El Gobierno confirmó hoy el aumento al 33% de las retenciones a la soja desde el 30% actual, y señaló que habrá una segmentación para productores a partir de las mil toneladas de producción. Los anuncios fueron formulados por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, a los integrantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias.
Hay que recordar que el gobierno de Alberto Fernández ya había aplicado un incremento de las retenciones de la oleaginosa en diciembre pasado, pasando del 24,5% al 30%.
Lo recaudado volverá al campo en formato de segmentación y compensación a pequeños productores, según aseguraron los ruralistas luego de la reunión en el ministerio. El decreto se publicará mañana y también se abrirá el registro de declaración jurada de ventas al exterior que se cerró la semana pasada. También se contemplarían bajas para las economías regionales y el girasol, y maíz y trigo continuarían tributando una retención del 12 por ciento.
“Fue una buena reunión”, resumió Jorge Chemes, de CRA. “No logramos revertir el 3%, pero nos comunicaron que va a quedar en el sector, con mejoría en el resto de las producciones. Vamos a consultarles a las bases cómo seguimos o qué medidas tomamos. Esas mejoras son que en algunas producciones que se intentaban aumentar las retenciones se mantendrán y habrá bajas importantes en economías regionales, maní, girasol, lana, carne. Se estabilizan trigo y maíz”, dijo el dirigente.
Además, la intención del Gobierno es continuar en una mesa de diálogo con los representantes de los productores agropecuarios para definir un esquema de segmentación y compensación de retenciones para pequeños productores y cooperativas agropecuarias. Por otro lado, habría beneficios para los productores alejados de los puertos que tienen el impacto de los altos costos de fletes.
Con este aumento de las retenciones a la soja y sus derivados, el Gobierno tendría una recaudación adicional de casi 500 millones de dólares, que con el actual nivel de precios internacionales que operan en baja por los efectos del coronavirus el total recaudado por retenciones alcanzaría los 6.000 millones de dólares.
Para algunos dirigentes del campo, la recaudación adicional por el aumento de las retenciones a la soja “sería una cifra insignificante”, teniendo en cuenta el alto déficit fiscal, y por otro lado se pagaría un alto costo político de ingresar en un escenario de conflicto con uno de los sectores más importantes de la actividad económica.
Con este aumento de las retenciones a la soja y sus derivados, el Gobierno tendría una recaudación adicional de casi 500 millones de dólares, que con el actual nivel de precios internacionales que operan en baja por los efectos del coronavirus
El pasado domingo, en la Asamblea Legislativa, el Presidente de la Nación anunció que el proyecto que se presentó contemplaba un incremento de la alícuota “sobre uno de 25 cultivos”. Sin dar demasiadas precisiones, dirigentes y productores entendieron que Alberto Fernández se estaba refiriendo a la soja, cuyo complejo es el mayor exportador de la Argentina.
En estos momentos, los presidentes de las cuatro entidades del campo se encuentran reunidos para definir las próximas acciones gremiales. Mientras tanto, en el interior productivo, hoy se llevaba adelante la segunda jornada del cese de comercialización de granos que es impulsado por los productores del NOA y el NEA.
Protestas y reclamos
Además, productores autoconvocados del sur de Santa Fe anunciaron un cese de comercialización hasta el miércoles próximo, y decidieron no sembrar ni trigo ni maíz, y reducir la superficie de soja, en el actual escenario de mayor presión impositiva, costos altos, desdoblamiento cambiario y caída de precios.
Otra de las movilizaciones que están programadas para esta semana será el tractorazo de este jueves encabezado por productores autoconvocados de Altos Fierro, en la provincia de Córdoba. La intención de los productores es llegar con la movilización a la Plaza San Martín, en la ciudad capital.
En todas estas protestas, además, hay un reclamo de los productores al Estado y a la clase política para que reduzcan el gasto. Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, aseguró que siempre el campo fue solidario y aportó al país, y agregó: “La solidaridad caracteriza el campo. Nosotros, sin caminos, sin infraestructura, sin escuelas y sin créditos ni políticas, sostenemos el gasto público. El problema no es el campo”.
Por su parte, el tesorero de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, desde su cuenta de Twitter expresó: “Respetuosamente, Sr. Presidente: el sector agropecuario aportó entre 2002 y 2019 unos 100.000 millones de dólares en concepto de retenciones, y en el 2020 se aportarán más de 7.000 millones de dólares. ¿Si esto no es solidaridad, como lo llamaría usted? La solidaridad no es solo recaudar más, sino dejar de gastar donde no se debe».
Por último, desde la Rural de Jesús María manifestaron que en los últimos 18 años «la política le confiscó al campo infinidad de recursos para atender problemas que jamás solucionó. Una vez más, nos piden ser solidarios cuando venimos contribuyendo por encima de otros sectores desde el 2002 en adelante”, indicó la entidad del norte cordobés.
Y agregaron: “No vamos a cansarnos de decir que las retenciones son un impuesto nefasto, que van en contra del desarrollo productivo. Este desaliento, a su vez, está comenzando a verse reflejado en el comercio, que sufre un aumento indiscriminado de tributos. Además de achicarse el margen para generar trabajo genuino, se limitan nuestras posibilidades de invertir en el agregado de valor en origen”.
Por el aumento de las retenciones a la soja, los integrantes de la Rural de Jesús María proponen “hacer foco en otros sectores que generalmente no son destinatarios de ningún ajuste. A modo de recaudar más, el Estado bien podría: disminuir el gasto en dietas y sueldos de asesores del Poder Legislativo Nacional; achicar el gasto público de la estructura parlamentaria de las provincias; incrementar los ingresos a partir del pago de impuestos a las ganancias por parte de los jueces y funcionarios judiciales; achicar el gasto en publicidad del Poder Ejecutivo, entre otras cosas».
Desde la entidad cordobesa, proponen un ajuste de la política que alcanzaría los 1.200 millones de dólares, una cifra que sería más del doble de lo que el Estado recaudará con la suba de las retenciones a la soja.
El ex ministro de Minería sanjuanino resaltó que cada proyecto «tiene su particularidad», ya sea por el mineral del que se trate, la magnitud o la infraestructura disponible en cada provincia, por lo cual la propuesta es «evaluar cómo hacer factible» cada propuesta.
También agregó que la ley «se va a reglamentar en general no sólo para la minería sino para todas las actividades», de manera que quede claro cuál es el nivel de retenciones a aplicar transitoriamente.
Hensel explicó al auditorio las razones económicas y sociales, por las cuales el gobierno de Alberto Fernández adoptó un conjunto de medidas que pueden afectar la atracción de la millonaria inversión que requiere el sector para su desarrollo.
«Estas medidas que se tomaron tiene un carácter plenamente coyuntural que se traducen en las retenciones, las restricciones al mercado cambiario, a las transferencias de utilidades», afirmó al admitir que también hay «algunos embates cíclicos a la actividad y otro antiguo tema que es la Ley de Glaciares».
Hensel llegó a Toronto con el planteo de que la Argentina tiene el potencial de más que triplicar sus exportaciones mineras, para pasar de los u$s 3200 millones que ingresaron en 2019 a los u$s 10.765 millones proyectados para el 2030.
