su madre, Elida Carlino. Ella conducía el vehículo cuando al llegar a la zona de Aldea San Juan terminó impactando contra la baranda del puente sobre la Ruta Provincial N°20.

La peor parte del impacto la sufrió el hombre que resultó con heridas graves y tras ser atendido en el hospital de Urdinarrain, fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Ingresó a quirófano y luego pasó a Terapia Intensiva, donde a pesar de los esfuerzos médicos, no pudieron salvarle la vida, informó Máxima On Line.

Su madre permanece internada en observación en Urdinarrain.

La la diputada provincial, Mariela Tassistro, junto al secretario de la Producción de Entre Ríos, Álvaro Gabás, hicieron entrega de 62 carnets habilitantes a pescadores artesanales de la zona de Puerto Ruiz. El acto tuvo lugar en la Escuela Nº 11 “Hipólito Bouchard”, de dicha localidad.

Este documento que se otorgo a los pescadores es una herramienta fundamental para sus trabajos, que les permite realizar su actividad normalmente y sin estar sujetos a posibles sanciones de Prefectura u otro organismo de control.

Tassistro indicó que “se trata de una demanda de larga data de nuestros pescadores artesanales, ya que dicha identificación les garantizará desarrollar sus actividades en el marco de la ley, además de gozar de algunos beneficios por parte del Estado en las épocas de veda”, agregó.

Del acto participaron el Director Departamental de Escuelas Martín Müller; el Senador Francisco Morchio; la Secretaria de Gobierno Dora Bogdan; los concejales Verónica Berisso, Marcela Antola y Efraín Martínez Epele. También fueron parte de la jornada la diputada provincial, Mariela Tassistro, el ex intendente de Gualeguay Luis Erro; el Director de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación, Exequiel Coronoffo, el Coordinador Departamental del Copnaf, Martin González, la Coordinadora Departamental de Jóvenes y Adultos, María Asunción González y el Coordinador de Juntas de Gobierno del Departamento Gualeguay, Juan Paredes.

«Si las medidas de acción directa afectan el ciclo lectivo anual, éstas no podrán superar los cinco días de duración en un mismo año», dice el proyecto presentado por el exministro de Educación y actual senador del PRO, Esteban Bullrich.

El exministro de Educación y actual senador nacional Esteban Bullrich (PRO-Buenos Aires) empuja un proyecto para que las huelgas docentes no superen, en forma continua o discontinua, cinco días de duración en un mismo año.

El legislador acompañó el proyecto con cuadros que marcan que desde el regreso de la democracia y hasta la actualidad, algunos distritos tuvieron un acumulado de casi 400 paros.

Bullrich argumentó: «El Observatorio Argentinos por la Educación refleja en el nivel primario un porcentaje anual de 12 días de pérdida de clases en el período 1983/2018 por huelga docente. Algunos números preocupantes dan cuenta de que en el período 1983/2014, Río Negro tuvo 392 días menos de clase por huelgas docentes; Santa Fe, 315; Misiones, 83; Salta, 321; y la que menos, La Pampa, con 49 días perdidos. Al mirar estos números no quedan dudas: las huelgas docentes obstaculizan el aprendizaje dentro de la trayectoria escolar, generan grandes desigualdades en el acceso al saber y si bien el derecho a huelga es un derecho constitucional, asimismo lo es el derecho a la educación».

La iniciativa plantea modificar el artículo 11 de la Ley 14.786 (Conflictos del Trabajo). «Desde que la autoridad competente tome conocimiento del diferendo hasta que ponga fin a la gestión conciliatoria no podrá mediar un plazo mayor de 15 días. Este término podrá prorrogarse por cinco días más cuando, en atención a la actitud de las partes, el conciliador prevea la posibilidad de lograr un acuerdo. Vencidos los plazos referidos sin que hubiera sido aceptada una fórmula de conciliación ni suscrito un compromiso arbitral podrán las partes recurrir a las medidas de acción directa que estimaren convenientes. Si las medidas de acción directa afectan el ciclo lectivo anual, éstas no podrán superar -en forma continua o discontinua- los cinco días de duración en un mismo año», reza la propuesta del PRO.

«Ningún derecho es absoluto y el derecho a huelga no debe ser la excepción. Consideramos que limitarlo a cinco días permite la convivencia del bien protegido por la libertad sindical así como el derecho a la educación, ambos de rango constitucional. Así como existe un mínimo de días que el Estado está obligado a cumplir para garantizar el Ciclo Lectivo, bajo la norma 25.864, debe existir un límite a la huelga a los efectos de poder cumplir con dicha manda», aseguró Bullrich en los fundamentos del texto.

