El gobernador Gustavo Bordet acordó con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Juan José Ciácera, la implementación de una línea de créditos para la producción ovina en Entre Ríos por hasta 10 millones de pesos. Se celebrarán en Entre Ríos los 60 años del organismo.

Tras el encuentro que mantuvo en Buenos Aires con el titular del CFI, el mandatario señaló que «el sector ovino nos venía reclamando la posibilidad de tener acceso a líneas de créditos y en este sentido lo comenzamos a trabajar con nuestros equipos técnicos junto con los del CFI, y arribamos a este acuerdo».

Precisó que el financiamiento que el CFI otorgará al sector está “en el orden de los 10 millones de pesos y va a beneficiar a muchos productores ovinos de la provincia. Teníamos financiamiento para otras líneas de proyección cárnica, como bovino y porcino; y ahora lo complementamos con el sector ovino».

Por otro lado, comentó que dialogaron con el titular del CFI, “no solo del financiamiento crediticio, sino también del asesoramiento técnico y el seguimiento, lo cual es muy importante porque logísticamente ayuda mucho a los sectores productivos ovinos de la provincia».

Asimismo, añadió que “conversamos sobre distintos proyectos que hoy la provincia lleva adelante, algunos de financiamiento, que tienen que ver con créditos no sólo de sectores productivos, sino también de servicios, como el turístico. Tenemos una cartera del orden de unos 500 millones de pesos, lo cual ayuda mucho a nuestras economías regionales».

En cuanto al sector turístico, mencionó “las campañas de difusión que estamos llevando adelante para promoción turística en nuestra provincia; por ejemplo, en estos días estamos en la Rural de Palermo con un stand que tiene financiamiento del CFI».

«Hemos tenido un apoyo permanente del CFI, por lo cual es importante ponernos de acuerdo para acciones futuras», finalizó respecto al encuentro con Ciácera.

Crédios para el sector ovino

En el encuentro con el titular del CFI, Bordet acordó la puesta en vigencia de créditos para el sector ovino, que estarán dentro de la Línea de Créditos para la Reactivación Productiva que posee el CFI. El monto a otorgar será de hasta 180.000 pesos, bajo el régimen de garantía a sola firma, con un período de gracia de un año y un plazo de devolución de tres años, y con un tope de interés del 15 por ciento.

De acuerdo a los convenido, los créditos se destinarán a mejora en infraestructura, incorporación de vientres y reproductores, y mejora genética.

El acuerdo al que se llegó con el CFI es fruto de la necesidad y conveniencia expresada por el gobierno de la provincia en cuanto al financiamiento del sector de la producción ovina, ya que estudios realizados han demostrado que existe una tendencia al crecimiento de esta actividad, apareciendo como una opción rentable para establecimientos pequeños y medianos.

Además, se tuvo en cuenta que el consumo per cápita anual de carne ovina es de 1,5 kilogramos, por lo que el potencial de crecimiento, aun considerando el mercado interno, es de gran importancia dadas las características culturales y geográficas que identifican a la provincia.

En ese marco, el gobernador y el titular del CFI coincidieron en la necesidad de otorgar herramientas a este sector, financiando proyectos de inversión impulsando esta creciente industria en la provincia de Entre Ríos.

Promoción y desarrollo de la producción ovina en Entre Ríos

En los últimos cuatro o cinco años en Entre Ríos se vino dando un aumento paulatino en la producción de carne ovina, que aparece como una de las opciones más rentables para establecimientos pequeños y medianos, favorecidos por factores como las condiciones geográficas y ambientales en el territorio provincial que permiten alcanzar niveles de producción eficientes.

En su gran mayoría se trata de pequeños productores que viven en zonas rurales, ya que en la estratificación de los establecimientos ovinos, se puede apreciar que más del 80 por ciento se concentra en aquellos de baja escala de producción, con un rodeo de hasta 100 ovinos.

Celebrarán los 60 años del CFI en Entre Ríos

En otro orden, durante el encuentro el gobernador y Ciácera definieron la celebración en Entre Ríos de los 60 años del Consejo Federal de Inversiones, que se realizará el 4 de septiembre, a partir de las 20, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

Al respecto, Ciácera comentó que en el encuentro con el mandatario “trazamos los puntos finales de un evento que vamos a realizar en Paraná para celebrar los 60 años del CFI. Para nosotros es una satisfacción enorme hacerlo en la provincia de Entre Ríos, donde trabajamos muy bien tanto en cooperación técnica como financiera”.

“Vamos a hacer un acto muy importante, donde va a haber un reconocimiento a empresarios, a artistas; ex gobernadores y con la actuación de la sinfónica de Entre Ríos. Realmente va a ser un evento destacado y será el primer acto que hacemos en territorio provincial, de una serie que vamos a llevar a cabo. Lo estaremos haciendo en una provincia muy amigable, con la que trabajamos muy bien”, subrayó.

Tras recibir la indecente propuesta la mujer lo escrachó en Facebook. El hecho ocurrió en Salta y se viralizó por las redes.

Una joven envió un mensaje por una oferta laboral y el supuesto empleador le pidió una foto íntima para darle el trabajo, por lo que ella le contestó con mucha astucia para luego escracharlo en redes sociales.

El hecho ocurrió en Salta en un grupo de Facebook en que publicaron una supuesta oferta laboral para niñera. Una de las interesadas, de 19 años, envió un mensaje por Whatsapp a su empleador, quien la acosó al pedirle una foto de sus senos para saber si podía entrarle «una pechera de lactancia».

Como respuesta, la joven envío una foto de los pechos de un hombre. «Ahí está (la foto). Espero que tu bebé no se atragante con mis pelos porque no me gusta depilarme. Pedazo de pajero», afirmó.
Tras el suceso, la chica hizo pública su reacción para advertir sobre la mentira de la oferta laboral, detrás de la cual estaba oculto el acosador. Esta es una modalidad habitual de quienes aprovechan la necesidad de trabajo para hacer pasar un mal momento a las víctimas.

El 25 de julio de 2004 fue vista por última vez en San Benito. Tenía 13 años. Desde ese momento, entre idas y venidas, pistas e investigaciones, se desconoce qué le ocurrió. Hay una recompensa para quien aporte datos. La triste cronología.

El 25 de julio de 2004 Fernanda Aguirre salió de su casa cerca de las cuatro de la tarde hacia el puesto de flores que su familia tenía frente al cementerio de San Benito. Desapareció antes de llegar. Su paradero y lo que le ocurrió es un misterio.

Una de las hipótesis apunta a que Fernanda fue secuestrada y privada de su libertad en una red de trata de personas, presuntamente con fines de explotación sexual y por eso algunos familiares aún mantienen las esperanzas de hallarla con vida. Otra, igual de fuerte, señala que fue asesinada, aunque nunca se haya hallado el cuerpo.

El principal sospechoso del secuestro, Miguel Ángel Lencina, fue detenido días después del hecho. Cuando la adolescente desapareció, Lencina estaba libre durante una salida laboral de la cárcel de Concepción del Uruguay, donde purgaba una pena por el asesinato de una mujer.

El 6 de agosto de ese año, pocos días después de ser detenido, Lencina apareció misteriosamente ahorcado en la celda de la Comisaría Quinta de Paraná, donde permanecía alojado.

En diciembre de 2004, una pareja encontró una nota pidiendo ayuda en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. «Soy Fernanda estoy secuestrada por dos personas, auxilio», rezaba el texto. Recién 13 años después las pericias confirmaron que ese mensaje había sido escrito por Fernanda. El perito comparó la letra con la escritura de compañeros de la escuela de la adolescente, porque el niño copia el modelo escolar, y con textos escritos por ella.

