La medida es en el marco de la emergencia pública en materia ocupacional.
Una empresa, si tiene la intención de tomar gente, debe afrontar un costo laboral casi un 48% del sueldo que se lleva en la mano el empleado.
En este sentido, la norma sostiene que la dinámica del empleo asalariado registrado privado durante el último año muestra un marcado descenso que indica que 139 mil trabajadores y trabajadoras han quedado fuera del mercado laboral en el periodo septiembre 2018-2019.
Además, el texto recuerda que ya en el año 2016 el Congreso advirtió sobre el incremento de despidos y sancionó el proyecto de Ley N° 27.251 que contenía la prohibición de los despidos sin causa, que fue vetado por el Gobierno anterior provocando hasta la fecha la perdida de 111 mil puestos de trabajo registrado.
La norma estipula que la medida no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia. Fuente Ambito