El exministro de Educación también dijo: «Las políticas educativas implementadas por muchos países para avanzar en temas educativos se enfocan en la ampliación de la cobertura y la extensión de la jornada escolar entre otras. Más tiempo escolar, mejores trayectorias. Sin embargo, durante los últimos años se han producido numerosos conflictos docentes en toda la extensión de la República, incluyendo huelgas, o sea el paro total de actividades por lapsos prolongados. Entre los diversos motivos de tales eventos contaron, principalmente, reclamos salariales y laborales, así como quejas por el descuido de la infraestructura y los servicios asistenciales correspondientes a la enseñanza pública u oficial».
Según Bullrich, «para lograr el funcionamiento armónico de nuestro sistema jurídico es necesario que nadie pueda ejercer su derecho de manera absoluta, aun tratándose de aquellos con rango constitucional». En esa línea, destacó: «Se requiere una visión jurídica integral de la realidad social para alcanzar la justicia y la equidad en el caso concreto. En algunas oportunidades, la solución radica en la restricción mediante una ley razonable de alguno de los derechos en pugna. Yendo al caso argentino, nos encontramos con una situación de conflicto entre el derecho a la educación y el derecho de huelga que se refleja en una gran cantidad de días de clases perdidos a causa de los numerosos paros docentes que se sucedieron reiteradamente a lo largo de los últimos años».

Por último, el legislador recordó que «la Resolución 165/11 del Consejo Federal de Educación, acordada por las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones del país, ratifica el convencimiento que más días de clase para los alumnos/as del país redundará en una escuela concentrada en enseñar y aprender, renovando sus objetivos fundacionales y profundizando su significado social y educativo». Y agregó: «Sobre la base de diferentes estudios realizados, se demostró que la cantidad de días de escolaridad está directamente relacionada con los resultados del proceso de aprendizaje. Aumentar los días de clases no implica compensar los que se puedan perder, sino que se reafirma el valor del empeño y del trabajo constante para alcanzar objetivos significativos entendiendo a la Educación como una herramienta ineludible para el desarrollo del país».

Falleció el hombre de 44 años que permanecía internado en el hospital de Concordia tras haber sido brutalmente golpeado por vecinos luego de asesinar a su propio hijo de un disparo. Fue a causa de un paro cardio-respiratorio.

Falleció el hombre de 44 años que permanecía internado en el hospital de Concordia tras haber sido brutalmente golpeado por vecinos luego de asesinar a su propio hijo de un disparo.

Se trata de Eduardo Daniel Cuenca, acusado por el crimen de Brandon Benítez de 18 años.

El deceso se produjo a las 23hs de este domingo, como consecuencia de un paro cardio-respiratorio por las lesiones que sufridas.

Se recordará que sobre lo sucedido, el Subjefe de la Departamental de Concordia, Comisario Inspector Juan Antonio Beguerie, había informado a Elonce TV que, Cuenca y su hijo, «tuvieron una discusión y le dispara con un arma de fuego, provocándole la muerte. Luego el hermano del muchacho, lo agarra con un palo y lo castiga al padre en el lugar».

Sobre las personas que agredieron a Cuenca, Beguerie indicó que tanto el hijo como el tío de éste, fueron detenidos por el supuesto delito de tentativa de homicidio. En tanto que el rodado habría sido utilizado para atropellar al hombre «fue peritado y quedó secuestrado».

El hecho ocurrió en las horas de la noche del sábado 2 de marzo, en el asentamiento «El Molino» del Barrio Kilómetro Seis, en Concordia.

Este viernes cerró el plazo de recepción de formularios de beca provincial de nivel secundario. El equipo del Instituto Becario trabaja para ingresar evaluar y adjudicar. Los primeros listados de beneficiarios se anunciarán en abril.

Por primera vez, el Instituto Autárquico Becario Provincial dividió las etapas de trabajo según el nivel educativo; comenzando con la recepción, ingreso y evaluación del secundario en los meses de enero, febrero y marzo, para iniciar con la adjudicación en abril.

La directora Ejecutiva del organismo, Claudia Gieco, precisó que “hasta este viernes, más de 31.000 estudiantes presentaron su solicitud de beca provincial. Las que se enmarcan en el programa Ordinario, Rural, Estudiantes con Discapacidad o Deportiva. Este número se ampliará seguramente con los formularios que los estudiantes envían por correo postal”.