La viuda del principal sospechoso, Mirta Chávez, fue condenada en 2007 a 17 años de cárcel por ser coautora material del secuestro y responsable de la extorsión: fue ella quien se comunicó telefónicamente con la familia Aguirre para pedir el rescate de 2.000 pesos que exigieron los captores para liberar a la adolescente. También se juzgó a Raúl Monzón como partícipe necesario, acusado de trasladar a la joven en su auto, pero quedó absuelto.

Pero en 2014, cuando se cumplieron 10 años de la desaparición de la adolescente, la mujer recuperó su libertad. Un año después fue detenida nuevamente, por violar un requisito de su libertad condicional y actualmente se encuentra nuevamente en libertad condicional.

En tanto, María Inés Cabrol, madre de Fernanda, murió en 2010 en una clínica de Buenos Aires a causa de una enfermedad terminal. Tenía 45 años y falleció luego de una intensa lucha por encontrar a su hija. «En cada cara de chica que veo, busco a mi hija», dijo la mujer en su última declaración a la prensa.

A fines de 2010, Susana Trimarco, madre de Marita Verón, una joven tucumana secuestrada por una red de trata con complicidad de la policía de Tucumán, afirmó que vio a Fernanda en España. Estaría cautiva, sometida a explotación sexual. Las investigaciones con colaboración de Interpol, sin embargo, no permitieron encontrarla.

En 2012, cuando se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición, se revelaron detalles de la investigación que hasta entonces eran secretos. Según se conoció, en 2008 hallaron un cráneo en playas de Concepción del Uruguay. Se realizaron dos exámenes de ADN para determinar si pertenecía a Fernanda. Los resultados no tuvieron precisión técnica, por lo que no se pudo establecer si era o no de la joven. El cuerpo de odontólogos de la Justicia, sin embargo, advirtió coincidencias en las piezas dentarias. Además, los restos óseos coinciden con la edad de la niña al momento de su desaparición.
En 2014, Nerea Soledad, una joven que estuvo seis años cautiva en una red de prostitución en San Luis, reveló que conoció a Fernanda en un prostíbulo de esa provincia. En una entrevista televisiva aseveró además que la adolescente entrerriana tuvo un bebé, luego de lo cual no volvieron a verla.

En noviembre de 2015 detuvieron en Misiones a una Ramona Navarro -de 65 años-, propietaria de un prostíbulo, quien estaría involucrada en la causa y estaba prófuga desde 2004.

Por llamativo que parezca, el 27 de marzo de 2019 la Justicia entrerriana citó a Fernanda a comparecer, mediante un edicto. Luego explicaron que el trámite era necesario para la «declaración de ausencia promovida por su progenitor». De todos modos, la noticia causó conmoción y generó un rechazo general.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte datos que conduzcan directamente a encontrar a Fernanda Aguirre.

El caso generó gran conmoción en San Benito, Entre Ríos y todo el país. Pese a los reclamos, las pruebas, las denuncias y la gran difusión que alcanzó la búsqueda, hasta el momento no se sabe con certeza qué le ocurrió a Fernanda Aguirre.

La paciente que sufre diabetes se sometió a la intervención pero al despertar de la anestesia se dio cuenta del gravísimo error. El impactante hecho se produjo en el Nuevo Sanatorio Berazategui, de Buenos Aires.

Un increíble error médico en una clínica conmocionó al partido bonaerense de Berazategui debido a que a una jubilada le amputaron la pierna equivocada en un procedimiento quirúrgico programado.
El impactante hecho se produjo en el Nuevo Sanatorio Berazategui y la víctima fue una mujer de 66 años, afiliada al PAMI y que sufre de diabetes.

La anciana debía someterse a una intervención programada en la que le amputarían gran parte de la pierna: tras haber perdido su pie en una operación de ese estilo que no surtió el efecto médico deseado, los profesionales le indicaron que el procedimiento debía extenderse hasta la rodilla.
La jubilada acató lo indicado por sus médicos y se sometió a la operación, pero al despertar en la habitación de la clínica privada se dio cuenta del gravísimo error: el cirujano a cargo del procedimiento quirúrgico había amputado la pierna equivocada, que estaba en buenas condiciones.

Luego de que la familia de la víctima realizara una denuncia penal, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Berazategui, a cargo de la fiscal Karina Santolin, inició una causa caratulada como «lesiones culposas».
Una de las principales medidas de prueba en el expediente será el secuestro de la historia clínica de la jubilada de 66 años, ya que allí se podrá comprobar en qué instancia se produjo el error y cuál de los profesionales deberá cargar con la responsabilidad.

El gobernador Gustavo Bordet comenzó a trabajar con su equipo de gobierno las pautas presupuestarias del 2020 atendiendo a la necesidad de seguir reforzando las partidas destinadas a las familias más vulnerables en salud, contención social y políticas alimentarias.
En la reunión de gabinete, que encabezó este lunes el mandatario, se acordó profundizar el trabajo territorial.

En el encuentro, Bordet instó a sus funcionarios a seguir administrando el Estado con un criterio de austeridad y cuidado de los recursos públicos, en el marco del equilibrio fiscal logrado en los últimos meses sin tomar endeudamiento.

Al finalizar la reunión, el ministro de Economía, Hugo Ballay, contó que se analizó la evolución del ejercicio actual “donde ya tenemos más de la mitad del año ejecutado y donde presupuestaria, económica y financieramente sostenemos este equilibrio que el gobernador propuso y para el cual trabajó mucho desde el primer día de su gestión”.

“Esto es lo que volcamos a cada uno de los funcionarios, con énfasis en el cumplimiento en tiempo y forma, que este mes no solamente fue con el pago de haberes los cinco primeros días hábiles, sino incluido también en los tres días posteriores el pago del Sueldo Anual Complementario. Todo esto sin recibir ningún tipo de ayuda y sin endeudamiento, exclusivamente con recursos con que cuenta la provincia a partir de este ordenamiento”, destacó Ballay.

Por otro lado, comentó que «cada uno de los ministerios, organismos y demás acercarán al Ministerio de Economía un detalle de la deuda que el gobierno nacional tiene con ellos”.

Al respecto, mencionó que la idea es con esa información hacer el reclamo correspondiente ante los organismos nacionales respectivos y ante el Ministerio del Interior sobre la deuda que existe con Vialidad provincial, con el IAPV, la Secretaría de Energía, Salud, a Desarrollo Social y a Gobierno. “En el caso del Ministerio de Gobierno, por ejemplo, al Servicio Penitenciario por la utilización de las cárceles de Entre Ríos con presos nacionales es un convenio que habitualmente se pagaba y hace tres años que no recibe pago y al servicio lo seguimos prestando”, indicó.

Aclaró que “los reclamos son administrativos, para insistir y defender como siempre lo hicimos con el gobierno nacional, los derechos de los entrerrianos”.

Contención social y sanitaria

Por su parte, la ministra Laura Stratta sostuvo que «hay un contexto social difícil, complejo». «El gobierno provincial viene haciendo intervenciones en cada uno de los territorios de manera interministerial e intersectorial pero queremos profundizar esa mirada y trabajar en red con los municipios para poder generar respuestas integrales a las demandas sociales que están en aumento», expresó la ministra.

