El ex gobernador y ex diputado provincial entrerriano, Sergio Urribarri, presentó este lunes su descargo ante la Comisión de Acuerdos del Senado nacional, presidida por Anabel Fernández Sagasti, ante las impugnaciones ingresadas la semana pasada por Juntos por el Cambio Gualeguaychú y el Pro de Entre Ríos.
En ese marco, según el escrito al que accedió este medio, el exlegislador rechazó las presentaciones de la oposición, a las que calificó de “temeraria”, defendió el principio de inocencia, al tiempo que adjudicó intencionalidad política en las denuncias judiciales. Este martes desde las 10 serán tratados los pliegos de diversos embajadores propuestos por el Ejecutivo nacional.
Al comienzo del escrito, Urribarri sostiene: “Que las investigaciones judiciales aludidas, han surgido de denuncias realizadas entre los años 2016 y 2018 como consecuencia de publicaciones periodísticas efectuadas, siempre en un mismo medio, y siempre dedicándome la tapa entera de dicha publicación, que luego fueron presentadas por dos abogados, denunciantes profesionales, pertenecientes al frente Cambiemos, distinguidos por su furioso y sostenido embate en contra de los ex funcionarios del gobierno del Frente para la Victoria que, como es notorio, presidí en la provincia de Entre Ríos”.
Y siguió: “En sus presentaciones realizadas dichos abogados de Cambiemos, se limitaban a adjuntar los medios periodísticos donde se publicaban como condenas lapidarias los hechos «investigados», sin más detalles o pruebas que pudieran sustentar la misma. En esa furiosa cruzada que naturalmente incluía a todos los integrantes de mi familia, desmañadamente, aquellos llegaron a ofrecer expresamente, con cierta jactancia -después lo precisaré- la colaboración de organismos federales «con aquilatada trayectoria en faenas de similares características (AFIP, UIF, OCRA, IGJ, OA)»
Asimismo, consideró: “Estas acciones llevadas a cabo por medios periodísticos y políticos oficialistas (en su momento) con vínculos con el gobierno nacional (tal como ellos relatan) y algunos de sus Ministros más conspicuos, han quedado demostradas en algunas de las denuncias de los pre nombrados. Claramente se trataba de lograr, como ha escrito ZAFFARONI «El descrédito, la proscripción y la prisionización de políticos opositores en nuestra región .. . si bien se llevan a cabo mediante el llamado lawfare, requieren una previa difamación mediática»
“Con el afán de ilustrar mejor a los señores Senadores Nacionales acerca de los horrendos y publicitados vínculos de dichos profesionales con el anterior gobierno nacional, destaco que en uno de los legajos de investigación, los denunciantes realizan abiertamente la siguiente manifestación: «acercamos también debido a nuestra vinculación con funcionarios del Estado Nacional, la posibilidad de acercar recursos técnicos de organismos con aquilatada trayectoria en faenas de similares características (AFIP, UIF, OCRA, IGJ, OA)»(Sic)”, sostuvo luego el ex presidente de la Cámara de Diputados entrerriana.
“Si bien no parece necesario, se me impone señalar que quienes nos ubicábamos sin ningún doblez ni especulación, en la defensa del gobierno democrático de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, vivimos la persecución política más cruel y aberrante que se tenga conocimiento, impulsada públicamente por las más encumbradas figuras del Frente Cambiemos, que hirió de gravedad al Estado de Derecho en la región”, dijo luego. Y acotó: “Que esta tendencia nefasta a la regresión autoritaria, por voluntad de nuestro Pueblo soberano, afortunadamente hoy está en retirada en Argentina”.
En esa línea, siguió: “Que, siendo Diputado Provincial en ejercicio, durante el período en que se concretaron las denuncias aludidas (2015-2019) y pese a contar con fueros legislativos, jamás hice valer dicha prerrogativa. Y me presenté en cada oportunidad en que se me citó y en algunos casos lo hice espontáneamente poniéndome a disposición de cada investigación llevada adelante y brindando mi explicación de los hechos atribuidos”.
