Después de revocar por unanimidad la sentencia de primera instancia, el Superior Tribunal de Entre Ríos dejó legítimo y válido el decreto que regula la aplicación de fitosanitarios en las cercanías de las escuelas rurales.
El Superior Tribunal de Justicia canceló por unanimidad la sentencia de primera instancia, por lo tanto dejó legítimo y válido el decreto Nº 2239/19 regula la aplicación de fitosanitarios en cercanías a escuelas rurales. El fiscal de Estado Julio Rodriguez Signes declaró: “esto nos obliga a garantizar que lo que nosotros dijimos en decreto, que se garantiza la seguridad ambiental y la salud, se concrete realmente con las acciones”.
Posteriormente a conocerse la resolución, el fiscal de Estado provincial explicó que: “esto significa que a partir de esta sentencia, este decreto que ya tenía validez en muchas cláusulas, adquiere completa validez, en particular, lo más sensible de todo es el tema de las distancias”. Rodríguez Signes remarcó lo hecho por la administración a partir de sentencias anteriores. Detallando que se tuvo que hacer un trabajo profundo de buscar la mejor regulación, y el Poder Judicial entiende que esa regulación encontró forma a través del decreto 2239 y que es la regulación correcta.
“Ahora viene la parte más difícil de todas que es lograr la aplicación del decreto 2239, porque no es solamente dictar la norma. Ahora la Secretaría de Producción, que es el órgano de aplicación, tendrá que disponer cómo hace para aplicarla estrictamente, para que no falle el sistema y que tengamos que lamentar ningún caso de contaminación, de intoxicación, que seamos muy celosos en eso”, puntualizó.
Detalles de la regulación
Aclaró que en las sentencias anteriores, las distancias que se habían fijado eran de 1.000 metros y 3.000 metros de exclusión para la aplicación de plaguicidas y ahora es de 100 metros y 500 metros. En este punto, especificó: «Hay que hacer una pequeña corrección, que es que la distancia hay que computarla no desde el casco de la escuela como está en el decreto sino desde el límite de propiedad de la escuela. Salvado eso, el decreto es completamente válido y legítimo”. Entendiendo la resolución final, afirmó que: “es porque el Superior Tribunal de Justicia dice que el Poder Ejecutivo ejerció razonable y criteriosamente el poder de policía, ya que se nutrió de informes idóneos”.
Hay que señalar, que el decreto está basado en informes del Estado Nacional, Senasa, trabajos de investigación del Conicet e informes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