La funcionaria apuntó que “hemos visto como las familias se han acercado a tramitar y recepcionamos más de 500 formularios por día, siendo las semanas de vencimientos cuando más estudiantes se presentan a asesorarse, completar y entregar su documentación”.

Gieco sostuvo que “la división de las etapas de recepción de las de secundario y superior nos permite trabajar en estos meses decididamente en el otorgamiento de la beca secundaria, mientras los alumnos del terciario y universidad rinden sus exámenes y comienzan a reunir sus papeles, para recién en mayo acercarse a nuestras oficinas a iniciar su solicitud nueva o renovación”, dijo.

Este viernes 29 se cerró el plazo estipulado para la recepción de las solicitudes secundarias. Todos los estudiantes podrán corroborar el avance de su gestión en www.institutobecario.gov.ar, en la sección Autoconsulta.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) salió al cruce del nuevo sistema de control de licencias por enfermedad que se comenzó a aplicar en las escuelas, lo tildó de decisión “unilateral” y alertó sobre “una cantidad de falencias en su redacción”.

El Consejo General de Educación (CGE) decidió introducir sensibles modificaciones en el sistema de control de licencias por enfermedad entre el personal docente y no docente y, a partir de un acuerdo con el Ministerio de Gobierno, a través de la Comisión Médica Única, dispondrá de auditorías médicas en toda la provincia para seguir de cerca caso por caso y evitar la burocratización de los controles y las irregularidades.

La idea es bajar el gasto en suplencias. De 40.201 docentes, hay meses en el que los suplentes suman 7 mil, o sea un índice del 17%. Pero la Ley de Presupuesto fija que el índice de suplencias no debe superar el techo del 8%.

El decreto 429 del Ministerio de Gobierno, dictado el 21 de marzo último, aprobó un convenio marco de colaboración para llevar adelante esa tarea. “El régimen vigente de control de licencias por enfermedad se encuentra colapsado, existiendo una demora en las citaciones para revisión que muchas veces supera ampliamente el plazo de la licencia solicitada, lo que genera conflictos con aquellas situaciones que luego no son reconocidas tornando ineficiente el control de las mismas”, dice el texto del decreto.

Según Agmer, esa nueva normativa -“que, además, modifica el Régimen Unificado de Licencias e Inasistencias y sus procedimientos- obvió totalmente no sólo los debates en el seno de la Comisión de Prevención de la Salud Laboral Docente conformada por el CGE con participación de Agmer, sino que pasó por alto discutir en ese ámbito un borrador de este decreto”.

“Su lectura expone una serie preocupante de modificaciones, aplicadas en una sucesión inaceptable de baches, contradicciones e inconsistencias”, advierte el gremio, y enumera esos puntos que reprocha:

– Entre los considerandos afirma que esta reforma agilizará gestiones ante las ART. A renglón seguido declara que va a actuar sólo sobre Licencias de “Corto” y “Largo Tratamiento” (Artículo 12°, incisos a y b del Régimen Unificado de Licencias).

– A su vez, la Cláusula Primera del Convenio adjunto fija sólo como su único objeto a las Licencias de “Largo Tratamiento”.
El gobierno no menciona cómo confeccionará a partir de ahora las estadísticas que nunca produjo, ni qué acciones dispondrá sobre prevenciones a la salud, ambas cuestiones mencionadas para justificar el decreto.

– Tampoco señala cómo reducirá el “elevado registro de trámites inherentes a las licencias” que menciona.

– No expone cómo será la designación de los médicos auditores, ni qué horarios van a cumplir ni las incompatibilidades que supone serlo.

– El decreto da facultades sancionatorias a los futuros médicos auditores, supone que serán mejores profesionales que los médicos particulares controlados y no prevé ninguna acción en caso de que no sea así, para cuando haya connivencia entre ambos.

– No menciona las enfermedades laborales, de esta forma no queda claro si estos médicos las denunciarán o sí la aplicación del Decreto sólo favorecerá a que sigan siendo encuadradas como enfermedades particulares.

– Tampoco hay información sobre si los médicos auditores incorporarán a sus controles las condiciones en las que trabajamos, en las que nos trasladamos y las preocupacionales.

– Desconocemos cuándo se hizo el “relevamiento territorial” y qué criterios se utilizaron para asignar un médico por Departamento para territorios tan dispares como San Salvador, Islas y Gualeguay, o cuatro para el Departamento Paraná en el que trabajar 10.000 docentes.

