El primero de los tres juicios por jurado que se realizarán en lo que queda de 2020 en Entre Ríos, que inaugura esta modalidad de debate, comenzará este miércoles 11 de noviembre en Paraná y tendrá sentado en el banquillo de los acusados a un hombre imputado del crimen a balazos de un joven durante una pelea.
Carlos Iván Caminos será juzgado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Milton Gastón Luna (25), cometido el 25 de abril en el barrio Los Paraísos de la capital entrerriana.
De acuerdo a la pesquisa encabezada por el fiscal Santiago Brugo, ambos hombres protagonizaron una pelea mientras bebían y Caminos le efectuó dos disparos a Luna, cuyo cuerpo fue hallado en el medio de la calle Miguel David, frente a un descampado ubicado entre Mihura y Gobernador Parera.
Cuatro días después, Caminos fue detenido en un allanamiento que se realizó en su vivienda ubicada en calle Isabel Guevara de Paraná, y ahora llega a juicio procesado pero en libertad.
El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, coordinador para la implementación y estudio del juicio por jurados en Entre Ríos, confirmó a Télam que el debate, el primero bajo esa modalidad, comenzará este miércoles a las 11 y que en lo que va de 2020 se realizarán dos mas en otras ciudades entrerrianas,
El debate en el que será juzgado Caminos se desarrollará en el Salón del Superior Tribunal de Justicia entrerriano de Paraná; el segundo, también por un homicidio, en el Centro de Convenciones de Concordia y el tercero será «a definir», detalló Garzón.
A su vez, mañana martes, en la Cámara de Diputados provincial, se llevará a cabo la audiencia «voir dire», donde se confeccionará la lista definitiva del primer jurado, que estará integrado por 16 personas, 12 titulares y cuatro suplentes.
El debate será transmitido por el canal de YouTube del Stjer, aunque los integrantes del jurados «no serán filmados», explicó Garzón.
El magistrado detalló que cada uno de los jurados recibirá una retribución por día que equivale a dos ‘Jus’ (medida de regulación de honorarios), que son unos aproximadamente 1.600 pesos.
Asimismo, remarcó que los jurados tienen «terminantemente prohibido comentar o hablar del caso con familiares, amigos o los propios jurados», y que una vez finalizado el juicio «pueden contar la experiencia pero no lo que se deliberó y analizó».
Garzón destacó «la enorme importancia para la vida de los entrerrianos» que significa el inicio de los juicios por jurados, y dijo que se trata de un «paso histórico».
Además, aseguró que el procedimiento de selección permite que «no se manipulen los jurados» y que «se garantiza la transparencia del sorteo y el juicio»
El magistrado añadió que el espacio físico para llevar a cabo los juicios por jurado no necesariamente debe ser en el ámbito judicial, sino que pueden realizarse en sitios como clubes, escuelas, teatros o universidades, que serán chequeados previamente bajo los protocolos previstos.
La ley que incorpora el juicio por jurado en Entre Ríos era impulsada desde 2017 por el gobernador Gustavo Bordet y fue aprobada en noviembre de 2019 por ambas Cámaras legislativas.
La normativa fue elaborada por equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Justicia provincial; de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
De acuerdo a la ley, podrán someterse a un juicio por jurados todos los casos en los que el delito que se le imputa al acusado prevea una pena de 20 años o más de prisión.
Para que la persona sea declarada culpable, el jurado -compuesto en igual número por mujeres y hombres- debe llegar a una decisión unánime.
La ley indica que el jurado rendirá su veredicto sin expresar los motivos de su decisión, en un «lenguaje claro» para «permitir que el público en general y el acusado puedan entender el significado y los fundamentos» del veredicto.
Si el jurado «duda entre grados de un delito o entre delitos de distinta gravedad, sólo podrá condenársele del grado inferior o delito de menor gravedad», detalla la norma.
Los miembros del jurado deben ser de nacionalidad argentina o naturalizado, tiene entre 18 y 75 años, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y domiciliarse en la jurisdicción correspondiente al lugar del hecho.
La ley prevé que si se trata de un hecho que «hubiera conmocionado a la comunidad» de manera que no se pueda garantizar un «jurado imparcial», el acusado podrá pedir otro juez y otro jurado.