“En las causas judiciales tramitadas en mi contra -todas- se cuestionan actos administrativos (decretos) que dispusieron gasto público siguiendo el procedimiento reglamentarlo de rigor, en ejercicio de facultades propias no judiciables. Y que a su vez no merecieron ninguna observación de ninguno de los órganos de control del gasto público, todos los cuales intervinieron en los procedimientos tal como lo manda la ley”, dijo además.
En un apartado detalla “a modo de síntesis conclusiva” lo siguiente:
“1°) Hace más de cuatro años se abrió una investigación penal preparatoria en mi contra por enriquecimiento ilícito. Aquí yo me he presentado informando y acreditando la propiedad de todos mis bienes y el origen de los fondos respectivos. No obstante, sin imputarme formalmente el ingreso a mi patrimonio de tan solo, un bien no justificado, se ha investigado el mismo tan exhaustivamente como nunca antes he visto.
2º) Se han pedido información al Banco Central de la República Argentina sobre préstamos, créditos, plazos fijos, fondos comunes de inversión, compra de títulos y acciones, operaciones financieras. Al registro de embarcaciones y aeronaves, a todos los registros públicos (de la propiedad) de todas las provincias y de la Nación, al registro de créditos prendarios y al de automotores, a todos los escribanos de E. Ríos. La Unidad de Información Financiera (UIF) se ha expedido señalando que no registra de mi parte operaciones sospechosas. Y la AFIP en una investigación especial INTEGRAL, iniciada el 2 de febrero de 2.017, concluida el 29 de Noviembre del mismo año, llevada adelante por personal técnico de la repartición, llegó a la conclusión que todos los requerimientos realizados fueron respondidos cabalmente, sin advertir circunstancias irregulares, ordenando su descargo. No hay dinero en paraísos fiscales, no existen cuentas «off shore». En cuentas resumidas el propósito de excluirme de las candidaturas electivas nacionales y de la acción política en general, que fue el único móvil de los procedimientos, dio su odioso fruto.
2°) Hay además otras causas (todas iguales) en la que se me imputa peculado y negociaciones incompatibles por haber realizado actos de administración y de gobierno de mi estricta competencia, usualmente excluidos de la revisión judicial (cuestiones no judiciables) que autorizaron gastos (pagos). Pero además todos ellos-los decretos que autorizaron los pagos- fueron preparados por la línea técnica de cada repartición respectiva y visados por la Secretaría Legal y Técnica.
Por otra parte, la Contaduría General no los observó, la Tesorería los pagó, el Tribunal de Cuentas los aprobó y cuando fueron a la Legislatura Integrando la Cuenta General del Ejercicio ningún legislador los objetó. Se trata de cuestiones que habiendo sido aprobadas por todos los órganos de contralor no pueden fundar en ningún caso una condena penal”.
En el último tramo, concluye: “La presentación de los ocurrentes resulta temeraria. Carece absolutamente de rigor y también ayuna de responsabilidad. No puede comprenderse como ignoran absolutamente todos los detalles principales de las causas que esgrimen en mi contra . Y particularmente estremece que con tanta ligereza se recurra al H. Senado de la Nación sin siquiera haberse informado de los pormenores del asunto”.
“En efecto los presentantes no conocen absolutamente nada de las causas referidas, ni tampoco se han ocupado de averiguar de qué tratan las mismas. Pero lo que verdaderamente inquieta es el desprecio que trasuntan por la condición constitucional de inocencia que sanciona con su norma Ineludible, el art. 18 de la Constitución Nacional en mi favor y la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto”, observó.
Finalmente, al expresarse a la titular de la comisión, sostuvo: “Es concluyentemente cierto que ejerceré mi defensa en todas las instancias que el orden jurídico me permita hasta obtener mi plena absolución que decididamente me habrá de corresponder habida cuenta mi incontestable condición de inocente”.
Fuente : Análisis Digital
