Amado Boudou denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino por su condena en la causa Ciccone. “Junto con quien fue Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de su gabinete de ministros, fui objeto de una campaña de persecución judicial”, sostuvo en su presentación a la que accedió Infobae. “Sigo aún preso. El Estado argentino es responsable”, aseguró el ex vicepresidente.
Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión. El mismo día del veredicto, en agosto de 2018, fue detenido por orden del Tribunal oral. Lo encontraron responsable de los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho”. La Justicia entendió que, siendo ministro de Economía, hizo gestiones para favorecer a la firma The Old Fund y que esta pudiera quedarse con la imprenta Ciccone, que estaba al borde de la quiebra. En abril del 2020, en medio de la pandemia consiguió el arresto domiciliario. A fin del año pasado, la Corte Suprema dejó firme la sentencia en su contra, en un fallo que molestó incluso al propio presidente Alberto Fernández según sus palabras.
Mientras su defensa apela la orden de volver a prisión que se le dictó y aún no se ejecutó, Boudou consiguió reducir 10 meses el tiempo que debe pasar arrestado por “estímulo educativo” a raíz de los cursos que hizo durante su detención. Así, falta poco para cumplir los dos tercios de su condena, lo que le permitiría acceder a la libertad condicional.
No obstante, Boudou está convencido de que nunca debió haber sido condenado. “En un país en donde la principal perseguida del lawfare es la vicepresidenta, la democracia no tiene destino”, llegó a decir a inicios de mayo en una presentación que dio vía Zoom ante la UBA desde la casa en donde está detenido.
Agotadas las instancias judiciales en la Argentina, el ex vicepresidente recurrió hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa presentación ayudará a su defensa a evitar que se agraven sus condiciones de detención, gracias a las modificaciones del nuevo Código Procesal Penal que el kirchnerismo puso en vigencia en febrero pasado.
En la presentación ante la CIDH que lleva la firma del abogado Alejandro Rúa y el propio imputado, Boudou afirmó que una vez que dejó su cargo como vicepresidente en diciembre de 2015 las nuevas autoridades del gobierno argentino “implementaron desde su asunción y en sede judicial una política ilegal de persecución”, que quedó detallada por los informes de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
En ese informe “Espionaje ilegal 2016-2019” se habló de “un plan sistemático ideado en lo más alto del Gobierno Nacional” que buscaba “la extorsión política y económica” y el método que se usó fue el “‘lawfare’ o guerra jurídica” que “consiste en el ataque contra opositores -reales o potenciales- a través de la manipulación del Poder Judicial -como máscara de legalidad- en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos”.
Boudou también recordó cuando fue detenido en noviembre del 2017. “Se me detuvo sin citarme previamente a ese efecto, aun cuando siempre había comparecido a las citaciones que se me habían hecho, en mi domicilio y en horas del amanecer, exhibiéndome ante la TV en pijama y pantuflas y ventilando ilegalmente imágenes del procedimiento, con el evidente objetivo de humillarme públicamente, lo que claramente importa una pena degradante propia del pre-iluminismo”, afirmó.
Tras insistir en apuntar contra el juez Pablo Bertuzzi que integró el tribunal que lo condenó al hablar de falta de imparcialidad, la presentación de Boudou también cuestiona que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación no revisó el caso, haciendo aplicación del artículo 280 del código de procedimientos civiles, o sea, el llamado ‘certiorari’, sin dar razón alguna de su negativa a abrir la instancia extraordinaria frente a la gravedad de los reclamos”. Y detalló lo que se conoció después: “La difusión de las visitas indebidas” de dos jueces de Casación al ex presidente Mauricio Macri “que intervenían en este proceso y rechazaban todos nuestros recursos”.
El ex vicepresidente sostuvo que su causa fue divulgada como “hechos de campaña” con un “profuso tratamiento mediático en primera plana” y apuntó a la conversión de Alejandro Vandenbroele, uno de los imputados en su causa, como un arrepentido en la causa, algo que fue divulgado en la prensa antes de que se formalizara. Ingresó incluso al Programa de Protección de Testigos. La defensa sostuvo que, al igual que en la causa AMIA que llevó adelante el entonces juez Juan José Galeano (hoy condenado), el arrepentido fue “premiado económicamente” por esa delación. “Con ese dinero el ‘arrepentido’ instaló un hotel, entre otros beneficios que obtuvo y le fueron concedidos en su negociación que se mantuvo oculta con los funcionarios de Gobierno”, se afirmó.
El planteo sobre los pagos a Vandenbroele se conoció cuando el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ya había regresado al poder. La filtración de su legajo personal reveló que habría cobrado $1.500.000 para gerenciar una posada en la provincia de Mendoza. No formó parte de la causa Ciccone concretamente sino que se abrió una investigación penal aparte para analizar si se cometieron delitos. En una entrevista con Infobae, Vandenbroele aseguró: “Mi declaración como arrepentido fue libre, no fue pagada por nadie”.
También durante la actual gestión comenzó la causa por el llamado espionaje ilegal que se investigó en Lomas de Zamora y que hoy pasó a Comodoro Py, en donde uno de los capítulos apunta a los monitores y seguimientos que se hacían sobre los llamados presos K. Aquí no solo están presentado como víctima a Boudou sino también a sus abogados.
En este escenario, Boudou concluyó en su presentación ante la CIDH: “He sido sometido en mi país a un proceso judicial amañado y arbitrario en el que no ha habido garantía convencional que no se haya violado, comenzando por la de legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución. Fui arbitrariamente detenido, humillado ante los medios de comunicación y espiado ilegalmente incluso junto con mis abogados y escuchadas ilegalmente nuestras conversaciones, con afectación al ejercicio de mi defensa”.
Y añadió: “A los fines de una condena impuesta de antemano, ante jueces de distintas instancias afectados en su imparcialidad, se pagó ilegalmente una declaración y se mantuvieron ocultas dichas circunstancias en que intervinieron las agencias de inteligencia y otros funcionarios del Gobierno. Y ante la manipulación de las voluntades judiciales afectadas no hubo ningún recurso real a mi disposición para la defensa de mis derechos, pues todo eso fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia mediante una simple negativa sin expresión de razón alguna, dejando a este modo agotados los recursos internos y por ende expedita la vía internacional. Sigo aún preso. Y en síntesis, el Estado Argentino es responsable por la violación de (…) la Convención Americana de Derechos Humanos”.
