El Gobierno nacional decidió abrirle el juego a los gobernadores para diseñar de forma conjunta la política energética y barrer con gran parte de los esquemas heredados del macrismo, pero también compartir el costo político de aumentar tarifas, uno de los temas más sensibles para el bolsillo de los argentinos.
El presidente Alberto Fernández instruyó al secretario de Energía, el misionero Sergio Lanziani, a avanzar con los ministros provinciales. El Gobierno pretende que cada argentino pague por un kiloWatt de luz el mismo precio neto, independientemente de la zona del país en la que viva.
Este diseño y la apertura a los gobernadores comenzarán mañana. Lanziani se reunirá en Buenos Aires con los ministros de Energía de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Algunas provincias, como Mendoza, enviarán a sus ministros de Economía. En este caso, asistirá Enrique Vaquié.
En el país hay 33 empresas distribuidoras de electricidad, cuyas tarifas están determinadas por los gobiernos provinciales. La conformación de las facturas es distinta en cada jurisdicción, básicamente por los impuestos y contribuciones. En ese escenario, el denominador común que se buscará es la desindexación de los precios de distribución.
Es un objetivo de complejísima implementación debido también a los diversos costos de producción de la electricidad dependiendo de la fuente de la que provenga (eólica, solar, hidráulica, nuclear o térmica). Por ello, podría ponerse en marcha una equiparación por la vía de subsidios, a partir de una redistribución.
Cambios clave
La revisión integral de tarifas que encarará el Gobierno, habilitado por el Congreso vía Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, tiene como eje un exhaustivo análisis de los costos de producción, transporte y distribución, los tres factores que conforman la tarifa final. El desafío a encarar con las provincias es determinar incrementos paulatinos sin afectar las inversiones.
Es que entre los objetivos de inversión establecidos por el Gobierno, según confiaron fuentes oficiales a este diario, está el tendido de nuevas líneas de alta tensión. Es porque el macrismo desactivó los proyectos que estaban en marcha en 2015 y no programó nuevos. Y, como el Gobierno prevé un rebote de la actividad económica, se necesitarán redes más amplias y robustas.
La ley sancionada por el Congreso establece que la revisión “propenderá a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020”. Y faculta al Poder Ejecutivo a intervenir administrativamente el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por el término de un año.
El directorio del Enre está compuesto por cinco miembros que tienen acuerdo del Congreso. De sus cinco integrantes, dos representan a las provincias y son propuestos por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica. Actualmente, preside Andrés Chambouleyron con mandato hasta 2023, pero no seguirá en el cargo.
Con la intervención, Chambouleyron será desplazado. En la Casa Rosada es señalado como “el padre de los tarifazos”. Asumió el 16 de enero de 2018. Pero desde diciembre de 2015 hasta ese momento fue la mano derecha del entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, como subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, a cargo de elaborar los cuadros de tarifas del gas y la electricidad.
Otro que será desplazado será Mauricio Roitman, quien en enero de 2018 fue designado por Macri como presidente del Enargas por cinco años. Al igual Chambouleyron, llegó al Estado de la mano de Aranguren en diciembre de 2015 como subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos de Planeamiento Energético. Lo culpan de que no se haya hecho ni “un solo kilómetro” de alta tensión.
Precios e inversiones
En el Gobierno señalan que el precio promedio de la energía eléctrica aumentó 2.176% en el país durante el gobierno de Macri, mientras que los salarios sólo se incrementaron 220%. Reconocen que se venía de pisos bajos de tarifas, pero aseguran que el incremento fue desproporcionado e incluso señalan que las empresas no invirtieron como debían.
Y se apoyan, por ejemplo, en la quinta revisión semestral de la calidad del servicio de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires que hizo el Enre en los últimos meses de gestión Macri. Allí hubo sanciones para ambas compañías por 348 millones de pesos por incumplimientos de las pautas de inversión acordadas en 2017.
En una entrevista el martes, Fernández confirmó que por la emergencia, su Gobierno le pedirá “a los que tiene privilegios como el sector que distribuye luz y gas” en el país un “esfuerzo mayor”. En este caso, anulando los aumentos de tarifas que estaban previstos para enero y abril, que vienen de ser suspendidos este año por Macri en medio de la campaña electoral.
En ese contexto, en la gestión Fernández admiten que si bien no habrá subas de tarifas hasta el 30 de junio, tampoco se puede volver al congelamiento entre 2004 y 2015 por dos motivos: no hay caja suficiente por el déficit fiscal y ese esquema es “inviable” porque espanta las inversiones.
Entre 2003 y 2015, los tres gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner destinaron casi 150.000 millones de dólares en subsidios a la energía y combustibles, pero con un esquema inequitativo, según una estimación del Instituto Argentino de Energía General Mosconi.
Como los subsidios no estaban segmentados y eran pagados de forma masiva, principalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, los que más consumían electricidad, más aporte del Estado percibían. Así, el 20% más rico de la Argentina recibió cuatro veces más subsidios que el 20% más pobre.
Ahora, y como las tarifas van a retomar en julio un sendero de aumentos (que serían más moderados que los de la era Macri), Fernández quiere compartir el costo político que demandará el esquema con los gobernadores.