Además, agregó que «hay decisiones que ha tomado el gobierno nacional que golpean fuertemente los sectores más vulnerables de la sociedad y ahí siempre está el Estado provincial presente generando o diseñando políticas que puedan mitigar estas situaciones que se presentan en nuestra sociedad. Saldremos a trabajar fuertemente en los 17 departamentos, cada una de las áreas del gobierno, en articulación con los municipios, por eso la necesidad de compartirlo en la reunión de gabinete», afirmó.

Luego indicó que «esto de ponerlo en común tiene que ver con la mirada del gobernador de poder trabajar en red, en equipo y sobre todo de poder acompañara a los sectores más vulnerables de la sociedad que necesitan que fortalezcamos las estrategias, que tengamos el presupuesto adecuado y que podamos ponerlo en acciones concretas al servicio de las comunidades».

Stratta precisó que hay varias aristas que rodean esta situación, «nosotros hemos sentido mucha demanda en el marco de las políticas alimentarias en cuanto a las estrategias de abordaje y acompañamiento, pero también en la economía social, en la agenda de la mujer, la juventud, discapacidad. Hay una demanda que la sentimos, no sólo de parte de los intendentes sino también de parte del entramado social que necesita estas intervenciones».

Por último, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, dijo que «como lo vienen haciendo desde el inicio de la gestión, y teniendo en cuenta que la salud está entendida como un bien social, vienen planificando y desarrollando estrategias conjuntas con Desarrollo Social. En ese marco, lo que buscamos es fortalecer una estrategia que ya está planificada en los territorios a través de nuestras referencias y coordinadores de las distintas áreas».

Agregó que además «el invierno afecta mucho a la población más vulnerable y en ese sentido, estamos atravesando la semana epidemiológica y hemos tenido cuadros muy específicos que se han presentado ante lo cual el gobierno provincial está fortaleciendo con recursos nuestra unidades sanitarias, hospitales y centros de salud, que actualmente están trabajando a cama caliente. Allí es donde se ponen en marcha los planes de contingencia, las salas de intervención abreviadas y se refuerzan nuestros cuadros sanitarios que tenemos que fortalecer con los determinante que inciden en el proceso de salud».

«Mancomunar esfuerzos con políticas públicas integradas como Desarrollo Social y Educación, es decir, estar ahí como Estado con presencia, sin dejar de lado la responsabilidad», afirmó Velázquez, antes de agregar que «las medidas socioeconómicas que lleva adelante el gobierno nacional interpelan fuertemente a los sectores más vulnerables».

«Desde la cartera sanitaria la semana pasada nuevamente tuvimos que poner en marcha una herramienta legal, que es la carta documento», contó Velázquez y aclaró que “no queremos estar reclamando por carta documento, pero sí hacernos oír con una voz institucional y también plantear instancias desde el marco jurídico, porque hay un abandono desde el gobierno nacional para las políticas y los estados provinciales”.

“Es acá cuando el gobernador refuerza la apuesta, pone un Estado en marcha y seguimos invirtiendo en la contención de los sectores más vulnerables”, acotó.

Estuvieron presentes los ministros de Desarrollo Social, Laura Stratta, de Economía, Hugo Ballay, de Gobierno, Rosario Romero, de Salud, Sonia Velázquez, de Planeamiento, Luis Benedetto, y el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider.

También participaron la senadora nacional, Sigrid Kunath, los diputados nacionales, Julio Solanas y Mayda Cresto, el senador por Concordia, Ángel Giano, y el diputado provincial, Juan Reynaldo Navarro.

La medida se publicó en el Boletín Oficial. En las muestras analizadas se encontraron «gorgojos adultos vivos y fragmentos de insectos incluidos en la masa». También prohibieron la comercialización de un aceite de oliva.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología prohibió la comercialización de una aceite de oliva extra virgen y de un lote de pastas secas a través de las disposiciones 5731/2019 y 5808/2019, respectivamente.

Entre sus considerandos, la normativa señala que en el primer caso se trata del «Aceite de Oliva, Virgen Extra», marca Marturano, R.N.P.A. N° 04049030, R.N.E. N° 04004463, elaborado y envasado por Aceites de Oliva Campo di Fieno S.A., Ruta 75, Km 3, Las Playas, Cruz del Eje, Córdoba.

Según la disposición, el producto se hallaría en infracción al artículo 3° de la Ley 18.284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71 y a los artículos 6° bis, 13°, 155° y 535° del C.A.A., «por no cumplir con el valor estipulado para extinción específica a 232 nm para aceite de oliva extra, por carecer de las autorizaciones de producto (R.N.P.A.) y de establecimiento (R.N.E.), resultando ser un alimento falsamente rotulado, alterado, y en consecuencia ilegal».

El organismo añade que «por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, los mismos no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República Argentina, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° de la Ley 18.284».
Por otro lado, la ANMAT prohibió la venta del producto «Sua Pasta, peso neto 500g, lote 1, fecha de vto: 09/2020, RNPA N° 02567721, elaborados por Alimentos Fransro SRL sito en Melián 3120, parque industrial Almirante Brown, Burzaco», debido a que en las muestras analizadas se encontraron «gorgojos adultos vivos y fragmentos de insectos incluidos en la masa».

Ante esta situación se procedió a realizar el retiro preventivo del producto del mercado nacional en un plazo de 48 horas.

El proyecto fue presentado por la diputada nacional Lorena Matzen. Buscará garantizar la seguridad jurídica a las víctimas sin importar la edad en la que fueron abusadas ni las que tengan cuando se animen a hablar.

En la sala 5 del tercer piso del edificio anexo de la Cámara de Diputados, un grupo de expertos, trabajadores sociales, abogados y víctimas de abusos sexuales durante la infancia o adolescencia acompañaron la presentación de un proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Lorena Matzen: la imprescriptibilidad de las diferentes modalidades de abuso sexual infantil.
El proyecto de ley tiene como objetivo lograr que el Estado les garantice a las víctimas, independientemente de la edad que tengan al denunciar o solicitar asistencia, «el abordaje integral adecuado a la denuncia antes, durante y después del proceso judicial».

«Pensamos que este proyecto viene a acompañar los avances legislativos que se dieron en el Congreso. Sabemos que la mayoría de los casos se dan en el seno familiar, en las personas de confianza, que provocan estas aberraciones a los niños y niñas. Estos delitos se pueden equiparar con los de lesa humanidad. Se dice que es una exageración, pero sabemos que cuando un niño sufre una abuso sexual es como tener una muerte en vida», expresó Matzen.

«El dolor no tiene plazo. Queremos que el Estado se haga cargo. Creemos que nuestro país tiene las condiciones para abordarlo de manera definitiva. No buscamos simplemente que la legislación esté acorde sino que todo el Estado se movilice. La paz de las víctimas es que los abusadores sean condenados», agregó la diputada.

La legisladora estuvo acompañada en la mesa central por Ricardo Benedetti, quien relató el abuso sexual que sufrió cuando era pequeño, impulsor del petitorio «Que los delitos de abuso sexual no prescriban» en Change.org.

«A mis 8 años fui abusado por el cura Héctor Ricardo Giménez, previo a la toma de comunión en el proceso de confesión. Fue durante dos años. Mi proceso personal fue de enterrarlo en libros y televisión. Esa fue mi niñez. Como todo lo que no mata fortalece, acá estoy», narró Benedetti, quien se emocionó y no contuvo las lágrimas a la hora de relatar su sufrimiento.

«El año pasado, después de tanto tiempo de haber ocultado y guardado esa memoria que no salía a flote, me encontré con un grupo maravilloso de sobrevivientes. Recobré la memoria, supe que el cura está vivo, viviendo en La Plata. Me fortalecí e hice la denuncia. Tardé un mes», sostuvo Benedetti, quien hoy tiene 51 años.