En ese marco, Agmer exigió “su derogación inmediata y que la cuestión sea tratada en la Comisión de Prevención de la Salud Laboral Docente, convocada por el CGE desde noviembre de 2018 y enmarcada en la Comisión Paritaria de Condiciones Laborales”.

El Frente de Gremios Aeronáuticos, que integran cinco sindicatos, amenazaron este miércoles paralizar las tareas durante 24 horas este viernes en Aerolíneas Argentinas y Austral, en demanda de mejoras salariales y de la reanudación de las negociaciones paritarias; en tanto la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) anunció que lo hará el lunes 1° de abril por idénticas demandas. Por su parte, los directivos de Aerolíneas-Austral indicaron que la empresa procurará evitar «la afectación de sus pasajeros», y aseguraron que «el diálogo con los gremios está abierto para que no se produzca la efectiva concreción de las medidas de fuerza»; y avisaron que de no mediar una tregua en las próximas horas pedirán a Trabajo que dicte la conciliación obligatoria. En cualquier caso, los trabajadores de la aerolínea de bandera nucleados en los gremios APTA, APA, UPSA, APLA y UALA confirmaron esta tarde la convocatoria a la huelga general de este viernes durante 24 horas ante «el dilatado e inconcluso marco de negociación salarial».

«Existe un dilatado e inconcluso marco de negociación salarial para el período 2018/19», sostuvieron los dirigentes de las Asociaciones del Personal Técnico Aeronáutico, del Personal Aeronáutico y de Pilotos de Líneas Aéreas y de las Uniones del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales y de Aviadores de Líneas Aéreas, informó Ámbito.

Los cinco gremios decidieron hoy el estado de «alerta y movilización» y convocaron al paro del viernes 29, a la vez que responsabilizaron a «la empresa y al gobierno nacional por los perjuicios que la situación genere sobre la actividad aerocomercial argentina», indicaron.

Consultado sobre si indagaron al secretario de Agroindustria acerca de las dificultades para acceder a créditos debido a las altas tasas de interés, el Intendente confió que “Etchevehere nos consultó sobre los 100 millones de pesos que se pusieron a disposición del Banco Nación”.

“Uno de los presentes planteó que no se habían tenido novedades y se pidió agilizar el asunto. Cuando hablamos de créditos, muchas veces no podemos pasar ni cerca de los bancos, ya que no se puede acceder a este tipo de préstamos. Lo que pide el sector son herramientas de fácil acceso para seguir produciendo, sin que nadie nos regale nada”, aseguró.

Por otro lado, anticipó que se está gestionando una audiencia con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en lo que respecta a las retenciones. “Como dijo Etchevehere, son medidas para salir del paso pero son contraproducentes para las economías regionales”, enfatizó al respecto.

Por último, Zandoná aseveró que “hay que ver el lado positivo” de este tipo de reuniones, en las que “se puede ir, plantear los problemas y llevar las posibles soluciones que serían factibles para el sector, ya que siempre se puede conseguir o mejorar alguna cuestión”.

Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo; el senador nacional, Alfredo De Ángeli; el senador provincial, Miguel Piana; los intendentes de Santa Ana, Mario Toler; y de Chajarí, Pedro Galimberti; el director de Producción de Federación, Mariano Burna; el director Ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Citrus del NEA (CECNEA), Mariano Caprarulo; el titular de la FeCiER, Ariel Panozzo Galmarello; y citricultores de la zona, entre otros.

Un puñado de exfuncionarios tienen motivos para festejar la decisión de la Corte Suprema, que eximió del pago de Ganancias a la exdiputada por Entre Ríos.
electo grupo del 2% de jubilados que cobran más de seis jubilaciones mínimas -al igual que la beneficiada por el fallo- están los expresidentes, que perciben honorarios por encima de los $200.000 y que quedaron en condiciones de reclamar a la Justicia que se los exima del pago del impuesto.

