La Cámara Federal porteña anuló el miércoles los procesamientos y faltas de mérito dictadas en la causa por presuntas coimas en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, obra en la que intervino Odebrecht.
La Cámara Federal porteña anuló ayer los procesamientos y faltas de mérito dictadas en la causa por presuntas coimas en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, obra en la que intervino Odebrecht. En la investigación estaban procesados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros ex funcionarios kirchneristas como José López, Roberto Baratta y Ricardo Jaime. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia aseguraron que la resolución dictada era «nula» porque carecía de fundamentos y porque aún faltaba la prueba clave: las confesiones en Brasil en el marco de las investigaciones del Lava Jato.
La decisión de la sala II del Tribunal de Apelaciones ordenó al juez del caso Marcelo Martínez De Giorgi profundizar la investigación.
Con esta decisión también se declararon nulas las faltas de mérito que se habían dictado a empresarios imputados en el caso, entre ellos Angelo Calcaterra, Santiago Ramón Altieri, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández, Alejandra María Kademian y Jorge «Corcho» Rodríguez.
Los camaristas argumentaron que el fallo que procesó a los ex funcionarios por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública careció de «fundamentos».
El fallo fue contundente. Uno de los puntos que más atacaron los camaristas fue que en el caso se investigaban coimas pero ninguno de los implicados fue procesado o desvinculado de ese delito. «No hubo un análisis con fundamento de la correlación o no sobre las distintas referencias, indicios y datos que se obtuvieron previamente en el sumario, su documentación adjunta y en otros procesos penales. Las particularidades y complejidad del asunto revelan que la reconstrucción de lo sucedido debía (debe) hacerse de esa forma, sea para afirmar o descartar el cohecho transnacional denunciado», advirtió el fallo.
También se cuestionó que no hubiera un análisis detallado sobre «si hubo o no perjuicio económico por los hechos». Además, se criticó que no se explicó debidamente por qué se procesó a los ex funcionarios por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionarios.
Por eso, «todo cuanto se viene de expresar conlleva a sostener, como alegaron las partes, que la decisión adoptada carece de fundamento que permita revisar los aspectos centrales a los que debe darse respuesta. Es por ende nula. Esta situación impone que el Juez, una vez que cuente con los elementos requeridos para completar la instrucción y corroborar determinadas referencias que obran en ésta, se expida motivadamente sobre los cargos que pesan sobre los indagados, evaluando cada situación o aporte individual, así como las diferentes hipótesis que se han formulado sobre los hechos (sobornos, fraude al Estado, negociaciones incompatibles), con arreglo a los lineamientos aquí explicados», expresaron los camaristas.