En Argentina se sancionó, en 2011, la «ley Piazza», impulsada por el diseñador de moda Roberto Piazza, abusado sexualmente desde los 5 hasta los 17 años por su hermano mayor. La misma amplió el artículo 63 del Código Penal y permitía que la prescripción comenzara a correr a partir de los 18 años de la víctima y el plazo era la pena que le correspondiese al victimario por el delito.

Sin embargo, como poseía interpretaciones diversas y la prescripción era usada como defensa partiendo desde el delito hasta la denuncia, la ley fue modificada en 2015. Se trató de la ley 27.206 llamada «Respeto a los tiempos de las víctimas» e impulsada por la senadora nacional Sigrid Kunath.

«La ley modificada establecía que la prescripción corría a partir del momento en el que la víctima se animara a hablar. Sin importar su edad. El tema es que los operadores judiciales utilizaron el mismo discurso para relacionar y argumentar la prescripción con el año del delito. Entonces este nuevo proyecto no deja lugar a la confusión: si una ley dice que el delito no prescribe, no prescribe», explicó a Infobae el abogado penalista Jorge Ponce, quien preside la asociación civil Basta ASI.

Ponce también expuso en la presentación del proyecto y agregó: «Desde el nombre estamos condicionando. Entendemos que, justamente, teniendo en cuenta las graves consecuencias, cada víctima tiene su tiempo. Que el trauma y la herida que se tiene a veces impide que se hable, entonces ponerle tiempo es ir en contra de la génesis de este problema».

En Argentina se sancionó, en 2011, la «ley Piazza», impulsada por el diseñador de moda Roberto Piazza, abusado sexualmente desde los 5 hasta los 17 años por su hermano mayor. La misma amplió el artículo 63 del Código Penal y permitía que la prescripción comenzara a correr a partir de los 18 años de la víctima y el plazo era la pena que le correspondiese al victimario por el delito.

Sin embargo, como poseía interpretaciones diversas y la prescripción era usada como defensa partiendo desde el delito hasta la denuncia, la ley fue modificada en 2015. Se trató de la ley 27.206 llamada «Respeto a los tiempos de las víctimas» e impulsada por la senadora nacional Sigrid Kunath.

«La ley modificada establecía que la prescripción corría a partir del momento en el que la víctima se animara a hablar. Sin importar su edad. El tema es que los operadores judiciales utilizaron el mismo discurso para relacionar y argumentar la prescripción con el año del delito. Entonces este nuevo proyecto no deja lugar a la confusión: si una ley dice que el delito no prescribe, no prescribe», explicó a Infobae el abogado penalista Jorge Ponce, quien preside la asociación civil Basta ASI.

Ponce también expuso en la presentación del proyecto y agregó: «Desde el nombre estamos condicionando. Entendemos que, justamente, teniendo en cuenta las graves consecuencias, cada víctima tiene su tiempo. Que el trauma y la herida que se tiene a veces impide que se hable, entonces ponerle tiempo es ir en contra de la génesis de este problema».

Está casi listo el texto del decreto que pondría fin a la discusión en torno a las fumigaciones en zonas próximas a escuelas rurales. Desde el gobierno adelantaron algunos de los puntos centrales que tendrá en cuenta la norma.

El Gobierno tiene casi listo el texto del decreto de reglamentación de la Ley de Plaguicidas N° 6.599, dictada en 1980, y que, espera, pondría fin a la discusión en torno a las fumigaciones en zonas próximas a las escuelas rurales. Esa ley, en su artículo 8° fija: «Toda persona que se decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros».
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sostiene que ese apartado es lo que se reglamenta y que permitirá establecer las distancias alrededor de las escuelas rurales sobre las cuales no se podría fumigar. No se repetirá el esquema del decreto N° 4.407, dictado en diciembre de 2018 y declarado parcialmente inconstitucional por la Justicia, que fijó un límite de 100 metros para las pulverizaciones terrestres y de 500 metros para las pulverizaciones aéreas. Pero tampoco se seguirá el criterio judicial de las distancias de 1.000 y 3.000 metros.

Ese decreto fue consecuencia del fallo que dictó, el 1° de octubre del año último el juez Oscar Benedetto al resolver un amparo presentado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y el Foro Ecologista. Benedetto dictó un fallo que prohibió «la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres 3.000 metros».

El Gobierno rechazó esa decisión judicial, aunque sin resultados favorables. Argumento el perjuicio a la producción que supone el fallo judicial. Al respecto, sostuvo que en 2017, la superficie total sembrada fue de 1.690.200 hectáreas. Y que de acuerdo a un informe del Consejo General de Educación, existen 832 escuelas primarias y 137 escuelas secundarias que se encuentran en ámbitos rurales. De tal modo que no se podría fumigar en forma terrestre en 304.266 hectáreas y no se podrá fumigar en forma aérea en una superficie de 2.738.394 hectáreas. «Es decir, en este caso, en una superficie incluso superior en casi 800.000 hectáreas a las 1.690.200 hectáreas que conforman la superficie agrícola de la última campaña», señala el informe que presentó el Gobierno a la Justicia.
El Gobierno perdió, sin embargo, la batalla en la Justicia. La Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó el fallo de Benedetto y también la decisión del juez Andrés Marfil de declarar parcialmente inconstitucional el decreto del Ejecutivo de las distancias. En ese brete, la administración del gobernador Gustavo Bordet siguió el camino del dictado de un nuevo decreto que se ubicase a medio camino entre el fallo judicial y aquel primero marco legal rechazado en Tribunales. «Sabemos que vamos a ser criticados con este nuevo esquema», anticipa el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Durante una entrevista que concedió al programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, el titular de la Fiscalía de Estado, encargado de redactar la nueva norma legal, dijo: «Vamos por un decreto o resolución reglamentaria de la Ley 6.599. Acá, en materia de plaguicidas, hay que tener en cuenta lo siguiente: quien registra, certifica y habilita la producción y venta de plaguicidas o productos fitosanitarios, es la autoridad nacional, en este caso el Senasa. Una vez que la Nación certificó y habilitó un producto, ese producto se puede comercializar en todo el país, como cualquier otro. Nosotros no vamos a ingresar en la discusión sobre la prohibición del glifosato. Esa no es nuestra materia. Sí corresponde regular el uso de plaguicidas, y ejercer el poder de policía. La Provincia controla la aplicación de los productos, con dos misiones: preservar la salud y el ambiente. Existe una ley vigente, la Ley 6.599. Es la vigente, y es la que tomamos como referencia para proceder a reglamentar una situación específica, las distancias alrededor de las escuelas rurales. Esa ley ya ha sido reglamentada por partes. Está todo reglamentado. Lo que están fallando son los sistemas de control, y por otro lado, qué pasa en las escuelas rurales».

Rodríguez Signes entiende que el artículo 8° de la Ley N° 6.599 «es la piedra angular, y da pie para que la Administración reglamente ese artículo. Para que no cause daño una aplicación, hay que hacer aplicaciones de determinada manera», señala. Para establecer los límites nuevos -el fiscal de Estado prefiere por ahora no dar a conocer esas distancias que contendrá el nuevo decreto-, hubo reuniones, se recabaron informes, se escuchó a especialistas, se consultó a funcionarios del INTA, el Conicet, Agricultura de la Nación, Medioambiente de la Provincia, Salud y demás áreas relacionadas. «Recabamos información. Fuimos a las escuelas. Hablamos con funcionarios técnicos para elaborar una norma. Esa norma lo que hace es intensificar los controles en materia de aplicaciones alrededor de escuelas rurales. Las distancias son un capítulo del reglamento», apuntó.

