Es por la causa de los «cuadernos de la corrupción». Los empresarios vinculados son de Paraná, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Concordia.
En el marco de la mediática causa de los cuadernos, que investiga casos de corrupción en la obra pública, se realizaron allanamientos en setenta firmas del ámbito de la construcción en todo el país. En Entre Ríos también los hubo.
Por una orden librada por el juez federal Claudio Bonadío, la Policía Federal de Concordia llegó hasta Concepción del Uruguay y realizó un allanamiento en las oficinas de la constructora Pietroboni en busca de documentación administrativa, actas societarias e informes contables.
Estas diligencias judiciales se dieron en el marco de la investigación por supuesto pago de coimas para la adjudicación de obra pública.
La medida judicial se hizo efectiva luego de que la firma local fue mencionada por el “financista arrepentido” Ernesto Clarens. El exsocio comercial del matrimonio Kirchner declaró como imputado colaborador.
Los efectivos federales estuvieron durante toda la mañana y parte de la tarde en las oficinas de la empresa uruguayense. Pese a los constantes intentos de conseguir información oficial, los caminos se fueron cerrando y prevaleció el hermetismo sobre el resultado de las tareas judiciales.
También en Gualeguay
Los procedimientos alcanzaron a unas 70 empresas de todo el país, entre las que figuraba la firma Pitón S.A.
Los efectivos llegaron a las oficinas de la empresa ubicada en calle Rivadavia 50 de Gualeguay, con una orden de presentación destinada a: conseguir información vinculada a la obra pública y sus negocios en el período comprendido entre 2003 y 2015.
El nombre de Pitón había sido aportado por el “arrepentido” Clarens. El financista dijo haber recibido instrucciones de José Francisco López, ex Secretario de Obras Públicas de la Nación, para recaudar dinero de sobornos para financiar campañas electorales; y entregó al juez Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli una detallada planilla de Excel con los nombres de alrededor de un centenar de empresas constructoras que pagaban esos sobornos, la fecha y los montos, según el monto de la obra y el porcentaje; y explicó que él tenía el trabajo de recaudar o cambiar los pesos a dólares.
En esa planilla aparecían cuatro empresas entrerrianas: Luis Losi SA, de Paraná, que ejecutó obras por 400 millones de pesos; LP Pietroboni SA, de Concepción del Uruguay, que realizó trabajos por 200 millones de pesos; Codi SRL Construcciones, de Concordia, que ejecutó distintas obras nacionales por 70 millones de pesos; y José Eleuterio Pitón SA, de Gualeguay, que hizo obras por 60 millones de pesos.
A raíz de eso, el magistrado solicitó a la Inspección General de Justicia que informe quiénes eran las autoridades de las empresas y que se informara también si integraron uniones transitorias de empresas (UTE) mediante las que hubieran participado de licitaciones de obra pública entre 2003 y 2015.
El financista “imputado-colaborador”
Hace unos días, Clarens presentó un escrito al juez en el que dio más precisiones sobre los representantes de las empresas que llevaban dinero a sus oficinas y mencionó a Daniel Pitón como su contacto en la constructora entrerriana. Sin embargo, quien aparece como responsable en los registros públicos y ante la Cámara Argentina de la Construcción es su hermano, José Luis Pitón.
Primer entrerriano arrepentido en la causa
Losi, que también aparece en las planillas de Clarens, fue el primer empresario entrerriano “arrepentido”. Su nombre lo había aportado el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner. En su declaración el empresario habló de un sistema cartelizado, donde las licitaciones se distribuían de manera coordinada entre empresas y consorcios de obra pública. Lo llamó “el club de la obra pública”, mencionó explícitamente el pago de coimas e involucró, entre otros, a Luis Losi como uno de los habitués en las reuniones donde se repartían las obras.
Ribetes políticos en la provincia
Las menciones de las empresas entrerrianas en los “cuadernos de la corrupción” también generaron un tembladeral político. En la provincia, legisladores de la oposición pidieron al Poder Ejecutivo que informe cuáles son las obras adjudicadas por el Gobierno de Entre Ríos o el Gobierno nacional, entre 2003 y 2015, en todo el territorio de la provincia, a las empresas investigadas; también pidieron conocer los montos de las obras adjudicadas, el estado de avance y si alguna se encuentra todavía en ejecución.
