Néstor «Yuyo» García, papá de Micaela García, la chica víctima de un brutal femicidio en abril de 2017 en Gualeguay, y cuyo caso dio origen a un andamiaje legal aprobado por el Congreso Nacional, la Ley Micaela, que obliga a los tres poderes del Estado a capacitarse en género, cargó duro contra el Poder Judicial, y en especial contra la Justicia de Entre Ríos, que juzgó y absolvió a un magistrado. Se trata de Carlos Alfredo Rossi, juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, que firmó la resolución que había otorgado salidas transitorias a Sebastián Wagner, que purgaba una condena por violación. Wagner fue el femicida de Micaela García.
El papá de la chica recordó palabras dichas por el actual ministro del Interior de la Nación, Eduardo «Wado» de Pedro, que afirmó: «El Poder Judicial tiene que escuchar. O se transforman o se van de un poder que busca igualdad y justicia». Al respecto, señaló que «esas palabras aparecen como un haz de luz frente a la tristeza, la desesperanza y la impotencia que nos da cada nuevo femicidio; porque recordamos que detrás de una denuncia o expediente cajoneado en un juzgado, ha estado la vida de una nuestras hijas».
«Siempre contamos los detalles del femicidio de Micaela, no porque queramos recordarla así, sino porque consideramos pedagógico explicar cómo el sistema de justicia fue factor clave para que Sebastián Warner, con libertad condicional a pesar de su condena por dos violaciones y los informes psicológicos que desaconsejaban este beneficio, secuestrara, violara, matara y desapareciera a Mica», subrayó. «La Ley Micaela lleva el nombre de nuestra Negra, y refiere a la obligatoriedad en la capacitación en perspectiva de género para los agentes de los 3 poderes del Estado en todas sus jerarquías ¿Está la justicia federal y las provinciales capacitándose? ¿Se está citando a los agentes judiciales a capacitarse? ¿Se está sancionando a las personas que se niegan a capacitar? ¿Se sancionarán a aquellas personas de la Justicia o del Estado que no proceden acorde a la perspectiva de género y que, por ello, no evitan femicidios y otros delitos graves?», recordó.
Luego, apuntó: «Algunos medios de comunicación insisten que modificar en lo más mínimo al Poder Judicial (que ha demostrado ser indiferente frente al riesgo de vida de las mujeres violentadas) es atacar su independencia y tiene un sentido político partidario. Déjenme decirle que el Poder Judicial no fue independiente cuando en vez de juzgar el mal desempeño del juez co-responsable del femicidio de Mica, lo protegió. El Poder Judicial tiene intereses corporativos que no son ni los del pueblo, ni el reclamo de justicia de las familia».
El 30 de julio de 2017, el Jurado de Enjuiciamiento absolvió por mayoría de los cargos de falta de idoneidad y mal desempeño que pesaban sobre el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, quien estaba suspendido en su cargo desde el 7 de diciembre de 2017. Al día siguiente, Rossi reasumió su cargo.
Rossi quedó en el ojo de la tormenta luego del femicidio, el 1° de abril de 2017, de la estudiante uruguayense Micaela García, cuyo cuerpo fue hallado en un descampado de Gualeguay una semana después, el 8 de abril. El magistrado fue acusado por mal desempeño y falta de idoneidad por haber resuelto, el 1° de julio de 2016, la liberación del reo Sebastián Wagner, con dos condenas por abuso sexual. Wagner fue, precisamente, quien mató a Micaela García, crimen por el cual fue condenado a prisión perpetua.
Rossi tenía ocho acusaciones en su contra. Ninguna prosperó.
La familia de Micaela García no quedó conforme con el fallo de la Justicia en torno al femicidio y a sus responsables.
La Procuración General de la Provincia acudió con un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que intervenga en el caso del femicidio de Micaela García, ante la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), de rechazar la vía federal y confirmar la pena por encubrimiento a Néstor Pavón, más la perpetua a Sebastián Wagner. Con esa calificación penal, en agosto de 2020, y tras el pago de una fianza, Pavón quedó en libertad.
El planteo de queja se presentó el lunes 1° de febrero de 2021. Al pedido ante el máximo tribunal nacional se sumó la familia de Micaela García. Así lo dio a conocer su papá, Néstor «Yuyo» García. La presentación de la familia se hizo con el patrocinio del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género de la Subsecretaria de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La presentación se da en el marco del proceso penal que determinó el grado de responsabilidad de Sebastián Wagner y Néstor Pavón, frente a la violación y el femicidio que sufrió Micaela.
En septiembre de 2020, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso extraordinario federal ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que antes había fallado a favor de Néstor Pavón, acusado por el delito de encubrimiento del femicidio de Micaela García, a quien dejó en libertad. Con esa presentación, se buscó la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución del STJ, fechada el 31 de julio, anuló parcialmente un fallo de la Cámara de Casación Penal que en 2019 confirmó la condena a prisión perpetua impuesta a Sebastián Wagner por el femicidio de Micaela , ocurrido el 1° de abril de 2017 en Gualeguay, y anuló la pena impuesta a Pavón, 5 años de cárcel por el delito de encubrimiento, y ordenó realizar un nuevo juicio.
Fuente: Entre Ríos Ahora