-¿Definieron ya las distancias?

-El tema de las distancias es un tema sensible, y quien tiene que definir es el gobernador (Gustavo Bordet). Lo que hacemos desde la Fiscalía de Estado es elaborar el proyecto de decreto, y ese proyecto establece dos distintas. Una es de prohibición, donde no se puede aplicar ningún producto alrededor de la escuela. Y otra zona es de amortiguamiento, donde las aplicaciones estarán limitadas a ciertas productos. Además, la obligación para el productor para plantar cortinas forestales alrededor de las escuelas.

-El fallo del juez Benedetto estableció 1.000 metros para fumigaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas. Después, el Gobierno dictó el decreto 4.407 y fijó esas distancias en 100 y 500 metros. ¿Qué criterios utilizarán ahora?

-Las distancias de 1.000 y 3.000 metros se tomaron de una resolución de la Secretaría de Ambiente que hace años estableció esas distancias de resguardo respecto a cascos urbanos. Esas son las distancias que tomó el juez. Pero la realidad, las pruebas que han hecho personal del INTA, tomando todos los recaudos, dice que la deriva, el traslado de la gota del producto en determinadas condiciones, no supera los 20 metros en terrestres, y los 45 metros para las aéreas. Esto, claro, dadas ciertas condiciones meteorológicas para la aplicación. Para las escuelas agrotécnicas, propiciamos la excepción, porque las agrotécnias tienen predios alrededor que se usan para producción y práctica. No se puede prohibir, sino extremar el cuidado.

-¿Cómo se ejercerá el control de las aplicaciones?

-Primero, todos los aplicadores deben estar registrados. Esto es innegociable. No puede haber aplicadoras que no estén homologadas, y con un software que permita transmitir en tiempo real a la autoridad qué tipo de aplicación se hace, dónde se hace, con qué condiciones meteorológicas, para facilitar el control. Eso es algo que salió de las reuniones. Hay tecnología disponible y en uso. Uruguay lo tiene. No vemos por qué no lo podemos exigir. Eso va a ser una disposición que contiene el proyecto de decreto que estamos terminando. A partir de enero de 2020, se van a instalar en las maquinas aplicadoras una computadora que emita toda la información en tiempo real a la autoridad de aplicación. Lo que no puede hacer la Administración es mandar a una persona cada vez que se haga una aplicación. Esto sería el avance más importante en cuanto a la realidad de la aplicación.

-Habrá dos tipos de distancia: la de prohibición y la de amortiguamiento. En la de amortiguamiento se podrán aplicar determinados productos. Entre esos productos, ¿está el glifosato?

-El glifosato, guste o no, es un producto que está admitido por el Senasa. Y está certificado, habilitado y registrado para su venta por el Senasa. En Gualeguaychú emitieron una ordenanza prohibiéndolo, y hay un dictamen de la Procuración General de la Nación que dice que el tema de la prohibición o no del glifosato es materia federal. No son los municipios, por más autonomía que tengan, los órganos competentes para decir si este producto se vende o no se vende. Esta es una atribución del Estado federal.

El Ministerio de Seguridad puso en alerta a las fuerzas federales en el Noreste argentino, tras un golpe comando en que el se usaron explosivos y francotiradores para asaltar un banco en Paraguay, a 380 kilómetros del límite con Misiones.

El Ministerio de Seguridad de la Nación puso en alerta a las fuerzas federales en el Noreste argentino, en las fronteras con Paraguay y Brasil, luego de que el domingo a la madrugada el Primer Comando Capital (PCC) concretara un golpe con más de 50 personas que usaron explosivos y francotiradores para asaltar un banco en Liberación, ubicado a 200 kilómetros de Asunción y a 380 del límite con Misiones, donde los asaltantes de este grupo narcocriminal volaron con dinamita una sucursal, mataron a un joven de 18 años, hirieron a un jubilado y se llevaron aproximadamente 1500 millones de guaraníes, unos 240.000 dólares.

El gobierno argentino sigue de cerca los movimientos de este grupo criminal originario de San Pablo que desde hace por lo menos cinco años tiene una base operativa en Pedro Juan Caballero, al norte de Paraguay, desde donde domina el tráfico de drogas ilícitas y de armas. Se sospecha que esa ciudad en la frontera con Brasil era el destino del poderoso arsenal secuestrado en la Argentina hace tres semanas, valuado en unos 200 millones de dólares. Por ese caso, que significó el mayor decomiso de armas del país, hay 23 personas imputadas por tráfico ilegal de armas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que a modo preventivo «se reforzaron los controles en el Noreste argentino, donde se ordenaron patrullajes y mayores controles, sobre todo en pasos fronterizos que están más alejados de los habilitados».

Bullrich dijo que están «en contacto permanente con las autoridades paraguayas dada la gravedad de la situación. Fue un golpe muy fuerte, en el que intervinieron más de 50 personas con armas y explosivos muy poderosos».

Desde junio pasado comenzó a funcionar cerca de Posadas una fuerza especial contra el crimen organizado internacional y el narcotráfico que cubre esa zona del Noreste argentino, donde del otro lado de la frontera con Paraguay operan el PCC y el carioca Comando Vermelho. Un grupo de efectivos de la policía de Misiones y de fuerzas federales fueron capacitados por analistas de inteligencia de la DEA para seguir de cerca los movimientos de estas bandas criminales en esa región. Fuentes del Ministerio de Seguridad señalaron a LA NACIÓN que ese grupo de análisis se instaló en Posadas y no en la Triple Frontera, donde ya hay una estructura de trabajo en inteligencia criminal.

El ministro del Interior de Paraguay, Juan Villamayor, sostuvo que el ataque «podría tratarse de un mensaje». El funcionario dijo que, de acuerdo a los reportes de inteligencia, el golpe podría ser un «bautismo» de miembros paraguayos de PCC.

El funcionario consideró que la policía paraguaya no está en condiciones de hacer frente a la lucha contra estas organizaciones criminales internacionales. En la zona del centro del país, donde se produjo el ataque operan PCC y el Comando Vermelho, pero también el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que mantiene a cuatro personas secuestradas desde 2014 y que en las últimas horas, según se presume, cometió un ataque contra un fundo agropecuario.

Desde hace unos días, el gobierno del presidente Mario Abdo comenzó a insinuar de que las fuerzas armadas deben hacer frente a la lucha contra estos grupos narcocriminales, publica el diario La Nación.

Aunque por ahora no se detectaron en la Argentina células activas del PCC ni del Comando Vermelho, el gobierno argentino incrementó las alertas porque desde hace tres años se identificaron movimientos en el Noreste del país de miembros de estos grupos que usan territorio nacional para esconderse luego de dar un golpe en Paraguay o Brasil.

En Corrientes y en Misiones, provincias fronterizas con Paraguay y Brasil, aparecen desde hace un tiempo lo que los investigadores llaman «lobos solitarios», ligados al PCC y al Comando Vermelho.

Las rutas por las que se mueven son la 12, que va desde Corrientes a Puerto Iguazú; la 11, que llega hasta el límite con Paraguay, y la 86, que llega bordeando el límite con Paraguay hasta el norte argentino. Por allí, según las fuentes, se traslada cocaína que tiene como destino Brasil.

Para reclamar por el dictado de un nuevo decreto sobre fumigaciones, productores se movilizarán hoy, a las 9.30, hacia el Túnel Subfluvial, donde harán una volanteada y una asamblea.
Productores rurales se movilizarán hoy, a las 9.30 al Túnel Subfluvial, donde harán una volanteada y una asamblea.