María Estela Martínez de Perón, hoy con 87 años, es la más longeva de los expresidentes en percibir un beneficio, que en su caso es doble. Ella además percibe desde la muerte de su marido, Juan Domingo Perón, una pensión por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) del Ejército, que actualmente llega a los $ 96.306,71 brutos, a los que habría que descontar el impuesto a las Ganancias. Del mismo modo, la expresidenta cobra, desde abril de 1987, una renta vitalicia, que en el último mes alcanzó los $166.693,09, mientras que se le descuentan $57.589,45 por el impuesto que la Corte acaba de condonar a la exlegisladora entrerriana.
Quienes ocuparon el sillón de Rivadavia desde el retorno de la democracia también podrían ser beneficiados. Según los datos oficiales, Carlos Menem cobra por asignación vitalicia $323.259, 42, a los que hay que descontar $142.620,45 en concepto de Ganancias. Similares cifras perciben Fernando de la Rúa, con $320.995, 06 de jubilación neta, y un descuento de $140.969, 93.
Los presidentes de fines de 2001 optaron por beneficios diferentes: Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde renunciaron a sus rentas vitalicias (Camaño fue presidente por 48 horas y Duhalde, 17 meses), pero perciben beneficios del IPS bonaerense, con cifras «más elevadas» de lo que le correspondería a nivel nacional, según fuentes oficiales. Mientras Ramón Puerta, actual embajador en España, renunció a su jubilación de privilegio, Adolfo Rodríguez Saá -al frente del Poder Ejecutivo durante seis días- cobra hoy $293.716, aunque le descuentan $121.124 por Ganancias. Cristina Kirchner completa el mapa con $308.508 de jubilación, con un descuento cada mes de $115.603 por Ganancias.
Los expresidentes no son los únicos. En ese grupo de «jubilados vip» están los exmiembros del Servicio Exterior, cuyas jubilaciones promedian los $200.000; los jueces -no pagan Ganancias y cobran unos $140.000-, y los exfuncionarios que se jubilaron con las condiciones anteriores a la eliminación de las jubilaciones de privilegio para ese sector, en 1991.

El acoplado de un camión se desprendió esta madrugada, mientras circulaba por el complejo Zárate Brazo Largo. Según se informó  el siniestro ocurrió sobre el puente Urquiza, en sentido Entre Ríos-Buenos Aires. No hay personas heridas. La vía está bloqueada parcialmente. Personal de seguridad trabaja en el lugar. El accidente ocurrió en el kilómetro 113 de la Ruta Nacional 12, sobre el complejo de puentes que une Entre Ríos con la provincia de Buenos Aires. La información policial indica que antes de las 5 de este martes, el acoplado de un camión se desprendió en plena marcha sobre el puente Urquiza. No hay personas heridas.

Por el siniestro, permanece bloqueada la vía parcialmente: los carriles rápido y lento que van de Entre Ríos a Buenos Aires y también está cortado parte del sentido contrario. En el lugar trabajan bomberos, efectivos de la Policía y acude la grúa de auxilio.

El gobierno entrerriano volvió a incrementar las partidas para comedores escolares y copa de leche en un 35%. “La inflación no sólo afecta el salario de los trabajadores sino también el precio de los insumos para contribuir a la alimentación de los niños”, dijo el mandatario hoy en Oro Verde.

El gobernador, junto a la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, compartió con docentes y alumnos una recorrida por la sala de nivel inicial y SUM del departamento de Aplicación Alfredo Alfonsini, de la escuela normal rural Juan Bautista Alberdi en el que la provincia invirtió más de 15 millones de pesos.

La escuela tiene 400 alumnos en turno mañana y tarde, incluidos los de nivel inicial que son 107. Y reciben el aporte del Estado para ayudar con la alimentación de los niños.

“Hay indicadores que nos alarman todos los días, como lo de la inflación y las tasas de interés. Es necesario cambiar el modelo económico, dejar de ir a un modelo de especulación y financiero a un modelo de producción y trabajo para que las familias estén mejor”, expresó el gobernador.

El mandatario indicó que el aumento de las partidas alcanza a 174 mil chicos que comen todos los días en los comedores escolares de la provincia. “Es un esfuerzo que hacemos porque entendemos que la buena alimentación hace a la buena educación, sobre todo en el nivel inicial”, señaló.

En lo que va de la gestión el gobierno incrementó el 357 por ciento el programa capa de leche y el 317% la partida de comedores escolares.

“El chico que está en el nivel inicial, si no está bien alimentado va a tener dificultades de aprendizaje y como Estado tenemos que garantizar esos derechos, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades cuando va a la escuela primaria y especialmente en la etapa inicial”.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, consideró que este aumento en las partidas «significa seguir fortaleciendo las estrategias en el marco de las políticas alimentarias».

