La acordada fue rubricada por los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. La disposición sostiene, no obstante, que “todo el personal judicial que concurra a los tribunales y dependencias para prestar servicios que deberá adoptar todas las medidas de prevención, higiene, movilidad y transporte emanadas de las autoridades competentes en el respectivo ámbito”. Y quedará a criterio de la superintendencia de cada área decidir la forma de convocatoria atendiendo a las particularidades edilicias de cada dependencia.

Hace diez días, el Procurador interino Eduardo Casal también había firmado una resolución para volver gradualmente a la presencialidad en todas las fiscalías del país y en las dependencias del Ministerio Público Fiscal, más allá de que seguirá el trabajo remoto para todos aquellos empleados que tengan factores de riesgo y se tendrá en cuenta “su situación respecto del proceso de vacunación”.

A partir de este lunes, el Estado Nacional también resolvió volver de manera escalonada a la presencialidad y la administración retome la atención en las oficinas de la administración pública nacional.

Ahora fue la Corte Suprema la que también dispuso la vuelta a la presencialidad. Según detalló en su acordada, a raíz del avance del proceso de vacunación, distintos tribunales y dependencias del Poder Judicial consultaron al área de Medicina Preventiva sobre el regreso a “la actividad presencial de aquellos agentes que se hallaban exceptuados de concurrir a sus lugares de trabajo y ya habían sido vacunados con una dosis contra el COVID-19″.