La decisión de movilizarse fue tomada la semana pasada en una reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Crespo y de la que participaron numerosos productores rurales: «Se decidió realizar una movilización el miércoles 10 a las 9:30 al Túnel Subfluvial. Nos movilizaremos para manifestar nuestra preocupación por los tiempos que corren, ya que estamos en plena siembra de trigo y todavía no hay ninguna novedad con respecto al nuevo decreto», señaló el dirigente de la Federación Agraria, Matías Martiarena.

El decreto al que hace referencia el dirigente rural es el que están elaborando las autoridades del Gobierno de Entre Ríos y que busca zanjar el conflicto por el fallo judicial que prohíbe las fumigaciones alrededor de escuelas rurales.

«La idea es volantear y explicarle a la sociedad que no todo es como se dice y para expresar la necesidad de que el decreto salga lo más pronto posible», acotó Martiarena.

«Es una medida totalmente arbitraria. No puede ser que de la noche a la mañana 300 mil hectáreas hayan pasado a quedar totalmente improductivas», manifestó.

«Entendemos que la Justicia ha tomado una parte de la bibliografía y dejó de lado la otra», sostuvo, al tiempo que resaltó que espera que el nuevo decreto «esté mucho mejor fundamentado y, en el caso de que nuevamente sea apelado, que esta vez la Justicia se ponga a leer la otra pare de la bibliografía y ponga todo en la balanza».

Refiriéndose al nuevo decreto que está elaborando el Gobierno provincial para regular las fumigaciones, sostuvo en declaraciones a APF: «Sabemos que están elaborando un nuevo decreto. El tema es que los tiempos que tiene el gobierno no son los mismos que el que tiene la producción y a eso se debe la impaciencia, la preocupación y el dolor de los productores por esta incertidumbre».

A la digitalización del registro de conducir, se suman desde hoy las cédulas verde y azul que cada conductor tenga. Para hacerlo se deben seguir algunos pasos. En las próximas semanas estará también disponible el DNI digital.

Desde hoy, y luego de la digitalización del registro de conducir meses atrás, un conductor podrá circular por la calle con las cédulas verde y azul de su auto o moto digitalizadas y almacenadas en su smartphone. Hay 24,8 millones de cédulas verdes y 13,8 millones de azules.

La resolución conjunta ofrece la posibilidad de tener tales documentos del auto en la app oficial Mi Argentina (la misma que ya se usa para llevar el registro de conducir digital).

En este camino, el Gobierno trabaja para tener en las próximas semanas la posibilidad de sumar el documento nacional de identidad (DNI) digital. Estaría en la app oficial, pero requeriría de otras validaciones más significativas a las necesarias para los papeles del auto o la moto.

En sintonía, a partir de la resolución-SSN-219 de fines de 2018 «se puede circular por todo el país con el comprobante del seguro de manera digital», afirma la Superintendencia de Seguros de la Nación en su página web. «Podés mostrar la póliza que asegura tu vehículo en versión impresa o el PDF o imagen legible desde cualquier dispositivo móvil», agrega.
Los datos del seguro iban a estar en esta tanda de digitalización y se iban a sumar a Mi Argentina, pero no se llegó con los tiempos. Además, las autoridades no querían que se pudiera registrar una saturación ante el interés generado. En el Gobierno estiman que podrían sumar esta información antes de octubre.
«Al igual que con la licencia de conducir digital, este tipo de implementación marca un antes y un después en el ecosistema de servicios digitales y un paso gigante en el camino que estamos transitando hacia un Estado moderno, cercano y ágil», afirmó el secretario de Modernización, Andrés Ibarra. «Además de facilitarles la vida a los ciudadanos, este sistema permitirá mejorar los controles vehiculares y reducir posibles falsificaciones», agregó.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, destacó el trabajo realizado mediante «la innovación tecnológica, que nos permitió digitalizar y simplificar los trámites de los registros de la cartera. Logramos un servicio más eficaz, rápido, transparente y cómodo para los usuarios».

«Con esta medida estamos dando un paso más en el proceso de digitalización, que empezamos hace cuatro años, siempre teniendo como objetivos la simplificación y el abaratamiento de los trámites, así como la comodidad de los usuarios», estimó Carlos Walter, director de la Dnrpa. El subdirector del organismo, Oscar Agost Carreño, destacó, en tanto, que el título de un automotor y las cédulas sean totalmente digitales. «Hay 24 millones de cédulas verdes y 14 millones de azules habilitadas en el sistema para que la gente pueda circular sin necesidad de portar un documento de papel, pues el celular sin duda es lo que nadie se olvida de llevar consigo a todos lados», afirmó.
Desde el comienzo de su gestión, en la Dnrpa impulsaron fuertemente la digitalización. Por ejemplo, los informes, certificados de dominio y las denuncias de venta se hacen 100% a través de la web. Hasta hoy se tramitaron 1.551.234 de estos informes. Además, se dieron 3.576.481 turnos vía web y se creó el «08 digital», lo que abarató el trámite.

¿Cómo se hace para sumar las cédulas verde y azul digitalizadas?

Primero es necesario bajar la aplicación. Hay que ingresar a la tienda de aplicaciones del celular, buscar la app Mi Argentina y descargarla. Se ingresa y luego de la introducción, debe apretarse el botón «Ingresar». Se va a «Registrarme» y se accede al formulario. Para el proceso de registración se requerirá: una dirección de correo electrónico y el número de CUIL (si no lo recuerda, puede ingresar a h ttps://www.argentina.gob.ar/descarga-constancia-cuil y obtenerlo).

Luego se requerirá validar su identidad. Esto puede hacerse de tres maneras distintas: 1) de forma remota, desde la versión móvil de la aplicación; 2) de forma presencial, en organismos estatales al momento de realizar trámites; 3) de forma presencial al momento de realizar el trámite de renovación del DNI en cualquier CDR del Registro Nacional de las Personas.

Después, si se ingresa el número que aparece en el documento físico, las cédulas ya emitidas oficialmente quedarán automáticamente incorporadas al «Perfil Digital del Ciudadano» sin necesidad de validarlas. Se accede a las cédulas en formato digital en la sección «Credenciales» de la aplicación Mi Argentina, publica el diario La Nación.

Fernando de la Rúa murió a los 81 años de edad en la Clínica Fleming, donde había sido internado por un agravamiento de sus dolencias coronarias y renales, de las que se estaba tratando hacía varios meses.

Fue un político tradicional en el sentido más estricto de la palabra. No sólo por ser un conservador hecho y derecho, sino también porque escaló todos los peldaños de la vida pública argentina hasta llegar a la primera magistratura. Nacido en Córdoba en 1937, se graduó de abogado e inició su carrera en Buenos Aires, ya afiliado a la Unión Cívica Radical.

Los inicios políticos de “Chupete”

La actuación política de De la Rúa comenzó en tiempos de Aturo Illia, cuando formó parte del grupo de asesores del ministro del Interior, Juan Palmero, uno de los integrantes del núcleo duro del antiperonismo en las filas radicales.

El golpe del 66 cortó su carrera política y reapareció en la escena en marzo de 1973, cuando la UCR lo ungió candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires.

36 años. Enfrente competía el nacionalista católico Marcelo Sánchez Sorondo, un candidato a contramano de los bríos juveniles que acompañaban al peronismo. Héctor Cámpora llegó a la Casa Rosada y terminó la proscripción del peronismo. En plena oleada justicialista, y en vísperas del regreso de Perón, el radicalismo ostentó como gran victoria la senaduría del joven abogado, apodado desde entonces “Chupete”, por su juventud, consignó el diario Página/12.