«Tenemos 24 escuelas testigo, dispersas en todo el territorio provincial, donde monitoreamos el aumento de precios y en función de ese monitoreo y de ese acompañamiento se decidió el impacto del aumento de las partidas», agregó la ministra, quien también destacó el aumento acumulado en el marco de la gestión, que ronda el 330 por ciento.

En ese sentido, Stratta remarcó: «Hay una clara definición política de acompañar el crecimiento y desarrollo de los gurises, también a través de las políticas alimentarias que ayudan a que muchas familias que no pueden cubrir esas necesidades básicas puedan hacerlo a través de nuestras instituciones, de nuestros comedores escolares pero también de nuestros comedores comunitarios y de las estrategias que tenemos en el marco de las tarjetas sociales».

Posteriormente, el mandatario visitó el observatorio Astronómico de Oro Verde que se ubica en el predio cedido por el gobierno de Entre Ríos en el complejo agrotécnico de la escuela Alberdi.

Luego se trasladó hacia la Municipalidad, donde entregó una ambulancia para el centro de salud, que recibió su directora, Viviana Somier. Allí otorgó además, un aporte a los bomberos voluntarios de Oro Verde correspondiente al Plan del Manejo del Fuego de la Secretaría de Ambiente de la provincia.

También recorrió la Obra de Pavimentación Oro Verde – Tezanos Pintos, cuya inversión asciende a 82 millones de pesos.

En ese marco, el mandatario destacó el trabajo conjunto que viene realizando la provincia con el municipio local y afirmó: “Ver estos resultados nos gratifica y nos pone muy optimistas para poder seguir trabajando y poner todo el esfuerzo para ir transformando las ciudades, porque si transformamos las ciudades también transformamos la provincia”.

Por otra parte, remarcó que “en salud tuvimos que asumir costos que no estaban previstos por programas nacionales que se cayeron, como el Remediar que se cayó en un 50 por ciento, el programa de Maternidad e Infancia que provee leche en polvo en los comedores, hacía 12 años que la provincia no compraba leche en polvo para nuestros chicos, tuvimos que salir a comprar porque no llega más la leche, ahora no tenemos problema con las vacunas que no llegan a tiempo”.

Por su parte, el intendente vecinalista de Oro Verde, José Luis Dumé, mencionó que «el gobernador tiene una vasta experiencia como intendente y sabe de la primera trinchera que el vecino golpea, así que entiende mejor que nadie el trabajo en la comunidad y cómo se debe trabajar».

A su entender, «es una muestra clara de pluralidad, generosidad y amplitud la cantidad de obras que hoy tenemos en Oro Verde, a través del gobierno provincial, y la entrega de la unidad cero kilómetro para el servicio de ambulancia».

Durante la recorrida, Bordet estuvo acompañado por su esposa Mariel Ávila; las ministras de de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, y de Salud, Sonia Velázquez; la titular del Consejo General de Educación, Marta Landó; la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez; y los diputados Diego Lara y Gustavo Zavallo; entre otras autoridades.

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Promoción y Prevención de la Salud, informó sobre la situación actual del estudio de los síndromes febriles del corriente año, incluyendo dengue, hantavirus y leptospirosis, con datos actualizados al 21 de marzo. A partir del primer caso de dengue confirmado en la provincia de Santa Fe, el 17 de enero, a la fecha se detectaron un total de 180 casos confirmados en toda la provincia. De ellos, 105 casos pertenecen a la ciudad de Santa Fe. Solo uno de los casos presenta antecedentes de viaje, siendo los demás autóctonos, vinculados con el caso índice.

Otros 65 casos se registraron en la ciudad de Rosario, de los cuales dos tienen antecedentes de viaje; en tanto que se observan dos casos en Villa Gobernador Gálvez, Rincón y en Las Tocas. Del mismo modo, se detectó un caso en las siguientes localidades: Avellaneda, Humberto Primo, Roldán, y Romang y María Juana, todos con antecedentes de viaje.

Hantavirus

Tras el caso de hantavirus en la ciudad de Esperanza, no se han detectados más casos positivos a la fecha.

Se transmite a través de la inhalación de saliva, orina y excremento de roedores infectados. Deben consultar a un médico las personas que hayan estado expuestas a los mismos o presenten antecedentes de viaje a Epuyen o Esquel, o contacto con personas enfermas con diagnóstico confirmado y manifiesten síntomas como fiebre alta de comienzo brusco, cefalea, dolor en el cuerpo, dolor abdominal, nauseas, vómitos o diarreas.

Leptospirosis

A la fecha se detectaron 11 casos en total.