Pese a la sensación de “total normalidad” que el juez del concurso de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, trata de transmitir, nuevos elementos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejan en evidencia que persisten las irregularidades y el ocultamiento de hechos a los acreedores.
Por una parte, el órgano de fiscalización de la Nación amplió la denuncia penal iniciada contra Vicentin por uso de facturas apócrifas (“truchas”) para obtener beneficios fiscales en la forma de reintegros de impuestos. Pero, además, la AFIP hizo importantes observaciones al Informe General de los síndicos del concurso, del que señalan “la desconexión con la realidad de ese documento”, apuntan una serie de hechos “causales del desequilibrio de la concursada” y el vaciamiento de su patrimonio que fueron ignorados por el informe.
En cuanto al primer punto, AFIP informó que amplió la denuncia penal contra Vicentin por el uso indebido de beneficios fiscales, por un monto de $28 millones. La presentación realizada ante la Justicia Federal de Reconquista consiste en la ampliación de la primera denuncia realizada en agosto del año pasado contra la firma cerealera por utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas para solicitar reintegros de IVA por más de $111 millones. De esta forma, entre ambas presentaciones, AFIP denunció a Vicentin por maniobras fraudulentas por $140 millones, aproximadamente.
Documentación apócrifa
Las tareas de control de AFIP permitieron detectar nuevas operaciones de exportación en los períodos 2016 y 2017 por las que la firma solicitó reintegros de IVA que se encontraban respaldadas con documentación apócrifa. Se pudo comprobar que los emisores de los documentos apócrifos que dieron base a las solicitudes de reintegros carecían de capacidad económica u operativa para realizar las operaciones, no poseían plantas de acopio, ni podían justificar el origen de los granos. Durante el proceso de fiscalización desarrollado por AFIP la firma no aportó elementos que permitieran acreditar la legitimidad del derecho a obtener los reintegros percibidos.
El organismo pidió que se determine si los síndicos del concurso de Vicentin incurrieron en mal desempeño o encubrimiento al no haber advertido sobre dichas irregularidades.
El directorio de Vicentin es investigado hoy por los delitos de balance falso, fraude, estafa y vaciamiento de empresa a lo largo de cinco causas penales, en diferentes fiscalías del país. Y en Paraguay y Estados Unidos también está bajo sospecha. Sin embargo, el Informe General presentado en el mes de marzo por el cuerpo de síndicos nombrados por el juez, los contadores Amut, García y Telesco, parece pretender corroborar ese clima de «normalidad» que Lorenzini trata de preservar para que el concurso de acreedores no salga de su jurisdicción: el tribunal comercial de Reconquista.
Pero las observaciones al Informe que elevó ante el juez la representante letrada de la AFIP deja al desnudo las gruesas falencias del documento, que ocultan gravísimas conductas de directores y accionistas en cuanto a la pérdida injustificada de activos, operaciones de ventas del patrimonio burlando las obligaciones ante el concurso y hasta “movimientos económicos de la empresa para descapitalizarla, previos a la declaración del estado de cesación de pagos” que son, indudablemente, el origen de la situación.
Informe bajo sospecha
Los síndicos concursales son los profesionales que controlan el proceso y dan fe sobre la veracidad de la información contable, en base a la cual los acreedores deberán resolver sobre la eventual propuesta de pago que haga la concursada. En este caso, y en medio de un mar de irregularidades y hechos sospechosos, los síndicos presentaron en marzo un informe general que, en vez de reflejar y dar alguna interpretación a dichas irregularidades, toma casi al pie de la letra las argumentaciones dadas por el Directorio de Vicentin y los transcribe textualmente como toda exposición.
La evaluación que hizo al respecto la patrocinante de la AFIP, Mariela Romero, en una nota al juez Lorenzini presentada como «Observaciones al Informe General» de los síndicos, es lapidaria. El informe de los síndicos, en un concurso, es el que evalúa en nombre del magistrado la veracidad de la información sobre el estado económico y financiero de la empresa. Es el documento previo a la formulación de la propuesta de pago de la concursada, que los acreedores deberán evaluar para su aceptación (acuerdo de pago para la salida del concurso) o rechazo (lo que determinaría la quiebra o abriría la posibilidad a que un nuevo dueño se hiciera cargo). Por lo tanto, el informe es el insumo esencial del concurso.