Poco después, Ricardo Balbín eligió a la joven estrella del firmamento radical para que fuera su compañero de fórmula en las presidenciales que colocaron a Perón por tercera vez en la Rosada. La fórmula Balbín-De la Rúa logró el 25 por ciento, muy por detrás del aplastante 62 por ciento del binomio Perón-Perón.

De la Rúa entre el golpe del ’76 y el regreso de la democracia

El golpe de 1976 cerró la etapa de De la Rúa como senador. Se dedicó a la actividad privada, como abogado, y reapareció en 1983, con la apertura democrática. El huracán alfonsinista destrozó su sueño presidencial en la interna y se conformó con volver al Senado. Acaparó portadas de diarios y revistas y entrevistas radiales y televisivas con un proyecto que establecía penas para hechos de violencia en espectáculos deportivos. La llamada Ley De la Rúa (en rigor, una iniciativa del senador Antonio Nápoli) no se plasmó en mejoras de seguridad en pleno auge de las barras bravas en los 80.

En 1989, De la Rúa optó por su reelección en la Cámara alta. Funcionaba el Colegio Electoral y su triunfo en las urnas no fue lo suficientemente holgado como para acceder directamente. Los electores del peronismo y la UCeDé se aliaron, y el candidato justicialista, Eduardo Vaca, llegó al Senado. Dos años más tarde, De la Rúa regresó al Congreso como diputado nacional y asumió la jefatura de la bancada radical, publicó Página/12.

En junio del 92 compitió para el Senado contra Avelino Porto, el candidato del menemismo. Fue la primera derrota importante del entonces presidente, Carlos Menem, que la minimizó diciendo que aquel día el peronismo había ganado las elecciones en la localidad jujeña de Perico. De la Rúa quedó posicionado como precandidato presidencial de su partido para las elecciones siguientes.

Pero la UCR fue derrotada en las legislativas del 93. De la Rúa apadrinó una lista encabezada por la escritora Martha Mercader. Sin embargo, de forma imprevista, ganó la boleta del PJ liderada por Antonio Ermán González. Pocas semanas más tarde, Raúl Alfonsín recuperó el control del partido y pactó la reforma de la Constitución con Menem. De la Rúa prefirió quedar al margen y concentró sus esfuerzos en un punto de la nueva Carta Magna: la autonomía porteña.

El primer jefe de Gobierno porteño

Ante la posibilidad cierta de que los porteños tuvieran su autogobierno, De la Rúa salió a recorrer la Ciudad y tuvo una interna con el ex intendente Facundo Suárez Lastra. Pasaría más de un año hasta el 30 de junio de 1996, cuando con Enrique Olivera como compañero de fórmula venció al frepasista Norberto La Porta, al peronista Jorge Domínguez y al ex ministro Gustavo Béliz, que fue por fuera de la estructura partidaria.

El 6 de agosto de 1996, De la Rúa se convirtió en el primer jefe de Gobierno. Un año más tarde fue parte de la mesa chica que conformó la Alianza con el Frepaso. El triunfo del 97 lo posicionó como cabeza del radicalismo y precandidato a la presidencia. En noviembre de 1998 venció a Graciela Fernández Meijide en la interna y dos días después anunció que Carlos “Chacho” Álvarez sería su compañero de fórmula.

De la Rúa en la Casa Rosada

“Dicen que soy aburrido”, decía De la Rúa en el spot más recordado de la campaña del 99. La fórmula de la Alianza obtuvo el 48 por ciento de los votos, frente al 38 de Eduardo Duhalde-Palito Ortega. Habían ganado en primera vuelta. De la Rúa se convertía en el tercer presidente del ciclo democrático abierto en 1983.

El 10 de diciembre de 1999 comenzó la que sería una de las presidencias más traumáticas de la historia argentina moderna. De la Rúa implementó un impuestazo sobre las capas medias (el grueso de sus votantes) para paliar un déficit fiscal que superaba los 10 mil millones de dólares. El objetivo era sostener la convertibilidad a cualquier precio. La economía heredada del menemismo ya estaba en recesión desde 1998 y la Alianza profundizó los indicadores negativos, con un desempleo que no bajó de los dos dígitos, publicó Página/12.

En agosto de 2000 estalló el escándalo de las coimas en el Senado para aprobar la ley de flexibilización laboral exigida por el FMI. Chacho Alvarez dio el portazo el 6 de octubre, dando por sentado que las coimas existieron y que el Gobierno del que formaba parte no facilitaba la investigación. La economía no daba tregua y a fines del 2000 llegó el Blindaje, un crédito de 40 mil millones de dólares para un país cuyo presupuesto ya estipulaba que el 20 por ciento del PBI iba destinado al pago de la deuda externa. “El 2001 será un gran año”, anunció De la Rúa por cadena. Lo peor estaba por venir.

2001, el año del estallido

En marzo de 2001 se agotó la gestión de José Luis Machinea como ministro de Economía. De la Rúa optó por el titular de Defensa, el también economista y ultra ortodoxo Ricardo López Murphy. El brutal ajuste propuesto, sin tocar la convertibilidad que tambaleaba, redujo la inversión pública y se centró en las universidades. El rechazo a los recortes eyectó a López Murphy del ministerio en apenas 15 días. Su reemplazante sería el hombre a quien De la Rúa iba a atar su destino como presidente.

Domingo Cavallo llegó con el mandato de desarmar la bomba de tiempo generada por él mismo en 1991. Comenzó una comedia de enredos para tratar de evitar la devaluación, con propuestas como el déficit cero y una eventual canasta de monedas. En las legislativas de 2001 se impuso “el voto bronca”.

Amplias franjas de la población impugnaron su voto o sufragaron en blanco. Fue una derrota muy dura y posicionó al PJ que, en ausencia del vicepresidente por la renuncia de Alvarez, desbancó al radical Mario Losada de la presidencia provisional del Senado y colocó en su lugar al misionero Ramón Puerta.

Un De la Rúa cada vez más encerrado en su círculo íntimo (el llamado “Grupo Sushi”, que incluía a sus hijos Antonio y Fernando, Darío Lopérfido y a Hernán Lombardi, entre ortros), apostó al manotazo de ahogado final: el corralito. Era el 1º de diciembre de 2001. El plan original era que durara hasta el 28 de febrero de 2002. Es decir: durante 90 días, que incluían las fiestas de fin de año y los meses de verano, que los argentinos debían atravesar con 250 pesos por semana. La bronca fue in crescendo y los hechos de violencia del 19 de diciembre lo decidieron a declarar el Estado de sitio. Los cacerolazos fueron la respuesta a un presidente cuya autoridad se diluía minuto a minuto. Esa misma madrugada cayó Cavallo. La suerte estaba echada.

El 20 de diciembre, la represión ensangrentó Plaza de Mayo y buena parte del país. De la Rúa trató de llegar a algún acuerdo con el peronismo, pero ya era tarde porque la represión se había cobrado más de treinta vidas. Al no encontrar interlocutores, optó por la renuncia. A las siete de la tarde dejó la Casa Rosada en helicóptero, la imagen más recordada de sus 740 días como presidente. Así terminó la última presidencia encabezada hasta la fecha por un radical.

