“Al haberse interpretado de otra manera, mejor retirarlo directamente”, insistió al participar de un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados donde se trata la ley ómnibus.

A través del artículo 331 del proyecto, el Gobierno definía a la reunión o manifestación como una “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”.

Según estaba estipulado en la ley ómnibus, estas reuniones o manifestaciones debían ser notificadas al menos 48 horas antes de su realización ante Ministerio de Seguridad, que se guardaría la potestad de autorizar o rechazar la convocatoria.

En el pedido debían figurar las características de la manifestación, los datos de la persona u organización que la convoca especificando “nombres y datos personales”, la finalidad, el recorrido de la marcha, el tiempo de duración y la cantidad estimada de participantes.

Legítima defensa
La ministra detalló que a través de la ley ómnibus el Gobierno propone un cambio en el concepto de legítima defensa, en línea con otros países latinoamericanos.

Según explicó, la idea es que la proporcionalidad de la respuesta debe ser interpretada siempre en “favor de la gente que va a impedir un delito, que va a impedir la muerte de una persona, el ataque hacia él o hacia un tercero”.

Al respecto, destacó que se apunta dotar de mayor tranquilidad y protección a los agentes de fuerzas de seguridad, para que no sienta que por hacer su trabajo pueden «quedar presos de por vida».

Puso como ejemplo que cuando un agente de seguridad enfrenta a un delincuente que atenta contra el orden con un arma, no tiene tiempo para dilucidar si dicho arma es real o es una réplica de juguete.

En ese sentido, “debe actuar en tiempo y forma” y si sucede que finalmente el arma era de juguete, no puede luego utilizarse el criterio de la proporcionalidad en contra del agente.

“Si alguien ataca con un arma a un tercero y el policía va, no le puede preguntar al criminal si su arma es de juguete o es de verdad. Tiene que actuar porque si no actúa en tiempo y forma, el daño y la falta de responsabilidad en su tarea es mayor», analizó.

“Este cambio es fundamental en la capacidad operacional de la fuerza de seguridad”, resumió la ministra.

También Bullrich ratificó la vigencia del protocolo antipiquete y la aplicación de toda la fuerza de la ley contra los organizadores de concentraciones que implican cortes de tránsito.

“Las personas no van autónomamente a estas manifestaciones. Hay organizadores, lo hacen con capacidad de presión sobre los concurrentes. Hay una pena mayor para quienes son organizadores. Tienen de tres a seis años de prisión. Y van a ser solidariamente responsables por el daño que ocasionen”, resaltó.

A su vez, reafirmó la autoridad de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones sociales. “A los agentes de fuerzas de seguridad no les pueden pegar y el que les pegue tiene consecuencias”, remató.