El dato lo dio a conocer Sandra Buchardo, exsecretaria general de la seccional Victoria de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer): en la Escuela Normal Osvaldo Magnasco por directivas de las autoridades desaprueban en las mesas de exámenes virtuales cuando un alumno tiene el tropiezo de que se le corta la conexión de Internet.
Más todavía: las directivas de la rectoría determinan que si un docente que integra las mesas examinadoras se adhiere a las medidas de fuerza sindicales y el día de unaexamen no está, se lo reemplaza. Y que se violenta los términos de la resolución N° 2.575, dictada el 1° de octubre de 2020 por el Consejo General de Educación (CGE), que fijó los lineamientos para la organización, evaluación y acreditación en el nivel superior.
Las decisiones fueron adoptadas por el rector de la Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco y ex director departamental de Educación, Héctor Gustavo Broin, y que según Buchardo ponen al descubierto “un nuevo acto de violación a la normativa, sumado a definición totalitarista y discriminatoria hacia los alumnos en las instancias evaluativas”.
“Por un lado, se ha violentado una de las normativas pautadas para evaluar a los alumnos en las mesas examinadoras y coloquios, la Resolución 4967/19 CGE del Régimen Académico Marco y, la Resolución 161/21 CGE. Y es que el equipo directivo del Nivel Superior, ha dispuesto, como modalidad arbitraria en los casos en los que el docente a cargo del espacio curricular o cátedra, que debe presidir la mesa, se encuentra realizando una medida gremial o está acogido a una licencia acotada, nominar, en el momento de la instancia evaluativa, presencial o virtual, a un docente con título homólogo al del docente no presente. Es de esta forma que el docente asignado, improvisadamente, se encuentra con un estudiante o grupos de alumnos a los que no conoce en su recorrido pedagógico/didáctico/ institucional y, a los que tiene que evaluar, de manera escrita y oral, con una planificación o proyecto curricular ideado y elaborado por el o la docente a cargo, al que desconoce. Consecuentemente, se han suscitado situaciones de incomodidad y de desprolijidad, tanto por el docente, como por el alumno, estableciendo una interacción forzada, que no suma para nada a la formación de los futuros formadores, pues termina siendo una instancia con una total falta de celeridad, y violatoria de la normativa. Y se suma a esto que la mayoría de los estudiantes, han desaprobado”, señala Buchardo.
A esa situación peculiar se agrega otra, que la dirigente docente califica como “autoritaria y discriminatoria”, la de aplazar a un estudiante si en el trascurso de la mesa virtual, se le corta internet. Al respecto, las autoridades de la institución educativa “han habilitado la inscripción a las mesas ordinarias del turno febrero/marzo a través de una seudo declaración jurada, con un sesgo positivista vetusto, en la que los alumnos ´declaran bajo juramento´ que están en conocimiento de la metodología a utilizar en la instancia evaluadora; que deben saber que las instancias escritas y oral se realizan en el momento de la conexión; que han de contar con: conexión a internet, con estabilidad, con computadora con cámara y micrófono y teléfono celular manos libres, y contar con un ambiente sin interrupciones; que así también estar en conocimiento de que si el acto de evaluación, una vez comenzado, no se puede concluir, por fallas en algunos de los requerimientos técnicos que le competen, el examen se da por desaprobado”.
Buchardo recuerda que si bien existe la resolución N° 2.575 del CGE, que sostiene que los estudiantes han de contar con los soportes tecnológicos citados, “jamás promulga que en caso de desconexión el alumno desapruebe, muy por el contrario, expresa en el ítem c) 7. que el tribunal evaluador considerará otras opciones de reconexión. Es de esta forma como una institución de tanto prestigio a nivel provincial, formadora de formadores, termina aplazando a un estudiante en su mesa de examen por el simple hecho de que tuvo un inconveniente en internet, desestimando todo su proceso educativo recorrido”.
Y se pregunta al respecto: “¿Cómo se llega a esto? ¿Bajo qué paradigma se encuadra tal determinación institucional? Y no caben dudas de que es una acción totalmente ilegal, intolerante, verticalista, y autoritarita, desatendiendo todo marco normativo y regulatorio. ¿Qué clase de docente intentan promover con estos actos? ¿Dónde quedó lo planteado en tantos días institucionales en lo que respecta a romper con los basamentos estructuralistas de la evaluación? ¿Adónde quedó la mirada evaluativa como el resultado del proceso de construcción de conocimiento a través del vínculo del alumno y del docente, mediante un proyecto curricular ideado para tal fin? ¿Dónde queda traslucido esto, si cualquiera puede evaluarlo?”.
“No llama para nada la atención que el director de esta institución, Broin, avance arbitrariamente pisoteando lo emanado por la propia autoridad de la que depende, el CGE, ya que cuenta con su anuencia y apoyo incondicional –afirma Buchardo-. Hace unos años también fue denunciado por conceder arbitrariamente una secretaria académica a una docente que se encontraba como suplente en ese cargo, sin posibilitar el concurso correspondiente. Dicho acto de corrupción, que echa por tierra una de las grandes conquistas gremiales, como la de acceder a un cargo por concurso, fue ratificado por las autoridades de la Dirección de Educación Superior, promulgando anti estatutariamente que se le concedía el cargo por ´continuidad laboral´; algo sin precedentes. Lamentablemente, esto también se dio a lugar por el silencio cómplice de la comisión directiva central de Agmer, quien impasiblemente, no presentó ninguna disidencia al respecto, pese al pedido de intervención de Agmer Victoria”.
Fuente: Entre Ríos Ahora