Después del helicóptero

Desde entonces, De la Rúa se alejó de la vida pública. La denuncia del arrepentido Mario Pontaquarto sobre las coimas en el Senado demolió más su imagen. Su secretario de Seguridad Enrique Mathov y el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, fueron procesados por las muertes de diciembre de 2001.

Buena parte del elenco delarruista se recicló en Cambiemos: Hernán Lombardi, Patricia Bullrich, Darío Lopérfido, Gerardo Morales y otros dirigentes reaparecieron con Mauricio Macri. Bullrich, la actual ministra de Seguridad, que como ministra de Trabajo de la primera Alianza redujo las jubilaciones y los salarios públicos un 13 por ciento, fue una de las pocas dirigentes que siempre reivindicó aquel estertor de la Argentina neoliberal nacida del Golpe del 76.

El fiscal Guillermo Marijuan imputó a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y al secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, por violar la sentencia firme del Juzgado Federal de La Plata N° 2, en donde se hizo lugar a la acción colectiva para que el gobierno cumpla con la vacunación contra la bacteria del meningococo.

Fue a instancias de una denuncia del diputado camporista Rodolfo Tailhade por la suspensión de la aplicación de la vacuna contra el meningococo a los niños y niñas de 11 años de edad.

Marijuan ordenó numerosas medidas de prueba en la causa que se inició con la denuncia contra Stanley y Rubinstein radicada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade y la asociación civil AJUS La Plata Berisso y Ensenada, por la suspensión de la aplicación de la vacuna contra el meningococo a los niños y niñas de 11 años de edad.

El 23 de agosto de 2018, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación comunicó que “con respecto a la vacuna antimeningocóica, se acordó la estrategia de priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida y posponer la dosis de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria”. En otras palabras, la excluyeron del Calendario Nacional de Vacunación establecido por la ley 22909, sostuvo el legislador en su denuncia, publicó Parlamentario.

Ante esta situación, fue presentado un amparo colectivo que fue resuelto favorablemente por el Juzgado Federal de La Plata N° 2 y que quedó firme, pero el Ministerio se negó a cumplir.

La denuncia tramita en el Juzgado Criminal y correccional Federal N° 1, a cargo de la doctora María Romilda Servini de Cubría.

Se reitera a la población que ilícitamente se están recibiendo llamadas a titulares de beneficios de ANSES, solicitándoles datos de cobros e información personal. Se recomienda negarse a otorgar dato alguno.

En este acto se informa que ANSES NO ESTA REALIZANDO LLAMADAS A PARTICULARES POR MOTIVO ALGUNO. En efecto rechazar el llamado, invocando la denuncia a efectuarse y que concurrirán a la oficina de ANSES de su domicilio, a informar lo realizado.

 

Un video de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich hablando sobre la desarticulación de la banda de «Tatán II”, vinculada al robo y a las entraderas, fue editado y viralizado por páginas y usuarios vinculados al kirchnerismo para dar a entender que la funcionaria estaba alcoholizada o bajo los efectos de algún calmante.

Bullrich llegó a la conferencia con un look particular, que al instante generó memes porque estaba despeinada, pero horas después comenzó a circular un video en el que se la muestra hablando lento, como si estuviese borracha o enferma.

El falso video circuló por Facebook, Twitter y WhatsApp. La pieza fue subida a redes el 3 de julio a las 20:52 por el usuario Negro Nasif bajo el título “Tiembla el crimen organizado”. Su posteo tuvo solo en Facebook más de 890 mil reproducciones y fue compartido más de 40 mil veces.

Según Crowdtangle, una aplicación de Facebook que sirve para medir el nivel de viralidad de los posteos, la página “Unidad CFK Frente de Todos” y “Víctor Hugo Morales, club de seguidores”, además de sitios vinculados al kirchnerismo replicaron las imágenes editadas de la ministra de Seguridad. Fue posteado en más de 30 oportunidades y tuvo 3.402 interacciones.

¿En qué consistió la manipulación?​ El video fue ralentizado, es decir que se modificó su velocidad para que pareciera que la ministra hablaba lento.

“Sí, estaba despeinada. La conferencia empezó a las 8 am al aire libre. Pero el video fue editado: lo ralentizaron para ridicularizarme, desacreditar el trabajo del @minseg y la gestión de @mauriciomacri. El primer #FakeNews de la Campaña 2019. ¡Nada nos va a detener!”, escribió la ministra en su cuenta de Twitter.
En Twitter, el video fue subido por el usuario Leo Giménez (@_leo_gimenez), licenciado en Ciencia Política de Mar del Plata. El video que subió a Twitter tuvo 145.000 reproducciones, más de 2700 me gusta y fue replicado en 900 oportunidades.

Según confirmó a Clarín, las imágenes le llegaron por WhatsApp y decidió tuitearlas. “No sabía que estaba editado”, explicó. El mismo video fue subido a redes por la cuenta @casaargentinaar que tiene 348 mil seguidores. El editado tuvo 37 mil reproducciones.

Su mensaje hasta fue replicado por la precandidata a legisladora porteña K Ofelia Fernández, que luego borró la publicación. “Parece que tanta quema de droga le convirtió el habla en el de quien vuelve regulando cada palabra en taxi post tremenda gira”, escribió la joven candidata.

Desde el equipo de Patricia Bullrich informaron a Clarín que anoche, al ver la viralización del video manipulado, lo denunciaron en Facebook como noticia falsa para restringir su circulación.

Respaldo del gobierno nacional

Bullrich llegó al Centro Cultural Kirchner (CCK) y fue abordada por Mauricio Macri, quien le trasmitió su solidaridad en persona y su apoyo político. En este contexto, la ministra le adelantó al presidente que abrió un sumario interno para determinar a los responsables de esa operación mediática en las redes sociales.

“Por suerte ahora está Reverso y podemos probar que es una fake news. Fue muy doloroso, una mentira formidable”, dijo Bullrich.

Reverso es un proyecto periodístico colaborativo que abarca a más de 100 empresas de tecnología y medios de comunicación, entre ellos Infobae, que buscan intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

En el marco de esta iniciativa, se están desarrollando capacitaciones en todo el país para intensificar el uso de diferentes herramientas de monitoreo y verificación de contenidos virales, para producir y difundir artículos y piezas audiovisuales que pongan en evidencia la desinformación que circule durante el proceso electoral.

La investigación preliminar asegura que «la titular del teléfono que promociona la página adonde se hizo la deep fake es de Paraná». Y que acorde a la información aportada por la ANSES, es empleada de la Municipalidad de Paraná, asociada al intendente Sergio Varisco, que Bullrich denunció por proteger y financiar a narcotraficantes.

Esa empleada se llama Liliana Pilar Morato -según los antecedentes que manejan los investigadores-, y no se descarta que la Justicia federal ordene su comparecencia para profundizar las pesquisas. “Sé que es una venganza personal y política”, planteó Bullrich. Y remató: “Estoy para luchar contra el delito, esas es mi función. Me dolió en lo personal, pero no espero otra cosa de personajes que respaldan a narcos y delincuentes”.

Antecedente en Estados Unidos

Un caso similar al del video ralentizado de Patricia Bullrich se dio en los Estados Unidos con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. Un video suyo fue editado maliciosamente y viralizado por seguidores de Donald Trump para insinuar que la líder demócrata estaba bajo los efectos del alcohol o enferma.

La manipulación de videos es una de las nuevas amenazas en la lucha contra la desinformación. Técnicas como el «deep fake», una tecnología que permite hacer un montaje casi perfecto de una persona diciendo cosas que no dijo, ya son un tema de debate jurídico en Estados Unidos y, en Argentina, promete dar que hablar.