Sin embargo, la evaluación de la representante del organismo recaudador del Estado, en su carácter de acreedor, hace una serie de observaciones que prácticamente desarman toda ilusión de que se trate de un informe independiente de los intereses de las familias dueñas de la cerealera concursada.
Algunas de las observaciones que hace la AFIP al informe son las siguientes:
– “Ha dicho la doctrina (de manera abrumadora) que el síndico debe actuar como un investigador más que como un simple receptor de datos presentados por el deudor. Pues bien, acá el informe general hace casi con “copy paste” de las razones inverosímiles dadas por el deudor para explicar las causales de su crisis, las que deposita en factores exógenos que no estaban en su alcance modificar ni prevenir”.
– “Durante el año 2019 la soja se mantuvo de enero a diciembre en 248 dólares la tonelada. El maíz, bajo apenas de 149 a 141 dólares. Pero el girasol aumentó de 220 a 237 dólares la tonelada. Se trata de los principales granos con que opera Vicentin, que no tuvieron una volatilidad que pudiera justificar un quebranto económico. Tampoco podría culpar a la devaluación como Vicentin lo hace porque la devaluación le conviene. Vende afuera en dólares, compra adentro en pesos”.
– “El presente proceso, se ha caracterizado por ser una huida hacia adelante. Tratando de que el paso del tiempo tape de facto situaciones de antijuridicidad como soslayar que se registran las causales de la disolución de la sociedad, por pérdida del capital social. Algo vigente nuevamente desde el 31 de diciembre del 2020”.
– “Desde el inicio de estos autos, el deudor no cumplió con los requisitos formales del artículo 11 de la ley de Quiebras. En su presentación a concurso, omitió datos necesarios para conocer debidamente su patrimonio (inciso 3) ya que encubrió el tramado societario hacia donde transfiere sus ganancias y desde donde absorbe las pérdidas. Tampoco aportó su último balance, (inciso 4), justamente el que corresponde al año donde manifiesta se produjo su desequilibrio económico. Diez meses después, adjuntó tardíamente un documento donde ni su mismo profesional firmante responde por la veracidad de lo allí manifestado, lo que así declaró”.
– “El Estado de Situación Patrimonial al 31 de octubre de 2019 muestra, con respecto al ejercicio anterior, una disminución del 79% en las existencias de Bienes de Cambio, equivalentes aproximadamente a 2 millones de toneladas de soja, y un incremento del 693% en las deudas comerciales, lo que equivaldría a una compra de soja no abonada por 2,1 millones de toneladas. Se da entonces una disminución de stocks y aumento de deudas por compras de materias primas al mismo tiempo por montos muy significativos”. Este punto tiene estrecha relación con la fecha de cesación de pagos, apenas un mes después del cierre del ejercicio, en la que se declaró el “stress financiero”, del cual se pretendió responsabilizar al resultado de las PASO y las condiciones de inestabilidad política y financiera que ello conllevaba.
El directorio de Vicentín es investigado hoy por los diferentes delitos en diferentes Fiscalías del país. “Una de las primeras medidas de coerción real solicitadas por los fiscales que intervienen en las causas, y autorizadas y trabadas por los jueces de su fuero, ha sido el embargo o inhibición para transferir acciones de las empresas. Así se trabó embargo e inhibición para transferir la titularidad de las acciones de Vicentin SAIC y de otras sociedades controladas como FRIAR SA, Renova SA, o Algodonera Avellaneda SA”.
“Sin embargo, comprobamos que la sindicatura en el Informe General que se observa, hace abstracción de todas estas cuestiones. Hoy por hoy la concursada está inhibida penalmente para transferir la titularidad de una sola de sus acciones. O sea que, si en el acuerdo preventivo llega a proponer entrega de acciones a los acreedores o la capitalización de créditos a través de participación en el paquete accionario, no podrá hacerlo. Y los acreedores no lo saben”.
La cantidad de irregularidades es tan grande y de tal importancia, que la patrocinante de AFIP declara que la omisión de tareas legalmente establecidas por la ley concursal por parte de la sindicatura, “ameritaría una investigación a efectos de determinar” si su accionar no incurriría en los delitos de mal desempeño o encubrimiento.
Fuente: Página/12
